La entrevista que sigue fue hecha en julio de 2018, durante una investigación para el corto documental «Ya no somos invisibles», proyecto motivado por el propio colectivo al que pertenecía Guadalupe Rodríguez. Ella advierte: Nadie hace nada por los desaparecidos

Texto y fotos: Heriberto Paredes 

GUERRERO.- María Guadalupe Rodríguez Narciso, originaria de Chilpancingo, buscó desde el 4 de junio de 2014 a su hijo Josué Molina Rodríguez. Lo hizo hasta el momento en que enfermó de covid, comenzó a tener complicaciones y finalmente falleció el 28 de agosto de 2021. Murió sin haber encontrado a su hijo, pero su lucha y búsqueda significan un legado fundamental para las miles de familias que buscan en su estado natal y en todo México. 

La entrevista que sigue fue hecha en julio de 2018, en el contexto de una investigación que dio como resultado el corto documental «Ya no somos invisibles», proyecto motivado por el propio colectivo al que pertenecía Lupita, como se le conocía amistosamente. 

A pesar del tiempo y del cambio en algunas instituciones, la situación de incertidumbre, falta de respuesta y riesgo para las familias en búsqueda no ha cambiado para bien, todo lo contrario, actualmente el riesgo ha aumentado y varias personas que buscaban a sus familiares han sido asesinadas. En este mismo sentido, el presupuesto para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya no está disponible para el apoyo que destinaba a víctimas –por raquítico y a cuenta gotas que fuera–, lo cual ha generado nuevos retos para continuar buscando.

Lupita participó en marchas, plantones, huelgas de hambre, brigadas de búsqueda, reuniones y talleres incansablemente, no se doblegó ni frente al riesgo de buscar en contextos adversos, ni por la falta de presupuestos, ni ante la mala actuación de todos los niveles de gobierno y autoridades. Lupita sorteó la burocracia y la insensibilidad de funcionarios, en Guerrero y en la sede federal de las instituciones en donde se coló para exigir resultados.

Es por ello que esta entrevista es un buen reflejo de su pedagogía de búsqueda, de su sensibilidad con otras familias en la misma situación. Su empuje motivó a muchas personas a buscar a su familiares, puso en jaque la palabra –supuestamente honesta e intachable– de fiscales, ministerios públicos, subsecretarios, funcionarios de todo tipo. Mujer menuda, de paso firme, manos fuertes y mirada alegre, caminó sin cansarse, caminó para que muchas más mujeres siguieran este duro camino y pudieran así encontrar a sus familiares. Gracias a ello, la colectividad que motivó continuará las búsqueda de su hijo hasta encontrarlo.

¿Podría contarnos sobre el surgimiento del colectivo al que pertenece?

Desde 2015, nos dimos cuenta de que solos no podíamos acceder a la justicia, porque tuvimos amenazas, humillaciones, nos trataron de delincuentes y dijeron que probablemente mi hijo andaba en algo malo, eso pasó. Lejos de investigar quién se llevó a mi hijo primero nos investigaron a nosotros y cuando se dieron cuenta de que no teníamos ninguna conexión con un grupo o algo, no hicieron las diligencias que tenían que practicarse porque ya ‘había pasado el tiempo’; porque todo tiene un término: para las cámaras, los videos que hay en la ciudad, de donde se llevaron a mi hijo, de donde le retiran su dinero, ya no dieron información de estas cámaras.

Entonces investigan cuando ya saben que no van a encontrar huellas ni indicios de dónde está mi hijo, no practicaron ninguna diligencia, la inspección ocular que es la primera que tiene que levantar el Ministerio Público, que es de dónde ocurrieron los hechos, no la hicieron, hasta que presenté una queja, hasta entonces fueron a hacer las diligencias que estaban pendientes.

Al ver la negligencia de la Fiscalía del estado, al ver la prepotencia de los fiscales, de todas las fiscalías –porque mi caso estuvo en varias instancias de la Fiscalía General del Estado–, me vi en la necesidad de agruparme con más personas para que el reclamo de nuestra exigencia fuera más escuchada, por lo menos. 

