El exgobernador de Chihuahua será juzgado en el estado, donde las instancias de gobierno están lideradas por autoridades ligadas a él políticamente, involucradas en esquemas de corrupción o que incluso se han manifestado a su favor

Texto: Itzel Ramírez/La Verdad

Fotos: FGR

CHIHUAHUA, CHIH.- César Duarte Jáquez enfrentará su cita con la justicia en un estado que, aunque dejó de gobernar hace más de cinco años, está liderado por autoridades ligadas a él políticamente, involucradas en esquemas de corrupción –de acuerdo con investigaciones judiciales–, o que incluso se han manifestado a su favor.

De lado del Poder Judicial, la polémica recae en Myriam Hernández, quien desde noviembre de 2021 es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y que antes de ocupar ese cargo testificó a favor del exmandatario durante su proceso de extradición en Estados Unidos.

En el caso del Ejecutivo, la posibilidad de que el exgobernador Duarte responda por las 24 órdenes de aprehensión que acumula en el fuero local depende, enteramente, de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicite al gobierno federal que se tramite “la excepción de la regla de especialidad”, esto es, la potestad de juzgar al exgobernador por todas las causas en su contra y no solamente por la que se concedió la extradición: peculado y asociación delictuosa.

La FGE, dirigida por Roberto Fierro, está en última instancia bajo las órdenes de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien en 2021 fue acusada penalmente de recibir dinero público de Duarte como pago a favores políticos, en un esquema conocido como la “nómina secreta”.

Este panorama ha llevado a que algunos personajes como el exgobernador Javier Corral, el delegado de programas federales, Juan Carlos Loera de la Rosa, o la fracción de Morena en el Congreso local pidan que sea la Fiscalía General de la República la que lleve el proceso en contra de Duarte y no las autoridades locales.

Magistrada presidenta… y defensora de Duarte

Myriam Victoria Hernández Acosta llegó a la Tercera Sala Civil del TSJ gracias a una reforma de 2014 impulsada por César Duarte en la que en una sola designación se ocuparon 13 magistraturas vacantes, un grupo llamado entonces “magistrados oxigenadores”.

En noviembre de 2021, siete años después y ya con Maru Campos como gobernadora, Hernández fue elegida por sus pares como magistrada presidenta, luego de la renuncia de Pablo Héctor González Villalobos, quien dejó su cargo al frente del Poder Judicial dos años antes de que terminara el periodo para el que fue designado.

Hernández fue una de las al menos dos personas del TSJ que testificaron de forma escrita ante autoridades judiciales de Estados Unidos a favor de Duarte, a quien definieron como víctima de una persecución política.

Cuestionada al respecto en la conferencia de prensa que ofreció inmediatamente luego de su designación, Hernández, no negó su participación en la defensa de Duarte.

—¿Cuál será la postura de la presidenta del TSJ ante los procesos que se llevan en contra de César Duarte considerando que como magistrada declaró ante autoridades estadounidenses que el exgobernador era un perseguido político? –, se le preguntó a la magistrada.

—El tema del exgobernador es un tema que no está en este momento en el Tribunal y se agotarán las instancias correspondientes en tanto se lleve en debido proceso, eso es lo que nos corresponde hacer”, respondió Hernández en aquel momento.

El exgobernador Corral se manifestó en su cuenta de Twitter a favor de que la Federación sea quien procese a su antecesor.

“Es de esperarse que, dadas las actuales circunstancias que privan en CHIH, donde el Duartismo ha recuperado influencia y control en posiciones estratégicas en los poderes del Edo, la federación ejerza facultad de atracción por todos los delitos conexos con el lavado de dinero”, escribió Corral.

Es de esperarse que, dadas las actuales circunstancias que privan en CHIH, donde el Duartismo ha recuperado influencia y control en posiciones estratégicas en los poderes del Edo, la federación ejerza facultad de atracción por todos los delitos conexos con el lavado de dinero.

— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) June 3, 2022

En declaraciones hechas a La Verdad, el exmandatario dijo que el turno de la audiencia de hoy explica cómo se ha movido el Poder Judicial a favor de Duarte.

“Me imagino que una parte del Poder Judicial deben estar preocupados. Otra me supongo que muy contentos, los directamente vinculados con el exgobernador Duarte. Ya se deja sentir para qué hicieron el cambio de Pablo Héctor por Miriam Hernández Acosta; me refiero a que le quitaron el caso a la jueza Alejandra Ramos, que otorgó la orden de aprehensión motivo de la extradición, y se lo han turnado a un juez provisional, Luis Simental”, contestó Corral Jurado a preguntas formuladas por este medio.

