El Centro de Derechos Humanos de la Montaña cumple 25 años. En ese tiempo ha respaldado los casos más peligrosos de Guerrero: violaciones por parte del Ejército, guerra sucia, crimen organizado. Por primera vez han invitado a un funcionario de Gobernación: Alejandro Encinas, quien se respaldó a los padres de los 43, y explicó cómo es que la verdad histórica es insostenible.

Por Vania Pigeonutt

Fotos: Andalusia Knoll Soloff

TLAPA, GUERRERO.- Epifanio Álvarez Carbajal, padre de Jorge Álvarez Nava, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, habló con estruendo. A casi cinco años de la desaparición forzada de su hijo, le dijo al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “¡Ya no queremos que nos digan: estamos trabajando, ¡como padres queremos ver algo!”.

Minutos antes, en el salón Marsil, a pocas cuadras del centro de Tlapa, Encinas se comprometió a encontrar la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala. Caiga quien caiga. Varios nombraron al funcionario, su última esperanza.

El conteo resonó casi de inmediato. “Los pelones”, como les dicen en la Normal Rural de Ayotzinapa a los del primer año —los 43 que fueron desaparecidos en 2014 también lo eran—, gritaron hasta descomponer sus rostros sobrios y solemnes: ¡1,2, 3…43! El público del segundo día del 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, los siguió hasta gritar justicia.

Los asistentes se encontraban de pie. Vinieron en su mayoría de los cuatro pueblos originarios que habitan los 19 municipios de la Montaña: Ñu Savi (mixteco), Me´phaa (tlapaneco), Ñomdaa (amuzgo) y náhuatl—. Todos respaldaron al padre que confesó lo horrible que es escuchar en las víctimas una línea de tiempo de represión y terror de las últimas seis décadas, sufrida por los más pobres de Guerrero.

Los múltiples colores del papel picado con el logotipo de Tlachinollan, las flores de cempasúchil, rosas y flores en arreglos al centro de lugar, dieron una vista alegre a las caras adoloridas por la desaparición, la impunidad y el olvido.

A la basura, «verdad histórica«

Después de presenciar el sincretismo religioso, velas blancas y copales, un ritual prehispánico que antecedió la misa católica de celebración, los panelistas del foro hablaron de los caminos para acceder a la justicia. 

Ante ellos, en un presídium que tuvo como invitados principales a los padres de los 43 normalistas desaparecidos. 

Encinas explicó lo que han desenmascarado en 8 meses de seguimiento: no existió tal verdad histórica. La que el exprocurador de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, aseguró con vehemencia. Encinas abrió la posibilidad de que funcionarios como Tomás Zerón, de la Agencia de Investigación Criminal y otros lleguen a la cárcel por encubrir lo que pasó hace casi cinco años.

“El análisis de todas las llamadas telefónicas que se celebraron en los seis primeros días después de la tragedia, donde después de revisar más de 84 millones de llamadas telefónicas fuimos depurando la información para tener claramente establecido hoy la red. (Esto) reveló cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche y cómo se hizo la operación: el proceso de desaparición de los muchachos”, recontó.

Esto permite desmentir las versiones de que los estudiantes tuvieron comunicación con cuerpos policiacos. No hubo ninguna. Y demostró que la presencia de las autoridades y los elementos de Cocula fue absolutamente marginal. Y no: no se movieron hacia esa región del estado de Guerrero, como aseguró la administración pasada.

Atentos estaban además de Jarab, Claudia Paz y Paz integrante de la comisión de Seguimiento del caso Ayotzinapa, el ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada, Rainer Huhle y medio centenar de organizaciones y defensores de derechos humanos.

«Después de revisar más de 84 millones de llamadas telefónicas, fuimos depurando la información, para tener claramente establecido hoy la red. (Esto) reveló cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche y cómo se hizo la operación: el proceso de desaparición de los muchachos».

Alejandro Encinas

Resistencias presentes por la «verdad histórica»

Lo increíble es que siguen enfrentando resistencias del pasado, explica Encinas. Por ejemplo, Carlos Gómez Arrieta, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, está amparado. Ello, pese a las pruebas científicas de que torturó a los supuestos responsables materiales de la desaparición de los 43 y el asesinato de seis personas, entre ellos, tres estudiantes. No pueden tomarle declaraciones por ahora.

“Empieza a haber restricciones que se han estado remontando, afortunadamente». Se superan a partir del nombramiento del fiscal para el caso Ayotzinapa. «Se están rompiendo esas barreras. (Pero) esto da cuenta de que el viejo régimen sigue vivito y coleando. Y que todavía vamos a necesitar, no solamente una mayor energía de la comisión para enfrentar estas resistencias, sino también el respaldo social”. Así lo pidió el subsecretario a la gente y a los defensores que lo escuchaban atentos.

