Con la reforma al artículo 19 se busca ampliar la lista de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa lo cual abre algunas interrogante sobre cómo garantizar y procurar los derechos humanos, mientras se lucha contra la delincuencia. Para responder, dialogamos con Francisco Cerezo, defensor de derechos humanos

Texto: Camilo Ocampo  

Foto: Graciela López / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – La última reforma al artículo 19 de la constitución, propuesta por el expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador, amplió la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Esto, puso en alerta a diversos colectivos que velan por los Derechos Humanos en el país, debido a que dicha medida puede ser un retroceso en la impartición de justicia en México. 

En entrevista para Pie de Página, Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, organización que procura los Derechos Humanos en el país, menciona que esta medida «viola, entre otros derechos, la presunción de inocencia, la libertad personal y el derecho a la integridad de las personas privadas de libertad, junto con el principio de igualdad ante la ley».

Lo cual, afirma, «trastoca principios, leyes y tratados en materia de derechos humanos a nivel internacional»

Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario

Además expresa que un punto clave para oponerse a dichas medidas, se concentra en las detenciones arbitrarias, las cuales, son una práctica común. Lo que se resume en que «si eres detenido en algún operativo o bajo cualquier circunstancia no hay el respeto a las garantías que marca la constitución ni a los derechos humanos que México ha firmado en diversos tratados», asegura.

Y añade: 

«Las detenciones arbitrarias lo que conllevan, usualmente a tortura, fabricación de delitos y de expedientes».

Francisco asegura que otro de los puntos que se debe tener bajo observación es la presunción de inocencia, ya que con  la prisión preventiva se invierte esta situación debido a que -no importa si eres inocente, vas a estar en prisión hasta que pruebes tú que lo eres- sentencia francisco. 

De acuerdo a cifras oficiales, la administración anterior cerró con 86 mil 847 personas recluidas sin sentencia recluidas las distintas cárceles en el país, lo que representa un incremento del 16 % con respecto al 2018.

Sobre este tema, aduce Francisco, los presos sin sentencia pueden estar en ese limbo jurídico hasta 5 años. Todo, hasta que se demuestre su inocencia.

La prisión preventiva en México ¿el único horizonte?

Sobre esta pregunta, el defensor de derechos humanos explica:

«Lamentablemente, aunque el  gobierno federal alega que, por una situación extraordinaria, se justifica la prisión preventiva oficiosa, no  hay ninguna exclusión en cuanto a violaciones a derechos humanos, por lo tanto, conscientemente, están eligiendo violar los derechos humanos de manera legal».

Sobre eso, asegura que existen tratados internacionales y convenciones que obligan a México a cumplir y garantizar los derechos humanos en esta materia, como el caso Tzompaxtle y Tecpile.

El caso

En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió un sentencia por el caso de la familia Tzompaxtle así como de Gustavo Robles en la cual ordena al estado mexicano echar abajo el arraigo y la prisión preventiva oficiosa de las leyes.

En 2006, luego de que su carro se detuviera debido a falla mecánica, los hermanos  Tzompaxtle, junto con su amigo Gustavo Robles fueron requisados por la policía veracruzana de forma irregular y dijo hallar los elementos que más tarde servirán para vincularlos con actividades “terroristas” debido a su vínculo con el Ejército Popular Revolucionario.

Por dichos actos fueron absueltos pero iniciaron un procedimiento ante instancias internacionales para que el estado mexicano reconociera su responsabilidad en dichos hechos. Sin embargo, la discusión sobre dichas medidas sigue en debate, aunque la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano eliminar estas figuras de sus códigos penales.

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Cambiar el enfoque

Sobre la prisión preventiva oficiosa, Francisco Cerezo asegura que es primordial que «el Estado mexicano reconozca  que en materia de seguridad no está haciendo bien su trabajo».

A la vez, menciona que aunque el gobierno federal tiene una política de no violación a los derechos humanos, se siguen atropellando las garantías que tiene cada persona cometiendo delitos como ejecución, desaparición y  tortura.

Sobre esto, añade que una manera de ser un contrapeso es  cambiar el enfoque en materia de los derechos humanos:

«Necesitamos una policía civil que esté capacitada para no violar los derechos humanos. Mientras se siga fortaleciendo al ejército y a la guardia nacional debido al entrenamiento que tienen que es para no respetar los derechos humanos  eso va a generar todavía más violaciones a derechos».

Y finaliza: «Las violaciones a derechos humanos continuarán sí legalmente meten un nuevo paquete de delitos a la  prisión preventiva oficiosa en lugar de ir a favor de los derechos humanos y eliminar esa lista de delitos, para que sea un asunto de investigación y no de (6 encarcelamiento mientras se investiga y si no se logra se inventa que es culpable para justificar la detención de personas en México».