Seis años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, nos encontramos ante la posibilidad histórica de una reparación del daño para las familias de los normalistas y de la posibilidad de sentar las bases para el acceso a la verdad y la justicia de las más de 60 mil personas desaparecidas en México

Twitter: @tuyteresa

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, tal vez sea uno de los casos más documentados y difundidos nacional e internacionalmente. Expertos en derechos humanos señalan que Ayotzinapa fue el punto de inflexión en el tema de la desaparición forzada en México.

Luego de más de cuatro décadas de conformación de colectivos como el Comité Eureka, pionero en esta lucha, el caso Ayotzinapa puso en la discusión mediática la impunidad con la que se puede desaparecer a decenas de jóvenes ante los ojos de una sociedad perpleja.

En 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presenta El Informe Ayotzinapa II, Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. 

En este documento, sostienen la imposibilidad de que los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 pudieran haber sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como afirmó la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General). 

Con esta amplia y pormenorizada investigación -de 608 cuartillas-, el GIEI habría desechado la versión oficial de la “verdad histórica”, y también, con este informe partirían de México, ante la imposibilidad de seguir investigando. 

De acuerdo con este documento: hubo 183 víctimas directas de violaciones a derechos humanos, 6 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y 40 resultaron heridas. 

Este grupo, conformado por Alejandro Valencia Villa, Ángela María Buitrago, Carlos Martín Beristain, Claudia Paz, Paz Baile y Francisco Cox Vial, habría expuesto las fallas e inconsistencias del Estado mexicano, y habría generado las condiciones para una investigación, apegada a los más altos estándares de los derechos humanos. 

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la investigación incumplió los estándares mínimos requeridos. Muchas de las detenciones de los presuntos implicados fueron hechas ilegalmente, y en las confesiones se usó la tortura. De los 142 detenidos por el caso, principalmente policías municipales y supuestos miembros de Guerreros Unidos, 77 han sido liberados.

Cuatro años después, el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retomarían la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 

Hacia la Verdad

En diciembre de 2018 la nueva administración federal se comprometió a retomar el caso y hacer lo necesario para encontrar la verdad de lo ocurrido ese fatídico 26 de septiembre. En la nueva Fiscalía General de la República, se creó la Unidad para el caso Ayotzinapa, bajo la responsabilidad de Omar Gómez Trejo.

¿Qué implica este cambio? Básicamente que la “Verdad Histórica” sería desechada, y se retomarían las recomendaciones del GIEI. 

Además, desde enero de este año, la Unidad para el caso Ayotzinapa incorporó a este grupo de expertos internacionales en la nueva investigación. 

Reconstruir, restituir

¿Qué pasa cuando una sociedad es lastimada desde lo más profundo? ¿Cuáles son las alternativas que han encontrado para reconstruir, restituir, reparar? Una de ellas, es el derecho a la Verdad y la Justicia. Otra -no menos importante- el derecho a la reparación del daño emocional, no solo de una persona o una familia, sino de colectivos, comunidades e incluso de la sociedad en su conjunto.

Hacia finales del siglo veinte, tiene lugar en América Latina una importante vertiente de la psicología: plantea un enfoque de transformación social a partir de recursos que se pueden construir desde las propias comunidades. Inspirados por el pensamiento del psicólogo social Ignacio Martín Baró, esta corriente de la psicología nace de la necesidad de analizar la salud física y emocional de las personas a partir de su contexto, y no desde un enfoque meramente teórico. 

Este planteamiento se extendió a otros países de América Latina y otras partes del mundo. Miedo, desesperanza, depresión y un gran sentimiento de desconfianza son algunas de las secuelas que deja la violencia. El impacto traumático depende del tipo de hecho. Guerras, catástrofes naturales, violencia social, conflictos armados… En muchas ocasiones las personas afectadas callan por miedo a la violencia, o la estigmatización. 

El Informe sobre los Costos Económicos y Sociales de la Violencia de la Organización Mundial de la Salud considera las secuelas de la violencia como un grave problema de salud pública y destaca la responsabilidad de los Estados en la toma de medidas y reparación los daños.

Boris Cyrulnik, etólogo, neurólogo y teórico de la resiliencia, asegura que los daños causados por una catástrofe natural observan menos perturbaciones traumáticas que la guerra, la violación, o el asesinato de un ser querido. 

También señala que es posible desarrollar herramientas aprendiendo de las vivencias dolorosas.

A esto le llama: huella cognitiva. Cuando explota una mina, después de una guerra, quienes vivieron el periodo de los combates aprendieron a mirar en la dirección adecuada y a inmovilizarse en un lugar protegido. Los que no grabaron esta clase de sucesos en su memoria buscan en todas direcciones el origen de la explosión y no saben dónde esconderse para ponerse a salvo.

Esta huella cognitiva hace la diferencia entre una experiencia y otra. Estudios en América Latina y otras partes del mundo han demostrado que es posible reconstruir y reparar los daños provocados por guerras, conflictos armados y otras variantes de la violencia. 

Además de la responsabilidad de los Estados en la reparación de los daños, está la participación social y comunitaria. 

Las acciones e iniciativas provienen desde distintos campos: el arte, la educación para la paz, la salud pública, los medios de comunicación y las redes de apoyo. 

Una de estas propuestas está centrada en el estudio de los factores que favorecen la reconstrucción de las comunidades y la reparación de los daños causados.

Uno de los ejemplos más claros es el texto Diálogos sobre la reparación, de Carlos Martín Beristáin, un documento clave para el entendimiento de las alternativas que se pueden construir, luego de sucesos que dejan profundas huellas de dolor y destrucción social. Se trata de una investigación publicada en 2010 por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

La investigación documenta casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, masacres y otras graves violaciones a los derechos humanos en varias regiones de América Latina. Este informe también plantea las opciones en las que pueden ser reparados estos daños desde lo individual, lo familiar, lo comunitario y lo social. 

Para reparar integralmente, la participación institucional y del Estado juegan un papel determinante. Sin embargo, no es suficiente si no se asume una mirada sobre la responsabilidad social e histórica de estos sucesos. 

Hoy, seis años después nos encontramos ante la posibilidad histórica de una reparación del daño, no sólo para madres, padres y seres queridos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también estamos ante la posibilidad de sentar las bases para el acceso a la verdad y la justicia de las más de 60 mil personas desaparecidas en México. 

Y también, porque tenemos memoria: una memoria colectiva que nos recuerda día a día la urgente necesidad de reconstruirnos socialmente.