La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que se debió consultar a los integrantes de la comunidad de Bacánuchi, Sonora, antes de que Grupo México construyera y operara una presa de residuos tóxicos de la mina de cobre más grande del país. La decisión es un precedente inédito para otras luchas, como la de Atenco, contra proyectos de desarrollo

Texto: José Ignacio De Alba. Foto: Ana Cristina Ramos / Archivo

Después de cuatro años de lucha, los habitantes de Bacánuchi, en Sonora, consiguieron un fallo inédito: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los pobladores debieron ser escuchados y consultados por las autoridades antes de permitir que Grupo México instalara una presa de jales, que es utilizada como vertedero de desechos tóxicos.

El fallo de la Corte se considera histórico y marca un precedente para otros pueblos relacionados con megaproyectos, porque estaría reconociendo “el derecho humano de participar de forma informada en asuntos medio ambientales”, pues la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente “no contempla de buena forma la participación de las comunidades”. dice en entrevista Luis Miguel Cano, abogado de la organización Poder, que lleva la representación de los de los comités de la Cuenca del Rio Sonora.

“Todos los demás movimientos, comunidades y organizaciones pueden utilizar este precedente para decir: ‘ojo, la autorización tiene que ser de una manera adecuada, la gente no es parte del paisaje’. Te estoy hablando de proyectos como el nuevo aeropuerto, el tren maya y de lo que tú quieras a lo largo del país”, insiste.

Sin embargo, Cano advierte que si la consulta no se hace de manera previa, libre e informada sería una “simulación” lo que determinó la SCJN.

Además, la sentencia definitiva se puede dar a conocer en días, semanas o meses y es previsible que Grupo México siga construyendo la presa de jales mientras no haya un fallo definitivo.

Los ministros Fernando Franco González, Javier Laynez, Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán votaron a favor de los pobladores de Bacánuchi. En la Segunda Sala de la SCJN el único ministro que voto en contra de los pobladores fue Eduardo Medina Mora que ocupó el cargo de Procurador General de la República durante el sexenio de Felipe Calderón.

La mina Buenavista del Cobre, ubicada en el municipio de Cananea, Sonora, es la mayor productora de cobre en el país y la tercera en el mundo. En 2014 un derrame de una presa de vertederos químicos contaminó los ríos Sonora y Bacánuchi afectando decenas de comunidades. El derrame contaminó los principales ríos de Sonora, y acabó con las actividades productivas de decenas de personas. La venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame.

A pesar de que se considera ese desastre ambiental como el más grande de la historia de México, la reparación del daño nunca se llevó a cabo por parte de la empresa, subsidiaria de Grupo México.

Germán Larrea, dueño de Grupo México, es el segundo hombre más rico del país, y su empresa tiene un largo historial de accidentes en la historia reciente de México. Quizá uno de los más trágicos fue la muerte de 65 mineros en una mina de carbón de Coahuila en 2006. En ese caso nunca se rescataron a los trabajadores y la empresa siguió trabajando con normalidad. Hoy, los familiares de los carboneros siguen reclamando las malas condiciones laborales de los trabajadores.

La presa de desechos tóxicos que Grupo México quiere ampliar ahora en Buenavista del Cobre tendría una superficie de 65 hectáreas y reuniría 80 mil veces más deshechos tóxico que los derramados en 2014. El total del embalse tendría más de 6 mil hectáreas y sería el cuerpo de agua más grande del estado de Sonora.

A través de un recurso de amparo interpuesto por los habitantes del pequeño pueblo de Bacánuchi, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debió respetar el derecho de los pobladores a participar y decidir si estaban de acuerdo con la ampliación de una presa de jales.

El fallo provocó que Baskut Tuncak, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, diera su apoyo a los habitantes de Bacánuchi: “Las comunidades que podrían verse afectadas por la represa tienen derecho a una participación y consulta significativas antes de otorgar la autorización para la construcción de la presa. Según la información recibida, parece haber graves deficiencias en participación pública en torno a este proyecto”.

En un comunicado de Poder, su director ejecutivo, Benjamín Cokelet, explicó que el fallo marca un precedente para la empresa. “Si yo fuera un inversionista de Grupo México, estaría preocupado por esta sentencia. Podemos esperar que la empresa detenga por completo la ampliación de la presa de jales hasta que no se cumpla a cabalidad el proceso de participación y toma de decisiones sobre el proyecto por parte de la comunidad de Bacánuchi”, afirmó Cokelet.

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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.

José Ignacio De Alba

Cronista interesado en la historia y autor de la columna Cartohistoria que se publica en Pie de Página, medio del que es reportero fundador. Desde 2014 ha recorrido el país para contar historias de desigualdad, despojo y sobre víctimas de la violencia derivada del conflicto armado interno. Integrante de los equipos ganadores del Premio Nacional Rostros de la Discriminación (2016); Premio Gabriel García Márquez (2017); y el Premio Nacional de Periodismo (2019).

Ana Cristina Ramos

Periodista que sueña con pajares de agujas, misterios sin escribir y un mundo por explorar.