El recorte presupuestal al Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas pone en riesgo la operación de las Casas de la Mujer Indígena, una red de 34 centros de atención repartidos por todo el país que, entre otras cosas, apoya a mujeres en casos de violencia en lugares remotos; durante esta pandemia, su demanda se ha duplicado
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: María Ruiz
“En estas casas damos atención a mujeres violentadas. Damos atención psicológica y legal, se da un acompañamiento”, dice Rubicelia Cayetano Pesado de Naaxwiin, Casa de la Mujer Indígena en Matías Romero, Oaxaca. “Tememos que esas medidas afecten el proyecto y no lleguen los recursos con los que trabajamos”.
En un comunicado emitido el 30 de abril por la Red de Casas de la Mujer Indígena se explica que, como medida federal para hacer frente a la contingencia sanitaria, el Instituto Nacional de Pueblos indígenas recortará, entre otros, los subsidios para el ejercicio de los derechos de pueblos indígenas; lo que afectará a estas casas.
La incertidumbre sobre los recursos empezó en enero, pero ahora es más que un miedo. «Concursamos para acceder a los recursos. Metemos el proyecto y si se aprueba nos dan el financiamiento. El 6 de abril debió haberse operado. Pero los resultados se retrasaron y el 30 nos dijeron que el Inpi ya no tenía el recurso», cuenta Rubicelia.
Desde el inicio de esta contingencia se alertó por el posible incremento de violencia de género y doméstica que las medidas de distanciamiento para evitar la propagación de covid-19 podría implicar. La casa Naaxwiin es testigo de ello. “Semanalmente atendemos a 5 mujeres, normalmente. En lo que va de esta contingencia llevamos 25”, explica Rubiciela Cayetano en una entrevista por teléfono.
Estas casas dan atención a la mitad de la población en las comunidades a las que llega. En ellas previenen y atienden la violencia de género. En algunas casas dan atención materna y de cuidados durante el embarazo; en otras dan talleres de salud sexual a jóvenes.
En México hay 34 casas de este tipo, todas de la sociedad civil. Veintitrés de ellas están conformadas en una red. Por su labor la ONU las reconoció como una buena práctica de política pública en lugares apartados.
Este recorte es el segundo golpe a la operación que sufren estas casas en lo que va del sexenio. El primero fue al inicio de 2019, cuando el gobierno federal eliminó los recursos a organizaciones sociales que hacían trabajo que le correspondía al gobierno.
“Actualmente las Camis (Casas de la Mujer Indígena) son apoyadas por un proyecto del Programa de Derechos indígenas del INPI”, explica Rubicelia. “Antes nos llegaba también a través del Paimef –el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas– pero cuando los quitaron se llevaron el 50 por ciento de los recursos. Ahora nos quedamos como con menos del 80 o 90 por ciento.
“Nosotras estamos en zonas muy remotas, en lugares donde a las niñas no se les escucha, donde a las mujeres no se les da una buena atención social”, cuenta Rubicelia sobre el trabajo que realizan estas casas, muchas veces en lenguas que no son español. “A veces las mujeres nos cuentan que van con las autoridades y les piden que se lo piensen, que perdonen a su agresor y hay mujeres que por el contexto de cómo han sido educadas, el marido las vuelve a convencer.
“Este recorte nos va a pegar terriblemente”, acepta Rubicelia. “Ahora no tenemos psicóloga, ni abogada. El personal no se puede mover, porque no hay para gastos de operación. Ahorita estamos dando atención en vía telefónica y en casos grave se dará el acompañamiento, pero quién sabe de dónde, porque la mujer que nos contacta tiene que pagar su pasaje y nosotras también”.
Después de que en 2012 la red Cami fue reconocida por la ONU como una muestra de buena política pública, el ejemplo se ha exportado a otros países como Guatemala. “Tiene buenos resultados, es un proyecto de política pública que hay que cuidar que no queremos que desaparezca”, dice Rubicelia.
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