La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría emitir una sentencia sobre la protección a periodistas en manifestaciones, pues investiga el caso del fotoperiodista Julio García Romero, quien murió asfixiado, en 2005, por exceso de gases lacrimógenos que fueron lanzados por agentes policiales en Ecuador. Mientras esa sentencia llega, Rosario Parra, su pareja, se ha dedicado a resguardar el archivo de García y a buscar justicia para su familia durante casi veinte años

Texto: Angel Mazariegos Rivas

Fotos: Rosario Parra

ECUADOR. – La tarde del 19 de abril de 2005, Rosario Parra marchó junto a sus dos hijas y su pareja al centro de Quito, Ecuador, para exigir la salida del expresidente Lucio Gutiérrez por señalamientos de corrupción. El compañero de Rosario, Julio García Romero, asistió también a la protesta como fotoperiodista, para documentar la movilización. Esa noche, Parra iniciaría un largo proceso en la búsqueda por reparación y justicia, pues García moriría asfixiado por el exceso de gases lacrimógenos que lanzó la policía. Dos años después, la Corte Suprema de Justicia, en Ecuador, cerraría el caso y en 2023 la investigación llegaría a una corte internacional. Ahora, Rosario puede idear que quizá sí habrá una sentencia en favor de su familia.

Casi dos décadas después de que García Romero muriera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala al Estado de Ecuador como responsable de violar la integridad personal, las garantías y protección judiciales, el derecho a la vida, el de reunión y el de libertad de expresión del fotoperiodista. Con el caso investigado y presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), defensores de la libertad de expresión esperan que en los próximos meses haya una nueva sentencia que favorezca la protección de periodistas.

García Romero fue un chileno que emigró a Ecuador en 1975 como medida de exilio, tras el golpe de Estado al presidente Salvador Allende. Para entonces, él era un dirigente sindical de la empresa automotriz Citröen y miembro del Partido Socialista, una agrupación política que fue declarada ilegal por la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Durante sus primeros años en Quito, formó parte de la Facultad de Artes de la Universidad Central, se interesó por la fotografía como oficio y se vinculó al Centro de Desarrollo, Difusión e Investigación Social (CEDIS), dedicado a promover derechos humanos y activismo social, a través de la revista semanal Punto de Vista, para la cual trabajaba. “El fotoperiodismo de Julio era su posición política ante las luchas de este país”, comenta Rosario Parra desde Ecuador, quien respira hondo, muy hondo, cuando describe cómo era el trabajo de su compañero al documentar las vivencias de comunidades campesinas, las agrupaciones civiles y las protestas nacionales. Por eso, García Romero fue y fotografió la movilización del 19 de abril.

Sin responsables en Ecuador

Julio García, Rosario Parra y sus hijas, Sami Elena y Sisa Isadora, fueron parte de la llamada “rebelión de los forajidos” en Ecuador, como se le conoce a la jornada de manifestaciones que concluyó con la remoción de Gutiérrez, de la Presidencia, el 20 de abril de 2005. Debido a que él aún era presidente el día en que falleció García, la Fiscalía General le incluyó entre los supuestos responsables de la desprotección de las y los manifestantes, ante riesgos y ataques contra la vida.

La denuncia penal la presentó Rosario después de algunas semanas, sin embargo, ya existía una investigación de oficio por los sucedido en la movilización. Además del para entonces expresidente Gutiérrez, también se señaló a Oscar Yerbe, ministro de Gobierno, y a Jorge Poveda, comandante general de la Policía.

Según la resolución que la CIDH entregó a finales del año 2023, como parte del “Caso Julio García Romero y familia, contra Ecuador” a la Corte IDH, la investigación fue

archivada en 2007 por el sistema judicial nacional, bajo el criterio de que la muerte de García Romero no había configurado un homicidio intencional.

“No debía exponerse a la presencia de gases lacrimógenos”, declaró el expresidente Lucio Gutiérrez en una entrevista que dio al equipo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) en 2018, argumentando que la muerte del fotoperiodista no fue responsabilidad del Estado. “Un infarto le puede dar a cualquier persona, en cualquier momento”, agregó. Sin embargo, la CIDH detalla que la causa de muerte fue producida por un “edema pulmonar agudo”, referente a una emergencia médica por acumulación de líquido en los pulmones, por probable obstrucción en la respiración. Una posible consecuencia de lo que denominan un “exceso” de gases lacrimógenos lanzados a la población, entre los que se encontraba García Romero tomando fotografías.

Tras la desestimación del caso en Ecuador, Parra decidió elevar su petición ante la CIDH, con el objetivo de que la Corte IDH determine finalmente si el Estado es responsable. Durante este proceso, ha contado con el apoyo de INREDH y la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE).

