El sistema de salud en nuestro país vive una crisis que no es atendida de forma adecuada. Este problema se profundiza para las personas que viven la peor cara de la desigualdad en salud, como las personas jornaleras agrícolas en México

Por: Javier Medina*

Hace unas semanas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó las estimaciones de la medición de pobreza multidimensional para el año 2022. Aunque el hallazgo principal fue la reducción de la población en situación de pobreza, de 41.9 a 36.3 por ciento de la población —de 51.9 a 46.8 millones de personas— entre 2018 y 2022, aumentó el de carencias sociales, entendido como el acceso a derechos, en particular el de servicios de salud. El número de personas que reportaron no tener acceso al derecho a la salud creció 2.5 veces en este periodo, al acumular cerca de 50.4 millones de personas con incertidumbre sobre cómo hacer valer este derecho en el año 2022.

Más allá de la discusión metodológica, es importante reconocer algo que es innegable: el sistema de salud en nuestro país sigue viviendo una crisis que ha quedado sin ser atendida de forma adecuada. Además, este problema se profundiza para las personas que viven de primera mano la peor cara de la desigualdad en salud, como las personas jornaleras agrícolas en México.

En distintas ocasiones, la Alianza Campo Justo ha insistido en voltear a ver a esta población que no tiene garantizada la atención de su salud desde los sistemas estatales, tanto en comunidades de origen como en entidades de destino. Lo anterior se debe a problemas conocidos y documentados: relaciones laborales informales, falta de cumplimiento de obligaciones patronales de las empresas, esquemas de seguridad social excluyentes, desigualdades en servicios de salud para los sistemas no contributivos y falta de programas que atiendan la realidad del trabajo temporal agrícola, entre otros. Además de estos retos, el panorama de la salud para personas jornaleras se vuelve más complejo cuando se agregan factores como las diferencias culturales y de lenguaje.

En este sentido, vale la pena recordar las lecciones que nos dejó la pandemia. Oxfam México publicó un reporte en mayo de 2023 donde se identificaron diversos desafíos para los esfuerzos de la política de vacunación, como elemento del derecho a la salud, en la población jornalera agrícola en Chiapas y Sonora. Entre estos retos sobresalió la desconfianza en las autoridades sanitarias y en la vacuna debido a la falta de información suficiente, clara, adecuada y oportuna.

Esta falta de información también resultó de las barreras de lenguaje y de la pertinencia cultural que tuvo la campaña de vacunación para estos grupos. Las campañas de comunicación como “Quédate en casa” y “Sana distancia” no apelaban a la población ni a sus realidades.

El estudio también sistematizó aprendizajes sobre la estrategia de vacunación para generar información generalizable para una política pública universal e inclusiva, pero con sensibilidad al contexto de la población jornalera. Algunos de estos aprendizajes son:

• Información para todas y todos, que lleva a incluir espacios de educación sobre la salud en las brigadas de salud, con mensajes culturalmente pertinentes y accesibles para todos los grupos sociales considerados en la política.
• Datos para no dejar a nadie atrás, que implica contar con más información pública desagregada y oportuna que permita conocer, a profundidad, las condiciones de salud de las jornaleras agrícolas, al tomar en cuenta también las diferencias por género.
• Políticas públicas inclusivas para personas jornaleras, que contemplen acciones específicas sobre su contexto de vida, trabajo y condiciones de movilidad.
• Presencia institucional cercana, tanto en el cuidado de la vida digna como de la salud de grupos en exclusión social, donde las autoridades locales y federales consideren y garanticen las diversas determinantes del derecho a la salud —vivienda, educación, alimentación y acceso a servicios básicos.
• Inclusión de prácticas culturales, especialmente en las campañas de prevención y tratamiento, para asegurar su reconocimiento y mejorar la efectividad de las políticas en materia de salud.
• Protección laboral y social para personas trabajadoras jornaleras, que asegure el cumplimiento de las obligaciones de las empresas que emplean a personas jornaleras.
• Fortalecimiento de esfuerzos coordinados de prevención, para promover en todos los niveles de gobierno una política de prevención efectiva, que incluya la vacunación universal y contemple medidas de seguimiento de la salud y abasto de medicamentos y biológicos requeridos

Las barreras para el ejercicio efectivo del derecho a la salud para las personas jornaleras agrícolas son persistentes y estructurales. En gran medida, recurren a consultorios de farmacias, ya sea por su cercanía o por la rapidez en la atención; de cara a la lejanía de los servicios públicos, la inconsistencia en la atención y provisión de insumos en sus comunidades y su mala reputación en la población. Estas circunstancias reflejan una realidad preocupante: la accesibilidad a servicios de salud básicos resulta un desafío cotidiano para las personas jornaleras agrícolas, así como una carga adicional a sus bolsillos y su tiempo. Así, la búsqueda de atención médica se ve guiada por la necesidad inmediata, lo que a menudo deja de lado la prevención y el cuidado integrales.

Aunque la reducción en la pobreza —aunque no de la pobreza extrema— fue guiada por un impulso desde los ingresos de los hogares, la falta de atención a la inversión pública en infraestructura y servicios de salud resulta en desigualdades sociales más allá de las económicas. Esta situación perpetúa un ciclo de desigualdades y de vulnerabilidad en la salud pública, lo que contrarresta los avances logrados en la disminución general de la pobreza.

La pandemia ha revelado la necesidad apremiante de establecer políticas públicas inclusivas y sensibles a las necesidades de las poblaciones más excluidas. Las personas jornaleras agrícolas no solo viven en condiciones de trabajo precario, sino que en su mayoría también habitan en los territorios con los mayores rezagos sociales y económicos. Cuando las carencias aumentan y la pobreza extrema no cambia, hay que preguntarnos: ¿Quiénes son esas personas que están peor que hace apenas unos años? Seguramente, algunas de ellas se están preparando en estos días para migrar lejos de su hogar y de su comunidad.

*Coordinador de Inclusión Social en Oxfam México