Los dos defensores fueron desaparecidos en enero de 2023, después de que participaron en una asamblea donde informaron sobre los avances para la elección de su comisariado. El profesor Díaz era quien se perfilaba para ser el presidente de bienes comunales electo por la mayoría de los comuneros

Texto: Gina Jiménez

Ilustración: Tobías Arboleda        

Casi veinte minutos después de las siete de la noche del domingo 15 de enero de 2023, una llamada telefónica al 911 lanzó la alerta. Una camioneta blanca con las llantas ponchadas por los balazos que recibió se encontraba a la orilla de una carretera, en la zona limítrofe de los estados de Michoacán y Colima. Horas después, se supo que en ese vehículo viajaban el defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia. Desde entonces, no se sabe nada de ellos.

Durante la mañana de ese domingo, horas antes de que los desaparecieran, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz habían encabezado una asamblea en San Miguel de Aquila, comunidad indígena nahua localizada en la región Sierra Costa de Michoacán.

En esa asamblea, el abogado y el líder comunitario informaron sobre los avances en la lucha legal que, desde hace casi cuatro años, tenían en tribunales. Por fin, en marzo de 2023 iban a poder realizar la ansiada elección de su comisariado, órgano de representación que por ley deben tener las comunidades agrarias.

El profesor Antonio Díaz se perfilaba como la persona que sería elegida como el presidente del nuevo comisariado. Él era el líder que en los últimos cuatro años había animado a la gente para organizarse; fue él quien buscó al abogado Ricardo Lagunes, un defensor de derechos humanos especializado en temas agrarios, para que fuera su asesor jurídico.

El abogado Lagunes aceptó e hizo mancuerna con el profesor Antonio Díaz para que la comunidad agraria de San Miguel Aquila lograra tener un órgano de representación elegido por la mayoría de los comuneros. Ese era uno de sus primeros objetivos.

Al tener a un comisariado electo como marca la ley agraria, el grupo mayoritario de comuneros —como ellos mismos lo llaman— podría defenderse mejor ante las denuncias presentadas por un grupo minoritario que, desde 2019, había tomado en forma fraudulenta la representación de la comunidad agraria.

Además, la mayoría de los comuneros tendría herramientas para reclamar a la empresa minera Ternium un pago justo por la explotación de hierro que, desde la década de los noventa, realiza en el territorio de San Miguel Aquila. También evitarían que la actividad minera se extendiera a otros terrenos de la zona.

Pero todo eso se detuvo el 15 de enero de 2023, cuando en la carretera que va de Colima a Morelia, un grupo de hombres disparó en dirección a las llantas del vehículo donde viajaban Ricardo Lagunes, de 41 años, y Antonio Díaz, de 71.

En el lugar sólo quedó la camioneta blanca con las llantas ponchadas.  

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz forman parte de la lista de, al menos, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 1 de agosto de 2023; 39 de ellas continúan sin ser localizadas.

Estas cifras se desprenden de una documentación elaborada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos como parte del proyecto periodístico “Defensores desaparecidos”.

Cuando desaparecieron al abogado Lagunes y al profesor Díaz, México ya era ubicado como uno de los cinco países más peligrosos para los defensores del ambiente y el territorio, de acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness. Sin embargo, su caso mostró que la desaparición es una más de las violencias que se ejercen en contra de quienes defienden ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio.

De profesor a defensor del territorio

Antonio Díaz creció en una ranchería del municipio de Aquila. Gracias a una beca, cursó la secundaria. Por un tiempo dejó las tierras michoacanas para estudiar en la Escuela Normal de Durango. “No se suponía que él terminara una carrera, porque venía de una familia (de diez hermanos) donde a veces no había ni para comer”, dice un familiar que vive en San Miguel Aquila y pidió no ser identificado.

Desde que desaparecieron a Lagunes y Díaz, el miedo se instaló en la comunidad.

Díaz se convirtió en uno de los primeros profesionistas de San Miguel Aquila. Cuando comenzó a ejercer como maestro, becó a otras personas de la región para que también salieran a estudiar. “Tiene muchos ahijados y ahijadas de profesión y se ha ganado el cariño y el respeto de la comunidad en general”, comenta la historiadora María de Jesús Ramírez, originaria de Aquila.

