Hartas de la explotación y la agresión sexual, de los bajos sueldos y amenazas laborales, trabajadoras agrícolas en España se organizan para hacerse oír

Texto: Rocío Ros / openDemocracy

Fotos: openDemocracy

ESPAÑA.- Para Ana Pinto, trabajadora agrícola de Andalucía, en el sur de España, el punto de inflexión se dio cuando desafió las estrictas reglas de vestimenta de la empresa donde trabajaba. “Nos prohibieron llevar camisetas de tirantes y pantalón corto trabajando en un invernadero a 50 grados centígrados”, dice. 

“Yo me lo seguí poniendo y un día el manijero me dijo que o me cambiaba o me echaba. Le dije que me despidiera. Mis compañeras nos oyeron discutir y se plantaron todas por mí. Dijeron ‘si Ana no trabaja, nosotras tampoco’”, relata.

Desde ese enfrentamiento, en 2018, Pinto se convirtió en el rostro de Jornaleras en Lucha, una organización activista formada por mujeres que trabajan en el campo en Huelva. Esta provincia del suroeste de Andalucía, en la frontera con Portugal, es una importante productora de fresas y otras frutas. Las contratadas para recolectar la fruta son en su mayoría mujeres, ya que se considera un trabajo «delicado».

La organización (creada formalmente en 2020) investiga las denuncias de explotación y abuso, para enfrentarse colectivamente a los empleadores y, si es necesario, llevarlos ante la justicia. Según Pinto, la presión de las jornaleras logró que las empresas les otorgaran licencia por enfermedad y pago retroactivo, gracias en parte a la cobertura mediática de las acciones del grupo. También formaron un sindicato con otras organizaciones defensoras de derechos de mujeres en España, como Las Kellys, una asociación de limpiadoras de hoteles.

Violación sexual y explotación

La lucha comenzó en serio hace tres años, cuando trabajadoras agrícolas de Huelva denunciaron varios casos de violación sexual, que luego fueron investigados por el portal BuzzFeed y la revista alemana Correctiv. “Después de eso no puedes mirar para otro lado”, dice Pinto, quien conoció a algunas de las afectadas. 

Cuatro jornaleras, que en 2018 acusaron a un capataz de abuso sexual y explotación, siguen esperando la decisión judicial sobre el caso. La empresa no las volvió a contratar tras la denuncia. «Esto envía un mensaje muy peligroso», según Aintzane Márquez, abogada de Women’s Link, una organización internacional defensora de los derechos de las mujeres que representa legalmente a las cuatro denunciantes. «Si denuncias, pierdes tu trabajo», advierte.

La investigación de BuzzFeed y Correctiv, muy difundida por los medios de comunicación españoles, ayudó a arrojar luz sobre los abusos en los campos de fresas de Huelva. Las jornaleras sostienen que los empleadores violan los convenios colectivos y que las trabajadoras están sujetas a abusos verbales y condiciones nocivas, como una competencia extrema.

“La primera cosa que te explican al llegar son las reglas; y que si vienes marcado en la lista, ya te puedes despedir”, señala Pinto. La «lista» es un registro, en kilos, de la cantidad del producto que recolectó cada trabajadora. Cada día, los supervisores indican los nombres de las personas que cosecharon menos, que a continuación pueden ser despedidas en el acto. Como los contratos son temporales, Pinto explica que esa práctica es legal.

En consecuencia, “el compañerismo ha desaparecido”, lamenta Pinto. Nadie quiere quedar al final de la lista. 

Los sueldos varían según las empresas, pero no suelen alcanzar el salario mínimo legal de 950 euros al mes, según Pinto. Una de las razones es que no se pagan horas extra ni vacaciones al trabajo jornalero: dado que los contratos son temporales, las empresas pueden amenazar con no volver a contratarlas si se quejan. Pinto cuenta que uno de los objetivos de Jornaleras en Lucha es ayudar a las mujeres a plantear sus inquietudes de forma colectiva, para que no sean castigadas por protestar individualmente. 

