El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, un documento desgarrador que reafirma que en la desaparición de los 43 participaron todos los niveles de gobierno, incluido el Ejército mexicano, quienes entorpecieron las labores de investigación en los últimos años

Texto: Kau Sirenio

Foto: Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO. – La historia empezó aquí hace ocho años y diez meses, cuando los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa marcharon de Tlatelolco al Zócalo para conmemorar el 46 aniversario luctuoso de la masacre de 2 de octubre de 1968.

A un costado de la plaza de la Tres Culturas, justo donde el Ejército mexicano asesinó a los estudiantes del 68, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe de la investigación por la desaparición forzada de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.

A 55 años de aquél 2 de octubre, el GIEI abrió una herida que nunca terminó de cerrar: la participación del ejército en la desaparición de los 43.

La conclusión es contundente: la Sedena ocultó y obstaculizó la investigación que el Grupo Independiente realizó sobre uno de los crímenes de estado que han conmocionado a México.

Carlos Beristain, integrante del GIEI, soltó con firmeza:

“Al fin del mandato del GIEI doña Blanca tomó la palabra y nos dijo: ‘En nombre de muchas otras mujeres y de otras familiares que han crecido en estos últimos años cuenten todo lo que sepan, no se queden con nada’ y eso es lo hemos tratado de hacer”.

A partir de ahí, el experto empezó a hilar la historia que investigó durante siete años. Una historia que aún queda sin alcanzar la verdad, la misma que las madres y padres de los normalistas le pidieron cuando llegaron a México el 2 de marzo de 2015.

La búsqueda de la verdad a contracorriente

El equipo de expertos se integró por el médico español experto en evaluación psicosocial y médica, Carlos Martín Beristaín; la abogada colombiana experta en derecho penal, Ángela Buitrago; el abogado chileno especialista en derechos humanos, Francisco Cox Vial; la abogada guatemalteca experta en derecho penal, Claudia Paz y Paz; y el abogado colombiano y asesor de la Comisión de la Verdad de Colombia, Alejandro Valencia Villa.

El 6 de septiembre de 2015 el GIEI presentó su informe sobre la investigación realizada en torno a la búsqueda de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En el primer documento que dieron a conocer ante la opinión pública, los expertos independientes desmontaron la primera hipótesis que presentó el gobierno federal como “La verdad histórica”. Esto les trajo fuertes críticas a los investigadores. Contra ellos operó todo el aparato del Estado, intelectuales orgánicos y la prensa corporativa. Les dijeron que extralimitaban sus funciones.

Pero el GIEI no paró, he impulsado por el deseo de justicia y verdad de las madres y padres de lo 43, el 24 de abril de 2016 presentaron su segundo informe del caso Ayotzinapa. Reforzaron su tesis sobre la “Verdad Histórica» que se construyó a base de tortura y fabricación de culpables.

Después de ese informe, su estancia se prolongó hasta el 30 de abril de 2016. Durante ese periodo, el GIEI estuvo en el ojo del huracán por una campaña mediática, mientras que las autoridades cuestionaban algunas de sus revelaciones, y a pesar de que el gobierno federal mantenía su colaboración en la investigación, la entonces Procuraduría General de la República dilató el cumplimiento de las diligencias.

Del informe del GIEI se conocieron las actuaciones de las corporaciones de seguridad en la desaparición forzada de los 43: el Ejército mexicano, la Marina Armada de México, y las policías federal, estatal y municipales.

Los expertos presentaron pruebas audiovisuales, como la manipulación del escenario del río San Juan que hicieron altas autoridades de la PGR con el afán de construir su «verdad histórica».

Un nuevo aire, las mismas prácticas

Con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el GIEI retomó labores, concretamente el 3 de diciembre de 2019. Ese día, también, los padres y madres de los 43 pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pusiera a disposición del Estado mexicano para colaborar en la investigación.

«Si las cosas no cambian no podemos alcanzar la justicia. Nosotros terminamos nuestro trabajo, lo que hicimos fue documentar y explorar todas las vías” dijo Carlos Beristaín mientras presentaban su último informe.

Luego, precisó que el GIEI regresó porque había compromiso del Estado mexicano para acceder a los archivos. Sin embargo, “la Sedena no lo hizo como debería de hacerlo, solo se encargó de obstaculizar la investigación al no entregar la información que se requería para la búsqueda de los chavos».

Las palabras de Ángela Buitrago y Carlos Beristaín caían como fuego a los asistentes, quienes descubrían paso a paso los hechos de la noche de Iguala, los mismos que no acaban de conocerse por completo.

Por ejemplo, un nuevo dato revela que el lugar donde apareció el cuerpo de Julio Cesar Mondragón Fontes no corresponde con el lugar donde lo asesinaron.