El profesor Díaz fue supervisor de escuelas y desde ahí impulsó mejoras en las comunidades que estaban a su cargo. En el poblado de Guagua, en la costa de Michoacán, por ejemplo, logró que los niños tuvieran desayunos escolares y uniformes, cuenta su hija Brenda Díaz. Ella, con orgullo, da un dato más que habla del tesón de su padre: “Cuando llegó a la zona había nueve escuelas, cuando él se retiró había más de 20”.

Desde muy joven, Antonio Díaz afianzó su liderazgo en la región. Fue presidente municipal de San Miguel Aquila a los 21 años; a los 71, ya lo conocían como “Tata Toñito”. En tierras michoacanas la palabra Tata se usa para referirse a los hombres sabios, explica Estela Meneses, activista de Colima y amiga del profesor.

Por eso, no extraña que Díaz se haya colocado como uno de los líderes del grupo mayoritario de comuneros de San Miguel Aquila.

Una comunidad tocada por la minería

Para entender el contexto que está alrededor de la desaparición de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz es necesario mirar al territorio.

La comunidad indígena nahua de San Miguel Aquila está enclavada en la sierra de Michoacán que mira hacia el océano Pacífico, entre los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima.

Además de su cercanía a dos de los principales puertos del país, estas tierras serranas se distinguen por tener uno de los principales yacimientos de hierro en México, de acuerdo con lo documentado por investigadores del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es un territorio con “cerros de metal”, así lo describe la historiadora María de Jesús Ramírez, quien nació en Aquila y es esposa de Ricardo Lagunes.

Esos cerros de metal atrajeron a la Compañía Minera Los Encinos, una filial de Hylsa. En 1980, la empresa llegó a la zona para abrir una mina. “Las primeras actividades estuvieron encaminadas a evaluar el potencial minero. En 1983, por problemas sociales en la región, se suspendieron los trabajos”, escribe el doctor en sociología Eleocadio Martínez Silva, en el artículo científico “‘No te acabes tierra roja’. Consensos y resistencias en el enclave minero de Aquila, Michoacán”, publicado en 2015.

Los problemas sociales a los que se refiere el investigador es la resistencia de los habitantes de la zona a que en sus tierras se realizaran actividades mineras. Eso no impidió que en 1990 la empresa consiguiera un contrato de ocupación temporal con los comuneros. Sin embargo, Martínez Silva señala que es hasta 1998 que se inician los trabajos de explotación de hierro.

En 2005, la mina El Encino, ubicada en la comunidad agraria de San Miguel Aquila, es adquirida por el Grupo Techint, un conglomerado de empresas ítaloargentino, al cual pertenece Ternium, una de las principales productoras de acero en Latinoamérica.

Defensa de territorio que llevan a Aquila

La historiadora María de Jesús Ramírez recuerda que siempre han existido diferencias entre los comuneros y la empresa que opera el complejo minero Los Encinos.

En diciembre de 2011, esas diferencias escalaron y llevaron a que los comuneros bloquearan las instalaciones de la mina para exigir que la empresa pagara una cantidad justa por la explotación del metal.

Tres meses después, en marzo de 2012, los comuneros firmaron un acuerdo con la empresa minera y ésta se comprometió a pagar 3.8 dólares por cada tonelada de hierro extraída.

En una asamblea general, además, se decidió que 465 comuneros, que en ese entonces integraban el padrón de la comunidad agraria, recibirían el pago mensual de la mina. Poco tiempo después, la empresa Ternium publicó en los periódicos locales que le iba a pagar poco más de 18 000 pesos mensuales a cada comunero (alrededor de mil 300 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio del año 2012). “Nos puso el dedo para que el crimen organizado viniera a secuestrar y extorsionar”, le dijo uno de los comuneros al periodista Ernesto Martínez, en agosto de 2013.

