De todas las iniciativas del presidente López Obrador, la reforma eléctrica es la de mayor calado. Las empresas eléctricas privadas saben que se les acaba el súper negocio que les pusieron en bandeja de plata desde la época del innombrable Carlos Salinas de Gortari

Por José Antonio Almazán González*

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia eléctrica despierta pasiones y rencores y no es para menos. Los vendepatrias y sus partiditos, sobre todo el PAN, el PRI y los restos del PRD, se sienten perdidos. Las empresas eléctricas privadas, en especial IBERDROLA, Mexichem, Enel Green Power, Ilioss, Intergen, Genermex, AES, y otras pequeñitas como MOTA ENGIL, asociada con el charro empresario Martín Esparza, saben que se les acaba el súper negocio que les pusieron en bandeja de plata, desde la época del innombrable Carlos Salinas de Gortari.

Un poquito de historia

De todas las iniciativas del presidente AMLO, incluidas las preferentes, esta es la de mayor calado, pues se ubica en la ruta del proyecto de Nación que fue aprobado por el Constituyente Permanente en febrero de 1917, como resultado de la Revolución Mexicana. Y se inscribe también en la ruta de la Transición Energética frente al cambio climático, pero desde una perspectiva nacionalista y de desarrollo nacional auto susentable. Esto es lo que más abominan los vende patrias, en especial el PAN.

En aquel entonces, el núcleo duro de los diputados jacobinos formularon una propuesta radical, frente al proyecto del Primer Jefe Venustiano Carranza que solo buscaba actualizar la constitución de 1857.

Fue precisamente en el artículo 27 en el que los generales revolucionarios metidos a legisladores, presentaron un texto que resumía un anhelo popular y una larga discusión histórica para avanzar en la construcción de la Nación Mexicana. Desde entonces, pese a los esfuerzos neoliberales y conservadores para echarla abajo, quedo plasmado en el artículo 27 constitucional lo siguiente:

El dominio originario de la Nación sobre sus aguas y recursos naturales, mares y subsuelo.

La sujeción de la propiedad privada al interés de la Nación.

El dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación sobre estos recursos, en el que desde 1917 se incluyó el petróleo, el oro negro; como ahora lo será el oro blanco, el Litio.

Sobre estos fundamentos constitucionales se apoyó el Decreto de expropiación de la industria del petróleo en México en 1938 y sobre ellos se asentó la reforma constitucional del presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1939, quedando insertó en párrafo sexto del artículo 27 constitucional:

“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará cabo las explotaciones de esos productos.”

En esa misma ruta de fortalecimiento del Proyecto de Nación plasmado en la Constitución de 1917, en diciembre de 1960 y a iniciativa del presidente Adolfo López Mateos se elevó a rango constitucional la nacionalización-mexicanización de la industria eléctrica e igualmente quedo plasmada en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, como sigue:

“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”

La privatización eléctrica neoliberal

Durante la larga noche neoliberal estos fundamentos constitucionales y la exclusividad de la Nación en materia petrolera y eléctrica, fueron corroídos y desvirtuados; permitiendo a partir de una inconstitucional reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, promovida por el capo mayor del neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari, la apertura del área de generación, — que era exclusiva de la CFE –, a la inversión del capital privado, particularmente extranjero. Adicionalmente, por si no fuera suficiente remató en venta de garaje y a precio de regalo más de mil empresas del estado.

A partir de ahí, lo mismo con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, hasta llegar a Peña Nieto de manera deliberada se privilegió a las trasnacionales eléctricas, destacadamente a la española Iberdrola, en detrimento de las finanzas y operación de la CFE. Las pérdidas en los resultados de explotación y el crecimiento desmedido de la deuda de la CFE tuvo su origen en la privatización eléctrica que para comienzos de 2019 ascendió a más de 921 mil millones de pesos, como contraparte de las fabulosas ganancias de las trasnacionales eléctricas extranjeras.

