Texto: Carlos Marí. Fotos: Jaime Ávalos y Carlos Marí

Tatahuicapan obtuvo su calidad de municipio a través de la movilización. Acumula resistencias desde hace dos décadas. Primero, contra la CFE; luego por la defensa del agua; y ahora prepara baterías para evitar la entrada del fracking. Las tres siguen vigentes

TATAHUICAPAN, VERACRUZ.- En este lugar, las autoridades municipales no tienen la fuerza ni la voz que las organizaciones sociales. Estas son las que exigen al gobierno de Veracruz desarrollo con obras de infraestructura a cambio de abastecer de agua los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán; son las que determinan el rechazo a la CFE, y las que pretenden impedir que Pemex explore yacimientos de petróleo y perfore con tecnología fracking.

“Si yo, por ejemplo, declaro: ‘vamos a llevar una propuesta a la CFE para que se resuelva el problema de pago de luz, acá en Tatahuicapan’, las comunidades se me van a venir encima”, reconoce Esteban Bautista Hernández, presidente municipal.

Estas tres resistencias –el agua, la luz y el fracking– aglutinan diversas organizaciones: el Frente Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, el Consejo de Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas. Además, se encuentra el Consejo Indígena de Pueblos Náhuátl Popolucas del Sur, que aglutina a indígenas de los municipios de Soteapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Hueyapan de Ocampo, y, más recientemente Zaragoza y Cosoleacaque.

Los habitantes de esta zona serrana participan en uno o varios frentes, en una o varias organizaciones. Ahí, no hay cabida a partidos; las decisiones se toman en asamblea, y, tras llegar a un acuerdo entre la mayoría, las acciones a seguir se difunden por medio de comunicados, ante la prensa en plazas públicas.

Algunas formas de estas organizaciones recuerdan un poco las formas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) . De hecho, habitantes de este municipio de mayoría indígena náhuatl–popoluca, recuerdan que alguna vez tuvieron contacto con el EZLN, antes de la irrupción armada de 1994, pero por problemas de estrategia y organización, en su mayoría desistió de sumarse al levantamiento.

El municipio de Tatahuicapan, según las estimaciones del INEGI de 2017, tiene una población de 16 mil 176 habitantes, un 67.1 % de ellos hablan náhuatl como lengua principal, su tasa de analfabetismo es de 22.1 % y un 17.1 % de las familias cuentan solamente con piso de tierra en sus casas. Un fuerte contraste con el puerto de Coatzacoalcos, que por cierto, se sostiene del agua de Tatahuicapan. La distancia que separa a esta población marginada de la sierra con la industrial es 65 kilómetros en línea recta, que es lo que mide el acueducto de la Pera de Yuribia ahí situada, y en carretera, son dos horas de camino, unos 110 kilómetros. Pero el puerto cuenta con su industria petroquímica y recién fue designado una Zona Económica Especial.

Una vez que se abandona la carretera libre a Acayucan, la travesía hacia la cabecera municipal de Tatahuicapan es un tramo de hora y media por terracería, y un paisaje colmado de vegetación selvática. Por donde quiera hay venta de pitaya, papaya, piña y demás frutas tropicales. El municipio cuenta con sierra y playa, y algunos destinos paradisiacos, que no han sido explotados turísticamente debido a la falta de carreteras e infraestructura adecuada.

“No vamos a pagar la luz”

El conflicto más añejo por el que hay resistencia es el de no pago de energía eléctrica que emprendieron los pobladores, desde hace 18 años, en reacción contra las tarifas excesivas de la Comisión Federal de Electricidad. Desde entonces, la empresa del Estado no realiza acción alguna para cobrar el servicio, pero tampoco da mantenimiento a sus líneas.

“En el año 2000, se quemó un transformador en el Barrio Segundo, por el cual se echaron a perder aparatos electrodomésticos, y la CFE los recogió, los anduvo trayendo como un mes, los regresó y no los reparó, y entonces, nos ponemos en resistencia”, recuerda Bautista Hernández, desde su despacho, con aire acondicionado, en el Palacio Municipal.

