Para personas de comunidades indígenas, la creación de “acciones afirmativas” para acceder a cargos de elección popular está más cerca de ser una simulación que de garantizar la llegada de personas de pueblos originarios a las presidencias municipales, diputaciones y regidurías

Texto: Jaime Armendáriz / Raíchali

Fotos: Raichali

CHIHUAHUA. – Ana Cely es una mujer rarámuri oriunda de Norogachi, comunidad serrana del estado de Chihuahua. En 2021 buscó representar al indigenismo en el Congreso del estado y participó en las elecciones de ese año. Los resultados no le fueron favorables y ganó un “chabochi”, que es como les dicen desde las comunidades a las personas mestizas. 

Su participación la hizo por el distrito 22, el cual está reservado desde 2021 para “personas indígenas”, ya que abarca municipios con una población alta de pueblos originarios. Sin embargo, en la práctica, a esa diputación se han postulado personas que, sin ser indígenas, se autoadscriben como tal y se les permite la participación porque cumplen con una serie de requisitos establecidos por la autoridad electoral.

En esta elección del 2024 no es la excepción. Las 2 principales fórmulas contendientes por ese distrito, la del PRI-PAN-PRD y la de Morena, son encabezadas por personas que dicen tener una vinculación con las comunidades, pero no son indígenas. 

Desde el propio Instituto Estatal Electoral (IEE) se reconoce que una autoadscripción no determina que la persona sea indígena o no, simplemente se establece un vínculo con alguna comunidad.

Justo eso es en lo que no están de acuerdo personas indígenas que consideran como una simulación las supuestas ventajas que hay para llegar a cargos de elección popular bajo las llamadas “acciones afirmativas”. 

¿Qué son las acciones afirmativas?

El IEE creó las “acciones afirmativas” como medidas compensatorias para poner el piso parejo a personas y/o grupos que han sido históricamente vulnerados. Esas acciones van dirigidas a personas de la comunidad LGBTTTIQA+, personas con discapacidad, e integrantes de las comunidades y pueblos indígenas. 

En específico para personas indígenas, desde el 2020 se obligó al Congreso del Estado a crear leyes para garantizar los derechos políticos a ese grupo poblacional dentro del sistema de partidos políticos, pero los diputados no lo han hecho. 

El organismo electoral creó en 2021 esos lineamientos y nuevamente para la elección de este 2024, a fin de obligar a los partidos a postular a personas indígenas. 

Por ejemplo, en el caso de las candidaturas para cargos en los Ayuntamientos, los partidos debieron postular por lo menos a una fórmula con personas de comunidades originarias, es decir, la titularidad y suplencia, ya sea para alcaldía o alguna regiduría, en 22 municipios: Ahumada, Bachíniva, Buenaventura, Chihuahua, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Gómez Farías, Guazapares, Guerrero, Parral, Matamoros, Moris, Ocampo, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Temósachi.

Y por lo menos 2 fórmulas para estos 12 municipios: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Maguarichi, Morelos, Nonoava, Urique, y Uruachi, por ser los lugares donde se concentra una mayor población indígena.

Esa misma medida tuvieron que atender para la postulación a la diputación por el distrito 22, cabecera en Guachochi, y que también abarca a los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Carichí, Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique.

¿Y dan una representación real en los puestos de elección popular?

Aunque en el lineamiento existe una obligatoriedad para tener candidaturas indígenas, en la práctica los requisitos se enfocan en una autoadscripción.

Para que las personas puedan registrarse como indígenas deben presentar:

-Una carta de autoadscripción que diga, entre otras cosas, la comunidad a la que pertenece, si es hablante de lengua indígena y cuál es, los motivos por los que se autoadscribe a esa comunidad y el vínculo que mantiene.

-También presentar una constancia de adscripción firmada por gobernador indígena, asamblea general comunitaria o equivalente, o asamblea de autoridades indígenas, tradicionales y comunitarias, en donde diga cómo se acredita la pertenencia a esa comunidad de la persona que pretende ser candidata.

El caso de Ana Cely, que contendió en el 2021 por el PAN para ser diputada por el distrito 22, es uno de varios ejemplos de personas que son indígenas pero que se quedan en el camino, superadas por quienes acreditan una autoadscripción en papel. 

Gerardo Macías Rodríguez, consejero del IEE, reconoció en una rueda de prensa de principios de abril que una autoadscripción calificada no determina si una persona es indígena o no, y explicó que no se trata de un asunto sanguíneo, sino de algún vínculo que se tiene con alguna comunidad. 

“No fue algo sacado de la manga ni inventado, fue el resultado de la consulta indígena”, puntualizó. Luego afirmó que aún falta mucho por hacer para tener una real representación indígena en los cargos de elección popular. 

