En Xochimilco y en Azcapotzalco se están construyendo dos cuarteles de la Guardia Nacional y se espera otro más en la alcaldía Cuauhtémoc. Vecinos organizados presentaron queja ante la CDHCDMX para que analice violación de derechos y establezca reparación del daño

Texto: Daniela Rea

Fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- Vecinos de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco; y de la Unidad Habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para denunciar la instalación de dos cuarteles de la Guardia Nacional, en dichos territorios, sin consultar a los habitantes y violentando así distintos derechos, como el derecho a la consulta, a la ciudad, a la no incursión de fuerzas armadas en zonas indígenas.

“La nueva constitución de la CDMX obliga a las autoridades a generar procesos democráticos al decidir la política de seguridad y que obligan a las autoridades a optar por vías civiles para las medidas en materia de seguridad“.

Santiago Aguirre, director del Centro Pro, en una conferencia conjunta.

Los vecinos habían denunciado previamente el inicio de la construcción de los cuarteles, los cuales se anunciaron en las alcaldías sin que hubiera habido una consulta y una revisión a conciencia sobre el impacto social y ambiental que podrían tener en los territorios.

En el caso de San Luis Tlaxialtemalco, el 31 de agosto del 2020 se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México el decreto por el que se dona el terreno de esa comunidad, cerca de Tláhuac, una superficie de 30 mil metros cuadrados. En diciembre del 2021 se hizo público que se instalaría un cuartel de la Guardia Nacional.

El pueblo está organizado y reclamando su derecho a la consulta como pueblo indígena, pues éste se fundó en 1603.

“La defensa de nuestro territorio no es solo la defensa de nuestro pueblo, sino que estamos asegurando la protección territorial ante la expansión urbana que está teniendo la Ciudad de México, y supone un peligro para el equilibrio ambiental de la ciudad”.

Silvia Cabello, vecina de la comunidad.

“Nuestra pregunta es de dónde se le va a dar agua a la Guardia Nacional? ¿Hacia dónde irán esas descargas del drenaje? Somos zona chinampera. Nos preocupa además que somos un pueblo agrícola que abastece a la Ciudad de México”.

Silvia agregó que se violó su derecho a la consulta, pues nunca se les preguntó.

En cuanto a la construcción del cuartel en la Unidad Habitacional El Rosario, en noviembre del 2021 la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la construcción de este cuartel de la Guardia Nacional en donde había unas canchas para hacer deporte.

“Se instalará aquí en Azcapotzalco un cuartel de la Guardia Nacional; se va a adecuar un espacio que estamos trabajando ya junto con la alcaldía, que lo pone a disposición de la Guardia Nacional de tal manera que inclusive a partir de la próxima semana pueda iniciar, ya, los trabajos de la Guardia Nacional”, dijo en una conferencia de prensa el 21 de noviembre. Frente a la alcaldesa Margarita Saldaña y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, Sheinbaum aseguró que esto tenía como objetivo reducir los delitos en la zona.

“Este lugar ha sido dedicado y aprovechado para actividades deportivas y hasta culturales; estamos convencidos de la importancia de recuperar nuestros espacios comunes para regenerar el tejido social y alimentar la identidad colectiva. Además, la seguridad de nuestra colonia debe ser también una propuesta ciudadana conjunta al gobierno y a las instituciones de seguridad civil ya establecidas. Las autoridades capitalinas no nos han explicado con claridad el impacto social de la presencia de cuerpos castrenses en nuestra población”.

Javier Ortiz, vecino del Rosario.

Javier Ortiz, vecino del Rosario, durante la conferencia.

En el caso del pueblo originario de San Luis Tlaxialtemalco, la queja fue presentada contra distintas autoridades capitalinas, entre ellas la Jefatura de Gobierno; la Secretaría de Gobierno; la Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas; la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena), ya que además el Cuartel de la Guardia Nacional fue construido en área natural protegida, transgrediendo Constitución de la Ciudad de México y otras normativas en materia de pueblos indígenas y cuidado al medio ambiente.

