Hacemos un llamado al Consejo de la Comisión de Salario Mínimos para que el aumento destinado a la población jornalera sea mayor a lo que están considerando para el salario mínimo general, ya que la deuda histórica que se tiene con esta población debe ser cubierta en este sexenio
Por Arelhí Galicia*
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) nuevamente discutirá el aumento salarial que aprobará para el próximo año. El 24 de noviembre inició la comisión permanente de este Consejo y el 30 de noviembre es la fecha límite para que los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil puedan presentar sus propuestas ante el Consejo.
A manera de recordatorio, esta institución está integrada de manera tripartita por representantes de trabajadores y trabajadoras, representantes de empresas y representantes de la administración pública. En el Consejo que inició la semana pasada, la Secretaría técnica de la Conasami presentó un análisis técnico sobre el incremento al salario mínimo en el que toma en cuenta la inflación, el impacto que puede tener el incremento en la economía nacional y cuida las especulaciones y otros aspectos económicos del país como factores a considerar para la toma de decisión del aumento para el 2023.
Para este 2022, el aumento al salario mínimo fue del 22 por ciento. Durante este año la inflación que estamos experimentando debe considerarse de sobremanera para el incremento al salario mínimo. Uno de los argumentos para que el aumento al salario no sea mayor es que tendría un impacto desmedido en los costos laborales y en la inflación, lo que afectaría de manera negativa a las empresas.
La Secretaría Técnica de la Conasami ha elaborado un estudio en el que demuestra que el aumento en el salario mínimo no tiene un efecto inflacionario que afecte a las empresas, incluso tomando en cuenta todas las prestaciones que se pagan a trabajadores y el aumento al salario en este año, se tuvo un impacto del 1.02 por ciento para las empresas. Este número es mínimo y permite que el incremento a los salarios se siga dando de manera gradual y a mayor porcentaje, para que aquellos trabajadores que reciben entre uno y dos salarios mínimos -muchos de los cuales son jornaleros y jornaleras- tengan accesos a una mejor retribución.
La propuesta del sector empresarial ha sido que el aumento sea del 15 por ciento, mientras que el presidente López Obrador propuso que el aumento sea del 20 por ciento. Para que el salario de las personas trabajadoras jornaleras alcance un aumento que dignifique su trabajo y sus ingresos, el aumento tendría que ser mayor al que hubo este año, o sea, por encima del 22 por ciento.
Para la población jornalera, que no cuenta con ninguna de las prestaciones que tienen otros sectores de trabajadores, es importante que el aumento a su salario sea mayor, ya que, al no tener posibilidades de acceder a seguridad social, atención médica por parte del estado, o ahorro para el retiro, es necesario que su salario cubra estas necesidades, que hoy, ni las empresas ni el estado proporcionan.
Desde Fundar, y como integrantes de la Alianza Campo Justo, hacemos un llamado al Consejo de la Comisión de Salario Mínimos para que el aumento destinado a la población jornalera sea mayor a lo que están considerando para el salario mínimo general, ya que la deuda histórica que se tiene con esta población debe ser cubierta en este sexenio, que tiene en su discurso “primero los pobres” y esta población requiere más aumento para alcanzar un nivel de vida digno, con un salario acorde a la labor que realizan.
* Arelhí Galicia es parte del grupo de investigación sobre los derechos de las personas jornaleras agrícolas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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