El 9 de agosto, la comunidad de Santa María Ostula presentará el último recurso jurídico para que el Estado mexicano reconozca sus tierras. Sin embargo, los intereses en su territorio son muchos, y también los actores que lo disputan: grupos criminales, políticos y empresarios por igual

Texto y fotos: Heriberto Paredes

MICHOACÁN. -Tras 20 años de juicio agrario, y muchos ataques en contra de Santa María Ostula, la comunidad llega a este momento decisivo en su historia de defensa del territorio organizados y fortalecidos: este 9 de agosto de 2024 presentarán el último recurso jurídico posible para resolver favorablemente el reconocimiento de la propiedad comunal de mil 250 hectáreas en disputa.

Lo harán ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia. Ahí, interpondrán un amparo directo (463/2023), el último recurso para que algún sistema jurídico mexicano, estatal o federal, resuelva en favor de la comunidad.

Todo esto, a pesar de haber sufrido los ataques de dos organizaciones criminales –Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)–, de partidos políticos como el PRI y el PRD, y de haber sufrido embates en los tribunales agrarios gracias a la complicidad de estos con la parte demandante.

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«Una franja de tierra»

El paso que da Ostula llega después de muchas irregularidades a manos de los funcionarios del Tribunal Unitario Agrario 38, con sede en la ciudad de Colima. Y también, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara atraer su caso.

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Ostula reactiva la defensa legal de su territorio

La historia es así:

A pesar de que Ostula cuenta con una resolución presidencial emitida en 1964, la cual tiene un mapa y una medición, un grupo de supuestos pequeños propietarios –originarios de la vecina La Placita– interpusieron una demanda en contra de la comunidad en 2004, a través del juicio agrario 78/2004. Argumentaron que los linderos entre Ostula y su localidad de origen eran distintos a los emitidos por el Ejecutivo a mediados de los años 60. Esta diferencia, en realidad, es una franja amplia de tierras que hoy defiende la comunidad, y por la que ha argumentado la propiedad comunal de la misma. 

Carlos González, abogado de la comunidad, explica:

“Esas mediciones están mal. Están haciendo ubicaciones inexactas, de cerros, de la desembocadura del río Ostula en el océano Pacífico y esto está llevando a la fijación incorrecta de la línea que delimita las pequeñas propiedades de los terrenos comunales de Santa María Ostula”.

Lo que de manera cartográfica puede verse como un espacio o una franja, en la realidad es un espacio rico en tierras fértiles ideales para la agricultura a pequeña escala. También, es un territorio donde conviven especies de aves, de animales marinos y terrestres, y donde se han ubicado también concesiones mineras. Se trata de una franja de tierra –usando el lenguaje agrario–, codiciada por varias personas originarias de la localidad vecina de La Placita, quienes finalmente demandaron a la comunidad adjudicándose la pequeña propiedad privada de estas hectáreas.

El inicio del terror

Desde el comienzo del juicio (78/2004) en 2004, y hasta 2007, Ostula optó por ceñirse a la vía legal y pelear por sus tierras a través del juicio agrario. Aceptó la recomendación de defensa que le dio la representación local de la extinta Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Sin embargo, y tras los primeros retrocesos en este largo camino jurídico, el propio titular de esta defensa reconoció que ni siquiera era abogado y que lo contrataron para que la comunidad perdiera el juicio.

Quien asumió desde entonces la defensa legal de la comunidad es el abogado agrario Carlos González. Él ha acompañado a la comunidad en todos estos años en los que se ha mantenido el objetivo principal: defender el territorio de intereses ajenos a la comunidad. 

Para abril de 2008, y tras largas discusiones internas y ante las irregularidades del juicio, la comunidad decide recuperar las tierras en disputa. Para ello, creó la comisión para la defensa de las tierras comunales dirigida por el profesor Diego Ramírez. Esta comisión se encarga de organizar lo necesario para llevar a cabo la recuperación. El 26 de julio de ese año, la comunidad sufre el primero de muchos asesinatos: Encontraron el cuerpo del profesor Diego en una parte de la playa de los terrenos en disputa. El cuerpo tenía signos de tortura.

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Los desaparecidos de Ostula: ni búsqueda ni justicia

La toma de Xayacalan

11 meses después, el 29 de junio de 2009, la comunidad tomó el control de las tierras, rebautizándolas como San Diego Xayakalan.