Trabajadoras migrantes y racismo

Las condiciones son incluso peores para las mujeres contratadas «en origen», o sea, en su país natal. Se trata de trabajadoras migrantes zafrales, oriundas sobre todo de Marruecos. Las contratadas suelen ser analfabetas y tener hijos a su cargo, lo que significa que volverán a Marruecos una vez que termine su contrato. Sus condiciones de trabajo están reguladas por la llamada orden Gecco, que obliga a las empresas a brindarles alojamiento y acceso a atención médica.

Pinto asegura que algunas de sus compañeras migrantes reciben un pago por hora inferior al de las trabajadoras españolas, que les cobran hasta 300 euros por el seguro médico y que el alojamiento que les dan no cumple con estándares de salud y seguridad. 

La empresa despidió a una de sus compañeras cuando le diagnosticaron un cáncer que finalmente provocó su muerte, y ni el empleador ni el Estado español le dieron alojamiento mientras estaba en tratamiento médico. «Cuando volvió a la finca después de dos meses en el hospital, le habían tirado sus cosas a la calle», asegura Pinto.

Las empresas contratan mujeres “en origen” porque son más fáciles de explotar, según Pinto. “Los empresarios se quejan de falta de mano de obra y usan esa excusa para contratar a mujeres en Marruecos, pero no es verdad”, afirmó. “Hay muchas manos dispuestas a trabajar en el campo, pero prefieren contratar a personas más vulnerables que no se quejen si les pagan menos”, añade.

Los datos la respaldan. Huelva tuvo el mayor desempleo de España en los últimos cuatro meses de 2020, con un 27 por ciento, casi el doble del promedio nacional. La agricultura es la principal actividad económica de la región: la exportación de frutos rojos, principalmente a destinos europeos, generó más de 1.000 millones de euros el año pasado. Más de la mitad de las mujeres contratadas en otros países por las empresas agrícolas andaluzas fueron a trabajar a Huelva.

Para Pinto, este es el ambiente ideal para el racismo. “Y después de que no te den trabajo, enciendes la tele y ves a Santiago Abascal [presidente del partido de extrema derecha Vox] diciendo que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo”, comenta. Hoy en día Vox es la tercera fuerza política de España y también de Andalucía.

Un plan de pantomima

InterFresa, la asociación andaluza de productores de frutos rojos, adoptó un plan voluntario de responsabilidad ética empresarial, conocido como PRELSI, que incluye un sistema de control de las condiciones de alojamiento de los trabajadores migrantes. Pinto, sin embargo, lo descarta como una “pantomima”, ya que el plan es gestionado por las mismas empresas que violan los derechos laborales. 

Por ejemplo, tras inspeccionar alojamientos a principios de este año para verificar si podían albergar a las trabajadoras migrantes a partir de marzo, PRELSI informó que solo cinco por ciento no cumplían con las condiciones adecuadas. Ese porcentaje sugiere un cumplimiento mucho mayor que el que constató el Ministerio de Trabajo el año pasado, cuando sancionó por infracciones laborales a siete de cada 10 empresas de frutos rojos inspeccionadas, según el diario local La Mar de Onuba. 

El 29 de junio, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz se reunió con las Jornaleras en Lucha y se comprometió a intensificar las inspecciones laborales y a investigar los abusos denunciados por las trabajadoras. Pinto, que participó de la reunión, quedó satisfecha con los resultados.

Jornaleras en Lucha procura conseguir apoyo popular y puso en marcha una campaña de financiación colectiva para poder contar con dos empleadas a tiempo completo. En febrero, las músicas Clara Peya y Ana Tijoux, en colaboración con la actriz Alba Flores (conocida internacionalmente como ‘Nairobi’ por su personaje en la serie de Netflix ‘La casa de papel’), lanzaron una canción y un video con el fin de recaudar fondos para la organización. La letra de ‘Mujer Frontera’ tiene que ver con todas las mujeres que sufren, pero está inspirada en las Jornaleras en Lucha.

“Son mujeres que están tejiendo sus propias redes de ayuda y lucha, tenemos mucho que aprender de ellas”, dijo Flores a openDemocracy.

*Este artículo fue publicado originalmente por el Proyecto Documenting the Resistance de openDemocracy. Traducción de Álvaro Queiruga