Veinte elementos asesinados en 5 años y ni siquiera tienen derecho a un crédito para vivienda. El abandono de las autoridades hace crisis en la corporación, que se ha unido para decir ¡Basta!

Texto y fotos:  Edith Domínguez/ PopLab

IRAPUATO, GUANAJUATO.- Ser policía en Irapuato, y recorrer las calles con un arma, es un privilegio que no es para todos los activos de la secretaría; no hay insumos suficientes. Expuestos a grupos delincuenciales que los superan en arsenal, 20 de ellos han sido asesinados en los últimos cinco años. Tienen que comprar sus uniformes, pese al presupuesto municipal de seguridad de más de 600 millones de pesos.

Por si faltara, recientemente perdieron el derecho a un crédito hipotecario a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (Isseg).

Las carencias en la corporación policial evidencian el abandono de las autoridades, que se suma a la crisis de violencia en el segundo municipio más poblado del estado. Durante los primeros seis meses del año Irapuato acumuló 237 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Irapuato.

El asesinato del comandante en activo Juan Carlos Moreno Ayala ocurrido el pasado 28 de junio al salir de turno, tras 22 años de servicio, motivó el paro laboral de sus compañeras y compañeros. Este terminó en protesta pública para exigir la atención de las autoridades y exhibir precariedades laborales.

Elementos expusieron que luego del ataque que terminó con la vida del comandante solo se acordonó el área y levantaron el cuerpo; pero «ni un operativo se ordenó» para detener a los responsables del crimen.

Los elementos en activo no son el único blanco de la delincuencia. Apenas dos días antes del homicidio del comandante Moreno Ayala, fue asesinado J. Reyes Méndez Jiménez, exdirector de la policía de Irapuato. quien apenas estuvo en el cargo 11 días y presentó su renuncia cuando recibió coronas florales fúnebres como mensaje intimidatorio.

A pesar de las amenazas, el gobierno municipal aceptó la baja sin asignar escoltas a Méndez Jiménez. Lo hizo así porque «no los había solicitado», justificó Ricardo Benavides, el tercer secretario de Seguridad Ciudadana municipal en los 9 meses que lleva el gobierno de Lorena Alfaro García.

Policías de Irapuato hicieron su propio pase de lista frente a la presidencia municipal; pase para recordar a sus compañeras y compañeros asesinados en los últimos años.

“Javier Castañeda Vargas, Luis Palafox, Federico Zavala Díaz , Sonia Arellano, Rafael Negrete Castillo, Alejandro Huerta, Gabriela Núñez, Citlali Esquivel Bautista, Martín Rodríguez Mendoza, Juan Carlos Moreno Ayala, J. Reyes Mendez Jiménez, Roberto Contreras, Christopher de Jesús Abad Anteles, Alejandro González Rivera, Israel Barrios, Miguel Caudillo, Francisco Andaracua, Gustavo Luna, Antonio Ramírez Delgado: ¡Presente!”

Con equipo limitado, sin las prestaciones que otorga la ley, con uniformes rotos que para ser sustituidos tienen que ser comprados con recurso propio –cuando un policía raso gana 8 mil 530 pesos catorcenales–, ser policía en Irapuato es «trabajar de la mano de la muerte».

“También tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres, nos están dejando en el abandono». Así dijo una mujer policía mientras sostenía en sus manos la cartulina con la que exigía mejores condiciones laborales y garantías de seguridad.

De acuerdo con los registros de POPLab, a través del micrositio Oficial Caído, durante el primer semestre de 2022 han sido asesinados seis policías y expolicías en Irapuato. De 2018 a 2021 fueron 21 víctimas de la corporación municipal. A ellas se suman elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Ejército y Guardia Nacional asesinados en el municipio.

70 disparos para asesinar a exdirector

El domingo 26 de junio, el fugaz director de la policía irapuatense, J. Reyes Méndez, fue asesinado en la colonia Villas San Ángel. Apenas en mayo pasado había recibido en su domicilio arreglos florales fúnebres, luego vino el atentado contra quien fue su escolta y que sobrevivió.

El 21 de mayo Reyes Méndez dejó la corporación de seguridad; en aquel momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó a través de un comunicado de prensa que se le había pedido dejar el cargo por»motivos personales». Pero luego del asesinato, Ricardo Benavides, confirmó que J.Reyes pidió su baja por las amenazas que había recibido del crimen organizado.

Una compañera del ex director de la policía reclamó a las autoridades irapuatenses que no hayan hecho una ceremonia para despedir al hombre que entregó 18 años de su vida a la corporación.

«Era un señor recto, intachable, y lo mataron como un perro. En la calle había más de 70 disparos. Véanos: salimos, cuidamos a la ciudadanía los que hacemos bien nuestro trabajo; y el pago que tenemos es que nos maten en la calle como perros y que ni siquiera se nos haga un homenaje».

Todavía conmocionados por el asesinato de quien fue su director por poco más de una semana, fue que asesinaron alcomandante Juan Carlos Moreno Ayala. Esto ocurrió el 28 de junio en la avenida Las Ánimas de la colonia 8 de junio, a unos metros de Plaza Cibeles.

