Con pruebas insuficientes, el gobierno de San Luis Potosí levantó la Alerta de Género en Matehuala, Tamuín y Tamazunchale, municipios en los que especialistas han identificado que, desde 2019, hay una alta incidencia de feminicidios por los altos niveles de violencia hacia la pareja y en la comunidad

Texto: Marcela Del Muro 

Fotos: Fabiola Rodríguez 

SAN LUIS POTOSÍ. – La señora Ruth Rivera está sorprendida por el levantamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Tamuín, San Luis Potosí. Ella dice que en el municipio huasteco “la violencia contra la mujer no ha acabado”. Además, ninguna de las medidas de la alerta que se debieron haber implementado a raíz del feminicidio de su hija Eliehoenai, víctima de un asesino en serie en el año 2014, se han cumplido.

No se instalaron luminarias ni se ven policías por  la calle donde sucedieron la mayoría de los raptos del feminicida, que es la segunda medida de seguridad. Tampoco se trabajó con las familias para la reparación simbólica del daño; el actual Ayuntamiento les presentó un proyecto de memorial que no representaba a las víctimas y, al final, tampoco se instaló, esta es la sexta medida de justicia y reparación. Pero, lo más preocupante para las familias de Eliehoenai, Dulce Ximena, Itzel Romani, Rosa María y Adriana, es que no se ha dictado sentencia contra Filiberto, a pesar de que han pasado 10 años, ha sido un caso muy mediático, hay pruebas contundentes y una confesión, esta última encaja en la segunda medida de justicia y reparación. 

La Alerta de Violencia de Género es un mecanismo que consiste en implementar acciones gubernamentales en determinado territorio, con el fin de enfrentar y erradicar, principalmente, la violencia feminicida. En San Luis Potosí fue declarada el 21 de junio de 2017 en seis municipios: San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, en la zona Centro; Matehuala, en el Altiplano; Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, en la Huasteca potosina. Esto obliga a distintas instituciones municipales y estatales a implementar 19 medidas que se dividen en prevención, seguridad y justicia y reparación. 

Análisis contradictorio

El pasado 7 de agosto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó del levantamiento de la AVGM en Tamuín, Tamazunchale y Matehuala. Esta noticia fue anunciada como un logro del actual Gobierno estatal, sin embargo, activistas, defensoras de derechos humanos, académicas, colectivas y organizaciones en el estado, a través de un comunicado de prensa, rechazaron que esta resolución sea un avance, señalando que solo se utilizó con “uso propagandístico y político”. 

La decisión de levantar la alerta no se dio por el cumplimiento del 100 por ciento de las medidas en estos tres municipios, como lo dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona; la Conavim se basó en un análisis estadístico con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dice: “En Matehuala y Tamazunchale, hay una tendencia a la baja en feminicidios a partir de julio de 2021, y en tres años no cuentan con ningún caso de feminicidio. En Tamuín, en el periodo de julio 2017 a junio de 2024 se ha registrado solo una carpeta de investigación por doble feminicidio, sobre el cual, de acuerdo con información de las autoridades estatales y municipales, hubo acción inmediata y se cuenta con sentencia condenatoria para el agresor”. 

Lo que resalta del analisis es que, de julio de 2017 a junio de 2024, en el estado ha aumentado la violencia familiar un 33 por ciento y los casos por abuso sexual un 78 por ciento. Este informe tan relevante no ha sido publicado en los documentos que transparenta la Conavim sobre la alerta en San Luis Potosí.  

“Se tiene que hacer un argumento metodológico para explicar estos datos y que puedan tener credibilidad. Desde la sociedad civil de todo el país se ha señalado que hay un subregistro de casos de feminicidio porque constantemente cambian las metodologías del Secretariado”, señala la Dra. Oresta López Pérez, integrante de la mesa ciudadana de seguimiento a la AVGM, académica del Colegio de San Luis (Colsan) y coordinadora del Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado, que es la primer medida de prevención de la AVGM, que actualmente se marca como una acción cumplida.

La Dra. López Pérez señala que el diagnóstico, que fue presentado en 2019, indica que en estos tres territorios existía mayor incidencia de feminicidios porque estaba disparada, en primer lugar la violencia de pareja, seguida por la comunitaria. Ella es enfática en la necesidad de comprender las dinámicas de la violencia de género en los territorios y realizar un estudio serio, con indicadores que demuestren la disminución de las violencias que experimentan las mujeres en Matehuala, Tamuín y Tamazunchale. 

