Pese a las amenazas de muerte, el hostigamiento y ahora la intención de encarcelar a defensores de derechos humanos, los pobladores del istmo mantienen el pulso a las eólicas y han tenido algunos éxitos: un proyecto se ha paralizado y ahora será sometido a consulta; y los contratos de otro podrían ser anulados

Texto: María Verza.

Fotografía: Prometeo Lucero

Juan Martínez se escabulle en la oscuridad todavía no muy cerrada de su humilde casa buscando el interruptor de la luz. Su hija da las últimas puntadas del día al bordado de un huipil. Juan cruza la sala con rapidez y mete la mano entre un nudo de cables enmarañados. ‘Clic’. “Miren”. La bombilla se prende. Los visitantes no salen de su asombro.

“Allá adentro tengo otra”, justifica. Alumbrado por esa luz, rebusca en un cajón y muestra uno de sus pesares: un factura de marzo de 2011 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un importe de 12.732 pesos (unos 800 euros), 50 veces más de lo que pagaría alguien en un departamento de Ciudad de México con todo tipo de tecnologías y electrodomésticos.

“¿Cómo la iba a pagar?”, susurra el pescador. Desde entonces, es considerado moroso por la compañía, que le cortó el servicio.

Pero no es eso lo que más preocupa al señor Juan. Lo que le quita el sueño es otro tema vinculado también a la electricidad: los peces.

“Cuando en noviembre de 2012 llegó Mareña Renovables [una empresa eólica] perforaron en la barra [el pedazo de tierra que separa la laguna superior de la inferior, ya cerca del mar] y perdimos todo el producto”, explica otro pescador zapoteco, Isidro Guerra.

“Golpeaban (barrenaron) el subsuelo profundo y murió pescado”. Guerra no ofrece explicaciones técnicas ni declaraciones de impacto ambiental, sino una prueba para él irrefutable: “Vimos peces muertos”. Y luego otra. “En Playa San Vicente, donde hay un parque eólico, no queda nada y vienen a pescar aquí, pero no hay para todos”.

El señor Juan y el señor Isidro hacen todos estos comentarios en los intervalos de una asamblea de la comunidad de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Están en pleno istmo de Tehuantepec, apenas 200 km de tierra que separan el océano Atlántico del Pacífico y cuyo potencial eólico es el segundo mayor del mundo tras el de la Patagonia, con 4.000 horas de viento útil (casi medio año), según los expertos.

A partir de 2006 las compañías energéticas, muchas de ellas españolas, llegaron para quedarse (ahora están todavía más incentivadas con la reforma energética que liberaliza el mercado). Las autoridades, tanto estatales como locales, vieron llegar a la gallina de los huevos de oro y firmaron contratos que, la mayoría de las veces, solo beneficiaban al cacique de turno y no a la población. En otras ocasiones, las empresas negociaron directamente con propietarios de tierras contratos leoninos.

Poco a poco se multiplicaron las críticas, cuando los pobladores comenzaron a ver que habían sido víctimas de abusos. Esa riqueza que las eólicas supuestamente iban a dejar en el pueblo ni les llegaba (algunas comunidades del istmo siguen sin luz), ni les interesaba a muchos de sus habitantes.

Como al señor Juan. Que solo aspira a pescar y pagar lo justo por las tres bombillas que alumbran su casa. Por eso él y sus vecinos se organizaron y desafiaron a las autoridades locales oficiales, y a los poderes económicos, arriesgando la vida. Porque en México disentir es peligroso y los matones, muchas veces a sueldo de las policías locales o estatales, florecen en cada esquina.

Ahora en Álvaro Obregón se gobierna de forma asamblearia y guardias comunitarios vigilan el paso de cualquier sospechoso. El objetivo es tener electricidad a precios razonables y que no instalen un parque eólico en sus tierras, zonas indígenas zapotecas donde habitan pescadores que no confían en los molinos como generadores de riqueza, sino en sus manos y en sus redes.

“En el momento en que la empresa entre, vamos a desaparecer, es la muerte de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, de nuestra comunidad”, teme Pedro López, otro pescador.

En la asamblea de hoy, el señor Juan y sus compañeros ponen al día a Bettina Cruz, una de las fundadoras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec , de los avances en sus reuniones con el ayuntamiento de Juchitán, que prepara una consulta sobre la instalación del parque eólico.

“¿Ven? Ya les consideran interlocutores, ¡vamos avanzando!”, anima esa indígena zapoteca que lleva toda su vida en la lucha social.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE), de 1994 hasta 2013, en el estado de Oaxaca se han proyectado dieciséis parques de energía eólica. Sin embargo, no existe un precedente de que se haya celebrado una consulta previa, libre e informada aunque es un derecho reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

Gracias a las movilizaciones y protestas de diciembre de 2012 los tribunales dieron la razón a las comunidades indígenas y ordenaron paralizar el proyecto llamado Mareña Renovables y que pretendía ser, según anunciaba la web de la empresa, el complejo eólico “más grande de Latinoamérica” con 132 aerogeneradores en 5.332 hectáreas. Ahora la energética vuelve a carga bajo el nombre de Eólica del Sur pero si gana el ‘no’, el proyecto quedará bloqueado de nuevo.