Desde entonces, explica el alcalde, el personal técnico del Ayuntamiento suma esfuerzos con voluntarios de la Resistencia Civil Indígena y Popular contra las altas tarifas de luz del Sur de Veracruz-zona sierra, para acudir a las comunidades y reparar transformadores e incluso, postes de la red de distribución, a partir de la tradición del tequio.

En esa tarea, según refiere, participan integrantes de otras organizaciones sociales que convergen en la formación de derechos indígenas, ambientales y en particular del recurso agua, como es el caso de Verónica Mounier, una francesa nacionalizada mexicana, con 20 años de vivir en la región.

“Tenemos trabajando técnicos en las comunidades… Por ejemplo, la compañera Verónica coordinó unos trabajos para reemplazar los postes de madera por unos de concreto, la gente coopera; además se hacen cambios de transformadores. Nosotros (el Ayuntamiento) ponemos una parte y otra parte, la comunidad, que está en resistencia civil y así vamos resolviendo problemas”, comenta.

Recientemente Bautista fue denunciado penalmente por la CFE. “En febrero, se quemó un transformador aquí, que costaba 80 mil pesos y no hubo luz como una semana. Y hablé con el superintendente de CFE y él me reclama: ‘Pero, es que ustedes no están pagando luz’. Y entonces, sí consiguieron un transformador usado, pero como no le dieron mantenimiento, mandamos a los técnicos, acompañados del personal del Ayuntamiento, y quisimos recuperar el transformador, pero nos denunciaron ante la PGR, por lo que tuvimos que pagar 20 mil pesos”.

A casi dos décadas de iniciado el conflicto y haber participado en las primeras movilizaciones, Bautista afirma que no sabe cuánto es el monto que adeuda el Ayuntamiento por el servicio de energía eléctrica. Y aun cuando se avecina el cambio al nuevo gobierno federal que emprenderá Andrés Manuel López Obrador, con Manuel Bartlett al frente de la CFE, no perfila una posible salida al conflicto.

–¿A Bartlett qué le diría usted? ¿Prefieren seguir en resistencia civil?

–Es que yo no puedo dar una declaración sobre eso, porque las comunidades han dicho: “no vamos a pagar la luz”. Si yo, por ejemplo, declaro: “vamos a llevar esta propuesta a CFE para que se resuelva el problema acá en Tatahuicapan”, las comunidades se me van a venir encima.

Bautista habla con conocimiento de causa y recuerda que uno de sus antecesores, de origen priista, por no responder al clamor de los habitantes, estuvo a punto de ser linchado. “De este cubículo lo vinieron a sacar (al entonces alcalde), tumbándole la puerta con marro… Y lo amarraron con un lazo y lo iban a matar públicamente, nada más por incumplir los acuerdos del pueblo. Por ello, en estos temas, mejor los consensamos y es la gente la que decide”.

–¿Cuánto deben ustedes??

–No tengo el dato, pero sí son bastantes millones de pesos de lo que se debe por 18 años.

El saqueo del agua

De Tatahuicapan hay al menos una decena de diagnósticos socioambientales por parte de organizaciones sociales, así como tesis doctorales sobre su actuación social y política ante los rezagos sociales… Todos ellos relacionados con el conflicto del agua y alternativas de gestión, ante las formas tradicionales de gobierno, pero sin ningún seguimiento puntual.

Uno de ellos, “Una estrategia para la sobrevivencia común: el agua y la relación entre el municipio indígena de Tatahuicapan y la región industrial de Coatzacoalcos – Minatitlán, en el sur de Veracruz”, señala que la construcción de la presa “marcó al agua como un nuevo elemento identitario y reforzó el liderazgo regional”. 

Otro documento, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue precisamente, para buscar otra fuente de abastecimiento ante el conflicto que lleva ya más de una década. Es el denominado “Estudio de alternativas de solución para suministrar agua potable a las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos”, en el que se destaca que el acueducto que deriva la presa “tiene muchos problemas sociopolíticos, ya que la fuente de abastecimiento se encuentra en otro municipio; esto conlleva a que ejidatarios de este poblado atente contra el mismo, tomando acciones de cerrar válvulas y destruir infraestructura”.

