Los avances en el hallazgo de personas desaparecidas en Veracruz son obra principalmente de familiares y colectivos, a pesar de errores, omisiones y bloqueos de las autoridades. Las familias buscan sentar precedentes de rendición de cuentas de los funcionarios

Texto: Daniela Rea

Fotos: Marcelo Bermúdez y Victoria Razo / Archivo Pdp

Después de año y medio de que la Fiscalía de Veracruz exhumó fosas en el terreno conocido como Arbolillo, dio carpetazo. Sumó 237 cuerpos en 48 fosas clandestinas. Era el mes de septiembre del 2018.

Las familias de personas desaparecidas en la entidad estuvieron excluidas de los procesos que encabezó el entonces fiscal Jorge Winckler y, cuando éste fue destituido de su cargo, las familias solicitaron acceso al terreno, ubicado a 10 kilómetros del centro de Alvarado. 

Entraron en noviembre del 2019 y hasta marzo de este año, cuando suspendieron el trabajo por la emergencia sanitaria de covid-19, ya habían encontrado 500 restos óseos y 3 cuerpos, entre otras cosas.

“Nosotras como familias decidimos revisar cada una de las fosas que exhumó la Fiscalía sin nuestra participación. Una por una y en varias hemos encontrado evidencia: extremidades inferiores, huesos largos, cortos, un cráneo; encontramos una dentadura postiza, y un celular con chip, una placa dental, cosas individualizantes que permitían identificar personas”.

Lucía Díaz, integrante fundadora de Solecito.

“Todo esto después de que se fueron ellos. Y tres cuerpos completos que dejaron ellos, son cuerpos que tienen la misma temporalidad que los restos exhumados en su mandato, estaban justo donde ellos pararon la exhumación. Ya no podemos confiar. Winckler nos tenía bloqueadas, no podíamos entrar, participar”, dice la madre de Luis Guillermo, desaparecido en el 2013.

No era la primera vez que familias de personas desaparecidas se enfrentaban y reaccionaban a la ineficacia del gobierno. 

El antecedente que tenía el colectivo de Solecito en Veracruz fue justo Colinas de Santa Fe. Autoridades federales de la Subprocuraduría de Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) exhumaron cinco cuerpos en el año de 2015 de ese terreno y cerraron la investigación. No rastreó más en este lugar.

En agosto del 2016, cuando las familias de Solecito recibieron un croquis que les señalaba ese terreno como un sitio de exhumación clandestina, las familias entraron a buscar y su búsqueda dio como resultado lo que se conoce como el hallazgo de la fosa clandestina más grande del país. Después de 3 años de trabajo de Colinas de Santa Fe se exhumaron 298 cráneos de 156 fosas clandestinas, además de 22 mil fragmentos óseos.

Antropólogos que trabajaron en la zona cuentan que la extensión del terreno y la cantidad de fosas era tal, que los binomios caninos no funcionaban, los perros no alcanzaban a procesar la información, el olfato los conducía a distintos lugares. 

Otro error que las familias de Solecito debieron ajustar en las exhumaciones de Colinas, realizadas por la Fiscalía estatal, fue la ubicación de las fosas. 

Parte de la participación como familias que acompañaban fue recuperar la ubicación de las fosas y los cuerpos. Uno de los integrantes de la brigada de Solecito explicó que las autoridades los marcaban con su GPS, pero el GPS tiene un error de ubicación de 5 metros. “Al final de la exhumación ellos dejan una botella con los datos de la fosa, los recuperamos para corregir la correcta posición de las fosas”.

Una tercera falla en las exhumaciones de Colinas de Santa Fe fue que las excavaciones de las fosas estaban mal realizadas. En un inicio se hacían en forma de cuenco y eso imposibilitaba registrar información como el número de excavaciones que pudo haber en una misma fosa y su temporalidad; esas excavaciones deben hacerse de manera vertical, insistieron las familias de Solecito, asesoradas por antropólogos independientes. 

Para el año de  2019, cuando se cerraron los trabajos en Colinas de Santa Fe, la Fiscalía sólo había identificado a 24 personas, de las cuales 18 se habían entregado a sus familiares. Por eso las integrantes de Solecito, en enero de 2020 y después de esperar cinco meses sin identificación de personas, hicieron pública una lista de nombres de personas obtenidos a partir de credenciales y tarjetas de presentación encontradas en las fosas clandestinas.