“La alerta es un mecanismo que ha visibilizado la violencia feminicida y es un mecanismo de exigibilidad ante una indolencia historica y una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres. Por supuesto que no nos gusta que haya una alerta, pero tampoco se trata de levantar las medidas en un acto donde fingen que el problema que atienden está resuelto”, comenta la antropóloga Sofía Córdova, integrante de la mesa ciudadana de seguimiento de la AVGM y acompañante de familias de víctimas de feminicidio de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas. 

Las medidas se han convertido únicamente en requisitos

El documento de la actualización de medidas de la Conavim explica que los levantamientos de la AVGM fueron aprobados por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que es un órgano consultivo que analiza y recomienda mejoras en las acciones de la alerta y propone los cambios en las medidas. Para este artículo se entrevistaron a dos ex integrantes del GIM, que por cuestiones de seguridad pidieron el anonimato. La ex integrante “A” relata que a finales de julio de 2024 se les presentó un escueto documento con los datos estadísticos, pero la decisión de levantamiento de la alerta no fue propuesta por el GIM, sino por la CONAVIM.

“A” señala que este grupo en San Luis Potosí “está conformado por el mismo gobierno” y explica que no existe libertad para oponerse a las propuestas o decisiones del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), institución encargada del cumplimiento de la alerta. El grupo está conformado por  la titular del IMES, Gloria Serrato, y representantes de la Conavim, de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, del Instituto Nacional de las Mujeres, una experta, una académica y una representante de sociedad civil, espacio que está libre actualmente.

Es decir, regularmente las posturas críticas, las propuestas de cambios o los desacuerdo en los cumplimientos de las medidas vienen de las mismas dos o tres mujeres, que no cuentan con el apoyo para oponerse a lo institucional. 

Que exista tan poco espacio de diálogo, vigilancia y crítica en el GIM, se debe también a una decisión política. En 2015, un grupo de mujeres feministas y activistas, de sociedad civil y academia, se unieron ante la preocupación por el aumento de feminicidios en el estado. Ellas comenzaron a presionar al gobierno para que reconociera y comenzara a trabajar en disminuir las muertes de mujeres. Mediáticamente, San Luis Potosí era señalado nacionalmente como un territorio feminicida y omiso, por casos como el de las cinco mujeres asesinadas en Tamuín y el encubrimiento del feminicida de Karla Pontigo. La presión forzó al gobierno a adelantarse, a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicitó la alerta en noviembre de 2015. Cuando se declara, en 2017, la vigilancia y seguimiento de la AVGM queda en manos del mismo Estado y, por esa razón, la mesa de seguimiento no forma parte del GIM. 

Que el GIM sea controlado por el gobierno se ve reflejado, por ejemplo, en los indicadores de cumplimiento de las medidas, que fueron creados por el mismo IMES, apenas en el 2023, señala la integrante. “Del 2018 a la fecha hay poco avance. Son dos momentos diferentes, con [el ex gobernador Juan Manuel] Carreras no existía un interés real por hacer algo. Ahora, solo están preocupados por los indicadores, cumpliendo el mínimo indispensable, pero sin trabajar en el problema real”, relata la ex integrante “B”. 

Ambas mujeres coinciden en que las reuniones del grupo para revisión de las medidas se convirtieron en un espacio de tensión y confrontación desde la entrada de la actual titular del IMES, en agosto de 2023. “Era una presión para que se levantaran las medidas, para que hubiera éxito. Ella insistía ‘esto sí lo hicimos, esto otro sí lo hicimos’. Cuando no estabas de acuerdo, yo sentía que comenzaban las críticas y eran muy personales, invalidaba nuestras opiniones”. 

En el mismo documento donde se levantaron las alertas de los municipios, la Conavim también modificó y levantó las tres medidas que hasta ahora se han cumplido en el estado: el diagnóstico realizado por el Colsan; el mensaje de cero tolerancia a la violencia contra la mujer, que fue emitido por el gobernador el 23 de junio de 2023; y la actualización del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

“No se trata de decir que ya se hizo el trabajo, esta es una tarea permanente. Urge hacer otro diagnóstico porque las dinámicas de la violencia han cambiado, en la pandemia aumentó la violencia familiar y sexual, y también se disparó la violencia cibernética. No se está entendiendo y, por lo tanto, no se están atendiendo”, comenta la Dra. Oresta López. 

