Tras cuatro años, la Fiscalía Especial por fin atrajo el homicidio Samir Flores, quien encarnó la oposición contra uno de los megaproyectos que más afectan a las y los campesinos de Morelos y Puebla, y puede ser fuente de riesgo para la población.

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Hace unos días, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión atrajo la investigación del homicidio de Samir Flores. A Samir lo mataron en febrero de 2019. Tuvieron que pasar más de cuatro años para que las autoridades admitieran que el asesinato estuvo ligado a su trabajo como periodista y defensor de derechos ambientales. 

Los conteos colocan a Samir como el primer defensor ambiental  asesinado en la administración de López Obrador; y es considerado el tercer comunicador –o periodista– asesinado en el mismo sexenio. Samir, además de activista y periodista, era campesino. A Samir lo mataron a la salida de su hogar en febrero de 2019; al día siguiente habría una consulta importante respecto al  megaproyecto contra el que se oponía: el Proyecto  Integral Morelos (PIM). 

Él, junto a muchas otras personas y organizaciones, protestó contra el PIM, un monstruo de tres cabezas que contemplaba la creación de un gasoducto de 160 kilómetros de longitud, enterrado a dos metros del suelo. Este atravesaría  territorios cercanos al volcán Popocatépetl en Puebla y Tlaxcala; así como una termoeléctrica que usaría el agua en las regiones de Anenecuilco y Huexca, Morelos y un acueducto que devolvería esa misma agua, contaminada y muy caliente a los campesinos.  

El PIM es uno de esos megaproyectos en los que el capital público invierte y allana condiciones para el capital privado. Los principales beneficiarios son empresas de capital trasnacional y algunas empresas mexicanas acomodadas. La gente del lugar, en cambio, cargaría con la contaminación, los riesgos, la contaminación del agua. Siempre la contaminación del agua. Cargaría en suma con “las molestias”. A cambio, les dijeron que tendrían algunos trabajos.   

Las y los campesinos se oponían, primero, porque el gasoducto atravesaba sus tierras, este corría –corre ya– cerca de Don Goyo. Los ingenieros aseguraban que no había problema en que estuviera tan cerca de un volcán activo y enterrado apenas a dos metros de profundidad en tierras de labriego; pero la experiencia de los pobladores es otra. También la memoria de que los platos rotos de proyectos que generan mucha riqueza a trasnacionales, pero poca o ninguna a los pobladores, se pagan ahí: en el campo, los muertos, niños y grandes, los ponen los pobres.  

Luego la termo, que calentaría y contaminaría el agua con la que campesinos de Anenecuilco riegan sus cultivos. En 2018 Pie de Página hizo una investigación profunda del proyecto. Pudimos constatar que el agua ya entonces regresaba contaminada, a los mismos ríos donde la gente saca el agua para regar sus cultivos, los mismos que alimentan a sus familias y también a las personas en las ciudades. 

También constatamos que la termo (así la llaman ahí) generaba ruido. Y además llegaban personas ajenas a la comunidad en Huexca, rasgado así el tejido social. Es justo el daño al tejido el germen de donde surge luego el crimen organizado, los sitios sin ley. Constatamos también las irregularidades y francas violaciones a leyes cometidas. Basta mencionar los activistas encarcelados o acosados judicialmente; el empeño en que el proyecto se efectuara y proveyera de energía eléctrica a los corredores industriales de Morelos. 

Y vimos también cómo surgió un proceso de organización y resistencia coordinada en diferentes partes y comunidades: las mujeres valientes de Huexca, la Asamblea de Pueblos de Morelos, y ahí Samir Flores, con su radio comunitaria. Él era una figura visible de esta organización que lleva ya más de una década de existencia. 

Poco antes de una consulta para detener el proyecto, a Samir lo mataron. Por supuesto eso implicó que aquella consulta fuera un fracaso.  

Esto fue en febrero de 2019. Y sólo apenas hace unos días, la Fiscalía Especial atrajo el caso de Samir. Así que hablamos con uno de los abogados que ha apoyado todo el proceso desde años atrás.

2023

Él es Juan Carlos Flores, él también ha sufrido acoso, hostigamiento e incluso denuncias; todo por llevar la parte legal contra el PIM. En entrevista advierte que dicho proyecto  “se pudo detener por varios años hasta que llegó este señor”. Actualmente el PIM está terminado, en pruebas. Y aunque los pueblos se siguen oponiendo, metiendo amparos contra las francas chicanadas legales, las autoridades “no respetan las suspensiones”.

La defensa de los pueblos hace unas seis diligencias al mes. Meten y meten amparos. “Yo creo que el año que viene se resuelven los amparos. Gane quien gane que, seguro no vamos a ser nosotros, se va a ir a impugnación. Hay un juez que conoce el proceso que tiene consigna”, advierte Flores. 

El abogado acusa que fue en el sexenio de AMLO que se consumó el proyecto. Y fue en su administración además, que las autoridades desalojaron  el plantón contra el acueducto. AMLO “impulsó la consulta sobre el PIM y de ahí el desalojo. Dijo que todos los amparos estaban resueltos y eso no era cierto. Y el crimen organizado ha avanzado mucho en la zona a partir de esto. Digo, ya se estaba viniendo (el crimen organizado)”, pero se consolidó. 

Ahora, el capital privado –en particular una empresa Gas Natural del Noreste– propone ampliar el gasoducto. “Hicieron un gasoducto mas pequeño, de uso industrial para el parque industrial de Cuautla, de Yecapixtla y a Cuernavaca.  El de Cuautla, [proveería energía] para empresas como Nissan, y Saint-Gobain”. 

En este contexto, la fiscalía de Morelos «investigaba» el asesinato de Samir Flores. 

Volviendo a Samir

“Durante todo este tiempo la Fiscalía Especial no había atraído el caso” explica Juan Carlos Flores. Y mientras la Fiscalía de Morelos acusó a un hombre de ser el autor material. De acuerdo con el abogado, la fiscalía no presentó ningún móvil sobre el homicidio. 

El acusado fue detenido desde septiembre de 2021; la fiscalía morelense aseguró que ya tenía indicios contra él desde 2019. 

El acusado “ya estaba detenido por secuestro;  y su hermano es de los líderes del PT en Morelos. Entonces es gente vinculada al crimen organizado y la política. Pero resulta que cuando el fiscal anunció su detención fue porque AMLO venía a Morelos”. Y en esas misma fechas se dio la entrega–recepción de la termoeléctrica. 

Sin embargo, durante las audiencias, la defensa del acusado presentó pruebas de que en febrero de 2019, cuando Samir fue asesinado, el actual acusado estaba de hecho detenido en el estado de Guerrero. Incluso presentó la boleta de detención.  

“El abogado del detenido acusó en las audiencias que su defendido es un chivo expiatorio”, señala Flores. Y agrega: se sabe que el exfiscal de Morelos (quien recientemente fue detenido y posteriormente liberado por probable fabricación de pruebas en el feminicidio de Ariadna Fernanda) tenía como práctica torturar detenidos para que aceptaran delitos.  

Al final, advierte Flores,  es obvio que a Samir lo mataron por el Proyecto Integral Morelos. Pero qué hay alrededor, qué actores intelectuales, qué intereses, advierte, es necesario hacer mapas de intereses, de actores; y no sólo quedarse en la superficie,  para que realmente se ejerza la justicia. Para que realmente se abata la impunidad.