La masacre de 19 migrantes en Camargo desnuda una vieja historia de violencia en Tamaulipas, el estado convertido en una zona de silencio y que desde hace décadas fue dejado en manos de carteles de narcotráfico

Twitter: @anajarnajar

Al policía le molestó mi pregunta. “¿Cuál Cartel del Golfo, qué es eso?” respondió. “Ese es un invento de los periodistas, aquí no hay ningún cartel”.

Era 1998 en Reynosa, Tamaulipas. Investigaba un reportaje sobre el narcotráfico en la llamada Frontera Chica, la zona ribereña al Río Bravo y que es también el límite territorial entre México y Estados Unidos.

El funcionario a quien incomodé era el jefe de la Policía Judicial Federal (PJF) en esa ciudad.

Pero como la mayoría de los elementos de la corporación en esa época, se trataba de un militar con licencia, asignado como otros 500 a suplir a los agentes de la corporación, despedidos por presuntos vínculos con la delincuencia.

No era un soldado raso. En el Ejército tenía el grado de capitán, graduado del Colegio Militar y con entrenamiento de contrainteligencia en Estados Unidos.

Por eso era extraño que no supiera del Cartel del Golfo, y menos que pretendiera negar el currículum de grupo: era la organización de narcotráfico más poderosa en el noreste del país.

Controlaba todas las actividades delictivas de la zona, especialmente en los pueblos y ciudades de la Frontera Chica.

Ni un kilo de cocaína, marihuana, cargamento de armas o migrantes podían cruzar la frontera sin su consentimiento.

Es un invento, decía una y otra vez el soldado convertido en policía. “A ustedes les gustan las fantasías”.

Tiempo después entendí su ceguera. El militar de élite estaba en la nómina del Cartel. De hecho, fue uno de los primeros reclutados por el grupo de Los Zetas.

La banda se integró por exmiembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), entrenados en Fort Bragg, la sede de los famosos Boinas Verdes.

Osiel Cárdenas Guillén, El Mata Amigos, jefe del Cartel del Golfo, los contrató como su guardia armada.

Una escolta de lujo que, años después, siguió su propia ruta para convertirse en la organización más violenta de México y Centroamérica. Ahora el grupo está casi extinguido.

La historia del militar/policía enojado es una cara de la gravísima crisis de seguridad que desde hace décadas enfrenta Tamaulipas.

Hay una vieja complicidad entre políticos, empresarios y delincuentes que se convirtió en parte de la vida cotidiana de la entidad.

Desde los tiempos de Juan Nepomuceno Guerra, fundador de lo que después se conoció como Cartel del Golfo, la tradición no escrita ha sido sumarse a las amplias redes de corrupción de la organización.

Una costumbre que se heredó. En la última década, tras la ruptura del Cartel y una cruenta batalla contra el grupo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el control del estado se mantiene regularmente en manos de bandas de delincuencia organizada.

Se ha establecido un férreo control no solamente territorial y económico, sino inclusive social en millones de personas.

Hasta 2010 existía la posibilidad de saber lo que sucedía en el estado. Pero después se impuso un manto de silencio que se ha profundizado.

Muchos periódicos, estaciones de radio y televisoras decidieron no informar sobre la violencia permanente en ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros o Miguel Alemán, por ejemplo.

Las redes sociales no son totalmente confiables. En espacios como Twitter existen usuarios que difunden videos, datos y anuncios de enfrentamientos armados, por ejemplo.

Las letras SDR se convirtieron en un sinónimo de advertencia. Es el acrónimo de Situación De Riesgo y con ello llaman la atención sobre estallidos de violencia.

Algunas cuentas son de personas realmente alarmadas. Pero hay otras que, con un análisis riguroso de su actividad, se pueden identificar como parte de alguna estrategia. 

De bandas de delincuentes, sí, y también de grupos de inteligencia militar o policíaca. De varios países.

Y es que desde hace una década existe la guerra entre y contra delincuentes se trasladó a internet.

Con todas las precauciones, en distintos momentos las redes sociales son la única fuente de noticias sobre Tamaulipas.

El ejemplo más cercano es la masacre de 19 personas en Camargo, la mayoría migrantes guatemaltecos.

Al silencio contribuyen el gobierno, desde los municipales hasta la Fiscalía o el estatal.

Las autoridades sólo informan de la violencia cuando el escándalo los rebasa, como sucedió con la masacre de Camargo. Las noticias se han concentrado en la presunta responsabilidad de al menos 12 policías, pero nada se informa de las complicidades con bandas de narcotráfico.

Desde hace tiempo existen denuncias sobre la vinculación del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), con las organizaciones que disputan el territorio, los llamados carteles del Noreste y lo que queda del Golfo.

Se trata de un cuerpo de élite, creado por el actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para combatir a la delincuencia organizada.

Los policías fueron entrenados en Estados Unidos, y cuenta inclusive con equipo especial para atacar y defenderse del armamento de guerra que usan los delincuentes.

El Grupo es señalado de cometer extorsiones, secuestros y colaborar con los narcos. Son, de hecho, uno de los elementos que generan violencia en la Frontera Chica.

Pero el gobernador no parece escuchar las denuncias, como tampoco lo hace con las investigaciones en su contra que existen en Estados Unidos, especialmente de la DEA.

Es uno de los misterios en el hoyo negro que es Tamaulipas: la colaboración del gobierno de Texas con su vecino para auxiliar en la estrategia de seguridad en suelo mexicano.

¿Por qué ayudar a un político que sus mismas agencias investigan? Quién sabe.

Como tampoco está claro la aparente ausencia del gobierno federal, que en los hechos ha dejado el combate a la violencia en manos de las corporaciones locales, como el GOPE.

La Guardia Nacional se concentra en el control de los migrantes que quieren cruzar a Estados Unidos. Y las operaciones del Ejército y la Marina se ubican en algunas zonas.

Con esta decisión el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador corre el riesgo de cometer el mismo error de sus antecesores: 

Desviar la mirada y la atención de Tamaulipas y dejar que el estado, con millones de habitantes, sea engullido por un creciente hoyo negro.