Y otro más, “Estudio de calidad, disponibilidad y accesibilidad del agua, Micro cuenca del río Texizapan”, precisa que en la zona comprendida por la presa convergen dos grupos étnicos, los Zoques- Popolucas y los Nahuátl, y además Tatahuicapan, al estar enclavada entre los volcanes de Santa Martha y San Martín  forma parte de la microcuenca Texizapan-Huazuntlán, que a su vez es un polígono extremo del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas Por lo que también se requiere desde, hace más de una década, programas de saneamiento del agua y restauración ecológica para que México cumpla con los Objetivos del Milenio.

Liberar el cauce del Texizapan

De los movimientos de resistencias de Tatahuicapan, el de la presa Yuribia es el segundo en haber surgido, pero el más activo y el más importante. El embalse inició operaciones en 1985 para abastecer de agua a la población de Coatzacoalcos y Minatitlán, a través de un acueducto de 65 kilómetros. Pero luego de dos décadas, empezaron las protestas.

De hecho, fue a través de bloqueos a la presa de Yuribia, que los habitantes reclamaron que el gobierno del estado otorgara a Tatahuicapan la figura de municipio en el 2000.

Los alcaldes de Coatzacoalcos habían prometido un desarrollo de “pueblos hermanos” a partir de la construcción del embalse; pero ello no ocurrió. Así que en Tatahuicapan empezaron a condicionar el aprovechamiento del cauce del Texizapan, con cierres a las válvulas con los que han dejado sin agua a más de 500 mil habitantes de Coatzacoalcos y Minatitlán, en al menos diez ocasiones; y en algunas de ellas, por tres o cuatro semanas.

“Cerramos el Yuribia en el 2008, en el 2009, y en el 2010, o sea siempre venimos presionando y así se ha bloqueado un sinnúmero de veces”, relata Esteban Bautista sobre ese trienio en el que como alcalde fue pionero de las movilizaciones de esta resistencia. Desde entonces, la consigna que gritan los habitantes de Tatahuicapan cuando se dirigen a la presa para cerrarla es: “¡Zapata Vive! ¡La lucha sigue!”

Pero Bautista lamenta que los primeros alcaldes cedían a cualquier ofrecimiento a cambio del agua de la presa.

“El alcalde llevaba [a Coatzacoalcos] sus peticiones. Por ejemplo, para el Día de las Madres, a solicitar regalos o computadoras para algunas escuelas y daban lo mínimo, llegaban carros del Ayuntamiento, daban unos 500 plásticos para regalarle a las mamás”, recuerda.

Cuando Bautista llegó por primera vez a la alcaldía (2008-2010), lo primero que hizo fue conseguir el respaldo de la población para reclamar las obras infraestructura a través de los bloqueos. Sin embargo, asegura, los líderes que retomaron la defensa del agua del río cedieron ante el ofrecimiento de subsidios.

El 14 de diciembre de 2014, bajo el liderazgo de Lino Bautista, se llegó a nuevo acuerdo tras dos cierres de válvulas y un ultimátum.

Lino Bautista es un profesor al que se le entrevista en una humilde vivienda entre animales de traspatio. Él comenta que, en aquel entonces, el reclamo era “liberar” el cauce del río, ya que estaba contaminado y desecándose ante el excesivo aprovechamiento y tratamiento en la presa.

“Era una lucha en la que queríamos liberar el agua y no negociarla más. Antes del 2014, se tomaba la presa para negociar obras. La primera lucha que se da fue para lograr el municipio libre, posteriormente se hacen otras luchas para negociar obras, y ya en el 2014, el descontento de la gente fue que el río Texizapan se estaba quedando sin agua y las especies acuáticas empezaron a contaminarse”, refiere.

“En abril, mandamos soldar las válvulas para que no se enviara el agua de la presa a Coatzacoalcos. La intención del pueblo era que el río Texizapan siguiera vivo, y entonces se pactó soltar las válvulas sólo al 60 %, pero el 14 de mayo del 2014, el gobernador Javier Duarte manda a un contingente de policías, mas, al convocarse a la gente, acude con piedras y palos”.

