Comandante del 41 Batallón de Infantería el día de la desaparición de los 43, Hernández Nieto tenía vínculos con la delincuencia organizada, como acreditan los informes del GIEI. Sin embargo, esto no bastó para que el General permaneciera en prisión por el caso Ayotzinapa

Texto: Kau Sirenio

Foto: Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO. – Organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan a las mamás y papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunciaron opacidad en la administración de justicia ante la prisión domiciliaria concedida al ex comandante del 41 Batallón de Infantería, el general Rafael Hernández Nieto.

El militar estaba recluido en el Campo Militar No 1-A, en la Ciudad de México. Se encontraba a disposición de la juez del fuero civil de Almoloya, Estado de México, Raquel Ivette Duarte. Esa misma juez determinó el cambio de medida de prisión a prisión domiciliaria al acatar un amparo.

“El día de ayer, las organizaciones que acompañamos a las familias de Ayotzinapa tuvimos conocimiento de que el General Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada en el marco del caso Ayotzinapa, recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria” se lee en el posicionamiento de las organizaciones que acompañan a familiares de los 43.

Entre las organizaciones firmantes aparecen el Centro de Derechos Humanos de la Montaña: Tlachinollan; Fundar; y el Centro Prodh.

El General Hernández: enlace con Guerreros Unidos

En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el militar es señalado en la desaparición forzada de los normalistas el 26 de septiembre de 2014. También se le vincula con la delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.

En uno de los mensajes que recopiló el GIEI que involucran al militar se lee: “Voy a ir a telo a traer cosas y ver al coronel nieto para k este bien todo”. 

En los mensajes de texto se le menciona directamente por su apellido.

También, en la conversación de textos se hacen alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado, Guerreros Unidos, con los miembros del 27 y el 41 Batallón de Infantería. éste último a cargo del general Nieto.

Militares protegidos por la justicia

A pesar de estos antecedentes, y de tener la información a su disposición, la jueza Raquel Ivette Duarte otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al militar.

Las organizaciones sociales la cuestionaron:

“No es la primera vez que el General recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”. 

Esta irregularidad, recordaron, motivó la salida del fiscal que tenía a su cargo el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo en septiembre de 2022.

Después de esto, el proceso contra el General ffue adquiriendo más pruebas, entre ellas las analizadas por el GIEI. Esto evidenció que la decisión de suspender su orden de aprehensión fue ilegal, por lo que se volvió a ejecutar. El 6 de julio de 2023 autoridades detuvieron al General Nieto, y posteriormente le dictaron auto de formal prisión.

La decisión de la Juez Segundo de Distrito, sin embargo, echa abajo una parte de los esfuerzos por alcanzar la justicia en el caso Ayotzinapa.

A la juez, las organizaciones la acusan de mostrar en reiteradas ocasiones un sesgo a favor del Ejército mexicano.

“Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado, y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”, cuestionaron en el comunicado.

Y añaden que en el caso contra el General se presentaron otras irregularidades. Por ejemplo, que «de forma extremadamente inusual, la Guardia Nacional determinó en menos de 24 horas que el detenido no presentaba riesgo de fuga».

Estos hechos, cuestionaron, demuestran un patrón de «celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”.

El General Hernández Nieto era comandante del 41 Batallón de Infantería cuando la policía municipal de Iguala atacó a los normalistas de Ayotzinapa. Esa noche, el militar e integrantes de Guerreros Unidos intercambiaron mensajes de textos con narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas. Sus conversaciones muestran que el General tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada.

“Por las distancias, los padres y madres de los 43 apenas están conociendo la determinación, y en su momento fijarán su postura. No obstante, es necesario señalar desde ahora que ésta iédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia” concluyeron las organizaciones de derechos humanos.