Con poco debate el Legislativo avaló paquete de iniciativas anti aborto anunciadas por la gobernadora. Con presencia de policías granaderos se reprimieron protestas políticas y feministas

Texto: Mónica Cerbón / Pop Lab

Como POPLab lo adelantó, el contrato multimillonario con la empresa Next Energy del Centro, acusada de fraude en Aguascalientes y en otras entidades, así como dos reformasque buscan obstaculizar la interrupción del embarazo en clínicas estatales y aumentar sanciones penales para mujeres, personas gestantes y personal médico; fueron aprobadas por mayoría en el Congreso local. Ambos son temas impulsados por la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel e integrantes de su grupo político. La sede del Legislativo se mantuvo custodiada por policías estatales y elementos antimotines que reprimieron dos protestas ciudadanas e impidieron su paso al Congreso. 

La deuda millonaria entró en vigor a pocas horas de su aprobación, pues esta misma tarde el dictamen fue publicadoen el Periódico Oficial del Estado (POE).

“Es un gran error del Legislativo y de estrategia política, la gobernadora y el Congreso se están viendo débiles porque están desdibujando totalmente los poderes, es un absurdo lo que están haciendo. Recibir a los manifestantes con 28 camionetas de la Policía Estatal y con grupos armados es un absurdo, una marca de intolerancia en la historia, un cierre del diálogo y es algo que no va a poder soltar, va a estar estigmatizada como la primera mujer gobernadora que está en contra de los derechos humanos y de la manifestación. Esto es muy grave”, declaró a las puertas del Congreso, Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), una organización civil local.

Entre las 7 y las 9 de la mañana, una manifestación de militantes de Morena y otros ciudadanos, en donde participaron unas cien personas, se intensificó y se registraron golpes y empujones contra varios de ellos, algunos de la tercera edad, así como contra los diputados, a quienes se les acusó de “traidores” y “corruptos”. El motivo fue una ampliación de deuda por más de 12 mil millones de pesos con Next Energy del Centro, una empresa que ha causado polémica en entidades como Baja California, el municipio de Monterrey, Nuevo León y en la capital de Aguascalientes por cobrar millones de pesos a los gobiernos sin prestar ningún servicio.

“No a los negocios de Teresa con dinero público”, decía una enorme lona que fue colocada frente a decenas de policías estatales que flanquearon el Legislativo. La nueva deuda fue aprobada por 25 votos a favor de la alianza PRI-PAN-PRD, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano, además de Juan Luis Jasso y Arturo Piña, dos de los cinco integrantes de la bancada de Morena. 

Los otros tres: Leslie Figueroa, Ana Laura Gómez y Juan Carlos Regalado, votaron en contra de la propuesta, mientras que el diputado panista José de Jesús Altamira Acosta se ausentó de la sesión. 

En el dictamen se estipula que a partir de su entrada en vigor, el Estado y el Municipio capital contraerán una deuda con Next Energy del Centro bajo la figura de Asociación Pública-Privada por un monto de 12 mil 870 millones 614 mil 682.49 pesos, divididos en 3,195,713,420.61 millones del municipio y 9,674,901,261.88 millones del Estado. La deuda compromete el 26% de las participaciones federales de la capital y “el porcentaje suficiente y necesario” del cobro estatal del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) hasta 2035. 

La propuesta fue enviada por el alcalde de la capital, el panista Leonardo Montañez Castro –una de las cartas fuertes de la mandataria para la gubernatura en 2027– quien obtuvo la aprobación del Cabildo para renegociar el contrato que tenía con la empresa en una sesión exprés celebrada el pasado viernes 23. Ese contrato fue firmado en 2019, cuando la ahora gobernadora era alcaldesa de la capital, y comprometió más del 40% de las participaciones federales del municipio hasta 2050.

A cambio, Next Energy promete proveer de energía solar a dependencias municipales, estatales y postes de alumbrado público con la instalación de más de 4 mil micro plantas de generación de energía solar. Sus promotores aseguran que esta vez la empresa sí prestará el servicio.

A la cantidad total de deuda, se sumarán 184.4 millones de pesos y 262.7 millones que el municipio y el Estado deberán pagar por mantenimiento de las plantas solares, respectivamente. Y aunque la empresa ha cobrado 584 millones a la capital aguascalentense desde 2020 sin brindarle la energía solar que prometió, el dictamen estipula que el pago a Next Energy no deberá detenerse.

