Esta es una historia de terror. Patricia sufrió un aborto espontáneo provocado por una mala medicación en el IMSS. Pero en lugar de recibir ayuda fue sometida a una tortura por quienes debían ayudarla. Un caso más de muchos que se desconocen y que son consecuencia de legislaciones antiaborto promovidas por la Iglesia y grupos conservadores anti derechos de las mujeres mexicanas

Texto: Daniela Rea.

Foto y video: cortesía de Patricia

Patricia cuenta su historia desde un lugar donde no pensó estar jamás. La cuenta valiente, como afirmando en cada palabra: «Esta soy». Para que su historia «no le pase a otra más».

Patricia tiene 21 años y hace uno que vive en León. En este lugar, la ciudad más grande del estado más católico del país, comenzó su vida después de verse  a dejar Veracruz, donde fue acusada de aborto.

Su historia es conocida: en diciembre del 2014 llegó a un hospital del IMSS por un dolor abdominal, en el puerto de Veracruz. El médico le dijo que tenía gastritis y le dio un tratamiento de dos meses. En marzo del 2015, Patricia tuvo un retraso en su periodo y descubrió que estaba embarazada. Ella tomó una de las cuatro dosis de medicina para realizar un aborto, pero no concluyó el tratamiento. Al día siguiente despertó con un fuerte dolor abdominal y sangrado. De nuevo volvió al IMSS -servicio al que accedía por parte de la Universidad Veracruzana- y el mismo médico que dos meses antes le diagnosticó gastritis, la acusó de aborto. Desde el hospital llamaron al Ministerio Público, que secundó la acusación. A la autoridad judicial no le importó el mal diagnóstico médico que le hicieron en diciembre, cuando le recetaron pastillas contra la gastritis que podrían incluso ser abortivas. No le importó la posibilidad de que el aborto de Patricia fuera espontáneo, pues no terminó la dosis para el aborto voluntario. Ella fue obligada a enterrar al feto, al que las autoridades médicas no realizaron necropsia.

Pero la historia que ella quiere contar es la que ha podido reconstruir desde esos días, no la que le hicieron creer las autoridades.

«Lejos de atender mi salud, llegué con dolores y sangrado, comenzaron a culparme. Me querían hacer sentir la peor mujer del mundo. Nadie en la vida tiene derecho a juzgarte, a criticarte sin saber por lo que has pasado. Me mandaron al Ministerio Público, yo ni sabía nada de leyes. ¿Dónde está la responsabilidad de las autoridades médicas que realizaron un mal diagnóstico y pusieron en riesgo mi salud? Yo no soy una víctima, soy objeto de una ley que criminaliza mis decisiones».

La organización Las Libres tomó la defensa jurídica de su caso y la amparó contra una posible detención. 

“Yo no sabía que lo podía superar, en la escuela la gente me preguntaba si aborté o  no. Me sentía todo el tiempo acusada, cuestionada… me señalaban todo el tiempo y yo sentía que no debía llorar, que debía aguantar y mantenerme fuerte porque me hacían creer que todo había sido mi culpa”.

Patricia dejó Veracruz y se fue a vivir a León, con apoyo de Las Libres, mientras el juicio de amparo contra su detención se resolvía. 

“Me cambié de ciudad sin avisar, sin despedirme de nadie. Esa parte fue muy dolorosa, dejar a mis verdaderas amigas atrás, dejar lo que había comenzado en la Universidad, pero también fue un alivio, empezar desde cero, sin estigmas”.

En Guanajuato, Patricia retomó sus estudios en administración de empresas en una universidad de la ciudad, comenzó a trabajar en un negocio local y a relatar -para que no le vuelva a ocurrir a otra joven- la historia que ella quiere, no la de culpa y crimen que le quisieron imponer las autoridades.

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