En febrero iniciará un proceso nacional de consulta en toda la región indígena de México donde se crearán las leyes secundarias de esta reforma que, según Adelfo Regino, titular del INPI, es «una reforma estructural en derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”

Texto: Kau Sirenio

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, fue claro cuando habló de la reforma constitucional en derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que los reconoció como sujetos de derecho público: “Es una reforma de avanzada», explicó, pues el texto constitucional «recogió las aspiraciones de los pueblos; y además, contó con el acompañamiento de hermanas y hermanos de las comunidades para construir una agenda nacional”.

En entrevista con Pie de Página, el titular del INPI habló sobre la reforma constitucional, la traducción de la reforma a las lenguas indígenas, la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, las consultas que realizaría en todo el país para legitimar las leyes secundarias, los planes de justicia, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, así como la revisión de más de 50 leyes para armonizarlas con el artículo 2º constitucional.

Y celebró que, después de 30 años del inicio del movimiento zapatista e indígena, se concretó la reforma constitucional el 18 de septiembre de este año, a la cual calificó como «estructural, porque fue una demanda de larga data que traían nuestros pueblos, por lo menos desde 1992 hasta la fecha.”

Saldar las deudas pendientes

El abogado mixe aseguró que la reforma constitucional era una deuda pendiente del Estado mexicano con los pueblos indígenas y afromexicanos, y sostuvo que, desde la independencia de México, las leyes de Reforma y la Revolución Mexicana no habían incluido a estos pueblos en la Carta Magna.

“Esta reforma tuvo un impacto estructural e integral en las estructuras jurídica y política del Estado mexicano. Se trató de una reforma constitucional que, además de reconocer a nuestros pueblos y a nuestras comunidades como sujetos de derecho público, los revestió de un conjunto de derechos colectivos, particularmente el derecho a la libre determinación y autonomía”, planteó.

El titular del INPI definió las estrategias que puso en marcha la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para aterrizar la reforma constitucional en derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos:

“La traducción de esta reforma a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México. El 10 de diciembre se presentó la traducción de 57 lenguas, y nos hicieron falta 11 idiomas, que estaría terminando a finales de este mes, a más tardar en enero, para que esta reforma se pudiera difundir en la propia lengua y en el contexto de la cultura de nuestros pueblos y nuestras comunidades”.

Construir una ley general, de la mano de los pueblos

De acuerdo con uno de los artículos transitorios de la reforma, el siguiente paso para la implementación de la reforma erala elaboración de la Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esto, según la Constitución, debía suceder en un lapso de 180 días. Hasta ahorita, aseguró Regino, él y su equipo «llevábamos dos meses trabajando en un proyecto de ley”.

“Para este proyecto, un equipo técnico conformado por los compañeros de la Consejería Jurídica, de Gobernación y el INPI, así como un comité técnico asesor integrado por 20 personas (10 mujeres y 10 hombres), fueron los encargados de dar la asesoría y el acompañamiento técnico para la elaboración de este proyecto de ley general de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.

Adelantó que en febrero iniciaría un proceso de consulta en toda la región indígena de México, para cumplir con la ley nacional de consulta a pueblos y comunidades: “En particular, la elaboración de la ley indígena”. Subrayó que, a más tardar, el 28 de marzo, la presidenta de México debía promulgar y publicar la ley general, según lo establecido en el transitorio constitucional.

“La importancia de hacer las consultas radicaba en que queríamos que esta ley tuviera una legitimidad social desde abajo. Queríamos que se conociera, que se debatiera y que lo que se presentara tuviera el sustento y legitimidad desde nuestros pueblos y nuestras comunidades”, explicó.

La reforma tiene que venir con una reforma administrativa

Dijo que otra de las tareas que debían cumplir después de la ley general era la revisión del ordenamiento jurídico mexicano, con alrededor de 55 leyes generales que tenían que ver directamente con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Reconoció al gobierno y al Congreso de Michoacán por ser el primer estado en reformar su constitución en derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos el 5 de diciembre:

“Estamos hablando de una reforma de Estado en un régimen federalista; además de la revisión de las leyes federales y generales a nivel nacional, se debían revisar los marcos normativos estatales, particularmente las constituciones y leyes de las entidades federativas”.

Así como la reforma institucional y administrativa, que implicaba revisar el marco normativo institucional: el régimen reglamentario de las instituciones, las políticas y los programas, las reglas de operación. “Vino una reforma institucional y administrativa, particularmente de las entidades y dependencias que tenían un mandato directo en la materia”, agregó.

Otro de los componentes fue el presupuesto:

“En este Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobaron los diputados, se consolidó y fortaleció el anexo transversal 10, destinado a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Se amplió el número de programas, pasando de 58 programas federales que atendían directamente a los pueblos indígenas, con alrededor de 200 mil millones de pesos”.

Y añadió que debían quedar en papel «las obligaciones y deberes de las entidades y municipios de destinar por lo menos el 10% de los recursos del Fondo de Aportación a la Infraestructura Social (FAIS) a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, para que pudieran administrarlo de manera directa y hacer realidad la norma constitucional”.

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La charla se extendió hasta llegar a la coordinación de los planes de justicia: “Estuvimos con 17 planes que había que darles continuidad, y era muy probable que iniciáramos en 2025 con otros 13 planes de justicia más, lo que significaríaque serían aproximadamente 30. Para ese efecto, la presidenta Claudia firmó el decreto por el cual se creó la Comisión Presidencial de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.

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Regino Montes dijo que el instrumento de coordinación del Estado mexicano para concretar las políticas, los programas y las acciones en la materia era la Comisión Presidencial; además, el INPI seguiría con los caminos artesanales en las diversas regiones indígenas de México, como la Montaña de Guerrero, Oaxaca y otros estados de la República.

“En materia educativa, se creó, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, y seguiríamos fortaleciéndola en este nuevo gobierno, desde luego, todo el trabajo que hacía la institución en materia educativa”, celebró.

Y concluyó:

“Teníamos un programa de apoyo a la educación indígena que brindaba hospedaje y alimentación a alrededor de 84 mil niñas y niños indígenas en todo el país. Era el programa más grande y más antiguo que atendía a la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana en nuestro país. Se trataba de crear las condiciones para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes tuvieran las condiciones básicas para cursar sus estudios a nivel básico, media superior y superior”.