En ese entonces, los comuneros de Aquila denunciaron que las extorsiones las realizaban integrantes de los Caballeros Templarios, cártel que entonces tenía una fuerte presencia en buena parte del estado de Michoacán.

Para protegerse de esta amenaza, varias comunidades del estado, entre ellas San Miguel Aquila, crearon una Guardia Comunitaria. Esta estrategia no prosperó, pues a mediados de 2013 al menos 40 policías comunitarios fueron arrestados, después de que el gobierno estatal los acusara de portación de armas exclusivas del ejército.

María de Jesús Ramírez buscó a un abogado que pudiera representar a los guardias comunitarios encarcelados. Así conoció a Ricardo Lagunes. En 2018, se casaron y un año después tuvieron una hija.

Ser defensor de derechos humanos

Ricardo Lagunes creció en Orizaba, Veracruz. Él y su hermana estudiaron en una institución Marista; desde jóvenes participaron en misiones religiosas. En Orizaba “no había mucho que hacer, o eras scout o ibas a la iglesia”, dice Antoine Lagunes, quien recuerda que cuando eran niños, si alguien repartía dulces, su hermano se preocupaba porque a todos les tocara igual.

Como Antoine, Ricardo Lagunes se mudó a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Después de graduarse en leyes, Lagunes trabajó en un juzgado, pero no duró mucho. Salió del país para estudiar la Maestría en Protección de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, en España.

El abogado comenzó a forjar su trabajo como defensor de derechos humanos en la década de los noventa. Fue en ese tiempo cuando la familia Laparra lo conoció.

Rocío Laparra aún recuerda el desconcierto que sintió cuando dos agentes del Ministerio Público la citaron a declarar por el asesinato de su exnovio. Ella tenía 16 años y vendía pasteles en Tapachula, ciudad fronteriza de Chiapas, al sur de México.

En las oficinas del Ministerio Público, cuatro policías judiciales la torturaron a ella, a su mamá y a su hermano de 14 años. Días después, Ananías Laparra, un albañil que no sabía leer ni escribir, fue acusado y sentenciado a 28 años de cárcel por el asesinato del exnovio de su hija.

Desesperados, los Laparra buscaron a un abogado. Tomó tiempo, pero finalmente lo encontraron. Ricardo Lagunes llevó el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Gracias a eso, en 2016, el gobierno mexicano reconoció la inocencia de Ananías Laparra y se disculpó por los 15 años que pasó en prisión injustamente.

Ricardo Lagunes llevaba casos como el de la familia Laparra, pero también acompañaba a varias comunidades indígenas en su defensa del territorio. En Chiapas, representó a comunidades tzeltales que se opusieron al desarrollo de un proyecto turístico en las cascadas de Agua Azul.

Después de trabajar en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, y como abogado independiente, Ricardo Lagunes fundó la organización Acceso y Defensa en Derechos Humanos. Desde ahí acompañó legalmente al grupo comunitario de San Miguel Aquila, representó a las comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y asesoró a la comunidad maya de Ixil que ha denunciado el intento de despojo de sus tierras comunales por parte de desarrollos inmobiliarios.

Tribunal Agrario ignoró a defensores

En el año 2019, la división que desde hace años ya existía entre los comuneros de San Miguel Aquila se profundizó. Fue entonces cuando Ricardo Lagunes tomó el caso.

A partir de entonces, al abogado y al profesor se les miraba juntos en tribunales, presentando amparos, yendo a oficinas gubernamentales o participando en alguna de las manifestaciones que los comuneros realizaban frente al Tribunal Unitario Agrario 38, en la ciudad de Colima.

Una de esas manifestaciones se realizó el 17 de enero de 2022, un año antes de que los desaparecieran. Ese día, Lagunes, Díaz y cerca de cien comuneros se manifestaron afuera de las instalaciones del tribunal. Es ahí, en una entrevista, que el abogado explicó lo que sucede en San Miguel Aquila.

“Un grupo de personas se han ostentado de manera ilegal como el comisariado de San Miguel Aquila desde agosto de 2019”, señaló Lagunes. Sus palabras se pueden escuchar en un video que aún está disponible en la página de Facebook de Tlanesi.

