A casi un año de la caída de una estructura en el Festival Axe Ceremonia que mató a dos fotoperiodistas, las familias denunciaron un bloqueo judicial impulsado por empresas vinculadas al evento y presentaron una iniciativa de ley para garantizar la seguridad de la prensa en eventos masivos

Texto: Jade Guerrero

Fotografía: Moises Pablo Nava / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. — A casi un año de los hechos, familiares y su equipo legal denunciaron que el caso permanece sin responsables en tribunales, al tiempo que presentaron una iniciativa de ley para garantizar condiciones seguras para periodistas en eventos masivos.

Leer más

«Ninguna pasión debería costar la vida». Fotógrafos mueren mientras cubrían festival de música

En una reciente conferencia de prensa, la representación legal de la familia, encabezada por Edwin Alan Piñón y Tábata Jiménez, acusó que el proceso judicial ha sido obstaculizado por una serie de acciones legales promovidas por empresas vinculadas al evento, lo que ha impedido avanzar hacia una audiencia inicial.

“Hay poderes económicos de las empresas que, en lugar de ayudarnos a esclarecer lo que pasó, han impedido de todas las formas posibles frenar el proceso”, señaló Diana Laura Rojas Hernández, hermana de Miguel.

Una cadena de omisiones

El equipo jurídico del caso sostuvo que la investigación permitió identificar una “cadena de omisiones” que va más allá de los operadores directos y alcanza a quienes tomaron decisiones dentro de la estructura empresarial.

“Se estaba buscando una responsabilidad de quienes ejecutan, pero no en quienes ordenan”, explicó uno de los abogados, al detallar que el enfoque actual busca que la responsabilidad penal escale “por toda la cadena de mando”.

Entre los hallazgos, destacaron que las grúas utilizadas como parte del montaje no estaban contempladas en el programa especial de Protección Civil, requisito obligatorio en eventos masivos, y que incluso existían advertencias sobre su uso en exteriores.

“Pese a que esas estructuras no estaban permitidas, se tomó la decisión deliberada de colocarlas”, señalaron.

Además, denunciaron que el festival continuó tras el colapso que provocó la muerte de los dos fotoperiodistas: “Lo más grave es que, una vez que colapsó la grúa, el festival continuó. Nadie paró”.

Proceso detenido

De acuerdo con la asesoría jurídica, actualmente hay tres empresas y ocho personas físicas con calidad de imputadas; sin embargo, el proceso ha sido retrasado por múltiples recursos legales.

En particular, señalaron a la empresa Operadora Eclectic, que ha promovido al menos 15 amparos, de los cuales 13 han impedido la realización de la audiencia inicial, paso clave para el inicio formal del proceso penal.

“Cuando analizamos estos escritos en su conjunto, dejan de ser actos individuales y empiezan a mostrar una línea de actuación”, señalaron, al advertir coincidencias en tiempos, argumentos y objetivos.

A pesar de ello, aseguraron que la audiencia inicial es inevitable y podría realizarse en los próximos meses.

Señalamientos de conflicto de interés

Durante la conferencia, también denunciaron posibles conflictos de interés en la representación legal de una de las víctimas. En particular, señalaron a Fabián Victoria, asesor legal de la familia de Berenice Giles, así como a Gerardo Guzmán Jiménez, servidor público de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo expuesto, uno de los asesores habría solicitado a la Fiscalía de la Ciudad de México no imputar a una de las empresas involucradas en el caso, lo que, dijeron, genera desconfianza sobre la imparcialidad del proceso.

El equipo legal indicó que esta situación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades capitalinas.

Una ley para evitar la repetición

Más allá del caso, familiares y asesores presentaron una iniciativa denominada Ley Miguel para la Protección del Trabajo Periodístico, que busca establecer medidas obligatorias de seguridad para periodistas en coberturas de eventos masivos.

La propuesta contempla: seguros y cobertura médica para periodistas; protocolos específicos de seguridad, incluyendo evaluación de riesgos y rutas de evacuación; y responsabilidades claras para organizadores y empresas.

“No busca crear nuevos derechos, sino cerrar vacíos legales”, explicaron.

“Informar no debería costar la vida”, enfatizó el equipo jurídico. La iniciativa se prevé presentar ante el Congreso de la Ciudad de México.

Justicia y no repetición

A lo largo de la conferencia, la familia insistió en que su lucha no se limita a una reparación individual, sino a sentar un precedente.

“Nuestra lucha no es solo por Miguel”, dijo su hermana. “Buscamos que esta tragedia no se repita”.

A casi un año del colapso en el Parque Bicentenario, el caso sigue sin resolverse en tribunales, mientras las familias mantienen la exigencia de que se identifique y sancione a todos los responsables.