Juan Carlos Loera de la Rosa, encargado en Chihuahua de la operación de programas federales, aseguró que existe en la ciudadanía la percepción de que puede haber riesgo de parcialidad en el proceso contra Duarte, por lo que debe llevarse el caso a instancias federales.

“Es muy difícil que se llegue a la conclusión de que César Duarte hizo todo él solo, la investigación que se realizó durante el quinquenio anterior aportó elementos para la detención de sus cómplices y muchos de ellos están en libertad, ese es un primer indicio de que puede que aquí no se tengan todas las condiciones de imparcialidad”.

Juan Carlos Loera de la Rosa

La reciente reforma al Poder Judicial, que elimina el concurso de oposición para ocupar magistraturas y asegura la presidencia del TSJ a quienes fueron designados durante el sexenio de Duarte, también fue señalada por Loera como un motivo más para trasladar el proceso del exgobernador al ámbito federal.

“Lo que hemos visto es que personas a las que les dieron dinero (en época de Duarte) están en posiciones del poder y que la reforma del Poder Judicial estuvo dedicada para favorecer a quienes fueron nombrados en el sexenio. Para despejar esas dudas, ese conflicto de intereses que me parece que es evidente, lo mejor sería que el juicio no fuera en Chihuahua”, manifestó en entrevista el funcionario federal.

En este sentido se pronunció también la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Chihuahua en un posicionamiento difundido la noche de este jueves, donde considera que todo el proceso contra el exgobernador debe atraerlo la Fiscalía General de la República.

“El Poder Judicial del Estado no garantiza imparcialidad ni la aplicación estricta de la Ley porque la reforma constitucional impuesta por el PRIAN recientemente es un golpe de estado, tramado desde el Poder Ejecutivo para mermar la independencia del Poder Judicial y favorecer la restauración del duartismo. Es un hecho que varios integrantes del Tribunal Superior de Justicia fueron parte o beneficiarios del esquema duartista, al igual que importantes personajes del Ejecutivo actual”, expone.

Maru, la nómina y la fiscal

En abril de 2021, antes de ser electa gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván fue vinculada a proceso por el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez en el caso de la “nómina secreta”, en el que la FGE, entonces dirigida por César Augusto Peniche.

En la audiencia se presentaron recibos firmados por Campos –que negó la veracidad de los documento –, además de declaraciones de testigos que dijeron haber presenciado la entrega de los recursos; incluso, la FGE evidenció que el hermano de Campos había plagiado información de internet como manera de justificar contratos de servicios jurídicos; en total, la panista habría recibido más de 9 millones de pesos de recursos públicos.

Campos enfrentaba también otra acusación, ahora de la Fiscalía Anticorrupción, de haber cobrado sobornos a empresarios cuando era presidenta municipal de Chihuahua.

Días antes de su toma de protesta, en septiembre de 2021, tanto la FGE como la Fiscalía Anticorrupción se desistieron de las acusaciones en contra de la entonces gobernadora electa, por lo que la vinculación a proceso por la “nómina secreta”, así como el asunto de los sobornos quedaron sin efecto.

En mayo pasado, Gema Chávez, la titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, presentó su renuncia al puesto al que llegó en 2019 y que dejaría en 2026.

Actualmente, el exgobernador Duarte Jáquez acumula 24 órdenes de aprehensión, 23 del ámbito local y 1 del federal. La orden de extradición se solicitó con base en la orden de aprehensión de la causa penal 3041/2019, en la que se acusa al exgobernador de peculado y asociación delictuosa por haber transferido entre 2011 y 2014 más de 96 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, en las que tenía participación mayoritaria.

Preso desde el 8 de julio de 2020 en el Centro de Detención Federal de Miami, Florida, Duarte Jáquez llegó este jueves a México e ingresado al Cereso Estatal 1 de Aquiles Serdán.

Enriquecimiento ilícito y defraudación son solo otras acusaciones que aparecen en las causas en contra de Duarte, entre ellas la Operación Safiro, un esquema mediante el cual siete entidades federativas financiaron campañas del PRI mediante desvío de recursos públicos a empresas fantasma, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

*Este trabajo fue publicado originalmente en La Verdad Juárez, que forma parte de la alianza de medios. Aquí puedes revisar el original.