Primero éramos 5 o 6 personas, empezamos a correr la voz. Empecé a dar mi teléfono y me llamaban y me preguntaban, yo les decía que el único objetivo era encontrar a nuestros desaparecidos y pedir justicia por los asesinados, saber quién cometió el delito. Nos empezamos a reunir y de ahí fueron aumentando hasta que llegamos a tener 100 familias, entre madres, padres, hijos y hermanos, somos más de 500 personas en el colectivo y cada día se suman más. Fuimos a la radio y dimos mi teléfono por si había más que se quisieran integrar

Nos vimos en la necesidad de formar el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, Guerrero y el País, y a través de formar este colectivo me di a la tarea de organizar a la gente que era víctima y que no había accesado a la justicia, por miedo o porque los amenazaban, o porque los recursos para exigir la búsqueda no eran suficientes y se dedicaron a trabajar para darle de comer a sus hijos. Se esclavizaron en el dolor y en la angustia, pero de ahí no pasaban.

Empezamos a trabajar con esta gente, a hacerles conciencia de que tenían que hacer algo con su familia porque tal vez nuestros familiares estaban maniatados, estuvieran vendados, golpeados o hasta sin comer, pero nosotros estábamos bien y libres para exigir que los busquen. Fue un trabajo muy fuerte, de mucha dedicación, de mucho empeño para concientizar a la gente. 

Gracias a Dios tenemos este colectivo para que por lo menos las autoridades nos escuchen. Al menos el gobernador [Luis Astudillo, al momento de la entrevista] se reúne con nosotros, porque no nos quería hacer caso y ahora nos escucha y le gritamos todo lo que está pasando y le decimos que es el responsable de todo lo que estamos viviendo en Guerrero, pero solos no podíamos hablar ni gritar de esa forma. Fue una gran necesidad de saber la verdad sobre nuestros familiares y de exigir la justicia, más que nada que no se siga repitiendo el hecho porque tenemos más familia.

Les doy acompañamiento a las familias para que les asignen su asesor jurídico, para que las madres no anden solas, para que tengan un abogado que los ayude, exigimos a las instituciones que den las ayudas psicológicas a ellas y a los niños y uno que otro apoyo, como un comal y una estufa, para que se pongan a vender tortillas o medicamentos, porque desde que conozco a la CEAV nunca tiene presupuesto, nunca tiene fondos para las familias.

¿Nos puede contar más sobre cuáles son otras irregularidades cuando se acude a levantar una denuncia, cómo se comporta el Ministerio Público, qué otras fallas han encontrado en este camino?

Hay muchas irregularidades, la primera es que no quieren tomar la denuncia antes de las 72 horas, a pesar de que son los momentos más importantes para localizar a un desaparecido y nos ponen mil trabas. A mí me lo aplicaron [pero insisití] que me tomaran la denuncia; pero a mucha gente la intimidan; les dicen: ‘vete a tu casa, si no te piden rescate o se fue con otra, pues ya vienes’, y a mi me trataron de hacer eso.

A muchas familias no les dan atención y si les abren la denuncia no practican las diligencias de búsqueda, no practican ninguna […] como si no supieran que estamos en grave peligro en toda la República por el crimen organizado; saben que si una persona desaparece es casi 90% que lo levantaron o lo secuestraron.

Esa parte es de irresponsabilidad por parte de las autoridades porque no investigan de inmediato, la búsqueda es inmediata. Si cuando desaparecen a mi hijo, reportan al C4 que se lo están llevando, en ese instante, si hubiesen hecho los operativos, hubiesen bloqueado los lugares de salida y lo rescatan, pero hay una complicidad grandísima entre el crimen organizado y la Fiscalía y la mayoría de las dependencias, como es la policía municipal, policía estatal, policía ministerial, fiscales y ministerios públicos. Hay mucha complicidad precisamente, por eso no investigan.

Con esto nos hemos encontrado todas las familias, de todas las familias ninguna tiene una conformidad, una certeza de que buscaron a su familiar y no lo encontraron; [las autoridades] a nadie han buscado.

El caso más reciente [en 2018] es el de José Luis Hernández Gaspar, que desapareció en el 2014, el hermano buscándolo por meses lo localizó sin vida en una barranca, con muchos muertos. Da parte a la Fiscalía del Estado de Guerrero para que le ayudaran a extraer al hermano y no le brindaron el apoyo; ninguna fiscalía le dio el apoyo. Se vio en la necesidad de pedir el apoyo a la PGR [hoy Fiscalía General de la república], que vino a ese levantamiento de cadáveres en esa barranca de más de 1500 metros de profundidad; y pues también con las mismas irregularidades, o peores; porque tampoco les levantaron la denuncia a todos estos cadáveres que se [recuperaron], aproximadamente 70 que fueron sacando en varias ocasiones; [además,] para cuando sacaron la primera parte, dejaron sin resguardo el lugar y al otro día recuperaron ya quemados los cuerpos.

