Empresas de todos los tipos y tamaños han buscado tener sellos que indiquen que tienen alguna característica que se les exige o premia, más allá de si es real o no. La pregunta entonces es si el público quiere que lo haga tonto el gran capital o se pone del lado de los productores que no le mienten
Twitter: @eugeniofv
Algo que no deja de ser sorprendente y peligroso, por el enorme peso de los mercados bursátiles y financieros en la economía es la enorme capacidad —que ya se ha señalado aquí y en otros espacios— de los dueños del gran capital para hacer como que ven la realidad al tiempo que la ignoran. El ejemplo que con más fuerza ha resonado en la prensa recientemente es el de los índices de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, que dan el equivalente de una medalla a las empresas y que por su terrible laxitud contrasta con los procesos a los que se someten los productores con los pies en la tierra.
Desde hace décadas, empresas de todos los tipos y tamaños han buscado tener sellos que indiquen a los consumidores, o a los mercados a los que buscan seducir, que tienen alguna característica que se les exige o premia. Es el caso, por ejemplo, de los sellos que anuncian que un champú se hizo sin maltrato animal o que una catsup no tiene azúcar añadida. Algo así pasa con el desempeño ambiental y en sustentabilidad de las grandes corporaciones globales.
En una tendencia que se hizo aún más pronunciada con la crisis económica provocada por la pandemia, muchas empresas han buscado quién les dé un sello que señale que tienen un compromiso con el medio ambiente, pero no por su desempeño real, sino por lo que quieren que los demás escuchen. Las empresas que producen índices se apresuraron a responder a esa demanda, y en México ofrecen, por ejemplo, el S&P/BMV Total Mexico ESG Index.
Se trata de un índice que se construye a partir de formularios que responden las compañías enlistadas en él. Según explica Standard & Poors, responsable de su construcción, cuando las empresas no responden una pregunta se busca información pública que ayuda a responder a esas preguntas. El problema es que eso lo único que implica es que una empresa que sabe que está en un sector muy vigilado pondrá atención a responder lo que quiere, y como no hay una verificación real, entonces sus respuestas pueden perfectamente ser mentiras o vaguedades. Éste parece ser el caso, si se toman en cuenta el perfil de las empresas que enlista y el hecho de que, según la propia Standard & Poors: “un cuarto de todos los activos profesionalmente administrados incorpora consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG)”.
En el índice mexicano está, por ejemplo, grupo Alfa, dueño de Alpek, una de las principales empresas productoras de plásticos y químicos del mundo, y de Sigma Alimentos, que distribuye comida procesada por todo el planeta. Quien revise sus documentos en materia de sustentabilidad encontrará que mucho de lo que hay o no es creíble o simplemente son vaguedades. Así, por ejemplo, Alpek no encontró casos de discriminación en sus filas en los últimos tres años, y Sigma reporta dinero invertido y porcentajes avanzados, pero no en función de qué ni cómo puede estar seguro de esos avances logrados.
En contraste con ello, quien se certifique como productor justo y orgánico según, por ejemplo la norma de la empresa Certimex (homologada en casi todo el mundo), tiene que someterse a un durísimo análisis sobre el terreno. En el caso de las organizaciones de productores, lo que se certifica es un sistema de control interno que garantice que se cumplen las normas y se revisa periódicamente que así sea. En el caso de los productores privados, se certifica con visitas a campo e instalaciones que efectivamente se cumplen las reglas de Certimex.
En el caso de los productores de madera, si se certifican según la norma internacional más socorrida, el estándar de manejo forestal del Forest Stewardship Council (FSC), entonces tienen que cumplir diez principios sobre legalidad, impacto ambiental e impacto social, aterrizados en decenas de indicadores que son verificados sobre el terreno por un auditor independiente.
Con tan sólo revisar metodologías y reportes de las empresas certificadas según estas normas que sí van al terreno y comparar con las que trabajan desde el escritorio queda claro quién es honesto con el público y quién no. La pregunta entonces es si el público quiere que lo haga tonto el gran capital o se pone del lado de los productores que no le mienten.
Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
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