@VigilantesV @GobernantesVer @AristeguiOnline @jornadaveracruz Hacemos la aclaración: una credencial es un indicio pero no es evidencia sólida de que la persona no esté con vida ni de su paradero. Publicamos esta información porque es pertinente su difusión. APÓYANOS COMPARTIENDO pic.twitter.com/1nBVT35Uhm

— Colectivo Solecito (@SolecitodeVer) January 28, 2020

“Publicamos las credenciales, salió mucha gente, mucha gente se acercó a preguntar, a dar pistas para identificar a las personas. Le habíamos dado todo el tiempo del mundo a la Fiscalía para que identificara, buscara. Las encarpetó, las encajonó y no notificaron. No hicieron el menor esfuerzo por identificar y nosotros las tuvimos que sacar a la luz pública para encontrar a sus familiares”, explica Lucía Díaz.

Un estado de desaparecidos

En Veracruz desde el año 2000 a julio del 2020 se han registrado 4 mil 660 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, según la última información dada a conocer por la Comisión Nacional de Búsqueda. De ese total, el 79 por ciento del total sigue sin ser encontrada; el 20 por ciento fue localizada, 978 personas, de las cuales 96 fueron encontradas sin vida. Del total, dos terceras partes son hombres y una tercera parte mujeres.

Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos son los municipios con mayor número de personas desaparecidas.

Al mismo tiempo, Veracruz es uno de los estados con mayor número de fosas clandestinas en el país (aunque no el mayor con número de cuerpos).

Entre 2006 y 2016 el gobierno local ha registrado 332 fosas clandestinas. Tan solo en Colinas de Santa Fe se encontraron 156 fosas y en La Guapota (a 40 kilómetros de distancia de Colinas) se exhumaron 72 fosas clandestinas.

La Fiscalía de Veracruz informó por solicitudes de información realizadas por Pie de Página desde el año 2006 al 2019 se han abierto 15 carpetas de investigación por desaparición, de ellas 9 carpetas son por desaparición forzada, es decir, con involucramiento de la autoridad, y 6 carpetas son por particulares. (En el registro se refiere que sólo 3 personas del total están vinculadas a una desaparición forzada). 

El inicio

“Cuando empezamos el trabajo en Colinas, era tedioso, monótono, porque nos traían como chamaquitos, casi nos querían llevar de la mano, enseñarnos a buscarlos, los señores de búsqueda, y pues nosotros veníamos aquí porque sabíamos a lo que veníamos, no veníamos a que nos enseñaran. Nosotros llegamos el 3 de agosto aquí de hace 3 años”, dice Guadalupe Contreras, quien durante 3 años fue uno de los integrantes del equipo de excavación en Colinas de Santa Fe.

Guadalupe es originario de Guerrero donde se inició como buscador, buscando a su hijo Iván desaparecido en Iguala, en el año 2012.

“El caso de los muchachos de Ayotzinapa fue el que dijo ‘hasta aquí’, fue el que tumbó barreras y el que dio valor a la gente que tenía desaparecidos para salir a buscar”, dice Guadalupe. “Pienso que a la mejor si estos muchachos no hubieran desaparecido a lo mejor no se hubiera hecho este movimiento a nivel nacional, porque a raíz de que desaparecen todos decimos ‘ya no hay miedo, vamos a echarle, vamos a buscar’. Y subimos cerros, con machetes, con varilla. Comenzamos a buscar a los chamacos de Ayotzinapa y así también a nuestros familiares”. 

Cómo buscar entierros clandestinos lo aprendieron de campesinos, jornaleros y albañiles de la región como Simón Carranza y Miguel Ángel Jiménez, líder de la UPOEG asesinado en el año 2015.

“Quien nos enseñó cómo hacer una varilla, cómo meterla, cómo enterrarla, cómo olerla, a qué huele, fue él, Miguel Ángel. No sabíamos nada, este cuate nos enseñó técnica de buscar, desgraciadamente no lo dejaron hacer gran cosa, porque también ya lo mataron”, recuerda Guadalupe.

Las integrantes de Solecito se enteraron que había hombres y mujeres buscando a sus hijos en el campo, excavando fosas clandestinas. En abril del 2015, recuerda Rosalía Castro Toss, quien busca a su hijo Roberto Carlos, ella y Lucía Díaz viajaron a Iguala Guerrero para aprender de ellos. 

“Ellos allá ya habían empezado a trabajar, ya subían foto en el face, y nosotros no sabíamos cómo. Entonces Lucy y yo nos fuimos a Iguala, a que nos enseñaran. Estábamos interesadas en ir a aprender, que nos dijeran cómo buscar, porque ya teníamos muchos puntos, ya habíamos ido a algunos y encontrado evidencia, pero no sabíamos interpretar. Como cuando yo fui al Kilómetro 13.5 y encontré zapatos, ropa, basura, infinidad de cosas, pero no lo supe interpretar”, recuerda Rosalía.

