«¿Por qué quieren nuestra comunidad?» se preguntan los habitantes de la sierra de Chiapas al hablar sobre los recientes desplazamientos. Una de cada tres familias del Ejido Nueva Independencia, municipio Jaltenango, Chiapas, se encuentran situación de desplazamiento forzado

Texto: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

CHIAPAS. – 45 familias del poblado Nueva Independencia, municipio de Jaltenango, fueron expulsadas sin que hasta el momento autoridades de gobierno intervengan de manera efectiva para procurar su retorno. Este fin de semana las familias de desplazados se reencontraron por primera vez.

El reencuentro llega después de que desde julio de 2024 empezaron a ser expulsadas de la comunidad Nueva Independencia, del municipio Ángel Albino Corzo, conocido como Jaltenango. Son alrededor de 700 personas, todas dedicadas al cultivo de café en esta localidad.

En junio de 2024 -recuerdan- integrantes de un grupo del crimen organizado al que identifican como de Sinaloa, entró a su comunidad, donde habitan unas 1,400 personas. “Entraron en camionetas, armados, iban de negro unos, otros con ropa camuflada, nosotros nos escondimos en las casas. De por sí ya teníamos problemas en la comunidad, después todo se puso peor”, narra un hombre de unos 60 años, sentado en una silla en el interior de una vivienda en donde se dieron cita las personas desplazadas.

Él pide que su testimonio sea anónimo, igual que el de todas las personas expulsadas de Nueva Independencia. Se trata de mujeres mayores, otras jóvenes; de niñas y niños, de hombres también de diferentes edades, quienes en su desesperación por encontrar una vía que les permita retornar en situación de seguridad, decidieron hacer público lo que sucede en su poblado.

Jaltenango: un lugar estratégico

En el mapa se puede observar que este lugar se compone de 45 cuadras, una escuela Telesecundaria y una de educación Primaria; una iglesia Pentecostés, una Presbiteriana, otra Nazarena y una católica; una ferretería, un campo de futbol y algunas tiendas de abarrotes.

Cada familia ahí tiene entre 5 y 20 hectáreas de café, un producto de alta calidad porque se cultiva en lo que se conoce “terrenos de altura”, de más de 1,500 metros sobre el nivel del mar.

Esta comunidad tiene otra característica, comunica directamente con el municipio de Chicomuselo, que ha sido blanco de disputa por parte de grupos del crimen organizado; también colinda con Siltepec, Montecristo de Guerrero, y con la zona que baja de la sierra, hacia la zona frailesca y costa del estado de Chiapas. Es, en síntesis, un lugar estratégico para la ruta de tráfico que se conoce en los diagnósticos de los cuerpos de seguridad, como la Ruta Central.

“Nos preguntamos qué es lo que quieren, por qué quieren nuestra comunidad si ahí solo café cosechamos. Ahí vivimos desde hace cuatro o cinco generaciones, y después de pensarlo, vemos que nuestra comunidad es un lugar estratégico”, dice como para sí, Juan, un hombre padre de dos hijos, quien en octubre abandonó Nueva Independencia, tras ser amenazado de muerte. A él sólo le dieron unos minutos para salir, no pudo sacar más que a su familia.

Viejos problemas y una mina

Los hombres de mayor edad cuentan que los problemas en su comunidad empezaron desde antes que los grupos del crimen organizado llegaran a la localidad. Mencionan que a miembros de unas familias de apellidos Robledo, Moreno y Velázquez, les empezó a ganar la ambición.

Primero fue por control de los recursos públicos destinados para obras en la comunidad, entre 4 y 6 millones; después por los recursos que provenían de la extracción de una mina.

Las personas desplazadas explican que fue aproximadamente en 2020 cuando aceptaron la extracción de una mina. No tienen mayor detalle, solo saben que los concesionarios les dijeron que se trataba de la extracción de barita.

Sin embargo, la cartografía minera de la Secretaria de Economía permite ver que en el ejido Nueva Independencia de Ángel Albino Corzo, hay una concesión, la 242694, cuyo potencial minero es oro, plata, plomo y cobre.

Tampoco lo tienen presente, pero en el municipio vecino de Chicomuselo, grupos del crimen organizado iniciaron la extracción ilegal en al menos tres minas; y asesinaron en mayo de 2024 -un mes antes de que entraran a su comunidad-, a una familia que formaba parte de ambientalistas que se oponía a la extracción ilegal, en el poblado Nueva Morelia, ubicado a dos horas y media de distancia de Nueva Independencia, en camino de terracería por la sierra.

