El Metro padece en las últimas semanas una serie de incidentes que son considerados como sabotaje por las autoridades. En la investigación de los hechos es fundamental indagar a todos, amigos y adversarios de la 4T. Arriesgar la vida de millones de usuarios a cambio de votos es miserable

Twitter: @anajarnajar

El Metro de Ciudad de México está bajo asedio.

En las últimas semanas se han registrado varios incidentes que se difundieron ampliamente.

Percances que en otro momento no hubieran merecido mayor atención de los medios ahora ocupan espacios destacados, y son objeto de análisis en artículos, columnas y programas de debate político.

Súbitamente, las decenas de millones de personas que cada semana utilizan el servicio se convirtieron en profunda preocupación de los opinadores que integran La Conciencia Crítica de México.

Es probable que algunos de estos percances se deban al desgaste por escaso mantenimiento.

No es un secreto que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) padece desde hace varios años un severo problema por el insuficiente mantenimiento a las instalaciones.

Es parte de la herencia de gobiernos anteriores, especialmente el de Miguel Ángel Mancera, que asignaron recursos insuficientes para esa tarea.

Pero hay otros incidentes que, de lo informado hasta ahora, parecen ser intentos de sabotaje. Así lo ha sugerido la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

De hecho, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) tiene abiertas varias pesquisas en esa línea de investigación.

De hecho, para evitar daños mayores fueron asignados más de seis mil elementos de la Guardia Nacional a la vigilancia de las instalaciones, y además se planea supervisar la operación de los talleres del Metro con ingenieros militares.

La intervención de la GN causó polémica. Varios cuestionaron que el despliegue es superior al de la mayoría de los estados de la República.

Según este argumento sólo en Guanajuato, Estado de México y la capital del país existen más guardias nacionales que el asignado al STC.

Los promotores de esta versión convenientemente olvidan un detalle: en sólo un mes por el Metro capitalino se mueven más de 90 millones de personas.

En México viven más de 126 millones de personas según el último censo del INEGI. 

Es decir, en las instalaciones del STC convive, cada mes, el equivalente al 71.4 por ciento de la población del país.

Cualquier accidente grave o un sabotaje puede causar decenas de víctimas mortales. Por eso es fundamental garantizar la seguridad de los usuarios, con todos los recursos que sean necesarios.

El Metro es fundamental para la estabilidad de la capital mexicana, y por lo mismo representa un factor de alta resonancia política.

Lo que suceda allí tiene consecuencias, y tal vez por eso el interés por sabotear sus operaciones.

Los intentos de dañar a usuarios o instalaciones del STC deben castigarse sin miramientos. 

Pero en el México polarizado de los últimos años, vale la pena preguntarse a quién conviene una tragedia en el Metro. 

En las elecciones de 2021 la oposición ganó la mitad de las alcaldías de Ciudad de México, y de acuerdo con algunas encuestas la razón de su victoria fue el accidente de la Línea 12 ocurrido el 3 de mayo de ese año.

Las votaciones fueron el 6 de junio. En el mes siguiente al percance el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) perdió 9.7 por ciento de su preferencia electoral, según una medición del diario El Universal.

Si el accidente hubiera ocurrido antes de mayo, y con la campaña intensa contra el Gobierno capitalino, probablemente la derrota de Morena hubiera sido mayor.

Lección aprendida: según la oposición los percances en el Metro les generan votos, y mientras más grave el incidente más el respaldo político que cree alcanzar.

Es la mejor manera de enloquecer la capital y perjudicar la vida de millones de usuarios que, en su mayoría, no tienen otra alternativa de movilidad que el transporte público.

Es decir, los afectados serían personas pobres que representan la base electoral de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por eso la amplia difusión que han tenido los últimos percances en el Metro, y también los intentos de algunos medios y periodistas para minimizar la hipótesis de presuntos sabotajes.

Un ejemplo: el 12 de enero la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la caja negra de uno de los trenes accidentados en la Línea 3 fue sustraída del sitio y apareció en una camioneta.

Horas después en redes sociales como Twitter se divulgaron fotos de una camioneta del STC donde supuestamente se encontraba el aparato.

El objetivo fue restar credibilidad a la jefa de Gobierno y esparcir la idea de que era un malentendido.

Pero quienes difundieron esta versión olvidaron un pequeño detalle: en accidentes como el del 7 de enero los únicos autorizados para remover piezas son peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Y cualquier objeto que se catalogue como evidencia debe transportarse en unidades de la FGJCDMX.

Las investigaciones de la Fiscalía deben incluir los históricos ataques hormiga que ha padecido el Metro desde hace varios años.

Muchos ocurren, curiosamente, en los tiempos de negociación del contrato colectivo con el Sindicato, o cuando existe algún interés de grupos políticos vinculados con esta organización.

Y no necesariamente son organizaciones opositoras. En las filas de la 4T también hay intereses encontrados que en estos tiempos de sucesión presidencial suelen profundizarse.

Esto debe ser parte del análisis jurídico de las autoridades, y también en las cúpulas de poder del partido en el gobierno.

Lucrar políticamente con los incidentes en el Metro es mezquino. Pero arriesgar la vida de millones de personas a cambio de votos para cualquier partido o candidato es, indudablemente, miserable.