Con 434 diputadas y diputados buscando la reelección, con reglas laxas y sin control ciudadano, es alto el riesgo de enquistar cacicazgos, desincentivar la renovación de cuadros políticos y consolidar a las cúpulas de San Lázaro

Twitter: @chamanesco

La elección de las diputadas y diputados que integrarán la 65 Legislatura a partir del próximo 1 de septiembre presenta varias novedades para el electorado mexicano.

De entrada, es la primera vez que quienes ocupan una curul podrán optar por la reelección y trascender de una legislatura a otra (hasta por tres ocasiones), sin renunciar al cargo.

Los lineamientos de elección consecutiva aprobados por la misma Cámara de Diputados son tan laxos, que quienes quieran reelegirse podrán hacer campaña sin solicitar licencia ni renunciar a sus dietas y privilegios de los que gozan como legisladores.

Harán campaña desde la curul y con todos los recursos públicos que les son inherentes al cargo; podrán cambiar de distrito al que supuestamente representan, dejar de ser plurinominales y volverse legisladores de Mayoría Relativa (y viceversa), y pasar de legisladores suplentes a propietarios.

Las y los diputados podrán reelegirse por el mismo partido o alguno de los partidos integrantes de la coalición por la cual fueron electos en 2018; e incluso podrán cambiar de partido o coalición siempre y cuando hayan renunciado a su anterior militancia antes del 28 de febrero de 2020.

Entre las pocas limitaciones que los propios diputados se autoimpusieron, sobresalen: no dejar de acudir a las sesiones o reuniones del órgano legislativo por realizar actos de campaña, y no utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o económicos, con fines electorales.

Y, aunque los lineamientos prohíben específicamente el uso para actividades proselitistas de los módulos y oficinas de gestión ciudadana subvencionadas por la Cámara, ¿quién puede garantizar que éstas no se convertirán en casas de campaña?

Quizás por eso, 434 de 500 diputadas y diputados manifestaron ante el Instituto Nacional Electoral su intención de reelegirse: 210 mujeres, 224 hombres; 261 de Mayoría Relativa y 173 de Representación Proporcional.

De acuerdo con la forma en la que fueron postulados en 2018, 189 son de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES), 82 de Morena; 48 de Por México al Frente (PAN, PRD, MC); 36 del PAN, 35 del PRI, 11 de Todos por México (PRI, PVEM, Nueva Alianza), 11 del Verde, 8 de MC, 6 del PT, 5 del PRD y 3 del PES.

Muchos de esos legisladores son suplentes de personajes que llegaron en septiembre de 2018 a San Lázaro y meses después solicitaron licencia para ocupar un cargo en el gobierno federal. 

En total, se han aprobado 111 licencias en la 64 Legislatura; de las cuales 90 están vigentes actualmente (es decir, los propietarios no han regresado a ocupar la curul).

Entre las licencias, destacan las de Zoé Robledo, actual director del IMSS; Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE; Javier Duarte, director general de Aduanas; Mario Delgado, presidente nacional de Morena; y las de tres ex coordinadores de Programas del Bienestar y actuales candidatos a las gubernaturas de sus estados: Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Indira Vizcaíno, de Colima, y Juan Carlos Loera, de Chihuahua.

La mayor parte de los suplentes de estos personajes buscarán la reelección en este ciclo electoral, para convertirse en legisladores propietarios y, quizás, aspirar a mantenerse en ese cargo hasta 2030, pues la reelección quedó abierta hasta por tres ocasiones; es decir, cuatro legislaturas o, lo que es lo mismo, permanecer 12 años en San Lázaro.

(De igual manera, los actuales senadores, electos en 2018, podrán buscar la reelección en 2024 y quedarse seis años más en la Cámara alta). 

La llave de esta súper reelección, tal como se ideó en la reforma constitucional de 2012, sería el aval ciudadano a la labor legislativa, expresado a través del sufragio.

Se suponía que la reelección no sería un derecho de las y los legisladores, como algunos de ellos lo han planteado, sino una prerrogativa de la ciudadanía; un mecanismo para premiar o castigar su trabajo.

Pero, si el diputado podrá reelegirse por otro distrito, por otro principio, o incluso por otro partido o coalición, el mecanismo de control ciudadano de la labor legislativa queda prácticamente anulado.

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Será esta semana, entre el 22 y el 29 de marzo, cuando los partidos y coaliciones registrarán las candidaturas que presentarán en las elecciones federales.

En esas postulaciones se confirmará quiénes superaron las aduanas internas de sus partidos, para buscar la elección consecutiva.

En ese proceso, pelearán la mayoría en la Cámara de Diputados dos grandes coaliciones, distintas a las tres que se conformaron en 2018.

Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el PT y ahora por el Partido Verde, registrará candidaturas comunes en 183 de los 300 distritos electorales.

Y la alianza Va por México, integrada por el PAN y el PRD y su antiguo enemigo, el PRI, postulará las mismas candidaturas en 219 distritos.

Por separado, estos seis partidos registrarán sus propias candidaturas en aquellos distritos donde no se coaligaron, y sus propias listas de candidatos por el principio de Representación Proporcional.

Además, habrá 500 fórmulas de candidaturas de Movimiento Ciudadano, partido que decidió ir solo en el 2021, y de los tres partidos “nuevos”: Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Solidario y Fuerza por México.

En la mayoría de los casos, quienes hoy tienen una curul ocuparán las candidaturas de los distritos más competitivos de sus respectivos partidos y los primeros lugares de las listas de plurinominales.

Así las cosas, es alto el riesgo de enquistar cacicazgos en la Cámara, desincentivar la creación y renovación de cuadros políticos, y consolidar a las cúpulas partidistas y las llamadas burbujas parlamentarias.

¿Qué nos queda ante ese panorama?

Algo que, lamentablemente, se hace poco en México: vigilar a nuestros legisladores.

Esto es, investigar y analizar su trabajo en los casi tres años que van de la actual Legislatura, revisar si quien nos representa buscará la reelección, pensar si merece quedarse en la curul, e ir a votar a favor o en contra de su permanencia en el Legislativo.

Sólo así, la reelección en 2021 podría ser un instrumento de control ciudadano y no una herramienta para empoderar, aún más, a los actuales dueños de San Lázaro.