En medio de una crisis sanitaria que se suma a la crisis humanitaria, parece ser buen momento para multiplicar la formula resiliencia+sororidad y fortalecer el acompañamiento feminista a estas mujeres

Twitter: @celiawarrior

Es poco reconocido, pero no es noticia que existe una historia de acompañamiento entre grupos feministas y familiares de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, que en su mayoría son otras mujeres, que no necesariamente se asumen feministas. 

Están, por nombrar algunas, las feministas en el noreste del país que participan en las actividades de exigencia de justicia —incluidas búsquedas en campo— de organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León; también, las colectivas feministas de la periferia del Estado de México, quienes han construido redes de apoyo para madres, hermanas, tías, primas, abuelas, amigas de mujeres y niñas víctimas de feminicidio y desaparición, principalmente.

Sería absurdo, por decir lo menos, que los feminismos mexicanos pretendieran desarrollarse como si estuvieran en Marte, reclamando tantas cosas que pueden reclamar como feministas, sin mirar las condiciones particulares de este país. Sería, además, ignorar las luchas sociopolíticas históricas de sus mujeres. Sin embargo, sucede.

Cuando hablo del acompañamiento de grupos feministas a grupos de familiares de víctimas me refiero en específico a la suma de luchas en medio de la crisis de derechos humanos provocada por la militarización del país que inició en la administración federal de Felipe Calderón, pero que los gobiernos siguientes continuaron, sostienen y alimentan hasta hoy. Ha sido un periodo en donde ambas luchas parecen haber avanzado por su cuenta, sin tocarse, quizás porque hace falta que haya más y más casos de colaboración. 

Una mayor sororidad de las feministas con las integrantes de los colectivos de víctimas vendría bien ahora, en este preciso momento en el que mucho de lo avanzado por el movimiento de víctimas en el país se ve profundamente amenazado.

No hay razón para seguir obviando el protagonismo de las mujeres en la búsqueda de justicia para las víctimas en este país. Es primordial que se diga, por ejemplo, que los grupos de búsqueda de personas desaparecidas o localizadas sin vida en México los integran en su gran mayoría mujeres.

Hace un mes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó Nos llaman las locas de las palas. El papel de las mujeres en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. En el reporte mencionan las razones por las que son ellas las que buscan: mayormente, “por razones que tienen que ver con los roles tradicionales de la mujer como cuidadora y del hombre como proveedor económico”, seguido porque son “el único miembro de la familia que materialmente puede hacerlo”, luego que “los hombres se desesperan o resignan rápido”, y finalmente porque “no quieren exponer al peligro a otros miembros de la familia” o “los hombres están demasiado afectados por la desaparición”. 

Además, el documento del Centro detalla cómo el asumir ellas el papel de buscadoras tiene, por supuesto, impactos físicos, económicos, psicológicos y en sus proyectos de vida.

Por si fuera poco, el escenario para las buscadoras se complicó aún más con la crisis sanitaria por el coronavirus. A principios de junio, la asociación IDHEAS publicó un informe —enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— con los resultados de una encuesta aplicada a casi 700 familiares de desaparecidos (87 por ciento, mujeres).

Los datos son devastadores: incluso antes de la crisis sanitaria por el Covid-19, el 40 por ciento de las encuestadas dijeron tener un ingreso familiar total mensual menor a $2,700; el 72 por ciento tienen a niños, niñas y adolescentes a su cargo; y el 34 por ciento de las mujeres perdieron su empleo a raíz de esta crisis. Ante ello, el informe también señala el esfuerzo nulo por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender esta emergencia.

Desde hace semanas, las buscadoras han instalado plantones frente a oficinas públicas que permanecen cerradas por la contingencia para exigir lo que por ley les corresponde. Mientras, las medidas de austeridad del gobierno de AMLO amenazan con colapsar la CEAV, que en realidad nunca cuajó y viene agonizando gravemente desde hace un año.

En medio de una crisis sanitaria que se suma a la crisis humanitaria, parece ser buen momento para multiplicar la formula resiliencia+sororidad y fortalecer el acompañamiento feminista a estas mujeres.