El 30 de julio de 2019, detalló el abogado, un grupo minoritario de comuneros — unas 40 personas— reeligió en forma fraudulenta a los integrantes del comisariado, el órgano que representa a la comunidad. Ellos, aseguró, ocupaban esos cargos desde 2016, pese a que la ley agraria prohíbe la reelección de esos puestos.

Además, a partir de ese año, un grupo de personas presentó decenas de demandas en contra de la comunidad agraria, para que se les reconociera como comuneros y, por lo tanto, se les integrara en la lista de quienes reciben el pago de la mina. “El comisariado de San Miguel Aquila, que está desde 2016, dejó que se perdieran los juicios, porque está coludido con esos demandantes”, acusó Lagunes.

A partir de 2019, el abogado Lagunes y el grupo mayoritario de comuneros recurrieron a la vía legal para demostrar que no era válida el acta de asamblea en donde supuestamente se había elegido a los representantes comunales. En enero de 2021, las autoridades agrarias les dieron la razón y determinaron que se debía realizar una nueva elección de comisariado.

Ya había pasado un año de esa resolución y el Tribunal Unitario Agrario seguía reconociendo al comisariado que no había sido elegido de acuerdo a lo que marca la ley. “Hemos agotado todas las instancias, pero el tribunal se ha aferrado a que va a seguir con los trámites y los juicios en contra de la comunidad”, dijo indignado Lagunes.

Durante la manifestación afuera del tribunal, los comuneros denunciaron que los integrantes del grupo minoritario eran afines a la empresa minera. Un comunero lanzó una acusación más: “(Los del tribunal) le están haciendo caso a un grupo de comuneros que han falsificado firmas, que están coordinados con el crimen organizado”.

No era la primera vez que los comuneros denunciaron la infiltración del crimen organizado. Esas denuncias las habían realizado desde el año 2019.

Sus reclamos se quedaron en el aire.

Un río sin langostinos

Para el grupo mayoritario de comuneros de San Miguel Aquila era prioritario y urgente tener la asamblea para elegir a un nuevo comisariado. Eso les permitiría continuar con las acciones legales para exigir a la mina pagos justos por cada tonelada de hierro extraída y por la ocupación temporal de las tierras comunitarias.

Los comuneros han señalado que, desde 2019, la empresa minera planteó sus intenciones de extender la explotación minera. Esos planes están detenidos. Es necesario que San Miguel Aquila tenga una representación elegida por la mayoría de los comuneros y reconocida por las autoridades agrarias para que se pueda plantear en asamblea si se autoriza la expansión de la minería.

Durante la manifestación realizada en enero de 2022, afuera del Tribunal Unitario Agrario 38, un periodista de Tlanesi entrevista al profesor Antonio Díaz, quien advirtió: “El ambiente social en Aquila es demasiado tenso”.

Díaz también habló de lo que ha llevado la minería al territorio michoacano. Mencionó la deforestación, el daño a los mantos acuíferos y la erosión: “Justifican que se debe quitar cierta tierra, ciertos arroyos para seguir explotando… Antes el arroyo que pasa a un lado de ellos, donde está la mina, iba usted y en media hora sacaba sus langostinos para comer toda una familia de diez gentes. Ahorita, ya no hay ni agua”.

El profesor Díaz aseguró que la minera hacía perforaciones de hasta 300 metros de profundidad que, “al dinamitarse, mueven las capas de la tierra y desvían las corrientes”.

Casi al final de la entrevista, Díaz comentó: “En todos los convenios que se han firmado (con la mina) se ha pedido respeto a la unidad comunal para que no haya esa labor de división… Se ha firmado y no se ha cumplido”.

El profesor Díaz, dice su familiar que vive en San Miguel Aquila, “defendía completamente el medio ambiente y los recursos de la comunidad indígena. El grupo minoritario siempre fue servidor de la mina”.

En mayo de 2022, el grupo mayoritario de comuneros realizó una nueva manifestación en el Tribunal Unitario Agrario 38.