El 18 de junio -recuerdan- fue cuando entraron hombres armados y, coordinados con integrantes de las familias Robledo, Moreno y Velázquez, expulsaron a Gamaliel Moreno, el comisariado ejidal, la máxima autoridad del ejido, y quien les ponía límite a sus actos; “le destruyeron, su casa y todas las pertenencias que tenía; lo destruyeron todo”.

Las familias desplazadas detallan que el primer grupo delictivo con el que se vincularon sus agresores fue “con un grupo que estaba en Ángel Albino Corzo, se hacían llamar por Cártel Jalisco o Cártel del Maíz. Ahí comenzaron a agarrar fuerza y comenzaron a hacer cosas en la comunidad: tomaban, disparaban, consumían drogas, amedrentaban a la gente”.

“A raíz de eso agarran al líder del Cartel Jalisco y pierde la fuerza. Entonces se van ahora a refugiarse con el Cártel que es Sinaloa. Comienzan otra vez a agarrar fuerzas y le ponen el dedo (señalan) a las personas que según estaban con el comisariado Gamaliel Moreno; apuntando a nombres de personas para amenazarlas, golpearlas, tablearlas, como dicen, agredirlas, amenazarlas de muerte y finalmente desplazarnos”.

Los desplazados explican que, desde junio de 2024, integrantes del Cártel de Sinaloa “se quedaron de una vez estables en la colonia, pura gente de fuera llegaron (…)

con un comandante que desconozco el nombre, solo le apodaban Pérez, comandante de la maña”.

Las personas desplazadas consideran que los integrantes de las familias Robledo, Moreno y Velázquez fueron quienes les abrieron las puertas a los del Cártel de Sinaloa, y en ese momento empezó la expulsión de familias que cuestionaban sus actos.

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Muertos y desaparecidos

Narran que cada una de las 45 familias salieron por separado, entre los meses de junio y octubre de 2024; todas fueron amenazadas, en algunos casos a los hombres los torturaron y les dieron solo unas horas para abandonar el lugar.

Algunas buscaron refugio con familiares en la capital de Chiapas o en otros municipios; quienes no tenían familiares, rentaron algún cuarto y empezaron la difícil lucha por sobrevivir “sin saber nada de la ciudad, sin papeles porque no nos dejaron sacar nada de nuestras casas”, explica uno de los desplazados.

Ninguna familia se quedó en Jaltenango, “nos dijeron que no nos querían cerca, que si nos veían cerca nos iban a matar”, señalan. Tampoco se desplazaron de forma coordinada, cada familia buscó su propio refugio, y fue hasta meses después que empezaron a encontrase, a contactarse a través de redes sociales, a analizar su situación, a tratar de entender qué había sucedido y porqué a ellos.

Fue así como decidieron realizar una reunión y hacer la denuncia pública de su situación, buscando con ello la intervención decidida de autoridades de gobierno. “Cuándo paso todo, algunos sí denunciamos ante las autoridades, fuimos a la Fiscalía, fuimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Secretaría de Gobierno”, explican, y sacan como muestra las copias de larga lista de quejas, denuncias y oficios que fueron recibidos por las autoridades.

Entre sus documentos se encuentra la queja CEDH/0090/2025 y el expediente SGGyM/SSG/DDH/100/2025 iniciado por la Subsecretaría de Gobierno. La Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado inició el expediente FGE/FDH/DSMNJPDH/0392/2025 por el delito de desaparición forzada, pero se negó a iniciar una investigación formal; las denuncias solo quedaron bajo el Registro de Atención 0179-101-3003-2024 y el 0086-101-3403-2025.

En Nueva Independencia al menos tres personas han desaparecido en este contexto de violencia, se trata de Gabriel Rivera Robledo y Rutilio Trinidad Hernández Aranda, desaparecidos el 18 de junio de 2024, el mismo día que incursionaron a quienes la población identifica como integrantes del Cartel de Sinaloa; e Hicler Tomás Moreno Calderón, desaparecido este último el 8 de octubre de 2024.

Otras personas murieron durante los bloqueos a los que eran obligados a colocarse, como escudos humanos, por parte de los grupos del crimen organizado durante sus enfrentamientos, o para detener el paso de autoridades, una práctica que se hizo común en la región.

“Ahí murieron varios, no resistieron. Hubo una señora ya grande, hubo otros más”, confiesa Gabriel, quien no puede contener las lágrimas y busca evitar hablar sobre estos hechos. De esas muertes poco mencionan en la sierra. En esta región es un secreto a voces la existencia de fosas clandestinas a donde fueron a parar varias de las personas fallecidas. Es algo de lo que les pesa recordar a los sobrevivientes.

