Los pocos espacios de territorio yumano que siguen siendo reconocidos por ley, ese uno por ciento que todavía les reconoce el estado de derecho moderno y el progreso privatizado, son cada vez más codiciados y encarecidos por el mercado

Por Jesús F Galaz Duarte*

Después de tres siglos de acoso, hostigamiento, engaño, chantaje, fraude, robo, usurpación y otro sin fin de agravios, los pueblos yumanos al norte de la Baja California han sido víctimas y testigos de cómo la llamada modernidad y el engañoso progreso les han despojado de los lugares donde nacieron sus leyendas, sus mitos y sus dioses. Según datos oficiales, las seis étnias consideradas yumanas solamente tienen el derecho al uno por ciento de sus territorios originales, antes de la llegada de los primeros invasores (soldados, misioneros, cazafortunas) y de los subsecuentes portadores del progreso (gringos y mestizos).

Juntas de Nejí es una ranchería kumiai a cuarenta minutos en carro del poblado El Hongo, que está sobre la carretera La Rumorosa-Tecate en el espinazo de la Sierra de Juárez. Hago un paréntesis: de ahí era Óscar Eyraud, kumiai defensor del agua y del territorio, asesinado hace casi dos años cuando entraba a la casa de un familiar a pocas cuadras del ayuntamiento en Tecate. La investigación del asesinato de Óscar, como la de cientos de miles en el país, sigue, por parte de la fiscalía del estado y federal, sin la mínima intensión por resolverse. Poco antes de esta tragedia, Óscar se había asesorado con la parte jurídica del Consejo Nacional Indígena (CNI), pues tenía la esperanza de cambiar ciertos usos de suelo a propiedad comunal. En Juntas de Nejí, entonces, se llevó a cabo el pasado 25 de junio la tercera Asamblea del Plan de Justicia para los Pueblos Yumanos, como se le está llamando extraoficialmente a una serie de reuniones sin programa formal ni oficial entre miembros de pueblos originarios, el INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) y una especie de ensaladilla rusa de secretarías y representantes de representantes estatales.

Uno de los objetivos principales de estas asambleas, se ha dicho, es lograr reparaciones por el daño histórico, la violencia institucional y el abuso sistémico que han sufrido las comunidades originarias por parte del Estado mexicano. Sin embargo, no existe todavía una hoja de ruta que pueda distribuir legalmente las responsabilidades mínimas entre las partes del gobierno, por un lado, ni otra que establezca alguna legitimidad de representación y/o vocería comunitaria o de grupo de parte de las comunidades— al menos no públicamente. Dicho esto y en base a la experiencia del encuentro, a quien escribe le parece que el llamado Plan de Justicia para los Pueblos Yumanos no tiene mucho de planeado, y más bien se ha ido y se sigue construyendo mientras se le pasea por asambleas como esta (a veces rigurosamente, otras no tanto) con una voluntad mínima de buena fe por parte de las comunidades, la cual, según juzga quien escribe, se apoya en las acciones que ha mostrado el gobierno federal con otros pueblos indios (yaquis, mayos, wixarika). Claro, no olvidemos que tampoco es como que hay alternativa. Sin embargo, hay que decirlo, al menos eso junta suficientes esperanzas como para que no haya silla desocupada en el pequeño salón de la escuela multigrado en la ranchería.

Ahora, estas «nuevas formas» para un nuevo diálogo entre los pueblos yumanos y el Estado mexicano (INPI y demás secretarías) vienen a cumplir, en realidad, la misión de un viejo diálogo entre ambas partes. Si hacemos un pequeño esfuerzo de imaginación histórica, se pudiera ver como la más reciente puesta en escena de un drama con al menos dos siglos de tradición. Sería un casi ritual, inconsciente (claro), donde se vuelve a representar el génesis de la relación de poder del colonialismo para poder justificarlo generacionalmente una vez más. Reproducir el primer encuentro de «paz» entre las resistencias locales y los grupos invasores.

Tengamos claro que en aquella reunión fundacional se habría confirmado la derrota militar de los pueblos originarios en lo que a una guerra abierta se refiere, otorgándoles a los extranjeros el derecho (por fuerza) de tomar el territorio, usarlo para sus fines de explotación y convertir a los primeros en fuerza de trabajo.

Imaginémos la negociación de cosmovisiones opuestas con intereses antagónicos… obligatoria, por supuesto: por un lado el estruendo de las armas de fuego, los aceros, los caballos y el delirio del oro en toda la tropa; del otro los guerreros-cazadores con arco y flecha, el intento de leer las estrellas de los viejos, el desierto, la montaña y el río, los verdaderos nombres de las cosas. Antes los invasores eran diferentes. Y las formas de negociar y convencer eran diferentes. Pero sobre los hechos cuesta distinguir la conclusión de una reunión con la conclusión de otra.

Siglos después de la gran imposición, quienes hoy dicen venir en nombre del progreso —concepto que dicen que es igual al crecimiento económico a cualquier costo— y afirman ser los representantes legítimos del interés general —concepto que dicen que es igual al progreso—, han vuelto a salir de sus viejas fortalezas y fuertes (hoy llamados ayuntamientos, fiscalías, dirección de seguridad pública y cuarteles) usando como pretexto las necesidades urgentes de los pueblos, juntarlos a todos y así no resolverles nada. ¿Cómo se prioriza una urgencia entre lo urgente?

Los pocos espacios de territorio yumano que siguen siendo reconocidos por ley, ese uno por ciento que todavía les reconoce el estado de derecho moderno y el progreso privatizado, son cada vez más codiciados y encarecidos por el mercado por el mismo interés que ya empujaba cuando los pueblos indios tuvieron que negociar con las manos atadas entre cañones y falsas promesas.

«¡Hemos llegado para aliviar sus carencias e impulsar sus intereses!», anuncian los representantes de un proyecto civilizatorio que elimina a todo lo que no sea como él. Y nosotros preguntamos, sin duda ingenuamente: ¿de las carencias e intereses de quién estarán hablando?

Para concluir, las asambleas que vienen sucediendo desde abril de 2022 entre los pueblos yumanos, el INPI y un número inconstante y aleatorio de representantes de secretarías estatales, sugieren más una nueva avanzada de la voluntad imperial que trajo la conquista e impuso la colonia bajo la consigna de matar salvajes, donde salvaje era quien negaba su cuerpo al trabajo forzado y su mente a la sumisión espiritual. Así las cosas, el gobierno del estado-nación mexicano ha vuelto a forzar su entrada a territorios indígenas usando de pretexto discursos de apoyo y chantajeando a las comunidades con sus necesidades reales. «Estamos aquí para escuchar y servir», le repiten al salón lleno de gente los funcionarios, y luego le sonríen al celular que los está grabando, cuando lo que quieren es servirse a sí mismos el pedazo más grande que puedan de territorio ajeno.

En conclusión: salvo la opinión de lxs directamente involucradxs, lo que más da coraje y de lo más trágico de estos asuntos es que, como buenos herederos del espíritu totalitario, individualista, eurocéntrico, racista, clasista y genocida, cuando representantes del Estado mexicano condicionan derechos básicos con apoyos, negociando o simulando presupuestos, lo que en realidad le están diciendo a los pueblos originarios y a todos los que entramos en esas dinámicas, es: «¿qué más cosas nos vas a dar para que no te quitemos todo de una vez?»

*El autor es sociólogo-filósofo, hace música y estudia derecho. Dice que su mejor trabajo ha sido gracias a las condiciones laborales y no al trabajo en sí.