Es momento de transitar hacía la economía circular y, en consecuencia, se requiere una legislación y políticas públicas al respecto. Igualmente, debe darse un aprovechamiento sostenible de mares y costas, buscando beneficios para quienes dependen de los recursos marinos

Por Gustavo Alanís Ortega* 

El pasado jueves 20 de junio, la virtual Presidenta Electa de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer los primeros nombres de quienes la acompañarán en su gabinete. Uno de esos nombramientos recayó en la actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, quien a partir del 1 de octubre próximo será la nueva encargada de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Dicha invitación para que Bárcena forme parte del equipo del nuevo gobierno fue recibida de manera favorable en la comunidad ambiental. Por haberse hecho dentro de los primeros nombramientos del gabinete, el anuncio de su designación envía por sí sólo un mensaje alentador en el sentido de que los temas relacionados con el sector medio ambiente-recursos naturales serán considerados como una prioridad en el próximo sexenio. 

El nombramiento, en efecto, es atinado en función de la formación profesional y experiencia probada que Bárcena tiene en estos temas a nivel nacional e internacional. Ello constituye una oportunidad para que México tenga un liderazgo a nivel global en foros relacionados con la biodiversidad, el cambio climático y el propio Acuerdo de Escazú, que ella misma impulsó de manera decidida cuando era Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El Acuerdo trata sobre el acceso a la justicia ambiental y a la información en manos de las autoridades ambientales, así como a la participación de la sociedad en la toma de las decisiones en esta materia, reconociendo, además, la labor de las personas defensoras ambientales y la necesidad de garantizarles un entorno seguro y sin amenazas para que puedan llevar a cabo su trabajo. 

Habiendo dicho lo anterior, la futura Secretaria de Medio Ambiente enfrentará una serie de retos que requieren atención inmediata y prioritaria. Entre otros, vale la pena resaltar los siguientes:

1) Para nadie es una sorpresa que, al paso de los años, se han dado restricciones presupuestarias al sector medio ambiente y recursos naturales. 2) La situación de riesgo por la que pasan las personas defensoras ambientales en nuestro país es cada vez más desafiante (123 agresiones en contra de ell@s en el 2023 y 20 asesinados). 3) La matriz energética de México continúa privilegiando a los combustibles fósiles (gas, petróleo, carbón y combustóleo) por encima de las energías renovables, lo cual ha relegado la transición energética en México. 4) Persiste muy mala calidad del aire en muchas ciudades del país, lo cual está asociado a la muerte de 14 mil mexicanos y mexicanas cada año debido a esta situación. 5) Desaparición del Fondo de Cambio Climático, el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo para el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. 6) Hoy, hay que reconocerlo, contamos con más Áreas Naturales Protegidas en el país, pero éstas no cuentan con personal ni presupuesto suficiente y muchas de ellas no tienen su Plan de Manejo. 7) En el tema del agua enfrentamos estrés hídrico, escasez, inundaciones, contaminación de cuerpos de agua y no contamos con una gestión integral de este líquido.

Además, hay muchos otros problemas ambientales a los que se les debe de prestar la atención debida: cambio climático; mal manejo de la basura y de los residuos peligrosos; la sobrepesca que va en aumento; los malos olores que no están regulados en el país; la creciente deforestación; el tráfico de especies de flora y fauna (muchas de ellas amenazadas o en peligro de extinción); la lamentable pérdida en el país de más del 75% del manglar y la necesidad de contar en el país con una verdadera legalidad y Estado de derecho en materia ambiental. 

Para poder atender los retos anteriormente planteados, hemos expuesto una serie de propuestas: a) La necesidad de recuperar al Procedimiento de Impacto Ambiental (PEIA) como un instrumento preventivo; b) El que las consultas públicas en materia ambiental cumplan con los estándares nacionales e internacionales; por ejemplo, que sean libres, previas, informadas y culturalmente adecuadas; c) Coadyuvar con el legislativo para que se expida una nueva Ley General de Aguas con un enfoque de derechos humanos; d) Dotar de forma urgente al sector medio ambiente de los recursos suficientes y necesarios para que el trabajo pueda realizarse  adecuadamente; e) Lograr la transversalidad ambiental a lo largo de toda la cadena de la administración pública federal; f) México debe cumplir con sus compromisos ambientales internacionales como es el caso de los contraídos en el Acuerdo de Escazú, el Convenio de Biodiversidad y el Acuerdo Marco de la ONU sobre Cambio Climático-Acuerdo de París. 

En este sentido, en el país debemos dar cumplimiento efectivo a la Ley de Cambio Climático (la cual exige llegar al 2024 con 35% de renovables) y a la Ley de Transición Energética (la cual exige llegar al 2024 con 35% de energía limpia). Igualmente, hay que cumplir con los compromisos que adquirió México en la última Conferencia de las Partes (COP28) de cambio climático en Dubái en el sentido de triplicar renovables y duplicar eficiencia energética al 2030.  Con relación al Convenio de Biodiversidad, está frente a nosotros el reto de cumplir al 2030 con el compromiso de proteger el 30% de áreas terrestres y marinas en el país. Con respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que también son al 2030, México debe cumplir en temas como garantizar el acceso universal al agua, energía asequible, ciudades sostenibles y la acción por el clima. 

Es momento de transitar hacía la economía circular y, en consecuencia, se requiere una legislación y políticas públicas al respecto. Igualmente, debe darse un aprovechamiento sostenible de mares y costas, buscando beneficios para quienes dependen de los recursos marinos. Muy importante será promover la sustentabilidad, en donde lo social, lo ambiental y lo económico puedan convivir de manera armónica, respetando la ley, el entorno y los derechos humanos de las personas que se encuentran en las regiones donde se llevan a cabo proyectos, obras y actividades. 

Finalmente, y no queriendo con esto ser exhaustivo, es urgente que el país cuente con una política preventiva efectiva ante fenómenos naturales como Otis que sacudió a Acapulco en octubre pasado. Las tormentas, inundaciones, sequías, huracanes y olas de calor seguirán siendo recurrentes y cada vez con más fuerza, por lo que no podemos vacilar en este sentido.

Así las cosas, se espera entonces que, a partir del 1 de octubre, la Semarnat tenga la mejor disposición y voluntad para trabajar en conjunto con los demás sectores de la sociedad a favor de las mejores causas ambientales de nuestro país. Ya lo dijo Bárcena Ibarra: “tengo un enorme respeto hacia las organizaciones no gubernamentales ambientales, trabajaremos junto con los ambientalistas. Serán convocados y escucharemos sus preocupaciones. Hay que escuchar a todos”. Esperemos que esto así sea en beneficio de que se mejoren las condiciones ambientales del país y se pueda mejor la salud y la calidad de vida de los mexicanos.

*Fundador y Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) en exclusiva para Píe de Página.