Piden a CDHCDMX revisar caso

Melissa Zamora, abogada del Centro Pro, señaló que en Xochimilco se está vulnerando el derecho a la consulta, al medio ambiente sano, a la no militarización de los pueblos indígenas; mientras que en El Rosario: el derecho a la ciudad, al espacio público y convivencia social y participación ciudadana.

“Con la presentación de estas quejas buscamos que la CDHCDMX investigue el papel de las autoridades en la construcción y planeación y autorización de los cuarteles. Es complejo porque hay participación de autoridades  de distintos niveles de gobierno. Se debió consultar antes de construir. Y en Azcapotzalco es responsabilidad de las autoridades mantener y tener un aumento progresivo de espacios públicos. Lo que buscamos es que se investigue cómo ocurrieron los hechos y tomen medidas para que la entrada en funciones no genere más afectaciones de las que ya genera”.

El Centro Pro, a través de solicitudes de transparencia encontró qué hay más cuarteles proyectados, uno en la delegación Cuauhtémoc.

“Están proyectados más cuarteles, uno en alcaldía Cuauhtémoc. Nos preocupa porque es el centro de protestas del país. Hay un diseño discriminatorio en esto, porque los cuarteles no están en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, colonias privilegiadas, y eso tiene una dimensión de derechos. Hacemos un llamado a que otros vecinos y vecinas defendamos esta ciudad que ha sido un bastión contra la militarización y una ciudad de libertades. Si el proyecto federal no va a cambiar, consideramos que los gobiernos locales tienen margen de acción.

Llaman a la ciudadanía a defender espacios de la militarización

En el año 2019 se reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional por unanimidad, con  salvaguardas con el carácter civil de esta institución, como el hecho de que el artículo 21 constitucional establece que la GN estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, a un organismo civil.

“De 2019 a la fecha han ocurrido muchas cosas, la GN fue perdiendo su guardia civil: mando castrense, conformación del pie de fuerza fue castrense, los mandos intermedios que venían de Policía Federal han ido saliendo y llegamos a una fuerza que en los hechos es Militar. Pero aún mantenemos el artículo 21 que es civil y eso permite que en un futuro pueda volver a ser civil en los hechos”, señaló Santiago Aguirre.

“A pesar de ello desde 2021 el gobierno federal buscaría otra reforma para adscribir la GN a la Sedena, advertimos que ese camino era errado. Lo que observamos es que esta propuesta no tuvo la fuerza para ser votada en las cámaras y ante eso esta semana el presidente anunció que intentaría adscribir la GN a Sedena por vía de decreto o acuerdo presidencial, unilateral administrativamente. Lo que hemos dicho es que nos preocupa, que profundizaría la militarización y que sería un proceder poco democrático. Decretar lo que no se puede legislar”.

Santiago Aguirre agregó que en esa militarización repercute el hecho de que la SCJN esté demorando la resolución de las leyes en la materia. 

Sin embargo, aún los gobiernos locales pueden responder a favor de la ciudadanía.

El activista advirtió que ante la posibilidad de que la Guardia Nacional termine el sexenio siendo una fuerza militar, es fundamental lo que hagan los gobiernos locales.

“Estimamos que deben ser democráticos, por eso hay que visibilizar que esto es un tema de derechos humanos donde autoridades locales deben fortalecer el carácter civil, procesos democráticos, antes de militarizar”.

Santiago Aguirre reiteró que esta lucha debe reivindicarse como una lucha por los derechos, no partidista.

“Y queremos reivindicarlo así: como lucha por derechos humanos ante posibles descalificaciones. No hay lucha partidista, son vecinos que se están organizando para decir sí queremos más seguridad pero no militarizada; sí más Estado, pero un Estado garante de derechos no punitivo; que traiga agua, escuelas, proyectos culturales. Y el Centro Pro acuerpa esta lucha”.

Relacionada:

Les quitan parque y ponen un cuartel