De nuevo, el futuro del desarrollo de la ciudad está en el aire. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México retiró del congreso local las propuestas del Plan General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo. Su idea es agregar candados contra la corrupción inmobiliaria;distintos colectivos ciudadanos piden participar en su desarrollo

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de más de cuatro años de intentos de intentarlo, la Ciudad de México sigue sin tener lineamientos que pongan en orden a los grupos de constructores inmobiliarios o que garanticen que la ciudad sea sostenible en un futuro cercano. 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que retiraría las propuestas de Plan General de Ordenamiento Territorial y de Plan General de Desarrollo que había enviado al congreso local. Este par de planes son los lineamientos que indican qué permisos de construcción se pueden aprobar en qué partes de la ciudad y qué zonas deben conservarse por sus recursos naturales o los servicios que dan a la ciudad.

En junio, la jefatura de Gobierno envió la propuesta de ambos planes al Congreso, que, según la ley, tendría seis meses para su discusión. Sin embargo, este debate nunca se dio en el Congreso, por lo que, según la ley, ambos planes deberían entrar en vigor tal y cual fueron enviados. Un día antes de cumplirse el periodo, Martí Batres decidió retirar la propuesta. 

El 22 de noviembre pasado, diferentes organizaciones vecinales, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México llevaron a la Cámara de Diputados de la Ciudad más de 24 mil firmas en las que pedían se desecharan y se rehicieran esos planes, sin embargo, eso tampoco no ha sucedido. 

Pueblos, barrios y colonias contra un Plan impuesto

Según marca la Constitución de la Ciudad de México este par de planes deben ser discutidos por la ciudadanía y creados a partir de una consulta amplia que debería organizar el Instituto de Planeación Democrática y Participativa. Desde su creación los foros organizados por ese instituto no tuvieron la participación esperada. El instituto tampoco estuvo conformado en su totalidad, pues le hacían (y aún le hacen) falta integrantes y concejeros. 

Sin hacer los procesos de consulta debidos y después de varios intentos, la jefatura de Gobierno presentó una nueva versión de un documento que no tenía el consenso popular. Hace un año, cuando se presentaron los planes, los pueblos y barrios de la ciudad protestaron e incluso en Milpa Alta hicieron un cierre carretero que duró más de una semana. 

Qué problemas tiene

Los planes de desarrollo y ordenamiento de la ciudad actuales se desprenden de uno elaborado en 2019 por la administración de Claudia Sheinbaum, que son la base para los documentos que se retiraron del congreso este jueves, sin embargo este tenía diversos problemas, como lo han manifestado vecinos de diferentes zonas de la ciudad. 

En sus primeras versiones estos planes pretendían crear un uso de suelo que no existía en la ciudad. En la urbe principalmente hay dos tipos de uso de suelo, el urbano y el de conservación. Sin embargo la propuesta de la jefatura de Gobierno se creaba el uso de suelo rural, lo que fue acusado de un intento de urbanizar zonas forestales de la ciudad que se deberían conservar. En concreto se trataba de 29 mil 393 hectáreas forestales que habrían cambiado su uso de suelo. 

La idea era evitar que la mancha urbana siguiera creciendo, sin embargo esto sería difícil si se aprobaba la creación de infraestructura como edificios, caminos y carreteras en suelo de conservación, según advirtieron diferentes organizaciones civiles como Ruta Cívica. 

Al mismo tiempo, la idea para detener el crecimiento de la urbe sería redenisificarla (construir edificios de departamentos para elevar la densidad poblacional) lo que implicaría un plan para adaptar los servicios urbanos, como transporte público, parques, equipamiento urbano, agua y luz para dar servicio a más personas en ciertas áreas, pero eso tampoco se planteaba en los planes. 

A la propuesta le hacía falta profundidad sobre temas de gestión de riesgos, como afectaciones por sismos e inundaciones o falta de aguas, pero el Atlas de Riesgo de la ciudad jamás se incorporó a estos planes. Tampoco reconocían o enumeraba a los pueblos indígenas ni a los barrios originarios de la ciudad.

Según reconoce Mónica Tapia, parte de Ruta Cívica, este par de planes entregaba demasiada libertad a las alcaldías para cambiar los límites de construcción y de usos de suelo en sus territorios, fomentando la operación de cárteles inmobiliarios y edificios con alturas irregulares. 

Por qué retiró el jefe de gobierno su propuesta

Según dijo Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en la última versión de estos planes las demandas ciudadanas mencionadas anteriormente ya habían sido subsanadas, y se había consultado a diversas organizaciones civiles para hacerlo. Sin embargo, otros colectivos como el Frente de Pueblos y Barrios del Anáhuac, principales opositores de los planes no fueron consultados. 

Además, los planes presentados se retirarían para que la jefatura de gobierno pudiera incorporarles un capítulo nuevo sobre combate a la corrupción inmobiliaria. 

“En estos meses surgió un tema muy importante que es el del cartel inmobiliario, este es un tema muy importante y nos parece que no podríamos dar paso a elementos de planificación de largo plazo sin establecer un conjunto de candados y medidas que impidan que prolifere la corrupción inmobiliaria con los efectos urbanos negativos que esto pudiera causar”, dijo el jefe de Gobierno al referirse al tema durante su conferencia de prensa de este jueves. 

Un plan ¿sin consulta?

Organizaciones como el Frente de Pueblos y Barrios del Anáhuac, Ruta Cívica, o Suma Urbana, señalaron que los planes actuales no fueron consultados como lo marcaba la constitución, mientras que desde el gobierno de la Ciudad, el jefe Batres aseguró que han habido procesos de parlamento abierto para su consulta. 

Si bien han habido tres diferentes tipos de consulta, una virtual, otra en mesas organizadas en el congreso de la ciudad y una última en mesas organizadas en las 16 alcaldías de la ciudad, ninguno de estos ejercicios cumplen con lo marcado por la Constitución.

El proceso debería ser convocado por el Instituto de Planeación, no por la jefatura de Gobierno o por la cámara de diputados locales, como ha sucedido. Después, con estas consultas, se debería armar un primer borrador que sería enviado del Instituto de Planeación a la jefatura de Gobierno que eventualmente debería mandarlo al congreso. 

Lo que ha pasado es que la jefatura de Gobierno ha puesto a consulta un plan hecho de antemano, mientras que en otro intento el congreso de la ciudad hizo mesas para discutir los mismos documentos ya hechos. En un tercer intento, el diputado Víctor Hugo Lobo intentó hacer mesas en las 16 alcaldías, pero como documentó el Frente de Pueblos y Barrios del Anáhuac, algunas de estas mesas se cancelaron por la poca participación de la ciudadanía. 

Un futuro a la deriva

El Plan General de Desarrollo Urbano y el Programa de Conservación de la Ciudad que siguen rigiendo los usos de suelo en la capital del país fueron hechos en el 2000 y atendían una realidad que ya ha sido sobrepasada. Se suponía que los nuevos planes deberían estar listos para el 2020, sin embargo, aún no hay una propuesta que sea lo suficientemente representativa para el gobierno y para los sectores sociales. Mientras, el desarrollo de la ciudad está a merced de la corrupción y la falta de certeza