El problema, explica Bettina Cruz, es que la consulta, ni será previa, ni será libre ni será informada porque “han vuelto las amenazas, el hostigamiento y la compra de voluntades”, como denunciaron en noviembre de 2014 varias ONG. En lugar de una especie de referéndum con urnas en el que vote cada ciudadano, los consultados son las organizaciones sindicales, empresariales, de mujeres, la gran mayoría vinculadas a los partidos políticos.

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Larga historia de abusos

Pese a todos los problemas, llegar a la consulta es un éxito que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Literal. Lo sabe bien Cruz, ingeniera agrícola que siempre tuvo claro que su lugar era la defensa del derecho a la tierra de su pueblo, el zapoteco, un derecho humano no siempre reconocido por los gobiernos de turno.

Justo después del fallo del tribunal en el caso de Mareña, el hostigamiento se convirtió en amenazas de muerte contra ella y contra otros líderes indígenas como contábamos en este reportaje en Periodismo Humano . Nadie murió entonces aunque hubo fuertes enfrentamientos cuando los pobladores bloquearon el acceso a la barra donde Mareña quería instalar los aerogeneradores. Cruz y otros defensores tuvieron que exiliarse y esconderse.

Ahora el objetivo de las autoridades es encarcelar a la activista. “Ya sabemos las consecuencias de esta lucha, no vivimos en un país democrático”, asegura ella tajante. Es, denuncian las ONG, una forma de desactivar a los defensores molestos.

“Hay un patrón generalizado (…) de criminalización, detenciones arbitrarias, hostigamiento a las organizaciones, campañas de desprestigio, agresiones aparejadas a los intentos por imponer proyectos o extraer recursos minerales, sin el consentimiento de las poblaciones”, dice un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos humanos (CMDPDH).

Desde 2011, esta ONG documentó 106 casos de hostigamiento contra 282 defensores del derecho a la tierra y 19 organizaciones en 29 países. En el mismo periodo, 43 fueron asesinados y 123 sufren acoso judicial. Además, 95% de las violaciones de derechos contra los defensores quedan en la impunidad.

El caso de Bettina Cruz es uno de ellos. El delito por la que la persiguen fue participar en 2011 en una protesta pacífica frente a la CFE en Juchitán para denunciar el alto precio de la electricidad y exigir la libertad de Filiberto Vicente Aquino, indigena y comunicador comunitario binniza , acusado de robo de energia electrica. O dicho en versión del Estado: “privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional”.

“Cuando estaba el conflicto tan fuerte durante el bloqueo de la barra, ir a firmar al juzgado implicaba que me pudieran matar por el camino”, asegura.

En 2012 la llegaron a aprehender, salió tras pagar fianza, pero el proceso continúa. Tiene que ir al juzgado cada mes y en cualquier momento llegará la sentencia, aunque estas escasean en México (más del 90% de los crímenes quedan impunes) y pese a que 300 organizaciones y el alto comisionado de derechos humanos de la ONU se han posicionado a favor de la activista.

“Cuando estaba el conflicto tan fuerte durante el bloqueo de la barra, ir a firmar al juzgado implicaba que me pudieran matar por el camino”, asegura.

Cruz no oculta cierta intranquilidad, pero dice que está acostumbrada a los tiempos duros. Como aquel otoño de 2011 en Unión Hidalgo. “Era como una guerra, día y noche. La tensión con la energética Demex era tanta que hasta pedimos al gobierno que interviniera porque temíamos por nuestras vidas”.

Aquel conflicto con Demex, filial de la española Renovalia, que todavía está en los tribunales, alimentó la desconfianza de los pobladores del istmo hacia todas las energéticas.

“Vinieron con programas para mitigar la pobreza (Oaxaca es uno de los estados más pobres de México) pero lo que hacen relumbra un momento y luego cae”, explica Cruz. En parte, reconoce, por la corrupción que todavía impera en los partidos tradicionales y en las administraciones locales. Pero las multinacionales siempre dijeron que ese no era su problema.

“Cuando llegaron los de Demex empezaron a coquetear con los propietarios de las parcelas mediante chicas guapas que debían convencerles para que firmaran; al año siguiente rifaron una camioneta, luego comenzaron a ofrecer dinero”, explica Juan Regalado, un dueño de tierras en Unión Hidalgo que no rechaza a las eólicas, rechaza los engaños. “Nos dijeron una bola de mentiras, como que nos pagarían por hectárea y no por el espacio exclusivo del aerogenerador. Por eso firmamos”. Tampoco podían ni imaginar, que la energética incluso se atrevería a hipotecar sus tierras.