«Éramos realmente secuestrados»

“Nos obligaban a hacer los filtros. Muchas personas en los noticieros decían: es que ellos están impidiendo el pase a las autoridades. No, no impedíamos eso. Pues no podíamos regresar, porque si nos regresamos ahí, nos iban a matar a la vuelta”.

La amenaza también era contra quienes quedaban en las casas, sobre todo mujeres y menores de edad sobre los que pesaba la amenaza de muerte o abuso sexual si los hombres de la familia no participaban en las actividades que les exigían “realmente éramos obligados, éramos realmente secuestrados”.

“Si yo no participaba me iban a echar una bolsa y me iban a meter una fosa clandestina (…) nos mandaron a correr el ejército a San Nicolás, un pueblo cercano de Nueva Independencia. Es triste recordarlo porque perdimos familiares allí, quedaron atrapados”, explica otro desplazado.

“El gobierno llegó y quería entrar al pueblo, agarrar a la maña (integrantes del crimen organizado) pero lo que hace la maña es presionar a la gente, nos usan como autodefensa para que ellos queden atrás de nosotros, en medio, para que no entren a agarrarlos”.

En estas batallas la población de Nueva Independencia también sufrió bajas por parte de elementos del Ejército mexicano; “simplemente nos mandaron como bocado, pues más que nada para defender a ellos (integrantes del crimen organizado), porque saben ellos que si vamos sin armas, sin nada, el gobierno supuestamente no iba a actuar en contra de nosotros. Pero al sentir la presión, el gobierno actuó y mató a algunos compañeros de nosotros”.

Aquí se pueden ver los Testimonios de personas desplazadas.

“Hay una tristeza”

En diciembre de 2024 inició un nuevo gobierno estatal en Chiapas acompañado de una policía de élite que, según el discurso oficial, ha logrado pacificar al estado, liberar caminos controlados por el crimen organizado y obligar a su repliegue.

Para la población de la sierra, sobre todo la que vive en comunidades fuera de las carreteras principales, esto no es así. “Lo que dice el gobernador, que todo Chiapas está en paz, no es cierto. Allá en nuestro pueblo de Nueva Independencia siguen y siguen sacando a las personas de sus hogares y de sus tierras”, explican los desplazados.

“La gente que esté ahí, a los que están ahí ya los amenazaron de muerte, que si hablan los van a matar. Entonces yo temo, porque tengo familia ahí (…) les están obligando a cortar el café de nuestras parcelas sin pagarles un solo peso, los mandan a robar”, explica una de las mujeres desplazadas.

Las y los integrantes de las 45 familias que hasta este momento se han organizado, explica que quienes se quedaron en Nueva Independencia “están sufriendo (…) ya les dijeron que no tengan celular para no hacer llamadas ni videollamadas; están amedrentados que no pueden hacer absolutamente hacer nada”.

“Por eso hacemos un llamado al señor gobernador que vaya. Tal vez en otras comunidades están tranquilos, pero allá no. Allá el mismo gobierno municipal es parte de los del crimen y les avisan cuando llega la Guardia Nacional para que se oculten en las montañas”, acusan.

“Y luego llega el ejército y pregunta a la comunidad qué está pasando, y la misma comunidad no se anima a decir por lo mismo que están amenazados, que si los ven hablando con las autoridades los van a desaparecer y ese es el temor que tiene la comunidad allá, por eso no hablan. Están amenazadas varias comunidades como Montecristo de Guerrero, Laguna del Cofre, San Nicolás, Plan de Ayutla”.

Las familias desplazadas piden que sus palabras “lleguen directamente al gobernador, pedimos de su ayuda, que lleve el ejército allá para, ahora sí denunciar sin miedo”.

También piden que las personas que han sido asesinadas y fueron sepultadas en fosas clandestinas se les dé “cristiana sepultura como se merecen”.

Las familias desplazadas demandan acciones sostenidas por parte de las autoridades, y no solo patrullajes esporádicos. Piden que se investiguen los vínculos entre grupos del crimen y autoridades municipales y estatales.

“Si el gobierno estatal y federal nos da la seguridad de que realmente haya alguna intervención militar y que queden realmente ahí las fuerzas, pues sí podríamos regresar, porque no conocemos más allá del campo. Allá está nuestra vida, tenemos herencia de bisabuelos, abuelos, de cuarta, quinta generación; estábamos ahí, nos dedicábamos al café, teníamos animalitos, amigos, ganado, gallinitas, todo quedó allá. Ahora lo que hay es una gran tristeza”.

Esta nota fue publicada originalmente en CHIAPAS PARALELO, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.