Para Viviana Santander Galarza, coordinadora del área jurídica de INREDH, que no existan protocolos que regulen el uso de gases lacrimógenos en manifestaciones es una problemática grave. Comenta que en esa manifestación del 19 de abril hubo niñez presente, personas adultas mayores, familias. Incluso, la CIDH detalla que García Romero intentó prevenir a agentes policiales de la presencia de niñas y niños cuando le reprimieron. Santander señala este caso como un ejemplo de que deben adecuarse las normativas relacionadas al “uso de fuerza para atender manifestaciones sociales, en particular el uso de armas no letales y de gases lacrimógenos”, que es una de las peticiones presentadas ante la Corte IDH. Sobre esto, la CIDH enfatiza en que la operación policial en donde falleció García Romero no cumplió con regulaciones, organización ni control por parte del Estado, para proteger a las personas en el lugar.

“Nosotros hablamos de una doble dimensión de sus derechos: el de la libertad de expresión y el de manifestarse, que fueron vulnerados cuando la policía arremetió contra el grupo con exceso de gases lacrimógenos”, describe Santander.

En el resto de peticiones que hace tanto Rosario Parra, como las organizaciones civiles y la CIDH, se encuentran: reparar de forma integral a la familia de Julio; investigar los hechos para esclarecer las circunstancias de la muerte del periodista, para determinar responsabilidades; realizar un acto de disculpas público en el que se haga hincapié en la protección de los derechos de la niñez que buscó la víctima; adecuar las normativas del Estado para garantizar el derecho de protesta; implementar mecanismos para que los agentes del Estado puedan rendir cuentas sobre acciones en contexto de protesta social; y disponer medidas de capacitación para los cuerpos de seguridad en temáticas de libertad de pensamiento y de expresión, y la labor que cumplen periodistas y comunicadores en coberturas de protestas sociales.

“Las decisiones de la Corte IDH son una decisión obligatoria, no solo para el Estado involucrado en el caso, sino para todos los adheridos al Sistema Interamericano. Ojalá una de las medidas sea la creación de reglamentos policiales de actuación en espacios de manifestaciones y protocolos de relacionamiento con periodistas”, afirma Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección de la organización Artículo-19, defensora de la libertad de expresión y pensamiento.

La violencia contra periodistas en Latinoamérica es alta. Según cifras publicadas por la “Red Voces del Sur”, un conjunto de organizaciones que promueven y defienden la libertad de prensa, de expresión y el acceso a información y protección de periodistas, en 2023 se cometieron un promedio de 10 violaciones diarias contra la libertad de prensa, entre las cuales se encuentran 17 asesinatos a periodistas, 1,680 agresiones, 200 procesos civiles y penales, y 220 detenciones arbitrarias.

Cárdenas dice que, aunque esta violencia sucede en múltiples contextos, las protestas sociales son uno de los puntos de tensión y riesgo más álgidos para la vulneración de los derechos de periodistas. “Sucede porque las fuerzas de seguridad no cuentan con protocolos para resguardar a manifestantes ni a periodistas, y si los tienen no saben cómo ejecutarlos”, asegura.

Según el informe de la Red Voces del Sur, “al igual que en el año 2022, México, Honduras y Ecuador se mantienen como los países más letales para ejercer periodismo”.

Por esto, Santander Galarza enfatiza sobre la posibilidad de una sentencia en la Corte IDH que ordene el resguardo del derecho a la libre expresión en toda América Latina,

que presione a los Estados a proteger la vida, incluso en contexto de manifestaciones, en especial de quienes asisten para ejercer su trabajo como periodistas.

¿Derecho para reprimir?

“En América Latina, de lo legal al hecho existen saltos tremendos”, comenta Cárdenas sobre la protección que los Estados deberían otorgar por mandato internacional, por formar parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para los 23 Estados del continente, adheridos al mandato de la CIDH y la Corte IDH de poder investigar, sentenciar y supervisar casos de violaciones a derechos en sus territorios, debe ser fundamental la protección del derecho a la libre expresión.

Como principio, el artículo 13 de dicha convención reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin estar sujeto a censura. Sumada está la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que resguarda el derecho a acceder a información pública, la prohibición del uso del poder del Estado para presionar o castigar a quienes ejerzan este derecho; reconoce la libertad de prensa como esencial para el funcionamiento de la democracia; y señala el asesinato de comunicadores como una violación de este derecho. Por tanto, los Estados están obligados a “prevenir e investigar los hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. Aún así, en la práctica suceden múltiples vulneraciones a los derechos de periodistas.

