A partir de la reforma publicada el 30 de septiembre, ahora cualquier comunidad tiene la personalidad jurídica para suscribir convenios y recibir recursos públicos. El abogado indígena, Hugo Aguilar Ortiz, dicta conferencia magistral en el Congreso del Estado de Morelos

Texto y fotos: José Luis Sarmiento Gutiérrez

CUERNAVACA, MORELOS. – La reforma al artículo segundo de la Constitución sobre los derechos de los pueblos indígenas y Afromexicanos, es la base fundamental de la justicia y la democracia para la construcción de un México pluricultural, afirmó el coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz.

Al dictar la conferencia magistral “Reforma Constitucional, Armonización Legislativa y Presupuesto Directo”, por invitación de las y los diputados del Congreso del Estado de Morelos, reflexionó sobre las malas prácticas que prevalecen en materia de justicia, lo que se recrudece cuando se trata de personas indígenas o afromexicanas.

Si le preguntamos al ciudadano de a pie su experiencia con la justicia, dijo, estoy seguro que la experiencia es negativa; casi la mayoría de nosotros somos signos de pesos, o sea, nos ven con signo de pesos en muchas instancias de procuración e impartición de justicia, lamentó.

El abogado indígena –originario de la Mixteca de Oaxaca–, recordó que anteriormente las políticas de estado trataban a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de interés público, producto de la reforma del 2001, donde se reconoció su existencia pero se les segregó.

“El reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público establecido en la reforma constitucional les atribuye personalidad para ejercer derechos por sí mismos y administrar re cursos públicos”, explicó el especialista frente a autoridades indígenas y afromexicanas de Morelos.

Acompañado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Jazmín Solano López y de la diputada Guillermina Maya Rendón, presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, Hugo Aguilar señaló que antes del 30 de septiembre del 2024 –cuando se aprobó la reforma al artículo segundo constitucional–, las comunidades indígenas no tenían un reconocimiento jurídico para ejercer sus derechos.

Precisó que no podían suscribir convenios con alguna dependencia del estado, no tenían personalidad jurídica; en su caso, lo tenían que hacer a través de su municipio y no podían recibir recursos públicos de manera directa, si les iban a donar una ambulancia, un vehículo, no lo podían recibir; tenía que recibirlo el municipio y luego el municipio donarlo a la comunidad indígena

“Eso se acabó, a partir de la reforma publicada el 30 de septiembre, ahora cualquier comunidad tiene la personalidad jurídica para suscribir convenios y recibir recursos, y en este año la presidenta Claudia Sheimbaum ha creado ya el componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Este va a ser el primer año que las comunidades indígenas que están registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas van a recibir recursos de manera directa”, destacó Aguilar Ortiz.

Refirió que se tendrá que llevar a cabo una gran movilización, porque cada comunidad tendrá que reunir a su asamblea, tomar la decisión de qué obra va a hacer, elegir un comité de obra, un comité de vigilancia, y poner en acción a su organización comunitaria.

“Uno de los primeros efectos de reconocimiento de la personalidad jurídica es esta posibilidad de acceder de manera directa a los recursos públicos. Entonces este es un cambio trascendental en las leyes de reconocimiento a los pueblos y comunidades, a los cuales se les reconoce la capacidad de tomar en sus manos decisiones fundamentales de su vida. Ya no se va a ver a los pueblos como objetos de estudio, como eran en muchos casos, o como sujetos de interés. Los pueblos van a tener auténtica capacidad para interactuar con cualquier orden de gobierno”, destacó el ponente.

En el México pluricultural, democrático y de justicia, se tiene una federación y los estados con soberanía, mientras que el municipio, los pueblos y comunidades con autonomía, al incorporarse este nuevo elemento; la relación entre todos ellos va a cambiar en muchas maneras y conforme a la realidad concreta en cada entidad federativa. 

A partir de esta reforma vamos a requerir especialistas en sistemas normativos indígenas, agregó Hugo Aguilar Ortiz.

“La reforma plantea muchísimos retos a nivel de cambios legislativos, a nivel de cambios institucionales, a nivel de cambios en política pública y en general a nivel del cambio del trato con los pueblos. En el INPI así entendemos este planteamiento básico de nuestro gobierno cuando dice, que por el bien de todos primero los pobres”.