Para abogados y amigos de Ricardo Lagunes, como Julián Vázquez, los magistrados y secretarios del Tribunal Unitario Agrario 38 también tienen responsabilidad en la desaparición de los defensores.

Antes de la desaparición, las amenazas

Los familiares y amigos de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz han tocado todas las puertas posibles y se han reunido con funcionarios de todos los niveles. “Solamente no nos hemos reunido con el presidente, porque no nos ha recibido”, dice Antoine Lagunes.

La desaparición de Lagunes y Díaz provocó una movilización casi inmediata de organismos internacionales. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la CIDH adoptaron medidas para llamar a las autoridades mexicanas a realizar la búsqueda y localización con vida de los defensores.

El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU requirió a México para que exija a la empresa Ternium debida diligencia en relación al impacto de sus actividades en los derechos humanos.

Una semana después de la desaparición de Lagunes y Díaz, comuneros y habitantes de San Miguel Aquila tomaron las instalaciones de la mina; exigían que la empresa participara en la búsqueda con vida de los defensores. El 5 de julio, la mina retomó su actividad.

Seis meses después de la desaparición de Lagunes y Díaz, sus familiares, amigos y organizaciones no gubernamentales publicaron un comunicado en el que enfatizaron que el abogado y el líder comunitario fueron víctimas de desaparición “por su trabajo de defensa del medio ambiente y el territorio frente al desarrollo minero”.

También demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar “la presunta participación de funcionarios vinculados con la empresa minera Ternium que realiza trabajos de explotación de mineral en el municipio de Aquila”.

Gente cercana a los defensores señala que en mayo de 2022, un empleado de la empresa minera solicitó hablar con Antonio Díaz. Le pidió que autorizara a la mina una ampliación del polígono en el que están asentados. El profesor se rehusó diciendo que él no era el comisariado.

A mediados del 2022, Díaz acudió a una reunión con representantes de Ternium y presidentes municipales de la región. “No sabemos qué pasó, ni que se dijo ahí, pero el profesor se incomunicó con los comuneros por más de dos meses”, comentan.

Díaz volvió a tener contacto con las personas de San Miguel Aquila hasta finales de noviembre de 2022. En una asamblea realizada en diciembre de ese año, el profesor denunció que había sido amenazado.

“Hemos rechazado y negado públicamente cualquier especulación de que Ternium y/o Las Encinas tuvieran algún involucramiento o conexión con la desaparición de los señores Díaz Valencia y Lagunes Gasca”, estableció la empresa en un comunicado del 20 de febrero de 2023. Ese documento lo compartieron con esta alianza periodística en mayo de 2023, cuando se les solicitó su versión sobre los hechos.

A finales de septiembre de 2023, esta alianza periodística volvió a solicitar a Ternium su postura sobre la demanda vigente de los familiares y organizaciones no gubernamentales, de que se investigue a funcionarios de la empresa. “Ternium rechaza categóricamente toda especulación sobre cualquier involucramiento o conexión con su desaparición, así como cualquier tipo de comportamiento en contra de la ley”, respondió el equipo de comunicación.

Desde abril, la FGR informó de la detención de dos personas, a las que se les acusa del delito de desaparición cometida por particulares. Entre ellos está José Cortés Ramos, uno de los líderes del grupo minoritario de comuneros y quien fue presidente municipal de Aquila entre 2008 y 2011.

Hasta ahora, esas detenciones no han permitido saber en dónde están Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.

Una región bajo acecho

Días antes de la desaparición de Lagunes y Díaz, se registraron varios homicidios en el municipio de Aquila. Tres guardias comunitarios de Santa María Ostula fueron asesinados. La comunidad señaló como responsable al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que tiene una fuerte presencia en el estado vecino de Colima y que desde hace tiempo busca tener el control territorial de la sierra y costa de Michoacán.

Santa María Ostula, como su vecina San Miguel Aquila, también ha presentado denuncias ante el Tribunal Unitario Agrario 38 para el reconocimiento de su territorio. En la actualidad, hay cuatro defensores del territorio de Ostula que continúan desaparecidos.