Lino Bautista recuerda que fue un bloqueo con el que se dejó sin agua a la mayor parte de la población de Coatzacoalcos y Minatitlán; pero ante el llamado a la conciliación del gobierno estatal, aceptaron una prórroga de ocho meses.

Al vencerse el ultimátum, hubo otro capítulo lamentable de la resistencia en aquel diciembre, cuando unos días antes del acuerdo se desató una turba de lugareños en contra de una comisión recién llegada de funcionarios a intentar a un arreglo.

En aquella ocasión, afirma, tuvo que proteger al director de Gobierno, Roberto Álvarez Salgado, de que no fuera linchado. “La gente se le fue encima para golpearlo y amarrarlo y colgarlo, mientras que otros que habían venido de Coatza salieron corriendo y otros fueron encerrados. Los tuve que convencer que nuestra consigna es liberar el río y no secuestrar o matar a alguien, pero para la gente era muy difícil de entender”.

A final de cuentas, el municipio aceptó la propuesta de construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados y subsidios de mil pesos para cada uno de 500 los ejidatarios y 500 para los 4 mil avecindados; ello a cambio del agua. En esos términos, refiere, Coatzacoalcos aportaba de sus arcas 2.5 millones de pesos mensuales, mientras que el gobierno del estado, otros 1.5 millones. Es decir, un promedio de 60 millones por cada uno de los dos años.

Ese periodo de activismo le significó a Lino Bautista que fuera acusado también, junto con otros 17 integrantes del Consejo de Cuenca del Río Texizapan, de actos de terrorismo, vandalismo y rebelión. “A mí me persiguieron fuertemente; de hecho, requerí ampararme en el 2014 y 2016, todavía por otro expediente abierto”, relata.

El 8 de enero de 2016, cuando fue bloqueada nuevamente la presa con el fin conseguir que el gobernador, el nuevo mandatario, Miguel Ángel Yunes, recriminó que la administración que le antecedió cediera “al chantaje y las amenazas”, rechazó dar dinero y optó por programas de infraestructura y desarrollo social y empleos temporales.

“Sería muy fácil ceder al chantaje y comprometerme a usar recursos de todos, en beneficio de un grupo que reclama un derecho que no tiene, porque el agua es de todos los veracruzanos, de todos los mexicanos y no de unos cuantos… Es una extorsión absolutamente inaceptable”, remarcó Yunes.

–A cuatro años de ese hecho, ¿cuál es su mejor opción de desarrollo?

–A los gobiernos no les interesa la conservación del río y se centran en obra de infraestructura y no en qué está pasando con el caudal. Si Coatzacoalcos no integra una sociedad civil para cuidar realmente el agua, en cuestión de 15 años estaremos aniquilados con agua contaminada y un menor caudal–, ataja Lino Bautista.

“Yo ya no voy a luchar para que le llegue dinero a la gente, porque creo que lo que hay que buscar son mecanismos de gestión para que atiendan la zona donde hay yacimientos de agua y dejar a un lado las obras de infraestructura y desarrollo. Vayamos, mejor, por la conservación de este líquido, nuestro futuro, porque si no se actúa, ni Coatzacoalcos ni nosotros tendremos agua de calidad”, reconoce. Entonces, el objetivo sería darles subsidios para reforestar a los ejidatarios que trabajan alrededor de los 50 manantiales que derraman sus aguas en el río Texizapan, en las faltas del cerro de San Martín..

Sin embargo, el alcalde Esteban Bautista, advierte que la posibilidad de bloquear nuevamente la presa está latente, porque las autoridades estatales y municipales no han atendido los rezagos sociales.

Su propuesta es que el gobierno del Estado, que es ahora el que cobra el servicio de agua potable en Coatzacoalcos, aporte a Tatahuicapan 45 millones de pesos al año, en razón de que es el monto mensual del agua del Yuribia, además, de que no hay otra vía para obtener recursos.

“Tengo datos de que son un millón 700 mil pesos diarios lo que ingresa la CAEV por el agua que cobra del Yuribia, con el aporte de mil 200 litros por segundo, por lo que cobra como 45 millones de pesos al mes por el agua de esta presa, y aquí no pagan, o sea, todo se va por gravedad. Le vamos a pedir al Congreso del Estado que escuchen nuestra voz, porque hay diputados que no saben el fondo del asunto y tengan la película completa de por qué luchamos nosotros”, plantea.