La respuesta no se hizo esperar, al día siguiente, al menos 50 elementos se manifestaron frente a la presidencia municipal. La convocatoria se hizo unas horas antes para evidenciar las condiciones en las que trabajan, pero también para pedir la destitución del recién nombrado secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides.

Cuando mataron al comandante ‘mi Gente’, como lo conocemos, nadie hizo nada, nadie habló por radio, nadie organizó la operatividad, se las dejaron barata», dijo una de las manifestantes.

“Me enfadé de estar yendo a enterrar a compañeros, tras compañeros. No es justo, al rato a quién le va tocar, imagínense si eso les pasa a los mandos qué nos espera a nosotros”, explicaron los inconformes.

A la guerra sin fusil

Frente a los grupos criminales que operan en Irapuato, los policías municipales se dicen en desventaja técnica, táctica y operativa, simplemente por el déficit de armamento que obliga a que elementos salgan «a la guerra sin fusil».

“Hay veces que ni arma nos dejan, las compartimos. A veces andamos sin armas” evidenciaron hombres y mujeres policías.

¿A qué vas como policía a ponerte con un convoy de 8 camionetas, 40 gentes con armas largas y tú con tu pareja con un arma corta? Salimos, un compañero corta con su arma 15 cartuchos tiro a tiro y le tiramos a personas que traen fusiles de asalto de modo ráfaga, armas largas. Así seas el más preparado, con un solo cargador hasta ahí llegamos”.

En sus pancartas, con las que por momentos se tapaban el rostro, se alcanzaba a leer: “Irapuato huele a muerte. Nos están matando. ¿Ahora quién más? ¿Qué nombre saldrá en su tómbola de la muerte? Sin prestaciones y trabajando entre la muerte… ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¡Ya basta! Queremos vivir”.

La última vez que les entregaron botas y uniformes fue hace más de un año, todavía con Ricardo Ortiz como presidente municipal. Por la mala calidad de las prendas y el calzado han tenido que comprar de su bolsillo pantalones y botas.

Los chalecos antibalas están en mal estado, las patrullas «andan de puro milagro», aunque los mandos les aseguran que son nuevas pero salen defectuosas. «Es ilógico que a un mes de uso ya se le tronó esto, lo otro, van al taller del que nunca salen. Son unidades inservibles».

En los últimos meses aumentaron las carencias de equipamiento en la corporación policial. Además se concretó un nuevo golpe para los policías: el gobierno de Lorena Alfaro dio por concluido un convenio que se firmó hace más de 10 años con el Isseg, que permitía a los elementos tener acceso a un crédito hipotecario. Y es que, a diferencia de otros trabajadores, un policía no es candidato de Infonavit a un préstamo, por los riesgos que acompañan su labor.

El convenio con el instituto de seguridad social estatal también incluía descuentos en la cadena de farmacias Isseg.

Nos quitaron el crédito Isseg que era la única manera de tener derecho a la vivienda como cualquier empleado, nosotros no lo tenemos”, lamentó un policía.

El seguro de vida, a decir de los y las policías, disminuyó al 50 por ciento. En caso de fallecimiento la familia podría recibir 400 mil pesos. «Es una miseria, acabamos de firmar y vimos que es el 50 por ciento menos lo que nos darían».

Para los policías no hay pagos por horas extras, aunque se les obliga presentarse hasta cinco horas antes de que inicie el turno cuando hay eventos en la presidencia municipal, para luego cumplir con la jornada completa, pero si alguno se duerme es arrestado durante 36 horas. «Todo porque no quieren desperdiciar el tiempo de operatividad, quieren elementos en los eventos pero no quieren los de turno, sino los francos y eso no se vale”.

Vivir con miedo

Ella es una mujer policía con siete años de carrera, es madre de 3 hijos, vive con su mamá y no tiene casa propia. Se entrega a sus funciones por la seguridad de su familia y del resto de la población.

–¿Qué significa ser policía en estos tiempos?

–Vivir con miedo de no regresar, de no finalizar un turno o terminarlo y camino a tu casa morir a manos de… (silencio)

–¿A cuántos compañeros has visto morir?

–En los siete años que llevo, un aproximado de 17.

–¿En algunos has estado presente?

–Presente al momento de su muerte no, pero sí cuando se atiende reporte. Por ejemplo, por detonaciones en tal lado, al parecer hay una persona lesionada, llegas y quien está ahí tirado es un hermano de sangre azul.

–¿Las autoridades que han hecho?

-Nada, no han hecho nada.

Responde mientras sus ojos se llenan de lágrimas, se le quiebra la voz, la garganta se presiona. Viste una camisola desteñida por el uso, el escudo de su camisa ya dejó de ser azul, el pantalón lo ha pintado más de una vez para verse presentable, porque para ella el uniforme que la identifica como policía de Irapuato es motivo de orgullo.

La principal preocupación que le invade cuando sale de casa a trabajar es no regresar con vida, por eso siempre pide la bendición a su familia.

–¿Cada día es el mismo miedo?

–Sí.

–¿Se va incrementando?

