Desde el confort es muy fácil cuestionar a las comunidades indígenas por la decisión que tomaron al armar a los adolescentes y niños que ahora son parte de seguridad comunitaria, cuando en esa región no hay lo más elemental como agua potable, escuelas y centros de salud

Por Kau Sirenio / X: @kausirenio

El 24 de enero de este año, Luis Morales Rojas, del Consejo de la Policía Comunitaria, defendió a los menores que se sumaron a la policía comunitaria como medida de protesta por la inseguridad que padecen las comunidades nahuas del municipio José Joaquín Herrera.

Ese día, niñas y niños menores de 15 años se sumaron a la seguridad comunitaria porque el Estado mexicano ha sido incapaz de reguardar a la población indígena de la Montaña baja de Guerrero, hasta ahora esta zona es azotada por el grupo de civiles armados.

Los adolescentes que decidieron integrarse al sistema de justicia indígena se da en un contexto en el que el gobierno federal y estatal fueron rebasadas por la violencia en Guerrero; desde la primer semana de este año, el puerto de Acapulco y Taxco de Alarcón se vieron afectados por falta de transporte público.

Lo que se consigna es que en Guerrero no hay gobierno con una estrategia para contener la violencia, la ciudadanía se encuentra en estado de indefensión; ante esta situación en otros rincones los pobladores se organizados para hacer frente a la delincuencia organizada.

Las comunidades indígenas no han sido la excepción, para sobrevivir 531 años, tuvieron que organizarse primero para defenderse del oprobio de los invasores y después de la política excluyente de naciente del Estado mexicano, desde sus comunidades impulsaros trabajos comunitarios que les permitiera resistir.

La inseguridad en la Costa Chica de Guerrero, llevó a las comunidades ñuu savi, me’phaa, nahua y mestice impulsar la creación de la policía comunitaria y años después surgió la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Este trabajo organizativo influyó para disminuir la ola de violencia en esa región, al grado de que el índice delictivo bajó en un 90 por ciento; a pesar de los logros de los pueblos indígena en esta zona, el gobierno de Guerrero buscó a toda costa impedir que el proceso organizativo avanzara.

Esta experiencia fue replicada en la montaña baja con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), si bien es cierto que no han logrado disminuir la violencia, pero tampoco se han quedado con los brazos cruzados como lo ha hecho el gobierno de Guerrero.

Ahora, la comunidad Ayahualtempa, organizó a un grupo de cinco niñas y 15 niños, como elementos de la policía comunitaria, aunque las armas que poseen algunos de ellos son solo carrizos o palo que sirve como fusiles.

De ahí que uso faccioso que le de el gobierno de Guerrero y medios comunicación facciosos va mas allá de reclamar los derechos de la infancia, cuando en Ayahualtempa lo vecinos tienen que salir en búsqueda de cuatro integrantes de una familia que fue secuestrada el pasado 19 de enero, y que los demás realizar trabajos de vigilancia.

Desde el confort es muy fácil cuestionar a las comunidades indígenas por la decisión que tomaron al armar a los adolescentes y niños que ahora son parte de seguridad comunitaria, cuando en esa región no hay lo más elemental como son agua potable, escuelas y centros de salud.

Desde que la actual gobernadora Evelyn Salgado asumió la gubernatura en Guerrero, las comunidades indígenas pidieron que se les enviara profesores y médicos a sus comunidades pero eso no ha ocurrido, es por so que sientes de familias se desplazan a los campos agrícolas porque no hay respuestas del gobierno del estado.
La respuesta de la Secretaría de Gobierno ante la integración de los niños a la policía comunitaria fue la demandar a los coordinadores de CRAC-PF como si esto fuera a resolver la ola de inseguridad que padecen las familias indígenas.

Se violan los derechos de la infancia al reclutar a menores de edad para el cuerpo de seguridad, claro que lo es, ¿Pero, donde está el gobierno de Guerrero?, claro que los funcionarios de ese estado conocen muy bien a los perpetradores de la violencia en la Montaña baja, si se reúnen con ellos en restaurante como lo hizo la alcaldesa de Chilpancingo.

¿Quienes son los responsables de que los niños se armen?, claro que el gobierno de Guerrero por no generar las condiciones libre de violencia, con demandar a los pobladores Ayahualtempa por entregar armas a los adolescentes.

Ahora bien, así como la Secretaría de Gobierno de Guerrero anunció la demanda en contra de los coordinadores de la CRAC-PF, a los guerrerense le corresponde llevar a juicio político a la gobernadora Evelyn Salgado por permitir que la violencia tocara a la niñez: por acción u omisión es responsable.

La posible salida para resolver parte de problema en Guerrero es la desaparición de poderes, porque si esto no ocurre, la jornada que está en puerta se verá manchada de sangre y los más afectados son las comunidades indígenas y su infancia.