Óscar Rivas, un fotoperiodista guatemalteco, recuerda que en noviembre del 2020, durante la jornadas de protestas que pedían la renuncia del expresidente Alejandro Giammattei, por supuestas compras fraudulentas en la adquisición de vacunas contra COVID-19, él y sus colegas recibieron ataques por miembros de la Policía Nacional Civil en Ciudad de Guatemala. “Un grupo de personas entró a quemar cosas en el Congreso y cuando entramos para tomar fotos, unos agentes nos agredieron con gas de extintores… nos apuntaban y lanzaban”, comenta, y recuerda que tuvieron que salir del lugar por no poder respirar entre el humo del fuego y el polvo químico que lanzaron las autoridades policiales. Aunque varios periodistas denunciaron el hecho ante el Ministerio Público,

Rivas dice que cuatro años después no tiene información de si el caso está siendo investigado o fue archivado.

Otro caso es el de Pablo Piovano, fotoperiodista argentino que fue agredido por agentes policiales con armas en Argentina, en una protesta de diciembre de 2017. “Recibí casi todos los disparos que puede tener una escopeta con perdigones para reprimir manifestaciones. Me entraron 12 balazos de goma en todo esto [muestra un torso con muchas cicatrices, regadas desde debajo del cuello hasta el ombligo]”. Según recuerda Piovano, él decidió seguir a dos policías porque estaban disparando, pero nunca imaginó que dispararían a quemarropa por fotografiarlos. “Uno de ellos me vio y fui su blanco apuntado”, cuenta.

Piovano recuerda que ese mismo día, al salir del hospital, se dirigió a colocar una denuncia y semanas después tuvo una audiencia judicial en la que le pidieron identificar al agente. Por no recordar el rostro de su agresor, el caso fue desestimado.

“A veces los fotoperiodistas nos convertimos en la línea de resistencia porque estamos allí, hasta adelante para fotografiar… el intermedio entre las piedras y los disparos, la línea cero”, comenta Piovano para definir el trabajo fotoperiodístico ante la represión policial. “Estamos normalizando algo que no debemos… por eso nos toca ser defensores de nuestro trabajo”, dice.

Una defensora de la libre expresión

Aunque en la actualidad, Rosario Parra trabaja en la biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador, recuerda que antes, cuando vivía Julio, juntos trabajaban en la producción de documentales. Desde entonces, no ha dejado de trabajar con la imagen, por eso dice que su solicitud más importante ante la Corte IDH es que el archivo de trabajo de su compañero pase a formar parte del patrimonio de Ecuador.

Parra asegura desconocer la estructura del Sistema Interamericano, el tiempo que tomará una posible sentencia o si realmente el Estado de Ecuador cumplirá con investigar lo que ella nombra como un “asesinato”. “¿Qué es justicia? Ya van a ser veinte años de la muerte del Julio… se habla de medidas de reparación, pero no sé si existen estructuras de justicia, no sé si esta corte tiene más recursos. Vamos a ver qué pasa ”, afirma mientras suspira.

Aunque no tiene certezas sobre lo que pueda pasar con las solicitudes y aún se muestra inquieta por cómo actuará la Corte Interamericana, la sonrisa se le dibuja cuando menciona que ella ya ha digitalizado todo el archivo de su compañero.

“El trabajo de Julio inicialmente no fue intencional, pero él siempre fue disciplinado y comprometido. Era coherente con su forma de ver el mundo y consecuente al dedicarse al fotoperiodismo… su trabajo fue una forma de hacer política”, cuenta. Con esa misma disciplina, Parra también se ha convertido en una defensora de la libre expresión y habla del fotoperiodismo como una herramienta vital para construir memoria.

Mientras la justicia en Ecuador no avanzó y el calendario se estiró en el Sistema Interamericano, Rosario resguardó el trabajo que tenía en casa. “Yo he escaneado todo el archivo fotográfico del Julio que está en análogo. Todo el archivo desde los años 70 hasta los 90. Es decir, en negativos fotográficos… A partir de los años 2000, ya estaban las cámaras digitales. La diversidad que tiene es increíble”, repite entusiasmada. “Yo ya hice una entrega a la Universidad Andina Simón Bolívar y estamos a la espera de que se pueda hacer un procesamiento para hacerlo público”, comenta.

Rosario Parra dice que el proceso en la facultad ha sido bastante lento por la burocracia de admitir un trabajo tan amplio, pero se siente entrenada para esperar, aunque no de brazos cruzados. Si el archivo de fotografías no llega a ser admitido en la universidad, confía en que el Estado de Ecuador pueda publicarlo para conocimiento de la población. Y si no, encontrará una forma para que sea de acceso público. Para ella , el resguardo del trabajo fotográfico de Julio es lo más fundamental.

*Este trabajo serealizó en el marco de la beca de investigación periodística de la Red Dialoga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.