Para Sofía Córdova, el problema es que las medidas se convirtieron en simples requisitos, una lista de acciones de gobierno que van tachando cuando, supuestamente, se cumplen. Por ejemplo, “una declaración de cero tolerancia, que no coincide con la realidad institucional respecto a la seriedad con que se toma la violencia feminicida, son palabras vacías”, comenta la antropóloga.  

La violencia de género en Matehuala, Tamuín y Tamazunchale  

Oresta López explica que en el diagnóstico, Matehuala y Tamuín encabezan los municipios con mayor índice de violencia contra la mujer vivida al menos una vez. 

“Matehuala, por ejemplo, tenía un primer lugar estatal en violencia familiar, con un 60 por ciento y el 68 por ciento de las mujeres que contestaron nuestra encuesta dijeron que sufrían violencia comunitaria, que es altísimo. Por eso, nos resulta increíble que digan que ahí se levanta la alerta, cuando la pandemia elevó, a nivel nacional, la violencia familiar”, explica la doctora. 

La señora Mayela vive en Matehuala y desconocía la existencia de la alerta en su municipio. Comenta que, quizá, no se había enterado porque en los últimos años ha dejado de salir de casa por la inseguridad. “Ya la gente no sale. Antes podías ir a la plaza en la noche o caminar por el centro, pero ahora ya no, por la delincuencia, por los asaltos y porque hay grupos de malos. También hay muy poca confianza en los policías, mejor te debes de cuidar del policía”.

El 31 de mayo de 2024, Nicole Corpus, de 18 años, viajó de San Luis Potosí a Matehuala para llevarle un papel a su mamá, Rosa Isela Corpus, de 36 años, que había sido detenida por la policía municipal. Ese día, Nicole y la pareja de Rosy la buscaron por todas las oficinas de gobierno, pero no lograron dar con ella. Lo último que se supo de Nicole fue que unas camionetas blancas la seguían cuando circulaba por la carretera 57, que atraviesa el municipio. Dos días después encontraron el cuerpo de la pareja de Rosy, pero hasta ahora Nicole y su mamá siguen desaparecidas. 

Un mensaje anónimo contó a la familia de Nicole que ambas mujeres fueron detenidas por la policía y entregadas a un grupo delincuencial, pero hasta ahora no se sabe si está información es verdadera.

La ex integrante “A” explicó a sus compañeras del grupo que la violencia comunitaria afecta las condiciones de vida de las mujeres e incrementa la posibilidad de que puedan sufrir algún tipo de violencia en el espacio público, incluida la violencia feminicida. Ella habló en particular del municipio de Tamuín, donde, desde hace tres años, son habituales las balaceras, asaltos y desapariciones. “Me dijeron que la violencia comunitaria no estaba relacionada con la violencia feminicida y que la alerta de género no se había decretado por desaparición, sino por feminicidio”, recuerda.  

“En este tipo de violencia encontramos todas las prácticas machistas de la comunidad y, también, de los criminales. Es importante entender que los contextos comunitarios violentos retraen el desarrollo de las mujeres porque hay miedo de salir, hay miedo de buscar trabajo, hay miedo de divertirse e, incluso, de expresarse en el espacio público”, explica la Dra. Oresta y agrega que la violencia comunitaria sí está ligada a la violencia feminicida. 

La señora Ruth Rivera cuenta que entre sus vecinas hablan del temor que les causa escuchar el sonido de las motocicletas después de las 7 de la noche, porque es un ruido que en Tamuín asocian a las balaceras y, dice, que desde hace unos dos o tres años salen de casa solo para lo indispensable. 

“Probablemente sea el trauma de lo que le pasó a mi hija, pero yo pienso que esto no ha terminado, puede volver a pasar, puede surgir un imitador o pueden volver a salir personas que ya hicieron daño antes”, dice la madre de Eliehoenai y cuenta que en el 2014, cuando desapareció su hija, las autoridades vincularon el delito al crimen organizado, pero la familia sabía que había sido Filiberto, que era el maestro de zumba de ella y de su hija. Ruth fue la que investigó y consiguió un video donde se ve la camioneta de Filiberto y cómo se la llevan, pero no iba solo, en la camioneta iban otros dos hombres que no fueron investigados. Eliehoenai, de 32 años, fue la única víctima mayor de edad, las otras cuatro víctimas de violación y feminicidio eran niñas de entre 9 y 13 años.  

