Texto: Celia Guerrero. Fotos: Informe Sener

La Secretaría de Energía promovió la construcción de un gasoducto en Sonora, pasando por encima de las comunidades. Por esa razón la CNDH dirigió una recomendación a la autoridad federal por violar el derecho a la consulta y propiedad colectiva de los pueblos yaqui y mayo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió la recomendación 17/2018 al actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, por vulnerar el derecho a la consulta en las comunidades indígenas de Loma de Bácum, Navojoa, Álamos y Huatabampo, por donde pasaría el segmento “Guaymas – El oro” del gasoducto Sonora.

En el documento publicado el 15 de junio de 2018 la CNDH hace nueve recomendaciones a la Secretaría de Energía (Sener), entre las que destaca realizar un registro administrativo de las empresas que participan o participarán en proyectos de su competencia en comunidades indígenas que fueron o deben ser consultadas. Además, hace un señalamiento de la responsabilidad del Estado Mexicano de llevar a cabo procesos de consulta para proyectos energéticos:

“Esta problemática tiene su origen con varios factores de carácter estructural, tanto a nivel administrativo como normativo […] las leyes emanadas de la reforma energética, como la Ley de Hidrocarburos y el Plan Quinquenal de Licitaciones de Áreas Contractuales, entre otras, pueden tener como efecto que los procedimientos de consulta se vuelvan en la práctica un simple requisito formal”, apuntan la recomendación.

Esto es trascendental para la protección del territorio, considera Anabela Carlón Flores, defensora del pueblo Yaqui de Loma Bácum. Las consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe a las comunidades y pueblos indígenas son previstas en el artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos; además del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Cada vez que se empieza una lucha para defender el territorio no se hace pensando nada más en una comunidad. Si esto sucede ahora es porque cada que iniciamos una lucha se hace pensando en todos los demás pueblos, indígenas y no indígenas”, dijo Carlón Flores sobre la recomendación de la CNDH.

Interés económico sobre interés comunitario

En octubre 2012 la Comisión Federal de Electricidad —dependencia de la Sener— adjudicó a la empresa IEnova el transporte de gas natural y construcción del gasoducto Sonora, de 327 mil 722 kilómetros, en dos secciones: “Sásabe – Guaymas” y “Guaymas – El Oro”. Parte de la segunda sección fue planeada para construirse en territorio de Navojoa, Huatabampo y Álamos, del pueblo Mayo, al norte de Sinaloa y sur de Sonora; y por Loma de Bacúm, de uno de los ocho pueblos Yaquis en Sonora.

Considerado un proyecto de gran escala, es decir, que podría significar un impacto en el territorio de las comunidades indígenas, la Sener debió desarrollar consultas previas. Sin embargo, en 2016, al entregar a IEnova el dictamen técnico, la secretaría se basó “en la información que la empresa privada le remitió”, incluido un “diagnóstico sociocultural” que concluye: “la única comunidad indígena del pueblo mayo que debía ser consultada era la de la comunidad Masiaca, excluyendo al resto”, se lee en la recomendación 17/2018 de la CNDH. Con ello, de acuerdo con el análisis de la CNDH, la Sener contravino artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT.

Un año antes del dictamen de 2016, la empresa IEnova realizó contratos con la comunidad Masiaca por 560 mil pesos por hectárea por derecho de vía para la obra. Posteriormente, el pueblo de Loma de Bácum rechazó en consulta la operación del gasoducto. Pero, un día después, la empresa llegó a acuerdos con los otros 7 pueblos yaquis y realizó contratos por 60 millones de pesos, según informó la Sener a la CNDH.

Al final, la Sener solo pidió a la empresa “respetar y tener la debida diligencia a fin de no afectar los derechos e intereses del Pueblo Bácum” y buscar una ruta alterna para evitar el conflicto social.

Sin embargo, IEnova argumentó que el cambio de ruta significaría la modificación en 43 kilómetros (13 por ciento de la longitud total del gasoducto). Además, el ducto estaría más cercano a zonas pobladas, con más propietarios y predios agrícolas, y por lo tanto más derechos inmobiliarios. Ello le representaría una inversión adicional de 12 millones 500 mil dólares, siendo estas las razones por las que decidió no modificar el trazo original.

“Resultaba indudable que la voluntad del Estado mexicano fue siempre que dicho proyecto se llevaría a cabo invariablemente, dejando de lado la consulta previa”, indica la recomendación de la CNDH.

“¿Qué vamos a hacer cuando un gobierno tiene flojera de hacer su trabajo, de atender la decisión de una comunidad?”, dice Carlón Flores para explicar que la Sener ignoró los resultados de la consulta. “De habernos considerado ya estaría resuelto el problema”, remata.

Ante la omisión de la Sener de garantizar el derecho a la consulta de Loma de Bácum, la CNDH le responsabilizó por la violencia que se desató entre su población después de este proceso. Como parte de la reparación del daño, actualmente recomienda medidas como la entrega de recursos financieros orientados a desarrollar proyectos y mejora de la infraestructura en las comunidades indígenas, y la investigación a los servidores públicos que no realizaron el procedimiento adecuado de consulta.

¿Cómo reparar?

El 31 de agosto de 2016, el Gobierno Tradicional de la tribu mayo presentó la queja en la Comisión de Derechos Humanos de Sonora —que un mes más tarde fue remitida a la CNDH y se traduciría en la recomendación 17/2018— por la afectación al derecho al territorio Yoreme-Mayo, en los municipios Huatabampo, Etchojoa, Navojoa y Álamos, en Sonora.

Mientras la CNDH realizaba el análisis, el proyecto del gasoducto Sonora en territorio Yaqui rompió el tejido de la comunidad que se dividió unos a favor, otros en contra. El enfrentamiento más fuerte fue el 21 de octubre del mismo año, precisamente en Loma de Bacúm, cuando opositores al proyecto intentaron impedir los trabajos de construcción del gasoducto. En la trifulca, una persona fue asesinada.

Hasta la fecha, las tensiones entre los pobladores de Bácum continúan, dice Anabela Carlón Flores. Por el homicidio de Cruz Buitimea Piñas hay una sentencia, pero fue apelada; mientras, los opositores al gasoducto son criminalizados y atacados, explica. Ella misma fue secuestrada junto con su esposo y amenazada por participar en el grupo de abogados que promovió el amparo judicial de la comunidad, en diciembre de 2016. Desde entonces, ambos tienen medidas cautelares.

Una de las recomendaciones que hace la CNDH a la Sener es realizar un “diálogo con representantes de las comunidades afectadas y proponer soluciones para la reconciliación comunitaria con el resto de los pueblos Yaqui”. Ante ello, Carlón Flores dice que la comunidad siempre ha estado abierta a dialogar, pero tanto autoridades como empresas solo quieren escuchar un “sí”.

Lo que actualmente es un misterio, añade, es cómo va a llevar a cabo las recomendaciones: “¿Cómo se va a reparar el tejido social? Eso nos estamos preguntando, eso no es nada sencillo. No queremos originar otro problema mayor, pero ¿cómo le hacemos, ¿cómo contribuimos? Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, abiertos y dispuestos. Ese diálogo lo estuvimos esperando, pero la única respuesta que ellos quieren escuchar es un “sí” al gasoducto, por eso dicen que estamos cerrados”.

La CNDH afirma en la recomendación que el gasoducto está actualmente en operación. Sin embargo, Carlón Flores dice que no es así, por lo que está solicitando varias aclaraciones al organismo autónomo.

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