Una reforma a la SCJN no debe quedarse sólo en cancelar privilegios de los ministros. Se necesita una limpieza profunda de los vicios en todo el Poder Judicial que provocan la escandalosa impunidad en el país

Tw: @anajarnajar

La nueva cruzada de la oposición y sus voceros en los medios es defender a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

El argumento es, juran, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende controlar el desempeño del Poder Judicial.

La batalla mediática surgió tras las críticas a las recientes decisiones de los ministros, sobre todo la cancelación del llamado Plan B de la Reforma Electoral.

Para la defensa mediática de la Corte se organizó un nuevo nado sincronizado de columnistas, politólogos, actores, actrices, empresarios y académicos.

Los argumentos que se vierten en los medios convencionales y redes sociales de internet son muy parecidos:

El presidente ataca a la Corte. López Obrador pretende imponer un régimen autoritario. El país se enfilaría al caos si se cambia la estructura y operación de jueces, ministros y magistrados.

Sin embargo, la multitud de descalificaciones impide revisar el fondo del problema:

El Poder Judicial de México necesita una reforma profunda, no sólo en el ofensivo dispendio del erario para mantener una vida de privilegios de sus altos mandos, sino especialmente en la forma como los jueces entienden la aplicación de las leyes.

En muchos casos sus sentencias están muy lejos de la determinación fundamental que estableció la Corte en 2011, cuando modificó el artículo 1 de la Constitución para privilegiar, en todos los casos, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona.

No suele ocurrir así, y los ejemplos sobran.

El juez que llevó el caso de Kenia Hernández Montalvo, sentenciada a once años de prisión, se negó a que enfrentara su proceso en libertad porque la activista “no es sumisa, no es vulnerable y sí se sabe defender”.

En 2009 un tribunal de Chihuahua dejó libre a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, acusado de asesinar a la joven Rubí Escobedo.

La madre de la víctima, Marisela Frayre Escobedo, había localizado al criminal porque la Fiscalía del Estado no investigó el caso.

Barraza fue detenido y confesó el asesinato. Inclusive los restos de la joven fueron encontrados en el sitio donde dijo que los había abandonado.

Sin embargo, los jueces del caso lo dejaron libre porque, a su parecer, las pruebas eran insuficientes para comprobar que era responsable de un homicidio.

Marisela Escobedo empezó una protesta para exigir justicia por su hija, pero meses después del fallo de los jueces fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

En septiembre de 2021 el entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, informó que dos jueces abusaron sexualmente de empleadas del Poder Judicial.

Las violaciones se cometieron, impunemente, durante varios años. “Nadie hacía nada”, dijo el ministro.

En el momento de la denuncia los jueces fueron suspendidos, pero no se sabe si recibieron sanción penal alguna.

Antes de esa denuncia el juez Anuar González Hemadi absolvió a Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los cuatro acusados de abusar sexualmente de una menor de edad en Veracruz.

El caso ocurrió en 2017 y fue conocido en los medios como “Los Porkys”. El juez reconoció que los acusados tocaron sexualmente a la víctima, de entonces 17 años.

Pero según Anuar González, Diego Cruz “no tenía intención lasciva” ni tampoco buscaba “copular” con la víctima.

El juez fue separado del cargo y “El Porky” fue sentenciado a cinco años de prisión. Actualmente está libre.

Tres años después otra jueza, Olga Estrever Escamilla, se negó a iniciar un juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija, de tres años.

El caso había sido desestimado por otros dos jueces, a pesar de que la madre de la menor presentó un informe de la Comisión de víctimas del Estado de México que estableció que hubo violencia sexual.

La jueza Estrever Escamilla dijo en su momento que la niña, si bien expresó haber sufrido agresiones de su padre, “en ocasiones mostraba cariño hacia su progenitor”.

Y apenas este 10 de mayo pasado otra jueza del Estado de México declaró culpable de homicidio a Roxana Ruiz, quien al defenderse de una violación sexual causó la muerte de su agresor.

La jueza dijo que la joven “se excedió en su legítima defensa”.

Estos casos son una muestra de la larga lista de sentencias y determinaciones irregulares de jueces y magistrados, que son parte esencial de los elevados niveles de impunidad en el país.

En los últimos días el debate político se ha concentrado en la vida lujosa de los ministros de la Suprema Corte, pero esto es una mínima parte del problema.

Una eventual reforma debería erradicar esos privilegios, pero de nada serviría si no se emprende una limpieza a fondo de los vicios en el Poder Judicial.

Eso implica empezar desde las escuelas y facultades de derecho en el país, donde el ejemplo de muchos maestros es la mística del polémico Diego Fernández de Cevallos:

Hace algunos años el excandidato presidencial confesó a algunos periodistas que él nunca quiebra la ley. “Nada más la doblo y doblo lo suficiente para sacar ganancia”, dijo.

Así la filosofía que reciben y practican muchos abogados, y por eso la crisis en todas las fiscalías o la multitud de sentencias sin justicia de los jueces.

Cambiar al Poder Judicial no es fácil.

Hay que sacudir los ancestrales usos y costumbres de su burocracia, erradicar el machismo y misoginia en el proceder cotidiano de todos los juzgados y convencer a miles de empleados, entre ellos jueces y ministros, que aplicar la ley no es sinónimo de sacar raja, política o económica.

Implica, también, hacer a un lado el debate politiquero -en todas las trincheras- y empezar de una vez la transformación en ese terreno, donde la deuda con todos los mexicanos es inmensa.

Pero no es impagable.