Cuando quisieron revisar las condiciones, la empresa se negó y llegó la violencia. “’Ya firmaron, ya se chingaron’, fue la frase repetida por el responsable de Demex, Fernando Ballester”, añade Regalado.

Fue entonces, octubre de 2011, cuando comenzó lo que Bettima llama ‘la guerra’: por un lado los propietarios bloqueando carreteras; por otro, la empresa y las autoridades locales que querían despejarles. “Pagaron a golpeadores y sicarios”, dice Regalado.

“No es fácil luchar contra el sistema”, reconoce Bettina Cruz mientras visita a unos y a otros poniendo en común estrategias de lucha, siempre con ojos en la espalda por lo que pueda venir.

“En un momento dado llegó un grupo armado disparando, pensé que nos iban a matar”, rememora Bettina Cruz. “’Ahora sí pinche vieja cabrona’, me dijo uno de ellos. Pero el disparo no llegó”.

El enfrentamiento acabó con un muerto. “Era uno de ellos, que lo debieron matar de un disparo al aire pero acusaron a un compañero aunque nosotros no llevábamos armas. Tardaron dos años en liberarlo”.

La lucha por anular los contratos de Unión Hidalgo continúa a finales de 2014. La demanda de los propietarios fue aceptada por el tribunal agrario, mientras sus habitantes siguen sumando desagravios: se quejan de la cercanía de los aerogeneradores, del ruido que hacen. “La empresa incluso ha preguntado a los médicos si había más padecimientos del oído para ir a repartir más dinero, así funcionan”, dice una pobladora de Unión Hidalgo que pide el anonimato por seguridad.

“No es fácil luchar contra el sistema”, reconoce Bettina Cruz mientras visita a unos y a otros poniendo en común estrategias de lucha, siempre con ojos en la espalda por lo que pueda venir.

No es la única que vive con las amenazas de muerte o de encarcelamiento. Filiberto Vicente, de Santa María Xadani está en una situación parecida y por los mismos motivos. “Nos acusan de todo, yo soy secuestrador, él es ladrón, incluso me acusaron de traficante de armas”, dice socarrón mientras ofrece al visitante pequeños camarones que pescó en la mañana. “Tuve que poner rejita en la casa”, explica, aunque es difícil creer que esos cuatro hierros puedan evitarle problemas.

El peligro de Vicente se llama ‘Radio Xadani’, una pequeña emisora comunitaria. “Empecé a hablar de las eólicas y enseguida comenzó el hostigamiento”. En una ocasión incluso llegó la marina y el ejército, recuerda . “A veces me entra el miedo, a veces coraje”.

Él, igual que Bettina Cruz o el Señor Juan, no tiene luz y se enganchan al suministro a través de tomas que le presta algún vecino. La mitad de los 8.000 habitantes de Santa María Xadani está igual. No paga como parte de la protesta por las altas tarifas. “Me cortarán la luz pero no me pueden tapar la boca”, asegura Vicente.

Mientras se desarrolla la conversación, Bettina recibe una llamada. “Una camioneta sospechosa ha intentado entrar a Álvaro Obregón y los compañeros la han retenido”, cuenta. Según Cruz, son de Eólica del Sur o de la CFE e intentan pasar a hacer mediciones. El ambiente se tensa pero al cabo de unos minutos, Cruz recibe otra llamada. “Ya se fueron, entraron en razón”. Ya no hace falta que Filiberto Vicente interrumpa la programación para lanzar un mensaje de emergencia por Radio Xadani. No obstante, asegura que la situación está complicada en todo México.

“Está cabrón. Si no, vea cómo desaparecieron a los 43 estudiantes”

“Todo es parte de la misma lucha”, dice Cruz: la lucha por los derechos de los hombres y los pueblos.

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NOTAS DE LOS EDITORES: (16 de febrero de 2015):

En enero de 2015, las empresas españolas Iberdrola, Gamesa y Acciona anunciaron que invertirán casi 14.000 millones de dólares entre 2015 y 2018 en el sector de energía eólica en México.

Un mes después, la defensora del territorio Bettina Cruz fue absuelta de los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional, de los que fue acusada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2011 por su supuesta participación en una manifestación frente a las oficinas de la paraestatal.

Su caso es representativo del uso desviado de la justicia penal para acallar las voces de los defensores, señalaron las organizaciones Amnistía Internacional; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Asociadas por lo Justo (JASS); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Red Nacional de Defensoras y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

A pesar de que las organizaciones valoraron que es una buena noticia la absolución, dictada desde diciembre de 2014 y que recién quedó firme, hay más de 50 defensores y defensoras del Istmo acusados de diversos delitos en el contexto de la imposición de megaproyectos en la región, precisó Bettina Cruz. Más info.

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Reportaje publicado en Periodismo Humano

*Este trabajo se realizó con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la UE *