–Demasiado. De hecho yo no salgo con los niños ni a la tienda porque tengo miedo que algo me vaya a pasar, se ha visto con los compañeros que van a desayunar; y ya los mataron, o cuando terminan el turno o iban a sus casas.

Recordó a uno de sus compañeros asesinados por hacer su trabajo: Francisco Andaracua. Él, narró la entrevistada, detuvo a personas que trasladaban una pipa con combustible robado; luego lo mataron porque «quién sabe cómo, pero tienen -los delincuentes- los nombres de los policías que hacen las puestas a disposición».

El 16 de mayo, cuando Ricardo Benavides llegó a la Secretaría, sin conocer a la tropa, envió un mensaje que dejó entre los policías indignación. En aquel primer encuentro el funcionario dijo: «saquen las manos de cualquier actividad irregular o vinculada con bandas delictivas. No permitiremos actos de corrupción o acciones que pongan en riesgo la vida de sus compañeros o vulneren la seguridad de los ciudadanos, actuaremos con todo el peso de la ley”.

Para la elemento entrevistada esa advertencia sólo reflejó el desconocimiento del nuevo secretario sobre las condiciones particulares de la policía irapuatense.

Quien se retira es porque ama su vida y porque necesita estar vivo para su familia, no precisamente porque estén coludidos, no sé con qué gente haya tratado… ese señor no sé qué traiga en mente, pero aquí no nos sirve, ni es de Irapuato, no conoce la problemática. Queremos un mando que sea de Irapuato y que no lo maten, un mando que haya salido de la tropa».

Intimidación y promesas sin firmar

Durante el paro para exigir mejores condiciones laborales, algunos elementos recibieron mensajes de sus compañeros que decidieron seguir en funciones para no dejar sin seguridad la ciudad, en los que les advertían que los mandos habían pedido identificar por nombre a los protestantes, por lo que algunos se retiraron ante el temor de ser despedidos.

También fueron alertados de que los policías antimotines de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) se encontraban en algunas delegaciones de Irapuato listos para actuar; pero el mensaje fue claro: “no vamos a pelear con compañeros de sangre azul, solo pedimos nuestros derechos. Aquí tenemos compañeros dolidos, ya nos cansamos de quedarnos callados, ya nos casamos de que nos pisoteen”.

Ante la decisión de mantener el paro, el primero en llegar al lugar fue Julio César Gonzalez Borja, director general de Proximidad, para ofrecer un encuentro con el secretario de Seguridad y el secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez. Pero solo recibirían a una comitiva de cinco policías, sin medios de comunicación; y aunque al principio no aceptaron, luego accedieron a nombrar una comitiva que estuvo dentro de la presidencia municipal durante más de 90 minutos.

El encuentro terminó con promesas ambiguas que se quedaron en un papel que no firmaron las autoridades que representaron al gobierno de Lorena Alfaro ante la comitiva de policías. La minuta que se levantó expone cinco acuerdos:

1. El gobierno municipal no retomará el convenio con el Isseg, a cambio ofrece «gestionar» con cajas de ahorro e instituciones financieras la opción de préstamos personales e hipotecarios, aunque esto podría representar tasas de interés más altas.
2. «Analizar, revisar y en su caso buscar alternativas» para que los elementos de la policía puedan portar armas fuera de servicio al estar francos. Sin embargo, no es competencia municipal la regulación de portación de las armas, sino que se encuentra en una ley federal que estipula que elementos de seguridad solo pueden traer armas cuando están en activo.
3. La gestión «de uniformes de calidad y equipamiento adecuado».
4. Capacitación constante al personal de todas las unidades administrativas que forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal.
5. Compromiso de que no habrá represalias contra elementos que participaron en la protesta.

Al final de las dos hojas solo aparecen las cinco firmas de las y los policías que conformaron la comitiva para el diálogo con el secretario del Ayuntamiento, la Oficial Mayor, el secretario de Seguridad Ciudadana, el director de Asuntos Jurídicos y la directora de Recursos Humanos. Las autoridades dejaron en blanco los espacios destinados para la firma.

Sí hay dinero: Observatorio Ciudadano

La falta de recursos económicos no tendría que ser un argumento del gobierno municipal para subsanar las carencias que expusieron policías durante la protesta, pues el gobierno de Lorena Alfaro tiene al menos 600 millones de pesos de presupuesto para la seguridad.

Así lo estimó Raúl Calvillo, director general del Observatorio Ciudadano Irapuato, al señalar que para este 2022 el 30 por ciento del total del presupuesto municipal se etiquetó para seguridad, información que obtuvo vía transparencia.

El recurso, dijo, debe verse reflejado en equipamiento, porque aunque no se tienen los detalles del monto destinado a gasto corriente y el pago por la seguridad, «creemos que alcanza para atender las necesidades de la corporación y dotar de armas de fuego a todos los elementos».

Para Calvillo la manifestación fue una llamada de atención a las autoridades, que se establezcan líneas de comunicación al interior de la corporación para mejorar el clima laboral que se ha deteriorado «con tanto cambio» de titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Este trabajo fue publicado originalmente en PopLab, que forma parte de la Alianza de Medios. Aquí puedes consultar el original.