Las personas trabajadoras son las más afectadas por la desigual distribución de poder y riqueza a lo largo de las cadenas de valor en la agricultura mexicana

Por Diego Macías Woitrin* Tw: @dmaciasw

Mucho se ha hablado sobre la crisis de las cadenas globales de valor desde que la pandemia de covid-19 evidenciara disrupciones a redes de producción, transporte y consumo de mercancías a través del mundo. En algo coinciden todas las voces: las cadenas de valor (CdV) se han convertido en el modo de organización dominante de la economía mundial, incluida la agricultura. Se habla de cadenas en plural precisamente porque la producción, distribución y consumo de cada producto puede considerarse en el detalle, contextualizándolas en el tiempo y el espacio y permitiendo su comparación con las cadenas de otras mercancías.

En resumen, las cadenas de valor son redes entre actores económicos (empresas, pero no sólo éstas) que articulan la producción y distribución de mercancías en la economía contemporánea. Estas empresas son productoras, intermediarias, comercializadoras, o una combinación de las anteriores. En las CdV también participan instituciones estatales e internacionales, actores sociales y, desde luego, personas trabajadoras.

Las CdV no son simples cadenas de suministro. Las articulaciones de la agricultura global no son procesos lineales “del campo al plato” dependientes únicamente de una logística fluida. Las cadenas de valor son espacios donde se juegan relaciones de poder, cooperaciones y conflictos específicos entre actores que explican cómo el valor se extrae, apropia y distribuye. No se trata solamente de saber cómo llegan las frutas a los anaqueles, sino quiénes, cómo y por qué las producen. Por ejemplo, ¿cómo se explica la doble inserción de México en CdV agrícolas, por un lado productor de cada vez más frutos rojos para la exportación, y por el otro creciente importador de granos básicos? ¿Qué actores impulsan dicha inserción, cuáles se benefician y cuáles no?

Dichos análisis develan profundas desigualdades, invitando a preguntarnos dónde se origina y dónde se acumula el valor (y, por ende, la riqueza) a lo largo de una cadena. El punto de partida es el trabajo. Recolocar a las personas trabajadoras en el centro del proceso de creación de valor explica por qué ellas son los actores más afectados por la desigual distribución de poder y riqueza a lo largo de las CdV agrícolas dentro de las cuales se inserta la agricultura mexicana.

La estructura más común en las CdV agroalimentarias en México no es piramidal sino romboidal (en forma de papalote): millones de personas jornaleras trabajan para alrededor de 16 mil empresas agroexportadoras (diferenciadas entre sí por tamaño, capacidad productiva y capitalización), quienes venden sus productos a pocas comercializadoras y empaques (algunos de capital extranjero). A su vez, éstas revenden a los mayoristas y supermercados. La forma es romboidal porque, del otro lado, la distribución de insumos es controlada por un puñado de grandes actores: bancos que financian a los productores, laboratorios que diseñan y poseen las patentes de las variedades de plantas y distribuidoras continentales de fertilizantes que se cuentan con los dedos de las manos. Un manojo de grandes empresas operan en ambos extremos de la cadena, como las grandes comercializadoras que también controlan buena parte de las patentes de plantas utilizadas en la cadena de la fresa en toda Norteamérica. Esta forma romboidal nos permite comprender mejor la desigual distribución de la riqueza a lo largo de la cadena.

En esos casos, ¿dónde se origina y cómo se manifiesta el poder económico y político de los actores? Algunas pistas: la capacidad de un puñado de grandes distribuidoras y supermercados de fijar precios de compra y condicionar contractualmente y mediante certificaciones a las empresas productoras, indica el nivel de poder que concentran. O bien, el poder que tienen las empresas agrícolas para diseñar e imponer ritmos y condiciones de trabajo a sus empleados, o para cabildear por esquemas fiscales favorables, así como los equilibrios políticos e institucionales del país que permiten dicho ejercicio de poder. También, el crecimiento y articulación del poder de los y las trabajadoras organizadas, en ocasiones apoyadas por instituciones públicas y actores sociales, pueden obtener mejores salarios, reducción de las horas y prestaciones de ley (o incluso por encima de ésta).

Estos constantes conflictos y reajustes resultan de una distribución inequitativa de la riqueza a lo largo de la cadena, concentrada en sus primeros y últimos eslabones –riqueza, por cierto, producida por los y las trabajadoras–. Ejemplifiquemos esta desigualdad con la fresa mexicana: un envase de fresas (454 gramos) cuesta aproximadamente 3 dólares (60 pesos) en los supermercados estadunidenses. Una empresa productora bajacaliforniana vende ocho envases por aproximadamente 10 dólares (200 pesos) a una comercializadora o supermercado estadunidense. Esta empresa productora obtiene sólo el 41% del precio final de la fresa, y así paga todos los insumos, gastos administrativos, impuestos y, desde luego, salarios: en promedio, una persona jornalera en el Valle de San Quintín, BC, recibirá 22 pesos por ocho envases de fresas cosechados. De los 60 pesos gastados por el consumidor estadunidense, menos de tres llegarán al bolsillo de la persona trabajadora.

Desde luego que las cadenas no existen en el vacío, sino que dependen de un sinnúmero de interconexiones entre sí. No es sólo la fresa, sino la CdV de los fertilizantes nitrogenados o de tecnologías productivas específica (como el riego de precisión). Por lo tanto, es fundamental explorar las configuraciones de estas redes económicas como estructuras interdependientes. El reajuste de fuerzas dentro de una cadena (gracias a políticas públicas antimonopólicas, o a movilizaciones laborales y alzas salariales, por ejemplo) puede afectar el balance de fuerzas entre los actores de otra cadena.

Resaltemos la acción y agencia de actores no empresariales y no institucionales: los y las trabajadoras mismas en los campos de la agroindustria mexicana, sin cuyo trabajo no existiría el valor que se transmite y apropia por otros actores. Entender el origen de estas desigualdades de poder económico y político entre los eslabones de las CdV nos permite, también, comprender cómo reequilibrar el balance de fuerzas entre los actores.

*Consultor independiente para Oxfam México.

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