“Ahora tenemos miedo en la familia porque hay una sobrina que está siendo acosada por alguien que no sabemos.  Ella ya puso denuncia, ya pasó las grabaciones y los mensajes que le mandan el individuo, pero no se sabe nada y tampoco sabemos si se está investigando”, menciona la señora Ruth. 

La señora María Rosa recibe mi llamada junto a su nieta Nallely, en el patio de su casa en Tamazunchale, dice que su nieta sí sabía que había una alerta de violencia de género en el municipio, pero ambas creen que no se ha hecho mucho. Nallely cuenta que, hace como un año, una conocida denunció al chofer de una combi de transporte público por masturbarse y acosarla; al principio solo lo cambiaron de ruta hasta que más mujeres se quejaron y fue denunciado en medios. “No es la primera vez y lo más feo es que sigue pasando”, dice Nallely. 

“Otro problema es que los hombres toman mucho. Ahora ya hay más problemas porque se meten otras cosas, los jovencitos se ponen muy mal, violentos, y eso hace que nosotras batallemos más con eso de la violencia. Pero yo no sé si en la presidencia se está trabajando, acá no se ve nada, no creo que se sepa a dónde ir si te pasa”, comenta la señora María Rosa.   

Las medidas de la AVGM, supuestamente, se enfocan en combatir las violencias que narran las mujeres de Matehuala, Tamuín y Tamazunchale: desde recuperación de espacios comunitarios para que bajen los niveles de delincuencia, capacitación de policías en materia de género y derechos humanos, capacitación a operadores de transporte público, programas de atención a hombres generadores de violencia, hasta la difusión continua de la línea telefónica de apoyo a mujeres víctimas de violencia.     

“Me preocupa un poco el tema de los municipios porque no están aprovechando la alerta para construir capacidades. En vez de eso, los ponen a cumplir medidas y a hacer acciones más operativas de atención. Así difícilmente se va a poder llegar a una verdadera prevención, a una verdadera construcción de espacios seguros. Solamente se está actuando bajo la urgencia de tratar de cumplir para bajar las alertas”, comenta “B”.  

Las exigencias de las mujeres potosinas

El levantamiento de las alertas, articuló a 96 organizaciones, colectivas, activistas, defensoras de derechos humanos, académicas y mujeres en San Luis Potosí, que se posicionaron contra la decisión y señalaron que el levantamiento no representa un avance en la lucha contra las causas estructurales de la violencia de género en el estado ni en la atención efectiva a la violencia feminicida. 

El posicionamiento señala como principales omisiones la impunidad y las violencias institucionales que viven  las familias de víctimas de feminicidio; la obstaculización de la participación de la sociedad civil, la academia y las mujeres activistas en los asuntos públicos; la ausencia de transparencia en documento importantes, como el análisis estadístico de la Conavim, y en los presupuestos públicos enfocados a la violencia de género; y la instrumentalización del IMES como propaganda del Estado, en lugar de enfocarse en la construcción de políticas públicas que abonen a la erradicación de las violencias contra la mujer. 

“En lugar de una reducción significativa de la violencia feminicida, hemos observado una normalización preocupante y una falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades. El levantamiento de la AVGM en estos municipios es un retroceso para el desarrollo de programas y políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, disminuyendo la visibilidad y urgencia de una problemática que aún necesita de atención prioritaria en estos territorios. Además, es un acto de indiferencia e indolencia hacia las víctimas indirectas de feminicidio”, señala el posicionamiento. 

Las 96 mujeres, colectivas y organizaciones exigen que se retracte la decisión de levantar la AVGM en Matehuala, Tamuín y Tamazunchale, hasta que se cumplan con todas las medidas y se realice una evaluación seria; también  la destitución de la titular del IMES, Gloria Serrato, y que se haga pública la convocatoria para la plaza disponible en el GIM.  

“Las respuestas no nos toca darlas a nosotras ni a las instituciones. Las respuestas las tienen esas mujeres que sufren las violencias en los municipios y, por eso, se tiene que volver a preguntar, volver a hacer el estudio con las metodologías científicas para tener una muestra confiable y saber cómo se han movido las violencias.  Las alertas no son vistas como la alternativa, más bien, hay que pelear para que se cumplan. En el camino lo que hemos visto es que su cumplimiento solo se ha burocratizado y no tiene que ser así”, finaliza la Dra. López