Con todas esas experiencias previas, con esas dudas y con ese interés de aprender, viajaron a Iguala y les propusieron organizar una búsqueda en Veracruz, les mandaron fotos del terreno. 

Así fue como don Lupe, como le dicen a Guadalupe, viajó a Veracruz a enseñar a las mamás de Solecito a buscar fosas clandestinas en el terreno de Colinas de Santa Fe y se quedó tres años a trabajar como parte de la brigada que Solecito financia (con los recursos que obtiene de rifas y venta de ropa usada) para las exhumaciones en las distintas fosas encontradas. 

“Eran días de trabajo de todo el día escarbar, todo el día estar oliendo la putrefacción. Sacar un cuerpo y acomodarlo en la bolsa, cae sangre molida todavía… el bochorno de estar dentro del hoyo, el calor que vaporiza todos los olores desde el suelo… trabajábamos como 20, 30 minutos y volvíamos, porque no aguantas más. Era trabajo pesado, pero estábamos acostumbrados a eso, yo por ejemplo en mi profesión soy albañil, y como albañil hay que joderle todo el día”.

“Al principio la búsqueda y la excavación fue muy duro”, agrega Rosalía. “Yo me decía ‘¿qué hago acá?, mi hijo está con vida. Nosotros creíamos, pero a la vez ya estando en el lugar … fue muy duro, para mí fue muy duro imaginarlos ahí y también el contexto, después de ser odontóloga, y estar trabajando en un consultorio dental, a partir de 2011 me vine acá.  Teníamos la idea de  meter la varilla, y olerla, también teníamos la idea de las evidencias que puedes encontrar cerca, de una fosa, como botellas, basura en un lugar donde no debe haber, bueno eso fue lo que nos trajimos de allá”.

Desde el inicio de la exhumación las familias, acostumbradas a cargar libretas y plumas a todos lados, crearon un método para el registro de los hallazgos, paralelo al que hacía la autoridad: número y ubicación de fosa, hora de hallazgo, indicios dentro de la fosa (por capas en que se fueron encontrando). “Todo lo que se encontraba se apuntaba, está documentado, tenemos nuestro propio archivo. Es más, había compañeros que encontraban una etiqueta y hasta el dibujito de la etiqueta hacían”, dice Rosalía.

Lo que sigue

Desde antes de cerrar Colinas de Santa Fe el Colectivo Solecito inició otros rastreos. Entre octubre del 2018 y enero del 2019 recorrieron el recinto portuario de Apiver conocido como Kilómetro 13.5 (habían recibido un mapa de posibles fosas en esa zona). Insistieron en la posibilidad de registrarlo, pese a la negativa de Miguel Ángel Yunes Linares, el entonces gobernador. 

“Llegamos a este terreno por un anónimo, se escuchaba que este lugar lo usaron para llevar a los desaparecidos antes de Colinas de Santa Fe. Se escuchaba que había hasta 500 cuerpos. Pero quizá nos pusieron mal las coordenadas y pues seguimos buscando”, dice Rosalía.

Para Solecito fue más fácil lograr el acceso localizando directamente a los dueños de los terrenos (calculan más de 20 dueños distintos en las 300 hectáreas y uno de los permisos demoró 5 meses) que esperar a la Fiscalía. Y así entraron en distintos momentos del 2019 a hacer búsquedas, pero no hubo hallazgos.

Buscar en un terreno rural-urbano, como lo es el Kilómetro 13.5 tiene complejidades. Por ejemplo, a diferencia de buscar en el “aire libre” aquí se trata de terrenos privados y bardeados. Se debe contactar a cada dueño y solicitar el permiso de acceso. Además, este terreno en particular está en constante movimiento por la ampliación del puerto de Veracruz. Día y noche hay trascabos que remueven material, escombro o que sacan arena para vender como material de construcción. Esto, además de complicar la búsqueda, les come el tiempo a los buscadores.

Un día de búsqueda en esa zona, recuerda Guadalupe, cavaron 3 metros de profundidad y no encontraron nada; ya sea porque fueron rellenadas o porque fueron removidas para construir cimientos de hasta 10 metros de profundidad.

Paralelamente al rastreo en la zona portuaria, las familias de Solecito exigieron el acceso a Arbolillo. Se trata de la otra gran fosa descubierta a 10 kilómetros de Alvarado, al sur del puerto de Veracruz. 