Hay irregularidades en todos los ámbitos, tanto estatal como federal, porque nadie quiere hacer nada por los desaparecidos. Juan Carlos Hernández Gaspar, hermano de José Luis, logró llegar a la PGR para denunciar la desaparición de su hermano y por ese hecho también está desaparecido. Un hecho tan grave se va hasta lo más profundo, que es llevarse a otro miembro más de la familia y todo esto es por la irresponsabilidad de las autoridades, tanto estatales como federales.

En esa ocasión también me enteré que también corrieron al director de Protección Civil que con su personal se metió hasta lo más profundo de la barranca para sacar los cuerpos y subirlos a la parte donde estábamos. El gobernador se molestó porque él no quiere que se sepa que hay muertos, entonces corrieron a este funcionario porque se prestó a apoyar.

Aquí en Guerrero está prohibido investigar y saber la verdad de nuestros desaparecidos.

¿Qué cosas han hecho desde el colectivo para presionar a las autoridades?

Hemos recurrido a marchas, a plantones, a huelgas de hambre, a todo lo que ha estado a nuestro alcance. Nos hemos enlazado con otros colectivos, tenemos ahora el Frente de colectivos del estado de Guerrero; nos están apoyando dos centros de derechos humanos, el José María Morelos y Pavón, de Chilapa, y el Minerva Bello, de Chilpancingo, que recién está fundado. Somos tres integrantes que también somos parte de este centro porque están apoyando a nuestro colectivo, fue el primero al que le brindaron la atención y pues nosotros tenemos que colaborar para ayudar, de esa forma hemos podido lograr que las autoridades nos escuchen.

Aún así, no tenemos avances, tenemos nuevas leyes, tenemos reglamentos, protocolos de búsqueda, todo ‘hermoso’, pero nada se cumple. Sólo hay reuniones de trabajo, sólo hay planes, hay proyectos, pero ninguno se ha ejecutado; es una desesperación bien grande para las familias y precisamente por eso necesitamos mucho apoyo, como psicológico, como médico, como económico, en el colectivo tenemos muchas necesidades.

Hay muchas madres que se les enferman sus hijos, que dejan de trabajar para llevarlos a atender, pero no tienen ni para comprar un medicamento, nos organizamos para ver cómo le vamos a hacer en el colectivo y nos cooperamos de a como puede la gente, le compramos el medicamento. 

Somos solidarias con nuestros compañeros. A los niños también se les está apoyando porque son los más afectados y tenemos al maestro Lamberto Castro de la Cruz que ha sido muy profesional y que ha tenido un gran corazón para ayudar a los niños, porque él tiene los conocimientos y la preparación, y él se da cuenta del bajo rendimiento de los niños y les falta esa figura, ese apoyo, ese amor.

Cada fin de año escolar él le da sus cursos de regularización, de derechos humanos, les da su terapia psicológica y ahora está impartiendo este curso con el apoyo de una psicóloga y criminóloga. Va mejorando la situación, porque lo que el gobierno puede hacer, no lo hace, entonces nos tenemos que apoyar con los centros de derechos humanos, porque si no estaríamos perdidos.

¿Qué necesita el colectivo para hacerle frente a esta situación?

Primeramente, nosotros queremos constituirnos en una asociación civil que es la forma para pedir apoyo a otros centros de derechos humanos a nivel internacional; porque no hay la asesoría que nosotros esperamos del gobierno, ni de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Solamente es un aparato muy grande y que tiene una ley muy hermosa pero que no se cumple porque tienen sus reglamentos, pero los aplican a modo más que la ley. Entonces sabemos que de acuerdo a la ley tenemos derecho a una canasta básica, tenemos conocimiento que desde el año 2015, que ingresamos a la CEAV, la canasta básica es de 2 mil pesos mensuales y hasta ahora no hemos recibido nada, después aumentó a 2 mil quinientos y luego a 3 mil, ahora sabemos que es de 4 mil quinientos pesos mensuales pero el colectivo no ha recibido ningún apoyo. [Actualmente el fideicomiso que sustentaba estos apoyos económicos está cancelado]

Ponen mil pretextos para poner el RENAVE, que es el Registro Nacional de Víctimas, si la víctima no cuenta con esto no le dan el apoyo. Si el Ministerio Público no envía la calidad de víctima a la CEAV tampoco les dan el RENAVE. Hay una complicidad entre PGR y Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ninguno nos hace justicia, vamos a la CNDH a presentar quejas y no pasa nada, hacemos plantones a la CEAV para hacer plantones para que nos cumplan con los derechos que tenemos como víctimas y no hay nada. 