Para Patricio Rodríguez, indígena de la comunidad de Tónachi, municipio de Guachochi, el solo hecho de comprobar por escrito la autoadscripción a una comunidad, resulta un absurdo. “Sí, tienen el documento que dice que son indígenas pero eso no lo pueden comprobar. Ni hablan la lengua, ni sus abuelos ni bisabuelos eran indígenas, ¿pues cómo?”, dijo. 

Además que obtener una carta de alguna gobernadora o gobernador indígena podría ser más fácil de lo que parece, por lo menos para los partidos políticos. 

“Si tu dices ‘es que hay que decirle a los gobernadores indígenas que no den un documento’, pues ¿cómo no lo van a dar?, si los amenazan, si los compran por la necesidad, etcétera, obviamente cualquier vivo y mal intencionado saca 2 o 3 documentos de los que les pidan, porque nuestra gente no actúa con maldad”.

El IEE tiene una Defensoría Pública de Derechos Político Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense. Ese organismo es encabezado por Perla Bueno, quien ha ayudado a personas indígenas a integrar sus demandas contra la falta de leyes para garantizar su participación electoral. 

En entrevista con Raíchali, Perla Bueno habló del tema de las cartas expedidas por las comunidades. En su opinión, el cuidado de esos documentos debe venir desde las propias comunidades y no de los organismos públicos. 

Si bien debe haber un llamado a los partidos políticos a no usurpar esas candidaturas y no pedir constancias para quienes no son indígenas, desde las comunidades debe haber un escrutinio para enterarse a quién se le están dando esos documentos o avales para registrarse para puestos de elección popular. 

“¿Qué pasaría si por alguna razón algún gobernador o gobernadora indígena expide una constancia a una persona que no es indígena? El partido va a venir con la constancia, se la va a entregar al instituto. El instituto, siendo un organismo de buena fe y trayendo una constancia validada por un gobernador o gobernadora tradicional que representa a esa comunidad, claro que le va a creer, entonces lo va a aceptar, lo va a registrar”.

Entonces como comunidad, planteó Bueno, dentro de sus usos y costumbres, podrán reclamar o hasta darle una sanción a esa persona que está expidiendo esa constancia.

«Hay una tendencia utilitarista de las autoadscripciones indígenas»

El pasado 20 de abril, la Red Nacional de Abogadas Indígenas, emitió un pronunciamiento para exigir a las autoridades electorales locales y nacionales que impidan la usurpación de las cuotas indígenas. 

“Nos encontramos preocupadas por las designaciones de las candidaturas indígenas, donde observamos una tendencia utilitarista de la autoadscripción calificada. La democracia no será real sin la participación genuina y respetuosa de las personas indígenas y afromexicanas”. 

A nivel local hubo pronunciamientos similares, firmados por decenas de personas de distintas comunidades. “No vamos a permitir que de manera alevosa y ventajosa traten de hacerse de las constancias que acreditan la pertenencia y el vínculo comunitario…”.

También consignaron: las minorías y las comunidades marginadas estamos cansados de que se nos use sólo como propaganda electoral.

Patricio Rodríguez, de Tónachi, ve que de pronto existen lineamientos que podrían garantizar una representación indígena real, pero se queda en el papel, “no faltan los vivos y las vivas que se hacen pasar por indígenas sin serlo”.

Para él, tendría que haber una asamblea comunitaria que avale a quien vaya a postularse, y no solo obtener un documento firmado por alguna gobernadora o gobernador de la comunidad. 

También considera que las personas en esas candidaturas deben tener cierto porcentaje de habla indígena, por lo menos un 50 por ciento de rarámuri, ódami, pima, o guarojío. 

Uno de sus cuestionamientos es que, de no dar un real acceso a indígenas a los cargos de elección popular, se pierde la posibilidad de mejoras en lo colectivo. 

Por ejemplo, hoy en día la diputación por el distrito 22 local, que era obligatoriamente para indígenas, está en manos del priísta Noel Chávez, quien no es indígena pero se autoadscribió como tal. De hecho cuando fue electo en 2021 fue impugnado por no ser de comunidades, sin embargo el tribunal electoral le aseguró la diputación porque en términos legales si cumplió con presentar la carta de autoadscripción indígena. 

Ese legislador hoy es contendiente para una diputación federal. Actualmente está en varias comisiones en el Congreso del Estado, entre ellas la de “comunidades y pueblos indígenas”. En las reuniones más recientes de esa comisión, del 19 y 25 de enero, no asistió, aun y cuando se dictaminaron leyes de derechos indígenas. 

Llegar a una diputación indígena tiene una alta responsabilidad: Ana Cely

Ana Cely Palma Loya es originaria de una pequeña ranchería de Norogachi, localidad del municipio de Guachochi. En el 2021 quiso ser diputada local, cumplió todos los requisitos pero no logró el triunfo. Para  ella, la experiencia fue muy satisfactoria por todo el movimiento que generó en la sierra Tarahumara con su candidatura. 

