Investigación realizada por PODER a partir de información recibida a través de Méxicoleaks

Esta es una historia más de malos manejos en Pemex, compraventas en las que cobra en pesos y paga en dólares, acuerdos y condicionantes arbitrarias que le perjudican. Quien gana a costa de sus pérdidas, esta vez, es Trafigura, empresa relacionada a otras sancionadas por la Secretaría de la Función Pública

Comprar barato y vender caro, ese es el esquema que Petróleos Mexicanos (Pemex) y Trafigura generaron a través de tres contratos para la compraventa de Nafta Pesada y Nafta Reformada, según información recibida vía Méxicoleaks. Los documentos filtrados muestran que NGL Equipments —subsidiaria de Trafigura— compra Nafta Pesada a Pemex Transformación Industrial (TI) en pesos, la transforma a Nafta Reformada y la vende de regreso a MGC México —filial de Pemex TI— en dólares. Para realizar esta operación NGL construye una planta fraccionadora dentro del Complejo Procesador de Gas Burgos, en Reynosa, Tamaulipas. Este caso reafirma un modus operandi en el que Pemex favorece a Trafigura.

PODER solicitó vía transparencia los tres contratos y los documentos de la construcción de la planta fraccionadora. En primera instancia Pemex sólo apuntó a procesos que siguió Pemex TI frente a la Comisión Reguladora de Energía para pedir la autorización y firmar un contrato para la venta de Nafta con NGL Equipments, sin aclarar si el contrato estaba vigente. Después de más solicitudes y recursos de revisión, la ahora empresa productiva del Estado aceptó que el primer contrato y la planta sí existen. Sobre los otros dos contratos no se pronunció.

NGL Equipments, creada apenas ocho meses antes de la firma de los contratos, fue constituida con capital estadounidense de Silver Fuels, y holandés de Trafigura Ventures, según el registro obtenido por PODER.

De acuerdo con la filtración a Méxicoleaks, el 19 de mayo de 2015, PGPB (ahora Pemex TI) y MGC México, ambas subisidiarias de Pemex, firmaron tres contratos con NGL Equipments. La empresa productiva del Estado aceptó la existencia —pero marcó como confidencial— el primer contrato que habla de la venta de la materia prima.

En el segundo contrato MGC México compra diesel a NGL Equipments. Con el tercero, MGC compra Nafta Reformada a NGL y paga en dólares. Los precios del intercambio castigan a Pemex, así como otras cláusulas. Durante 10 años, NGL (Trafigura) recibirá de Pemex más de mil 500 millones de dólares por la venta del petroquímico. Además si hay producción excedente y NGL no la vende a otro comprador, MGC está obligada a pagar el precio de todo. También MGC debe reponer dinero en caso de que NGL venda a un comprador externo a menor precio.

Según lo que aceptó Pemex en la respuesta a la última solicitud de información enviada por PODER, el contrato se encuentra en “suspenso porque el cliente no ha retirado producto y Pemex Transformación Industrial aún no es requerido para entregar el producto”.

Planta fraccionadora pasó de ser pública a ser privada

La entrada en vigor de los contratos están condicionados a que NGL construya adentro del Complejo Procesador de Gas de Burgos una planta fraccionadora de condensados, con una inversión de 120 millones de dólares, y siempre en posesión de la subsidiaria de Trafigura. Nada en los documentos liberados por Pemex indica por qué o cómo se decidió que sería NGL la dueña de esa instalación y no otra empresa o la propia Pemex.

Pemex también negó a PODER durante meses la construcción dentro del complejo de Burgos. Después de un recurso de revisión, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), le ordenó liberar información en la que acepta que el 19 de agosto de 2015 NGL Equipments, contrató a Pemex TI para operar y mantener la planta fraccionadora por 10 años, a cambio de una contraprestación.

En otra respuesta a una solicitud, Pemex reveló que efectivamente ya inició la construcción de la planta, pero no hay más detalles públicos por tratarse de propiedad privada.

“NGL Equipments otorga en comodato dicha planta fraccionadora a Pemex Gas y Petroquímica Básica (ahora Pemex Transformación Industrial) y al término del contrato NGL podrá retirarla o en su caso acordar con la contraparte la compraventa de la misma a un valor de mercado”, se lee en el Anexo 4-A, Listado de Contratos para el Suministro.

La idea de instalar una planta fraccionadora dentro de Burgos no es nueva. En realidad es un proyecto que Pemex tenía desde 2010, antes de la reforma energética, para lo cual se planeó destinar 97 millones de pesos en siete años. Sin embargo, ese plan no avanzó y en 2017 ya no se ejercieron recursos, según la Plataforma de Transparencia Presupuestaria. La apertura del mercado energético fue la oportunidad para que este proyecto pasara a manos privadas.

El objetivo de una planta fraccionadora nacional es que Pemex evitara los costos de logística al exportar la nafta pesada al sur de Texas para su refinamiento, según el Anexo 4-F Descripción del Proyecto: Monto de Inversión y Beneficios Económicos, obtenido por PODER.

No es casualidad que tantos intereses busquen incidir en La Cuenca de Burgos, pues es la tercera región más importante en términos de recursos no convencionales. Tiene 545 billones de pies cúbicos probables de gas lutita y 13 millones de barriles de crudo.