“En la comisión hemos sostenido reuniones con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, con el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, hemos sostenido reuniones con el secretario de la Defensa nacional. Y todos los miembros de la Sedena. Hemos entrado en las instalaciones del 27 Batallón de infantería Iguala, tenemos hoy a disposición de la Comisión y Fiscalía especial del caso Ayotzinapa, a todos los elementos del 27 Batallón que estuvieron esos días en Iguala para que rindan su declaración ministerial”.

«Tenemos hoy a disposición de la Comisión y Fiscalía especial del caso Ayotzinapa, a todos los elementos del 27 Batallón que estuvieron esos días en Iguala para que rindan su declaración ministerial”.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob.

Jarab se atrevió a decir que la esperanza misma se encarna en Encinas, e insistió en que es necesario que el gobierno federal identifique a los cientos de cuerpos que siguen sin familia en las salas frías de los Servicios Médicos Forenses del país, que ya no tienen espacio para un cuerpo más.

Encinas aseguró que, aunque han descubierto 15 líneas de investigación, hay una posibilidad de enjuiciar a exfuncionarios, pese a los cinco años de distancia, cientos de pruebas desaparecidas, la búsqueda seguirá siendo con vida. Porque si resuelven el caso Ayotzinapa, darán esperanza a los más de 40 mil desaparecidos en el país.

Todas las luchas de la Montaña

En el foro “Palabras de vida, caminos de esperanza” con el que empezó la conmemoración, confluyeron varias luchas: familiares de desaparecidos en Guerrero, víctimas de desplazamiento forzado interno, de diversas masacres ocurridas en los últimos 60 años. Desde la “Guerra sucia” de los años 70 hasta Ayotzinapa. Pasado y presente hermanados en la tragedia. Voces contundentes sufriendo aún esa represión.

Emiliano Navarrete es padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete. El contó el viernes 9 en la casa católica: “eso no es vida, uno camina como sin alma, porque nos espera la familia y no sabemos qué decirles al llegar otra vez sin nada, pero tenemos que ser fuertes porque nuestros hijos nos necesitan”.

“A mi hija embarazada la asesinaron, a la más pequeña la hirieron. No le deseo a nadie lo que yo sufro. El gobernador dijo que no era cierto. Quiero justicia”, dijo con voz entrecortada Ángela Salgado García, desplazada de Leonardo Bravo (Chichihualco), quien espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Guardia Nacional, los regrese a sus pueblos, donde dejaron sus animales, sus milpas y todos sus recuerdos.

En el encuentro del 25 aniversario de Tlachinollan participaron decenas víctimas, pero también diversas organizaciones nacionales e internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, escuchando a la par de cientos de hombres y mujeres, que vinieron desde caminos serpenteados, de difícil acceso como Cochoapa El Grande, Metlatonoc, Xalpatlahuac, donde además de justicia también les falta comida.

Tlachinollan se fundó como centro de Derechos Humanos un 6 de junio de 1994, cuatro años antes de la masacre de El Charco, en Ayutla. Aquel día militares dispararon a quemarropa a 10 campesinos y a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tlachinollan dio respaldó a las víctimas de El Charco. Y también ha documentado violaciones tumultuarias, como las de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, cuyas sentencias siguen sin cumplirse al 100 %, pese a que el Estado mexicano ya les pidió disculpas públicas y admitió la culpabilidad de sus soldados.

La fuerza del Estado

Para Raymundo Díaz Taboada, director del Comité Contra la Tortura y la Impunidad, las prácticas de desaparición se han perfeccionado. Sostiene que en el pasado tuvo la infortuna de empezar con desapariciones selectivas, que ahora son masivas. El Estado sigue implementando el terror, como herramienta para disuadir exigencias justas.

Cerca suyo se encontraba el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz. Sabe bien de lo que habla su paisano. Acaba de salir de su tercer encarcelamiento. Marco dice que le rompieron el estómago a patadas y por eso fue operado. Lo encarcelaron por un problema con un gravillero, pero lo cierto, insiste, es que su problema con el Estado radica en oponerse a la presa La Parota.

Marco tiene que ser operado nuevamente de la columna, porque lo torturaron. Siempre se ha aferrado a sus tierras, en su amado Cacahuatepec, Acapulco. En ese mismo puerto donde hombres armados quemaron su patrimonio: tres lanchas con motor y unas sombrillas que su familia había rentado durante los últimos 30 años.

Aprovechó la presencia de Encinas.  Le entregó un documento donde le narró con detalle cómo hace unos días, pese a que él demostró que no es ni asesino ni responsable de algún delito, llegaron elementos de la Marina a su campo de maíz. Le rompieron cercas. Invadieron su terreno, por ser él, dice: y nadie hace nada al respecto.