“Autorizar para que el Poder Ejecutivo del Estado realice el pago al fideicomiso con la finalidad de no interrumpir el pago de obligaciones derivadas y la ejecución de las acciones estipuladas como contraprestación en tanto no se formalicen los mecanismos de pago a los que está obligando el Poder Ejecutivo”, dice el documento.

El contrato y sus especificaciones, como la inclusión de los municipios gobernados por la alianza PAN-PRI-PRD, la Fiscalía y el Poder Judicial, así como la distribución de la deuda, aún no ha sido dado a conocer. En la sesión también se aprobó la creación de una Agencia Estatal de Energía.

“Les pido reflexionar su voto en este punto, estamos aquí para representar a la ciudadanía de Aguascalientes, no para representar los intereses de ninguna empresa y de ninguna asociación público-privada, es inconcebible lo que se pretende”, dijo Regalado, de Morena. 

Logra contrarreforma de derechos reproductivos “para fomentar el matrimonio”

Mientras la aprobación de la nueva deuda concluía, las voces de una decena de mujeres que gritaban desde afuera empezaron a escucharse al interior de las instalaciones del Congreso. Los diputados se preparaban para votar reformas el Código Penal que incluyeron la eliminación del lenguaje inclusivo, del concepto de “personas gestantes”, la disminución de 12 a 6 semanas de gestación para poder acceder al aborto seguro y la inclusión de los abortos espontáneos como un delito sancionado con cárcel. 

Todas fueron aprobadas por mayoría. Las últimas, relacionadas con las semanas de gestación y el aumento de las sanciones penales pasó por el voto a favor de 19 legisladores. Otro seis votaron en contra, uno más se abstuvo. Mientras que con 20 votos, cinco en contra y dos ausencias, se aprobó la nueva Ley para la Protección de la Vida y la Prevención del Embarazo No Deseado, promovida por la gobernadora.

En los primeros párrafos de la propuesta, puede leerse un argumento de la mandataria para crear el Sistema Estatal de Protección a la Vida y “fomentar el matrimonio”. 

“Se dice lo anterior ya que una mujer sola es más vulnerable que una mujer casada, es decir una relación sexual furtiva y/o sin compromiso que resulte fecunda y traiga un nuevo ser, es más probable que termine en aborto que una relación estable matrimonial donde el cónyugue pueda proteger a la mujer y a su hijo”, dice el documento.

Las colectivas feministas, que esperaban un número mayor de manifestantes, explicaron que la presencia de policías granaderos y la tensión provocada por la protesta contra el contrato con Next Energy les causaron temor.

Durante la sesión los diputados que defendieron las propuestas, la mayoría panistas, dieron argumentos como que las mujeres que abortan tienen problemas psiquiátricos, o que “frente a los valores de entrega, caridad y amor, los partidarios del aborto transmiten conceptos puramente egoístas”.

“La Suprema Corte invalidó una norma establecida, pero eso no quiere decir que los diputados actuales no tengamos la posibilidad de cambiar esa norma. Si al final de cuentas la Corte va a observar en algún momento una contradicción en nuestra tesis, pues simple y sencillamente se tendrá que recurrir al ejercicio que se ha hecho para este tema. La Corte declaró inconstitucional una iniciativa, pero eso no quiere decir que todas las normas sean inconstitucionales”, argumentó el diputado panista Enrique Galo, ex subsecretario de gobierno en la administración de Jiménez.

“El Congreso de Aguascalientes ha decidido limitar la autonomía reproductiva de mujeres y personas gestantes. Ayer, diversas organizaciones y colectivas salimos a las calles para denunciar esta iniciativa. Los Congresos deben seguir el principio de progresividad y ampliar los derechos humanos, tal como lo establece la Constitución. Este 28 de agosto, al aprobarse esta iniciativa, se atentó en contra de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, pero la historia no termina aquí”, publicó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que acompañaron el proceso legal para la despenalización del aborto en Aguascalientes. 

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el OVSGA anunciaron que solicitarán ante el Gobierno Federal una Alerta de Género para Aguascalientes.

“Es especialmente alarmante que esta reforma introduce un cambio regresivo en el tratamiento del aborto espontáneo al requerir la evaluación de dos personas del servicio de salud para su reconocimiento, lo que añade un obstáculo más para quienes enfrentan esta difícil situación. En respuesta a este grave retroceso, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, en conjunto con el OCNF, solicitará a la Secretaría de Gobernación la activación de una Alerta de Género por Agravio Comparado, para proteger los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en la entidad”, señala su posicionamiento.

Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.