Los responsables de pavimentar el camino para Trafigura

La captura de estado que ha orquestado Trafigura y que Pemex le ha permitido está caracterizada por contratos e intercambio de funcionarios. Los tres contratos celebrados en 2015 entre NGL y PGPB, fueron firmados por Katia Marion Eschenbach Coloca, Tamara Goudinoff Cruz y Miguel Javier Nagel León, por parte de la empresa privada. Por parte de la antes paraestatal, los funcionarios fueron Hiriam Ortiz Reyez, Director General de MGC, Alfonso Gonzalez Parra, apoderado legal adscrito a la gerencia comercial de gas licuado y petroquimicos básicos para el contrato de nafta pesada y Juan Marcelo Parizot, subdirector de gas licuado y petroquímicos básicos de Pemex, entre abril de 2012 y noviembre de 2015, encargado de revisar los contratos con Trafigura.

Tamara Goudinoff Cruz ingresó a PGBP en 1994 y permaneció hasta 2001. Su trabajo se enfocaba en la comercialización de gas natural y ductos durante el proceso de liberalización de este sector (1994-1996). Entre 2001 y 2011 Goudinoff pasó a las filas de Gasoductos de Chihuahua, en ese entonces subsidiaria de Pemex y la empresa privada Sempra. Su siguiente paso estratégico fue entrar a Trafigura.

En Gasoductos de Chihuahua, en ese entonces subsidiaria de Pemex y Sempra, Gudinoff era la responsable de la operación de varias obras de infraestructura como el Gasoducto San Fernando iniciado en 2002 y la red de ductos para transportar gas natural licuado de Burgos a Monterrey.

En 2004, según escrituras legales, Gudinoff se convirtió en la representante legal de TDF, subsidiaria de Gasoductos de Chihuahua. Esta empresa era la encargada de la operación del proyecto de gas LP del Complejo Procesador de Gas de Burgos-Monterrey, propiedad de Pemex.

Katia Marion Eschenbach Coloca firmó los tres contratos de 2015 como Presidenta del Consejo de NGL Equipments. Entre 2002 y 2010 Eschenbach se desempeñó como gerente comercial del área de refinados de PMI Comercio Internacional, subsidiaria de Pemex. En esta empresa sus principales funciones, según su propia declaración patrimonial, eran las de “comercializar” los productos refinados que Pemex producía.

SFP probó favoritismo en 2012

El 21 de diciembre de 2017 la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) le asignó a Trafigura un contrato por más de 3 millones de dólares para que ésta sustituye a PMI Comercio Internacional, de Pemex, en la comercialización de petróleo y condensados. Sin embargo, el camino para Trafigura, compañía que tiene varias subsidiarias en paraísos fiscales, ha sido allanado por Pemex al menos desde 2011, a través del mismo esquema de los contratos para Nafta: permitirle comprar barato y vender caro.

El tiempo que Eschenbach Coloca estuvo en refinados de PMI, María del Rocío Cárdenas Zubieta era la Directora Comercial de la misma área (2005-2008). La función administrativa de Cárdenas Zubieta era supervisar y coordinar las tareas que Eschenbanch desempeñaba, así mismo Eschenbach se encontraba al tanto de las laborares que realizaba su jefa directa. Para 2009, Cárdenas Zubieta se convirtió en la Directora General del Grupo PMI Comercio Internacional, hasta que dejó este cargo a principios de 2012 acusada de corrupción al haber beneficiado a empresas extranjeras por la venta de combustibles a bajos precios.

El 11 de octubre de 2011, en una conferencia de prensa, la Secretaría de la Función Público (SFP) informó que, derivado de una denuncia anónima, se había detectado a cuatro funcionarios del grupo PMI realizaron ventas de gasolina cóquer a precios inferiores a los referenciados internacionalmente, lo que había favorecido a “dos de las empresas de comercio de hidrocarburos más grandes del mundo” generando un daño patrimonial para Pemex por 26 millones de dólares. Lo que la SFP no informó es que el nombre de las dos empresas que fueron favorecidas por la compra a bajos precios de Pemex, vía el grupo PMI, eran Trafigura y Gundov.

Según la investigación de la SFP, Cárdenas Zubieta, entonces directora comercial de Refinados de PMI (2008-2009), omitió informar con detalle el estado de pérdidas y ganancias reales y los resultados de las operaciones comerciales al Comité Interno de PMI. Por lo cual tuvo una sanción de 283.9 millones de pesos y 10 años inhabilitada para ejercer un cargo público.

Los otros funcionarios sancionados de PMI eran el exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el exgerente comercial de Gasolinas y Componentes, Alejandro Tello Winniczuk, así como el exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto.

En conjunto las multas alcanzadas para estos funcionarios sumaron 506 millones de pesos y todos fueron inhabilitados 10 años para ejercer un cargo público. Sin embargo, en 2015 tribunales de federales que revisaron los casos concluyeron que la SFP no tenía facultades para imponer las sanciones a PMI Trading, ya que esta es una empresa privada, constituida bajo las leyes de Irlanda, y los funcionarios no actuaron con el carácter de servidores públicos al ejecutar las transacciones comerciales.

Pemex no respondió a los cuestionamientos antes del cierre de la edición.

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Investigación realizada por PODER a partir de información recibida a través de Méxicoleaks