La religiosa dominica que resultó herida durante el ataque a la caravana que llevaba ayuda humanitaria a desplazados de Aldama, se recupera en el hospital. En la región el acoso paramilitar se recrudece.

Texto: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

Fotos: cortesía Frayba

CHIAPAS.– Organizaciones humanitarias, académicos, e integrantes de la Iglesia católica, exigieron a los gobiernos estatal y federal aplicar la ley contra los civiles armados que, el pasado 18 de noviembre, dispararon contra una caravana humanitaria que llevaba alimento a la población desplazada de Aldama. Cabe recordar que en estos hechos una religiosa resultó herida.

Señalaron que “de no resolverse cualquier problema mediante una reconciliación, la autoridad tiene la obligación de aplicar la ley sin la anuencia de los agresores». Ello en alusión a que las iniciativas para solucionar la disputa por la posesión de 60 hectáreas de tierra entre habitantes de Aldama y sus vecinos de Chenalhó no han detenido las agresiones armadas contra la población de Aldama.

“Sentimos preocupación porque no se ha llegado a resolver el problema de fondo, y ha escalado la violencia con ataques diarios en distintos puntos y a distintas comunidades de Aldama. Ya varias veces de manera privada o pública, hemos denunciado esta situación ante las instancias del gobierno estatal y federal, así como hemos pedido el desarme de estos grupos de corte paramilitar”, señaló la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Por su parte, los obispos de la Misión Pastoral de Pueblos Originarios y Afroamericanos, de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, y Cáritas Mexicana, en un comunicado dirigido al presidente de México, pidieron se esclarezca lo sucedido, “puesto que de no hacerlo, favorecerán la continuación de condiciones que dañan la comunidad de los pueblos”; pidieron a las autoridades federales “no omitir la responsabilidad que les corresponde”.

El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, exigieron también poner un alto a los desplazamientos forzados y a los ataques a quienes ejercen labores humanitarias.

Las más de 300 organizaciones de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT) demandaron el cese inmediato de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil del municipio de Aldama. 

Hicieron un llamado al Estado mexicano para que se detenga la violencia e impunidad, “y se sancione, desarme y desarticule a los grupos de corte paramilitar de Chenalhó, responsables de las agresiones violentas que han provocado desplazamientos forzados en la región de los Altos de Chiapas”.

También, habitantes del municipio de Chalchuitán demandaron detener a los grupos de civiles armados. Explicaron que al igual que los indígenas de Aldama, en Chalchiuitán pobladores se encuentran desplazados, por la amenaza de estos grupos a los que identifican como habitantes de Chenalhó.

Durante la agresión del 18 de noviembre pasado, la monja de la orden de Los Dominicos, María Isabela Hernández Rea, recibió un disparo de bala en la pierna derecha, cuando en compañía de otros religiosos de Cáritas Mexicana y voluntarias del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (A.C. Fisanim), llevaba ayuda humanitaria para la población desplazada de Aldama. Ella aún se encuentra aún hospitalizada.

Desde mediados de 2018, civiles armados que tendrían su sede en la localidad de Santa Marta, en Chenalhó, han mantenido de manera constante agresiones armadas contra pobladores del municipio vecino de Aldama, para persuadirlos de abandonar 60 hectáreas de tierra, lo que ha dejado un saldo de una docena personas fallecidas y más de 3 mil desplazadas. 

Para dar una salida al conflicto, el gobierno federal propuso dividir la tierra en disputa entre los dos municipios. Pobladores de Aldama aceptaron, aún cuando eso significa que decenas de familias deberán buscar nuevas tierras donde vivir.

Por su parte, apenas el pasado 12 de noviembre, el gobierno de Chiapas dijo que recibió de parte de autoridades de Chenalhó la aceptación para la resolución pacífica del conflicto, a cambio de lo que llaman “una indemnización” económica de varios millones de pesos. Sin embargo, las agresiones armadas no se han detenido.

Este texto fue publicado originalmente en CHIAPAS PARALELO que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie