El abuso sexual de una menor en Puebla abrió una caja de pandora en ese estado. Las interrogantes quedan al aire: ¿Qué hubiera pasado si el abuso sexual de la menor se hubiera investigado cuando se denunció?, ¿si las autoridades escolares no hubieran minimizado la situación?

Texto: Samanta Páez / Lado B

PUEBLA. – En septiembre de 2022 madres y padres de familia del preescolar Octavio Paz, en la colonia Granjas del Sur, de la ciudad de Puebla, tomaron las calles para exigir que se investigara el abuso sexual de una niña de 3 años. En el transcurso de los días, otros casos de abuso surgieron, uno de ellos había ocurrido tiempo atrás, pero se desestimó por parte de las autoridades.

Fue en 2016 cuando la señora Mari Paz notó molestias en su hija de entonces 4 años. Pensó que era sólo una rozadura. Sin embargo, al día siguiente la niña se puso muy mal, por lo cual decidió llevarla al médico y ahí le informaron que había sido abusada sexualmente.

Aunque Mari Paz interpuso la denuncia por la violencia sexual, las pesquisas nunca avanzaron porque la niña se bloqueaba cada que en la Fiscalía General del estado de Puebla le preguntaban por el agresor.

Años más tarde, cuando ocurrió la manifestación afuera del jardín de niños, la hija de Mari Paz, de ahora 10 años, reconoció que su agresor es el mismo que aparecía en los carteles: Mario Joaquín N., de 65 años de edad, intendente de la institución.

¿Qué hubiera pasado si el abuso sexual se hubiera investigado?, ¿si las autoridades escolares no hubieran minimizado la situación? Quizás la hija de Karina Rodríguez Pacheco no hubiera pasado por la misma situación. La niña de 3 años le contó a su hermano que el intendente había abusado de ella. Esto pasó a mediados de septiembre de 2022. Después, también el parte médico confirmó la violencia, de acuerdo con la familia.

A partir de ese momento Karina Rodríguez, su familia y algunas madres de familia se manifestaron en diversas ocasiones para solicitar no sólo la detención del posible agresor, sino también la atención psicológica para la niña y las otras víctimas de abuso por parte del mismo conserje. Hasta la fecha el trabajador sigue prófugo, confirmó Lourdes Pacheco, abuela de la niña.

¿Qué fue lo que falló?

Desde enero de 2020 la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla publicó el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y en su caso Sanción por hechos de Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Discriminación, Acoso, Maltrato y Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres de Instituciones Educativas Oficiales y Particulares Incorporadas, donde se dan instrucciones para el personal escolar sobre cómo actuar en casos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito educativo.

El protocolo forma parte de las acciones para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), sin embargo desde su publicación existen dudas respecto a su eficiencia. Se solicitó una entrevista al enlace de comunicación de la SEP estatal para conocer cómo se está aplicando este instrumento, pero al momento de redactar esta nota no había respuesta.

A pesar de ello la secretaría informó a través de una solicitud de información los pasos que se siguen con el protocolo:

1. Comunicar la situación al personal directivo.
2. Entrevistar a la persona que haya dado aviso respecto al hecho de violencia, si se tratase de estudiantes mantener la discrecionalidad y confidencialidad.
3. Entrevistar a la víctima, previa autorización de la madre, padre o tutor.
4. Entrevistar al probable agresor, si es parte del alumnado se le canalizará con otras instituciones para su atención psicológica y asistencia para la deconstrucción de las conductas violentas. Si es trabajador o trabajadora de la secretaría se deberá dar aviso inmediato a los superiores del agresor.
5. Informar a las madres, padre o tutores para dar el acompañamiento.

Previo a la publicación de este documento, en 2015, la SEP federal presentó las Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, allí se mencionan algunos puntos que no se retomaron en el protocolo poblano, como son:

• Nombrar las responsabilidades de quienes integran la comunidad escolar, desde madres y padres de familia hasta personal docente, administrativo y directivos.
• Trabajar en el aula temas de autoprotección y cuidado.
• Informar a madres y padres de familia respecto a las medidas de protección que existen.
• Avisar de forma inmediata por escrito de los hechos a las autoridades, incluyendo a la Unidad de Asuntos Jurídicos.
• En caso de no actuación por parte de las autoridades, reportar a otras instancias como Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Ministerios Públicos, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
• Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable.
• Colaborar con la instancia correspondiente en la elaboración del diagnóstico de la situación de vulneración de los derechos niñas, niños y adolescentes.
• Ejecutar las medidas de protección que se soliciten a la escuela.

Asimismo, se incluye indicadores de riesgo de abuso sexual infantil, muchos de los cuales presentaba la hija de Karina Rodríguez, como los cambios en los hábitos alimenticios, la sensibilidad extrema, la tendencia a aislarse, manifestaciones autoagresivas y cambios bruscos en el estado de ánimo. La hija de Mari Paz también mostró molestias en la zona genital, sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico y la constante tristeza.

Pese a que la SEP estatal informó que desde 2020 a noviembre de 2022 se realizaron 11 mil 685 acciones de prevención de la violencia, 154 atenciones y se impusieron 57 sanciones, incluyendo 23 ceses, como parte de la aplicación del protocolo, fue hasta que las familias se manifestaron que se actuó ante la violencia sexual en el preescolar Octavio Paz.