La otra cara de la descapitalización deliberada de la CFE fue el crecimiento desorbitado del precio de la energía eléctrica que consumen más de  44 millones de hogares mexicanos, para quienes la electricidad prácticamente se convirtió en una mercancía de lujo; pasando por alto que la energía eléctrica es un derecho humano imprescindible.

Capítulo aparte fue lo acontecido con el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro la cual de un plumazo fue extinguida y puesta en liquidación por el célebre “Comandante Borolas” y su sicario Javier Lozano, quienes enviaron al desempleo a 44 mil trabajadores electricistas del SME, con tal de eliminar a un sólido obstáculo a sus planes privatizadores.

El perverso plan para golpear al SME se fraguó desde la época de Salinas de Gortari, quien buscó convertir a la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima y sus subsidiarias (CLFC) en una empresa privada depositaria de capital privado. Así, en 1992 mientras en el marco de las negociaciones del TLCAN abría las puertas al capital privado en la generación eléctrica, promovió ante la Suprema Corte de Ontario Canadá, la extinción de la Mexican Light and Power Company, Ltd., (real propietaria de la CLFC, S.A.), argumentando que su sola existencia contradecía el párrafo sexto del articulo 27 constitucional.

Sin embargo, ante el alzamiento del EZLN y su eventual alianza con el SME, los neoliberales resolvieron ceder a la exigencia del SME, para evitar un conflicto mayor, decretando la creación de Luz y Fuerza del Centro en 1994, como organismo descentralizado, pero sin abandonar sus planes privatizadores.

Hay que subrayar que en buena medida la existencia de Luz y Fuerza del Centro, en tanto organismo descentralizado, atenuaba las pérdidas de CFE, quien le vendió durante todo el periodo que abarca de 1975 a 2009 energía en bloque primero a CLFC y después a LFC, a precios por encima de sus costos reales de producción y le imponía venderla por debajo de ese precio a los grandes consumidores industriales. Acumulando mediante ese mecanismo descapitalizador pérdidas anuales en sus resultados de explotación que se tradujo en aquellos años en una deuda de más de 23 mil millones de pesos de CLFC, LFC frente a la CFE.

Todo lo anterior puede constatarse en los estados financieros de CLFC, LFC al igual que en los de CFE. Lo que nunca pudieron probar los neoliberales desde Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, hasta llegar a Calderón, fue que los salarios y el costo del Contrato Colectivo de Trabajo del SME (uno de los mejores en América Latina y el Caribe) fuese el origen de la quiebra artificial de LFC como lo argumento el hoy tristemente célebre Comandante “Borolas” Calderón en su decreto de extinción de LFC. 

La iniciativa de reforma constitucional eléctrica de AMLO

Como hemos demostrado la iniciativa del presidente López Obrador se encuentra firmemente enraizada en el proyecto de Nación contenido en la Constitución de 1917 y sus reformas progresivas de 1939 y 1960; y ni es expropiatoria ni plantea la renacionalización como pretenden argumentar sus detractores. Por lo mismo, aunque los vende patrias anuncien desde ya que recurrirán a tribunales internacionales, podemos anticipar que sus esfuerzos están destinados a ser derrotados.

Por el contrario, si los diputados del PRI conservan todavía un poco de vergüenza y decoro y recuerdan su pasado nacionalista y el que sus dos grandes reformadores Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos, con la expropiación-nacionalización de la industria del petróleo y la mexicanización-nacionalización de la industria eléctrica, contribuyeron al desarrollo nacional, aun en los marcos del capitalismo, deberán honrar esa memoria.

El Pueblo de México ha sido convocado por el presidente AMLO para el próximo 20 de noviembre a hacer acto de presencia en el Zócalo de la Ciudad de México y si para ese entonces los afanes privatizadores persisten habrá de definirse, pienso yo, el rumbo para avanzar en la renacionalización de la industria eléctrica en México.

*Electricista. Fue diputado federal y Secretario del Exterior del SME