Necesitamos atención médica, como acabo de comentar, en el colectivo hay muchísimas necesidades, psicológicas, médicas y económicas y nadie hace nada. Tenemos varias quejas en la CNDH y no han avanzado, entonces para mi hay una complicidad grande entre estas tres autoridades federales, definitivamente.

¿Cuáles son las demandas que tienen como colectivo de familiares de personas desaparecidas?

Queremos que se resuelvan las denuncias en PGR para tener acceso a la justicia federal, porque aquí perdimos la fe y la esperanza; porque hay mucha complicidad entre la policía y el crimen organizado. Nosotros corremos más riesgos exponiéndonos aquí, así que tenemos esta esperanza de que en PGR sí se hiciera la investigación y diéramos con el paradero de nuestros familiares. Está pendiente que el fiscal de desaparición forzada nos resuelva nuestras carpetas de investigación, porque hasta ahora solamente entramos como número de atención, pero hasta que la fiscalía del estado entregó toda la investigación del estado, entonces ya dan el número de carpeta.

Le mandé un mensaje al fiscal. Le dije: ‘Como usted dijo que para esta cita que nos dio ya usted iba a tener el número de carpetas de nuestro colectivo, quisiera que me las haga llegar, porque si para el 12 de junio ya usted iba a tener todo, pues hágamelos llegar’. Le mandé mensaje y no me contestó; le marqué y tampoco me contestó; entonces de nada sirve: te dan el teléfono, no te contestan y si mandas mensaje tampoco te contestan; esa es una de la prioridades que tenemos.

La mayoría ya tienen denuncia, pero hay una parte que no quisieron presentar denuncia porque tienen miedo; no confían en las autoridades y hay otras familias que no pudieron ir porque no tuvieron para el transporte, porque la CEAV no apoyó. 

La otra demanda que tenemos es que haya avance en las denuncias que ya están en PGR, porque hay mucha información que se va a proporcionar y pedimos que se hagan los operativos para que se haga la búsqueda, hasta ahora no hay fechas, se echa la bolita la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía de Desaparición Forzada y ahí están y ninguna da soluciones. Nosotros colaboramos con las dos, le llevamos información a una, le llevamos información a otra y así andamos y no nos han dado ninguna respuesta, seguimos igual.

¿Qué avances hay en la investigación de su hijo?

Josué salía a dejar a su esposa, él trabajaba en el Tribunal de Justicia como chofer de la magistrada Lambertina Galeana; ella me preguntó si él podía ser su chofer y ella le pagaba sus servicios, no era empleado directo del Tribunal. Estuvo varios meses con ella cuando ella era magistrada de la sala familiar, de ahí ella llegó a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando llega ahí tiene muchos choferes a su servicio y le dice, ‘hijo pues ya no puedes estar aquí, pero vete a titularte o lo que tengas que hacer mientras te doy tu plaza porque ahora sí yo puedo dártela’. 

Ella ya la había tramitado como magistrada con un presidente del Tribunal y no la había conseguido, pero ahora sí podía. Josué me comentó que ya no iría con la magistrada, voy a titularme porque voy a ingresar al poder judicial. En esos tiempos él andaba sacando sus certificados del servicio social, que también hizo ahí con ella, en la Sala Familiar.

Fue cuando fue a dejar a su esposa al Tecnológico de Chilpancingo, ahí estudiaba ella la carrera de contador. Yo llevé la primera línea de investigación de la que tuve conocimiento, por la última llamada que le hicieron. A él le llamaron a las 4:21 pm del 4 de junio de 2014 y a las 4:50 él le regresa la llamada a la misma persona, casi a las 5 hay un reporte de una persona que dice que se lo están llevando, entonces ¿qué entendí ahí?, que la persona que lo llamó, pues lo entregó. La persona lo llama de la Escuela Técnica 30, ella era alumna de esa escuela, del turno vespertino, lo llama de ahí y de ahí se lo llevan, cualquiera que no conoce de investigación lo razona y por ahí fue mi trabajo.

La llamada le llegó cuando ella acaba de bajarse de su auto y él se queda solo, luego Josué le dijo a mi nuera que iba con el director del periódico El Diario de Guerrero, a recoger un dinero porque él le iba a instalar unos audios y pantallas a sus carros. Pensamos que él se fue con el director del periódico, sin embargo, entró la llamada y ya no fue para allá, se vino a la Escuela Técnica y fue de donde se lo llevaron.