Es activista desde hace varios años, es promotora cultural, escritora y tiene otros dotes artísticos como el canto. También tuvo una destacada participación años atrás en el concurso MasterChef. A todas esas habilidades se le puede sumar la de la política. 

Ahora, al recordar esa etapa de la candidatura, reflexiona sobre  la importancia que tuvo en muchas comunidades, su presencia durante la campaña. “Me gustó que se sentían identificados  y que querían estar debidamente representados”, platica para Raíchali. 

Antes de postularse, por tradición, ella recuerda haber estado en varias comunidades para solicitar el permiso y poder participar. Luego fueron varias semanas de estar físicamente alejada de su familia para buscar el voto ciudadano. 

“El haberme presentado debidamente ante las autoridades indígenas fue crucial. Uno va a buscar que se sepa que la representatividad es para trabajar por la comunidad, pensar desde lo comunal”, explica. 

Por ello es que no concibe como hay quienes pueden audoascribirse como indígenas sin tener una convicción de llevar una representación real. 

“Estamos hablando de que se tiene un derecho pero también una responsabilidad. Te estás comprometiendo. Estás dando la cara porque buscas representar a las comunidades de los pueblos originarios, porque por eso son acciones afirmativas, y no acciones simuladas”, apunta. 

El hecho de que alguien solicite una carta para registrarse en una candidatura indígena, es una forma de quitarle la posibilidad a personas que son realmente de las comunidades. “El pedir una carta sólo por pedirla es una deslealtad y deshonestidad”. 

Para ella, debe haber más cuestionamiento hacia esas candidaturas, y que éstas a su vez tengan un conocimiento de los sistemas normativos indígenas, y no sólo de los rarámuri, sino también de los ódami, en el caso específico del distrito 22, pues abarca municipios donde hay población de ambas comunidades indígenas. 

¿Quiénes tienen las principales candidaturas indígenas en Chihuahua?

El distrito 22 local de Chihuahua, con obligatoriedad a tener candidaturas indígenas, tendrá 7 contendientes, de las cuales las 2 que tienen mayor posibilidad de ganar, no son indígenas.

Se trata del priista Roberto Arturo Medina Aguirre, postulado también por PAN y PRD, y Francisca Ivonne Contreras Peinado, de Morena. 

La candidata del PT, Maribel Holguín, y Hermilio Aguirre, de MC, si son indígenas. 

La información del resto de las candidaturas se encuentra en el portal https://conoceleschihuahua.com/ habilitado por el IEE para las elecciones 2024. Sin embargo en ese micrositio no se establece cuáles candidaturas fueron aprobadas bajo la premisa de “acciones afirmativas”.

En el caso de los dos candidatos con mayores posibilidades, Roberto Arturo Medina Aguirre fue alcalde de Balleza en los periodos 2016 a 2018 y de 2018 a 2021. Su hermano, Jesús Augusto Medina Aguirre, es alcalde actual y también gobernó Balleza de 2013 a 2016. 

En las propuestas que tiene públicas ante el IEE, habla de infraestructura y de regresar un impuesto minero a los municipios serranos, sin hablar de temas vinculados directamente con los indígenas.

Mientras que Ivonne Contreras Peinado, ha sido funcionaria del Gobierno Federal y fue candidata a la alcaldía de Guachochi en el 2018 y el 2021, pero perdió. 

Contreras se convirtió en activista y lideró protestas para exigir paz en la región, después de que asesinaron a su esposo, a su hijo y dos sobrinos, en la comunidad de “La Gobernadora” en abril de 2016. 

La historia de aquella masacre: Los primos Elsa Palma Payán y Héctor Fabián Payán Contreras, viajaban en una camioneta de Tónachi a La Gobernadora. Atrás de ellos iban el abuelo de los primos Elsa y Fabián, cuando unos hombres armados lo detuvieron, lo hincaron durante varias horas y con las armas apuntando le exigieron que no levantara la cabeza para que no los viera, le robaron su camioneta y él logró llegar a su casa con vida. 

Más tarde, trabajadores del rancho La Gobernadora llamaron a la familia para informarles que se habían llevado a Elsar, Héctor Fabián y Gerónimo. Héctor Fabián Payán Escárcega pidió a los militares que se sumaran a buscarlos, pero tampoco le hicieron caso 

La gente de Guachohi, la policía y los militares conocían dónde estaban los jóvenes, porque sabían la existencia del campamento y de la impunidad con la que transitan los integrantes del grupo delictivo, según señalaron los familiares en su momento. Escárcega decidió salir a buscar a su hijo y a su sobrino, lo acompañó. Edgar Josué Payán Olivas, que tenía 30 años. Tampoco regresaron. 

Ivonne Contreras lideró manifestaciones públicas que por primera vez, llevaron a los habitantes de Guachochi a tomar las calles vestidos de blanco para exigir la paz de la Tarahumara.

Esta nota fue publicada originalmente en RAÍCHALI, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.