El desastre tabasqueño no sólo confronta al ex gobernador Adán Augusto López con el gobernador Javier May; es un expediente delicado para la presidenta Claudia Sheinbaum y un punto de quiebre para Morena

Por Ernesto Núñez Albarrán /  X: @chamanesco

Tabasco está muy lejos de ser un edén. El reciente asesinato del periodista Alejandro Gallegos León es el más reciente de una cadena de hechos de violencia que demuestran que la corrupción política sí tiene consecuencias.

Hoy, después de seis años de gobiernos morenistas en la entidad y 12 de administraciones “de izquierda”, en Tabasco se viven los peores niveles de violencia y criminalidad registrados en décadas, con asesinatos selectivos, motines, bloqueos, quema de comercios, balaceras, desapariciones, secuestros, asaltos y otros hechos de delincuencia común.

No en balde, Villahermosa es actualmente la ciudad con la percepción de inseguridad más alta de todo el país. En los primeros meses del sexenio de Claudia Sheinbaum, desplazó de ese indecoroso primer lugar al municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, en el último trimestre de 2024, el 95.3% de la población de la capital tabasqueña se sintió insegura, mientras que el promedio nacional fue del 67.8% entre hombres y 54.4% entre mujeres.

El factor Adán Augusto

En la historia corta, Tabasco se incendió a partir de 2023, luego de que se revelara -gracias a la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de grupo de activistas conocido como Guacamaya– que los mandos de sus corporaciones policiacas estaban coludidos con grupos criminales.

Gracias a esa filtración, supimos que los jefes policiacos contratados por Adán Augusto López cuando fue gobernador del estado –Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la Policía Estatal– habían formado un grupo llamado La Hermandad, que después se convirtió en La Barredora, y que estaban en la mira del Ejército por sus nexos con el crimen organizado.

Según las revelaciones de Sedena Leaks, el hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado colocó en esos cargos a personajes con antecedentes criminales, que se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación para la operación de rutas de trasiego y extracción ilícita de hidrocarburos, trasiego y distribución de droga y tráfico de migrantes, principalmente en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Comalcalco y Centro (Villahermosa).

Los primeros reportes sobre estos hechos, enviados por el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste al Centro Nacional de Inteligencia, ambos comandados por la Defensa Nacional, datan de 2019. Sin embargo, cuando esta revelación ocurrió, en octubre de 2022, Adán Augusto López ya llevaba más de un año al frente de la Secretaría de Gobernación.

Es decir, el expresidente Andrés Manuel López Obrador puso en manos de su paisano y amigo la seguridad interior y la gobernabilidad del país pese a los reportes del Ejército.

No sólo eso, el sucesor de Adán Augusto López en la gubernatura de Tabasco, Carlos Merino Campos, dejó en su cargo a Hernán Bermúdez, identificado por la Sedena como “comandante H”.

Los señalamientos no hicieron mella en el secretario de Gobernación, quien a finales de 2022 inició su proselitismo en busca de la candidatura presidencial de Morena.

El tabasqueño fue el aspirante que más dinero gastó (y trató de ocultar al Instituto Nacional Electoral) en promoción; sin embargo, quedó en penúltimo lugar en la encuesta y tuvo que “conformarse” con ser candidato al Senado en 2024 y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

Hoy, Adán Augusto López acumula y ejerce un inmenso poder en la Cámara alta, desde donde impulsa y veta reformas, nombramientos y las carreras políticas de quienes buscan ser gobernadores o gobernadoras en 2027. Consentido del expresidente López Obrador, es uno de los “hombres fuertes” del régimen y, también, un dolor de muelas para la presidenta Claudia Sheinbaum y una piedra en el zapato para el actual gobernador, Javier May.

La cuna del lopezobradorismo

En la historia larga, Tabasco es la cuna del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador. Ahí nació, ahí se formó como funcionario, como político y como activista. Y ahí rompió con el PRI en 1988, cuando le fue negada la candidatura del oficialismo a la gubernatura. 

El lopezobradorismo, hoy convertido en la denominada “cuarta transformación”, nació de las luchas postelectorales que encabezó AMLO tras sus denuncias de fraude en las campañas estatales de 1988 y 1994, cuando fue candidato, y en las de 2000 y 2006, cuando impulsó las candidaturas de César Raúl Ojeda y el PRI se volvió a imponer con prácticas políticas deleznables.

En la narrativa lopezobradorista, Tabasco era el prototipo de todo lo que tenía que cambiar en el país: la desigualdad ancestral, la injusticia, la corrupción política, el saqueo de las arcas públicas, el nepotismo, la protección política al crimen organizado y los abusos de los gobernadores que habitaron la Quinta Grijalva.

Desde Manuel Gurría hasta Andrés Granier, pasando por Roberto Madrazo y Manuel Andrade, el relato lopezobradorista convenció a propios y extraños de que ellos eran los culpables de los muchos males que padece el estado.

Tanto así, que en 2012 el PRD logró ganar la gubernatura tras los escándalos de Granier (quien terminó encarcelado), postulando al ex priista Arturo Núñez. Y, aunque el perredista terminó rompiendo con AMLO, en los hechos Tabasco es gobernado por eso que llamamos “izquierda” desde hace más de 12 años.  

En la lógica de un partido-movimiento que afirma tener la misión de “limpiar la vida pública de México”, Tabasco debería ser -junto con la Ciudad de México- el paradigma de los gobiernos morenistas, la muestra clara de que se pretende desterrar la corrupción, el ejemplo a seguir a nivel administrativo y de buenas prácticas políticas. Pero es todo lo contrario.

Un tema que quiebra a Morena

En la historia corta, el intento de asesinato de Hernán Bermúdez, en diciembre de 2023, y su posterior renuncia al cargo, en enero de 2024, encendieron la mecha de la violencia en Tabasco, que lleva un año sumido en balaceras, bloqueos, motines, asesinatos e ingobernabilidad.

Las declaraciones del gobernador May, señalando abiertamente a Bermúdez de proteger a La Barredora, el respaldo de la presidenta Sheinbaum al gobernador, y la reciente detención de un jefe de ese grupo criminal apodado El Tomasín, son los episodios más recientes de una historia que aún no ha terminado.

El desastre tabasqueño no sólo confronta al ex gobernador Adán Augusto con el gobernador Javier May; sino que está quebrando al lopezobradorismo local y genera una importante disputa política dentro de Morena. 

La corrupción y la presunta entrega del estado a jefes policiacos coludidos con el crimen organizado, como origen de la violencia, es un expediente que tira por la borda los discursos del oficialismo. Es un expediente delicado para la presidenta Sheinbaum; una tragedia social de la que no se puede responsabilizar a la oposición, ni culpar a la prensa de querer “dañar al gobierno” por hablar de ella.