Municipio, Estado, policías, militares y marinos: todos responsables

«El crimen se cometió a 15 kilometros del lugar conocido como el Andariego, de acuerdo al informe del 41 Batallón de Infantería, fue en la cercanía del poblado de Mexcaltepec, municipio de Taxco”, reveló Beristain.

Y añadió que la policía de Guerrero estuvo en la calle Juan N Álvarez; que la policía ministerial recorrió toda la escena de crimen durante la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala; y que las policías municipales de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco e integrantes del grupo civil armado conocidos como Guerrero Unidos atacaron a los normalistas.

“Este informe se da en el último mandato de GIEI. Tuvimos muchos obstáculos por el ocultamiento de la información. Trabajamos con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), con la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) para empujar la búsqueda de la verdad, el desafió fue monumental” explicó Beristaín.

En su intervención, Buitrago sostuvo que el GIEI buscó que la investigación fuera lo más cuidadosa posible:

«Obtener información neutral y objetiva, para eso vamos a presentar un peritaje de C4 qué tiene 2 mil 324 Ingresos de llamadas y de ahí analizamos 500 llamadas en las que escuchamos conversaciones que señalan que el ejército no participó”.

Pero agregó que, en su investigación, “la relación entre el C4 y Sedena es permanente. Recordemos que encontramos a dos hombres de la Sedena, uno recibía la llamada y otro manipulaba las cámaras, y este es el que movía la cámara cuando pasaron las camionetas con los normalistas hacia Taxco”.

Además, dijo que la participación del municipio de Cocula en la desaparición forzada fue una actuación dolosa en la investigación al desaparecer la bitácora y otros datos a los que el GIEI no logró acceder.

Luego recapitula: «A las 21:40 horas había un elemento de Sedena qye se movió de diferentes maneras, pero nunca lo sostuvo en la entrevista».

Entre las 22:30/ 22:39 horas aparece la policía municipal de Huitzuco. Aquí conocimos algo que no se ha dicho: Sedena se desplaza al palacio municipal, pero nunca lo dijeron en la entrevista inicial. Estuvieron en el lugar del crimen”.

Beristaín retoma: «El papel de CICEN también fue crucial en la noche del 26 de septiembre. En su único informe dice que un elemento estuvo en el lugar de los hechos, pero fue desplazado por presión de la policía municipal, sin embargo nunca se retiró, sino que permaneció en el lugar de los hechos”.

Además, sostuvo que no hay un solo documento que vincule a los normalistas con el narcotráfico:

“No hay un solo documento que señale a los normalistas con el narcotráfico, lo que sí encontramos en los documentos de Sedena es que en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, de hechos varios presidentes municipales están coludidos con grupos del narcotrafico».

Luego explica el paradero de los normalistas: “De acuerdo con el análisis de comunicación entre el Cholo Palacio y el cabo Gil, por lo menos 17 normalistas fueron movidos en distintos puntos hasta el 4 de octubre. Hasta el corte de la llamada, el último punto fue en el cerro de Tetelilla. Está información la tuvo la Sedena en tiempo real, el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional supo este desplazamiento pero no actuaron”.

Y agrega: “Los jóvenes fueron divididos en tres grupos, pero no fueron llevados al mismo lugar. En un primer momento los dividieron en dos grupos. Calculamos que de 16 a 17 muchachos fueron llevados a la barandilla y desde ahí los llevaron hacia la loma de Coyote, otros fueron fueron llevados de Huitzuco hacia Chilpancingo”.

De acuerdo con una conversación, se supo que 11 normalistas debieron haber llagado a Chilpancing, la conversación decía: “Comadre te tocaron 11 detenidos del desmadre de ayer, sabes dónde están los qué se llevaron a Chilpancingo”.

Explicó que el video obtenido del palacio de justicia de Iguala se entregó al fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera: “Un funcionario de la policía ministerial señaló que la grabación fue entregada directamente al fiscal de Guerrero, pero este video no aparecen en la investigación, hay una versión editada y de escasos minutos”.

«Nos preocupa a los familiares el impacto de esta tragedia, su estado de salud. La reparación del daño debe de darse para evitar la revictimización y la estigmatización. Por nuestra parte, mantuvimos la investigación, incluso cuando vino la crisis en septiembre de 2022. Pero la negativa de proporcionar la información y la contumacia debilitó la investigación” concluyó, Angela Buitrago.

Después del informe, los familiares de los normalistas salieron del Centro Cultural Tlatelolco sin la certeza de Verdad, Justicia y no repetición, las mismas demandas ausentes de los estudiantes del 68 masacrados por el Ejército mexicano.