En noviembre del 2019 las familias lograron entrar a este terreno donde la Fiscalía exhumó -sin su participación- y luego abandonó. Es un terreno de mangle al que, según las familias de Solecito, los cuerpos eran llevados de madrugada, en lanchas. Era una distancia de 30 kilómetros desde el puerto de Veracruz. Los cuerpos que se han encontrado aquí, a diferencia de la mayoría de restos encontrados en Colinas de Santa Fe, son fragmentados.

Arbolillo había sido exhumado en el 2017 por la Fiscalía estatal y, posteriormente, en septiembre del 2018, en esta ocasión por autoridades federales. En la primera exhumación se encontraron 8 fosas con 47 cráneos, en la segunda 15 fosas con 190 cráneos; en total se sacaron 237 cuerpos de 48 fosas.

Hasta noviembre del 2019 que se volvieron a abrir a solicitud de las familias. Por la desconfianza en el trabajo de la Fiscalía, por errores previos, por la falta de acceso en esas exhumaciones y porque se les hizo extraño que el proceso de exhumación durara apenas unos meses, cuando con Colinas tardaron 3 años.

“El seguimiento es vital, el seguimiento a las autoridades. No hay que pensar que las autoridades van a hacerlo. Porque no hay recursos, porque abandonan las fiscalías”, dice Lucía Díaz. “Lo que hemos encontrado a la fecha nos muestra eso. Llevamos más de 2000 restos óseos, artículos personales individualizantes, entre ellos un teléfono, ropa y tres cuerpos completos”.

“Por eso después de la primera fase de Arbolillo metimos papeles, 18 oficios, solicitando que nos dieran acceso y así los obligamos a abrir Arbolillo 2”, explica Lucía Díaz. El trabajo que las familias hacían dentro de Arbolillo con la Fiscalía, hasta antes del confinamiento, era levantar de nuevo las fosas que la Fiscalía anterior exhumó, cribar y revisar.  “Vamos revisando todos los cuadrantes, uno por uno los que ellos ya exhumaron”.

Sin las familias no

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada señala en su artículo 138 que las familias de las víctimas de desaparición tienen derecho a “participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda” que realicen las autoridades; además de proponer diligencias para llevarse a cabo con la autoridad, entre muchos otros derechos.

“Lo que queremos es sentar precedentes de rendición de cuentas, que el trabajo que hicieron mal sea revisado y sancionado. Puede llegar un colectivo y pedir sanciones, porque hay una ley de exhumaciones, hay también responsabilidad de funcionarios, entonces nosotros uno de los trabajos grandes es establecer paradigmas de rendición de cuentas y también que el trabajo que se haga sea riguroso, ético”.

Lucía Díaz.

–¿Cuál es la importancia de pensar en un precedente de rendición de cuentas por parte de los funcionarios que no han hecho bien su trabajo en lo que respecta a la exhumación, identificación?

–Las omisiones son imputables. Lo que sigue es tener la evidencia, registrarla e implicarlos. Las autoridades de Fiscalía que han hecho las exhumaciones ya tenían protocolos que cumplir y aún así no hicieron lo que tenían que hacer. Tenemos que construir instituciones que sean confiables y si podemos hacerlo para que no se repita, hay que hacerlo. 

Las familias argumentan que lo que sucedió en Arbolillo fue un abandono de una escena del crimen. Una nota publicada por el reportero Miguel Ángel León Carmona señala que la directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía local, Marcela Aguilera Landeta, es quien estaría investigando ese abandono.

“Si no haces el trabajo de fiscalizar a las autoridades, no tiene caso que hagas las búsquedas. Tener verdad y justicia es un trabajo integral, por eso queremos darle seguimiento hasta la identificación y entrega de las personas, porque es necesario hacerlo”, dice Lucía Díaz.

Guadalupe, uno de los integrantes de la Brigada de exhumación en Colinas de Santa Fe de parte de Solecito, destaca el entusiasmo y la necesidad de encontrar en el trabajo de las familias.

“Nosotros contagiábamos a los demás, a los funcionarios para que ‘órale canijo, a darle’. Somos buscadores y hay que jalar parejo porque uno solo no va a detener una marejada; pero entre todos podemos hacer un muro para que esa marejada no siga. Ese siempre ha sido mi consejo: únanse en colectivo y exijan a la autoridad porque al final de cuentas todos tenemos desaparecidos. Hasta los policías tienen desaparecidos. Y todos queremos que nuestros hijos vuelvan”.