En los dos días de conmemoración desfilaron los comuneros del Ejido de Carrizalillo, que ahora padecen la invasión de mineras por el oro y sus tierras están contaminadas. También, mujeres indígenas guerreras, que han soportado las prisiones injustas de sus esposos. Y por supuesto, los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC): el único sistema alternativo de justicia, que tiene marco legal que operan en la Costa Chica y Montaña desde hace 24 años. Y lo hace en gran medida, gracias a Tlachinollan.

Agravios de la Guerra Sucia

Eustolia Castro Ramírez, viuda de uno de los campesinos masacrados por el Ejército en El Charco, Ayutla el 7 de junio de 1998, lo dejó claro: esos dolores con nada se quitan. Coincidió Norma Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y quien enterró a su hermana Rocío. Norma, con micrófono en mano, exigió férreamente justicia por los asesinados del vado de Aguas Blancas, en tiempos del cacique exgobernador, Rubén Figueroa Alcocer. Recordó al gobierno la deuda histórica que tiene.

El pasado también llegó con la voz de Karla Nogueda Radilla, hija de Tita Radilla. Karla ha dedicado toda su vida a encontrar justicia por la desaparición de su papá, Rosendo Radilla Pacheco, un cantante de corridos, cuyo crimen consistió en incluir en sus letras al guerrillero Lucio Cabañas (también originario de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande guerrerense).

Ella pidió a Jan Jarab, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, al Comisión Nacional de Derechos Humanos, continuar con la búsqueda de los desaparecidos.

Eloy Cisneros recordó que fue la masacre de los copreros, un 20 agosto de 1967, cuando mil campesinos se manifestaron y “nuestros compañeros decidieron defender sus derechos, fueron acribillados por francotiradores, se confirmó el asesinato de más de 30 copreros”. Este hecho, motivó a Lucio Cabañas a emprender una guerrilla.

La radiografía de un Guerrero bronco y reprimido parecía interminable e inacabada. Horas y horas de testimonios, pusieron de forma contundente la exigencia primordial de Abel Barrera, quien ha llevado de la mano a Tlachinollan en estos 25 años. Hace falta un siguiente paso: encontrar un mecanismo de no repetición. El pasado sirve para prevenir atrocidades futuras, pero sin verdad y justicia, no habrá otra etapa.

La Montaña roja, dijo en varios puntos de la celebración Barrera Hernández. Y es que aquí, en los pueblos con las mayores tasas de pobreza, desnutrición, falta de acceso a servicios básicos, se centra la dignidad de México. Acá, la Montaña guerrerense ha parido a luchadores históricos como el profesor Othón Salazar.

La radiografía de un Guerrero bronco y reprimido parecía interminable e inacabada. Horas y horas de testimonios, pusieron de forma contundente la exigencia primordial de Abel Barrera

Flor roja: cifras de la muerte

Abel Barrera habló de su 25 informe titulado «Montaña llena eres de esperanza». Son 415 hojas, con una portada que lleva una flor roja, parecida a la amapola que se cultiva gracias a la pobreza en esta región. Ahí delineó las atrocidades presentes: feminicidios en aumento, asesinatos masivos; desapariciones constantes.

El informe tiene un apartado llamado cifras de la muerte. Tlachinollan tomó del informe del Institute for Economics and Peace del 2019, varios datos. México tuvo un retroceso de 4.9 % y su deterioro se materializó en 22 estados. Esto se debe al recrudecimiento de la tasa de homicidios que se elevó 14 %. Considera que es una cifra escandalosa que llega a 27 muertes por cada 100 mil habitantes, o más de 34 mil víctimas.

Ese informe ubica a Baja California como el estado menos pacífico de México, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua. Tomando como base recuentos del periódico El Sur (de Guerrero), se tiene un registro de 2 mil 472 asesinatos correspondientes al 2018. Por otra parte en los primero cinco meses de 2019 se registraron 748 personas asesinadas. Esto arroja un promedio de 5 homicidios diarios, lo cual coloca a Guerrero en uno de los más violentos del país.

En Guerrero la tasa de homicidios se eleva hasta un 69 %. La tasa más alta la tiene Zihuatanejo, seguido de Acapulco. “Esta violencia ha propiciado impactos directos en las economías. En la región de la Montaña, desde septiembre de 2018 a junio de 2019, registran un registro de 86 casos de homicidio, Tlapa el número uno con 29 asesinatos.

Los collares de flores de cempasúchil bordados por mujeres indígenas, dieron la penúltima escena. Mantas de manos de luchadores sociales y de gente que apoya estos movimientos salieron a una marcha que concluyó con los festejos del 25 aniversario. Enfrente del ayuntamiento de Tlapa, resonaron cientos de voces exigiendo justicia. Demandaron alto a la represión, a la militarización. Los machetes de los líderes del Cecop tocaron el piso. Y las voces de Epiafino, Cristina, Mario, Hilda, Emiliano, Calixta, madres y padres de los 43, depositaron ante la ciudadanía impávida, sus esperanzas.