Después de la desaparición de Lagunes y Díaz, la violencia en contra de las comunidades vecinas a San Miguel Aquila continuó. El 1 de abril de 2023, el líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, Eustacio Alcalá fue desaparecido. Tres días después encontraron su cadáver.

Desde 2017, San Juan Huitzontla declaró su territorio libre de minería y, con la asesoría de abogados del Centro Prodh, comenzó una lucha jurídica para el reconocimiento de su territorio indígena y la cancelación de las concesiones mineras que están a nombre de las empresas Las Encinas, filial de Ternium, y de Servicios Minero Metalúrgicos de Occidente. En enero de 2023, el juez emitió una sentencia a favor de la comunidad, la cual ha sido apelada por las empresas. 

Eustacio Alcalá fue una de las personas que firmaron el amparo en contra de las concesiones y uno de los líderes comunitarios que se oponían a la minería.

Meses después del asesinato de Alcalá, la región volvió a perder a un defensor de territorio. El 1 de agosto de 2023 se reportó la desaparición del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula. Nueve días después, su cuerpo fue localizado con huellas de tortura. Tenía 20 años.

Un mecanismo que no funcionó

Quienes los conocen coinciden en comentar que Antonio Díaz y Ricardo Lagunes tienen algo en común: los dos siempre respetaron los procedimientos legales.

“Todo lo hizo conforme a la ley, con apego a las decisiones comunales”, dice un familiar del profesor Díaz.

Lagunes siempre confió en las instituciones, dice su amiga y abogada Rita Robles. “Como abogado siempre usó todos los mecanismos y herramientas jurídicas para poder destrabar las cosas. Confió en un aparato de justicia que no funcionó”.

Los dos defensores también tenían diferencias notables.

“Toñito es todo lo sociable y desinhibido que Ricardo de pronto no puede ser. Ricardo es muy técnico en muchos sentidos”, dice su esposa María de Jesús Ramírez, quien apunta que con esas coincidencias y diferencias, integraron una amalgama perfecta para la defensa del territorio en Aquila.

La abogada Rita Robles recuerda que Lagunes ya había recibido varias amenazas a lo largo de su trayectoria como defensor de derechos humanos. Una de ellas se desató por el caso de las cascadas de Agua Azul, en Chiapas. Fue por eso que estaba dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ese mecanismo no logró evitar la desaparición de los dos defensores. 

Además de representar a la comunidad agraria de San Miguel Aquila, Lagunes llevaba alrededor de otros 20 casos en todo el país. “No es fácil que esas comunidades y personas simplemente encuentren otro abogado pro bono, sin el interés económico, interesado en llevarles sus asuntos”, dice Alejandra Gonza, amiga de Lagunes y directora ejecutiva de Global Rights Advocacy, centro de derechos humanos con sede en Seattle, Estados Unidos.

La desaparición de Lagunes y Díaz representó un fuerte golpe para todos los defensores de derechos humanos en México. “Seguimos en shock —confiesa Rita Robles—, no alcanzamos todavía a dimensionar lo que implica la desaparición de un defensor de derechos humanos”.

Ocho meses después de la desaparición de Lagunes y Díaz, su trabajo como defensores sigue presente.

La asamblea para elegir al comisariado de San Miguel Aquila, por la que tanto lucharon, se realizó por fin el 20 de septiembre de 2023; sólo participó el 40 % del total de comuneros reconocidos en el padrón, de acuerdo con una nota publicada en A dónde van los desaparecidos. Uriel Gutiérrez de la Cruz fue elegido como el nuevo presidente del comisariado.

Además, el 30 de agosto de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso del defensor ambiental Juan Vázquez Guzmán, asesinado en abril de 2013. Vázquez se opuso a la destrucción de las tierras ejidales y al desarrollo de proyectos turísticos en la zona donde se encuentran las cascadas de Agua Azul, en Chiapas.

Ricardo Lagunes es el abogado que, como representante de la familia de Juan Vázquez, llevó el caso hasta la CIDH y solicitó que se investigue, entre otras cosas, la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones al derecho a la vida.

* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.