Esta es una de las mayores acciones en materia de defensa del territorio de las que se tenga memoria en la región, en la que participaron miles de comuneros y comuneras, asestando un golpe decisivo a los pequeños propietarios.

Desde entonces, Ostula ha sido atacada constantemente. Han sido asesinados 40 comuneros y 5 más han sido desaparecidos. Se ha internado desprestigiar a la Guardia Comunal, una institución de seguridad comunal que ha servido para buscar la paz y la seguridad al interior de la comunidad. También, se han acusado a distintos comuneros de distintos delitos, a pesar de que se ha denunciado por todos los medios posibles la complicidad de los pequeños propietarios con los grupos del crimen organizado.

La existencia de Xayakalan –un lugar de naturaleza exuberante en donde hay escuela e iglesia y en donde se conserva la vida–, es el símbolo más claro de que ante la codicia de los proyectos de muerte se interpuso el amor a la tierra.

Reconocimiento, visibilidad y nuevas codicias

Con motivo de este momento decisivo para Ostula, diversos académicos, periodistas, escritores y líderes de opinión han comenzado a pronunciarse públicamente a favor del reconocimiento que el sistema jurídico mexicano debe darle a la comunidad y sus tierras comunales.

Luis Hernández Navarro, Gloria Muñoz Ramírez, Daliri Oropeza, Juan Villoro, Diego Enrique Osorno han hecho eco de esta situación tan crucial que se vive, al igual que medios estatales, regionales y nacionales. A la campaña, también se suman organizaciones de derechos humanos como la Red TDT, la Red Solidaria por los Derechos Humanos y SERAPAZ, quienes instan al poder judicial de Michoacán y de la Federación a que resuelva a favor de la comunidad.

Junto a estas voces se comenzó también, desde diversas expresiones de la sociedad civil, con una campaña que tiene como nombre #XayakalanEsDeOstula.

Uno de los objetivos primordiales de esta campaña es visibilizar las irregularidades por las que ha atravesado este largo juicio de 20 años. Una de ellas, según relata el abogado de la comunidad, es el desconocimiento de Ostula como una comunidad indígena:

“No se le considera a Santa María Ostula, dentro del juicio, como una comunidad indígena. No se le toma en cuenta desde ese ámbito del derecho indígena, con un conjunto de derechos reconocidos en la Constitución y en los convenios y tratados internacionales. Se le toma, simplemente, como una entidad de derecho agrario, y no se hace el estudio de su título primordial. Tampoco se toman en cuenta un sin fin de pruebas significativas para entender la naturaleza del conflicto y los derechos que tiene la comunidad”.

Gobierno estatal también desconoce autonomía de Ostula

Al desconocimiento de la autonomía y libre determinación de la comunidad, se suman las declaraciones de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, quien afirma que la Guardia Comunal de la Ostula son un grupo de delincuentes o civiles armados. Desde agosto del año pasado, el gobernador ha insistido en esta caracterización, y también, en que la única posibilidad de reconocimiento es que la comunidad se adhiera al modelo estatal de gobierno indígena, el mal llamado modelo de autogobierno o cuarto nivel de gobierno. 

Sin embargo, el pasado 5 de agosto, el gobernador presentó una propuesta de ampliación a cuatro carriles de la carretera federal 200, precisamente en el tramo que va del puerto de Lázaro Cárdenas y el puerto de Manzanillo, en cuyo punto medio está asentado el territorio de Ostula. Dicha ampliación se justificará, según Bedolla, “en la promoción que haré al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum para que convierta al puerto de Lázaro Cárdenas como Polo de Desarrollo del Bienestar, porque crea las condiciones ideales para la inversión, la instalación de industrias y la potencialización de las capacidades productivas de la región”. 

Está claro que frente a un modelo de conservación del territorio, de su naturaleza, sus recursos, y de la vida comunal, se encuentra un modelo que ve a estas tierras como el siguiente punto de partida para una nueva ola de industrialización y explotación de los recursos naturales. Tal y como lo han solicitado las personas que han expresado su solidaridad con la comunidad de Ostula, el Poder Judicial tiene hoy entre sus manos la posibilidad de optar por la vida que ha defendido esta comunidad desde hace cientos de años y que permite que hoy podamos conocer un poco del paraíso.