Cuando yo voy a pedir apoyo al ejército, porque también fui ahí a pedir ayuda, también hablé a la Marina para que me ayudaran a rescatar a mi hijo, me doy cuenta de que hay un reporte, me informaron de ese reporte, yo no sabía que estaba, que decía que se lo estaban llevando, de dónde se lo estaban llevando, en qué se lo llevaron, en su propio vehículo, ahí me fui a enterar. Todas las policías están conectadas al C4 y todas pudieron dar el apoyo, porque la persona lo dijo textualmente: se están llevando a un joven en un Jetta negro, unos hombres armados con arma corta y urge su rescate lo dijo este ser humano y ninguna autoridad hizo nada.

Luego se ve en los videos cómo va el carro muy sin pena por el libramiento hacia el mercado, nadie los fue a bloquear, si se iban para Tixtla los podían bloquear, no había otra, el libramiento no tiene salidas, pero nadie hizo nada.

Yo no sabía de la llamada, pero le pagué a una persona de Telcel para que me dieran la última llamada de mi hijo para saber a quién le llamó y me dicen que le llamaron y nos abocamos a buscar quién era ese contacto. Sabemos de quién es y aportamos esa información y la Fiscalía no investiga con precisión, con esa voluntad de saber, sólo hacen el trabajo a lo tonto.

Sí llamaron a esa muchacha a declarar, pero sin otra prueba que les hubiera dado esa corroboración. Ella dijo, ‘él me llamaba, él me molestaba’, y no es cierto, ella fue la que le llamó. Si el Ministerio Público hubiera tenido una sábana de llamadas y tener la certeza de que ella le llamó podría haber afirmado que ella le llamó primero, es decir, hacer las cosas profesionales, pero en realidad estamos muy desilusionados de la Fiscalía de aquí. Toda esta información la hemos proporcionado a la PGR porque perdí la fe aquí, yo no pierdo la fe de encontrar a mi hijo.

Después de las 5 de la tarde le fueron a retirar dinero del banco, eso lo informé y le pedí al MP que pidiera los videos de dónde retiraron, y tampoco los pidieron en el momento, los pidieron después de 2 meses ya cuando los videos no existen y no hay evidencias. Todo lo hacen con tal de no saber nada. También me engañaron y me dijeron que no había cámaras en una escuela y eso es falso, cómo en un lugar tan grande y tan prestigiado no va a haber videos.

Es una institución que no funciona, que está toda la impunidad para los que cometen delitos y pues no pasa nada. Ya de ahí pedimos las diligencias de inspección ocular, pedimos también que también se obtuvieran las sábanas de llamadas, pero ya no se le dio continuidad. Ahora tengo la confianza de que PGR pueda identificar a los responsables y saber el paradero de mi hijo, únicamente de esa forma. No pierdo la esperanza y la fe.

Gracias a Dios está el colectivo de Chilpancingo y eso me da valor para seguir gritando que queremos justicia, que las madres nunca vamos a declinar el objetivo que tenemos, que tenemos que encontrar a nuestros hijos y vamos a seguir insistiendo y gritando. A parte del colectivo estamos en el frente de colectivos del estado y estamos enlazados con la Red de Enlaces Nacionales, con los colectivos de toda la república, esa unidad tan hermosa, me hace tener esperanza y fe.

Me he estado reuniendo con los colectivos para los protocolos homologados de búsqueda de la Fiscalía, de la Comisión Nacional de Búsqueda, y veo que están muy preparadas las madres, de veras mis respetos, más que el Ministerio Público, es una lástima que haya autoridades nada más estén ganando el dinero y que no hagan nada, porque de verdad, los barrieron y los trapearon las madres, a los famosos abogados que estaban haciendo sus protocolos homologados.

Soy joven en esta lucha, grande de edad, pero nueva en esta lucha. Yo quiero seguir unida con ellas para aprender, porque ahora tenemos que defender a la familia que aún tenemos; porque seguimos en riesgo, que no se vuelva a repetir, que no nos vuelva a pasar.

¿Quisiera agregar algo más?

A la sociedad civil que son víctimas y que están en el anonimato, que no figuran, que no hablan, que no reclaman, que no denuncian, que tengan el valor de enfrentar, porque nuestros hijos son lo más sagrado que Dios nos ha dado y quién más sino una madre para dar todo por ellos; porque estamos vivas y completas, con problemas de salud y carencias, pero estamos completas y podemos hablar y gritar y exigir esa justicia. 

Que se unan a nosotros, que ese grito sea más fuerte cada día.