“Otros rubros, como son áreas riparias, manantiales y reforestación, lo vamos a contactar con quien quede como responsable de la Reserva de la Biosfera y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas”, añade.

–¿Usted prevé un periodo de conciliación así como el que plantea el Presidente electo Andrés López Obrador, que pudiera también retomar con el gobernador Cuitláhuac García?

–Claro, sí. Pero, si presentamos un proyecto y que está justificado y dicen que esto no se puede, pues nos van a encontrar en la presa o nos van a encontrar en otro punto, pero no nos vamos a quedar así, porque ¿cómo vamos a desarrollar aquí tantas escuelas que nos piden tantos apoyos, como las clínicas en las comunidades?

Y puntualiza: “Si no vemos nada… Por ejemplo, pasa enero, febrero, marzo y nos ignoran, pues obviamente, sea de Morena, sea Cuitláhuac, sea quien sea, nosotros, las comunidades, vamos a convocar al Consejo para tomar una acción a cómo lo hemos venido haciendo”.

Este nuevo plan, estima, lo daría a conocer en cuestión de semanas, pero recalca que tanto la nueva secretaria de Energía, Rocio Nahle, quien como diputada federal ha intercedido a favor de Tatahuicapan en el Congreso de la Unión, y el próximo Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, están enterados de los desaires del alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza.

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Por fracking, habría enfrentamieno fuerte

Tatahuicapan cuenta con un nuevo frente de resistencia civil por un posible evento a futuro: El de la perforación de yacimientos de hidrocarburos, a partir de la tecnología fracking, aquella que rompe las rocas mediante agua a presión con diversos agentes químicos y contaminantes.

Este movimiento surgió desde hace un año, el 27 de agosto del 2017, a través del Frente Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, que retomó la resistencia en contra de las altas tarifas de luz y a como el EZLN, determina sus posturas a través de asambleas y enseguida difunde un comunicado, pero sin destacar liderazgo alguno.

Si bien la preocupación surgió por la implementación del fracking en la región norte de Veracruz, la versión de que proyectos exploratorios de este tipo están por iniciar en la región de los Tuxtlas los llevó a capacitarse en talleres para argumentar una negativa.

Los ejidatarios fueron más allá y determinaron que no cederán un cambio de uso de tierras para cualquier proyecto de hidrocarburos, con argumento de los efectos nocivos en el medio ambiente, la salud y las culturas ancestrales.

Al reclamo de los líderes comunitarios de Tatahuicapan se suman los de otros ocho municipios vecinos, y el 27 de noviembre de 2017, obtuvo el respaldo de al menos una decena de ONG de otras regiones de Veracruz y del país, que están aliadas ante otros conflictos.

A este movimiento esta sumado también el alcalde Esteban Bautista, y según dice, aun cuando todavía no se conoce proyecto alguno en la región, las acciones de defensa están ya tomadas, además de dar seguimiento al tema ante autoridades estatales y federales.

–¿Cuántos municipios considera están afectados por el fracking?

–Los cuatro municipios de La Sierra: Mecayapan, Tatahuicapan, Soteapan, Pajapan. Hasta ahora se sabe lo de Los Tuxtlas, en la Sierra de Santa Martha. Nada más tenemos rumores de que están entrando, pero no tenemos datos. Lo cierto es de que, aquí está considerado, pero si entraran aquí va a ser muy difícil permitir que entren.

“Yo creo que va a haber un enfrentamiento muy fuerte, porque nadie está de acuerdo de que vengan a contaminar nuestros ríos o que quieran abrir minas para sacar todo lo que está ahí”, puntualiza.

Tal postura, refiere, está en firme aun cuando a inicios del mes, López Obrador aseguró que no permitiría la tecnología fracking.

El hecho es que, como en las comunidades zapatistas de Chiapas o las de Guerrero, en Tatahuicapan y sus municipios hay ya murales con expresiones en contra del fracking, como parte de un movimiento que también retomó el de defensa del agua y el rechazo a altas tarifas eléctricas.

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