Sin acciones, violencia se repite

Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explicó durante una entrevista que un depredador sexual seguirá agrediendo a niñas, niños o adolescentes si encuentra condiciones de impunidad.

—Se trata de patrones en los que una vez estén dadas las consecuencias y no haya medidas inmediatas de remoción ante las primeras denuncias, pues se pueden dar las condiciones para que se sigan perpetrando no este tipo de hechos.

La SEP estatal entregó datos vía transparencia sobre las constancias de hechos iniciadas por la aplicación del protocolo de violencia de género, de 2020 a 2022 fueron 159 en total y de ellas 16 corresponden a abuso sexual, es decir, el 10%.

En cuanto a las sanciones, informó que fueron 57 en el mismo periodo. La sanción más común fue la mala nota, con 28 casos, que hace pensar que se aplicó a estudiantes; después sería el cese, con 23 casos, y finalmente 6 extrañamientos, estos dos últimos se aplicaría al personal educativo.

La directora de la Redim enfatizó que lo primero y más importante es creerle a las niñas o niños que denuncien la violencia, para luego pasar a la acción: separar a la persona denunciada para que no tenga contacto con la víctima y, de forma ideal, hacer la denuncia penal o, en su defecto, facilitar toda la información necesaria para que haya investigaciones rápidas y asertivas.

—Es también falso que lo único que puede hacer la escuela es actuar en términos administrativos, las escuelas también pueden actuar de manera penal […], si sucediera un robo en una escuela, si alguien entra y lastima o amenaza en un robo, en alguna acción delictiva, a niñas y niños la escuela llamaría a la policía y levantaría una denuncia—, dijo la especialista y eso mismo debería pasar en casos de abuso sexual.

De acuerdo con información entregada vía transparencia por la SEP estatal, de 2011 a 2022 se interpusieron 439 denuncias por hechos delictivos al interior de instituciones educativas públicas, de las cuales 95.2% fueron por robo; 3.2%, por acoso sexual y sólo 1.6%, por abuso sexual.

Aunque las orientaciones de la SEP federal recomiendan, como lo hizo Tania Ramírez, creer a las infancias o adolescencias que denuncien violencia y actuar de forma inmediata, en la realidad estos protocolos no se ejecutan. Kelly Joshua Santos tenía 17 años cuando fue hostigada sexualmente por su profesor de Química en la preparatoria Benito Juárez, de la BUAP, quien le hacía insinuaciones y constantemente la llamaba a su oficina para estar a solas.

El día que cumplió la mayoría de edad el profesor abusó sexualmente de ella: la citó para hablar de un proyecto que estaba realizando con él, una vez en su oficina le dijo que le daría un abrazo por su cumpleaños, pero le empezó a besar el cuello. Kelly pudo empujarlo y correr. Aunque su madre fue a hablar con la directora y sus compañeros mandaron cartas pidiendo el despido del docente, la escuela no procedió hasta que Kelly grabó un audio que evidenciaba el hostigamiento sexual.

Según datos entregados por transparencia, los niveles educativos donde la SEP ha levantado más constancias de hechos por violencia sexual en Puebla son: centros escolares, con 29.2% de las 65 actas; primaria, con 23.1% y bachillerato, con 16.9%.

Autogestión como respuesta

Ximena* es docente y psicóloga en niveles de secundaria y bachillerato, desde su experiencia el protocolo de la SEP, junto con el Manual para el Mejoramiento de la Convivencia Escolar y el formato de constancia de hechos, ha sido útil para atender los casos de abuso sexual o violencia de género. Sin embargo, lo que haría falta es capacitación.

—Yo he trabajado con dos documentos uno es un protocolo para la prevención detección atención y sanción por los hechos de hostigamiento sexual abuso, sexual discriminación acoso un maltrato […] del estado de Puebla, se nos dio a conocer este protocolo, pero no se nos capacitó.

Otra cuestión que consideró importante es que en cada escuela exista personal de psicología o trabajo social que se especialice en la atención de la violencia de género. Aunque estas condiciones no existan en todas las instituciones, para Ximena una forma de enfrentar este tipo de violencia es la autogestión del personal educativo, es decir, generar espacios para capacitarse entre colegas y dialogar sobre estos temas.

En su escuela, por ejemplo, emplean los consejos técnicos para capacitarse tanto el personal docente, como de limpieza y vigilancia, además organizan pláticas o círculos de lectura con las y los estudiantes sobre la violencia de género, donde les enseñan la importancia de denunciar y cuáles son las acciones que pueden considerarse violencia.

—También se dan los casos donde los agresores o las agresoras no saben que están ejerciendo abuso, pues lo mismo (debemos) orientarlos, hacerles saber más sobre el tema y que existen sanciones o hay sanciones, solamente en la escuela.

Aunque Ximena dijo que el trabajo con madres y padres de familia es fundamental, reconoció que muchas veces por la carga laboral y las actividades del hogar no se les puede involucrar tanto.

Para facilitar la detección del abuso sexual infantil, la SEP federal habilitó un repositorio con diversos materiales para niñas, niños, adolescentes, madres, padres y personal educativo. Se incluye allí guías para denunciar la violencia sexual en escuelas, así como la plataforma de la Fundación PAS para la prevención del abuso sexual infantil.

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.