El ex director del IMSS, Germán Marítnez, entregó una carta al ministro de la SCJN Arturo Zaldívar con la intención de que encaminara al director del Instituto a ofrecer una disculpa a las víctimas del incendio en la Guardería ABC

@ErnestoNunezA

El 14 de febrero de 2019, llegó al escritorio del ministro Arturo Zaldívar un oficio remitido por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, en el que le pedía la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver diversos juicios derivados de los lamentables hechos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

En su oficio, el entonces director del IMSS, Germán Martínez, explicaba al presidente de la Corte que, si bien el IMSS no es parte en ninguno de esos juicios, tiene el mayor interés en que éstos se resuelvan a la brevedad posible, «a efecto de que se determinen las responsabilidades, sanciones o indemnizaciones correspondientes».

El entonces director del IMSS esgrimía tres razones:

•  1. La seguridad y certeza jurídica de las víctimas y sus familiares, atendiendo al artículo 17 constitucional, que garantiza el derecho de cualquier mexicano a un juicio en los plazos y términos que fijen las leyes y a que los tribunales emitan sus resoluciones de manera pronta y expedita.

• 2. La obligación del IMSS de reparar los daños materiales e inmateriales generados directa o indirectamente a los afectados.

• 3. La obligación del IMSS de actuar apegado a derecho, a las resoluciones judiciales, a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Auditoría Superior de la Federación, y de cualquier autoridad.

La carta de Martínez a Zaldívar formaba parte de una de las acciones que el entonces director del IMSS se había fijado como prioridad al asumir el cargo: ofrecer una disculpa pública de parte del Estado mexicano a las víctimas de aquel incendio mortal, reparar los daños a los familiares de los 49 menores fallecidos y los más de 100 lesionados y hacer justicia… o al menos acercarse a ella.

Hace 10 años, cuando ocurrió la tragedia, Germán Martínez era el dirigente nacional del PAN y bajo su responsabilidad estaba la campaña del panista Guillermo Padrés a la gubernatura de Sonora, quien terminó ganando las elecciones en medio de la conmoción social que produjo esa tragedia, impulsado por la indignación de los sonorenses hacia el gobierno del priista Eduardo Bours.

Arturo Zaldívar acababa de llegar a la Corte y, un año después, fue el ministro encargado de elaborar el proyecto de sentencia del caso Guardería ABC. Un histórico documento en el que el ministro proponía que la SCJN definiera responsabilidad política de los más altos servidores públicos involucrados en la tragedia, estableciendo una cadena de responsabilidades desde el funcionario más modesto hasta los más altos cargos, ya sea por error u omisión. 

El proyecto Zaldívar sugería atribuir responsabilidad constitucional, ética y política al entonces gobernador, Eduardo Bours; al ex director del IMSS, Juan Molinar, al director en funciones, Daniel Karam; a la panista Carla Rochín, directora de Guarderías del IMSS; al delegado del IMSS en Sonora, Arturo Leyva; al presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, y media docena de funcionarios más.

Al final, tras intensos cabildeos del gobierno de Felipe Calderón operados por su entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, el proyecto fue votado en contra por los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre Anguiano, Sergio Valls, Fernando Franco, Margarita Luna Ramos, y Luis María Aguilar.

Además de Zaldívar, se pronunciaron a favor del dictamen los ministros Jesús Gudiño, Juan Silva Meza, José Ramón Cosío y Olga Sánchez Cordero, quien hoy es titular de la Secretaría de Gobernación, institución en la que recaería la facultad y responsabilidad de ofrecer la disculpa pública de parte del gobierno a las víctimas de la tragedia.

Diez años después, dos actores clave en el frustrado intento por hacer justicia (Zaldívar y Sánchez Cordero) tienen la oportunidad de dar una respuesta oficial distinta a las demandas de madres y padres de la Guardería ABC. 

Un mes después del oficio de Martínez a Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Hermosillo, y ahí recibió una carta de Patricia Duarte, mamá de Alonso, uno de los niños fallecidos en el incendio. 

En su misiva, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio le recordaba al presidente que, a la fecha, no se encuentra ni una sola persona en la cárcel pagando por el crimen, ni los funcionarios involucrados, ni los particulares que eran dueños de la guardería.

«No debe olvidar la deuda pendiente de justicia que tiene el Estado mexicano», le decían al presidente López Obrador, quien encargó el tema al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

El funcionario estuvo en Hermosillo a principios de mayo, se reunió con padres y madres de las víctimas, ofreció atender sus “necesidades y preocupaciones”, y conoció los reclamos que, desde el día uno del nuevo gobierno, se habían hecho al IMSS por la falta de atención, el retiro de apoyos y terapias a algunos de los afectados, así como la demanda que ya le habían hecho a AMLO en campaña: ser recibidos por el primer mandatario para un diálogo directo.

Algunas notas refirieron que Encinas hizo el compromiso de pedir a la Fiscalía General de la República retomar las denuncias presentadas desde 2009, y no dar carpetazo al asunto. Pero quedó en veremos la solicitud de audiencia con el presidente López Obrador.

Impunidad

Pasaron 10 años, tres presidentes, tres gobernadores, seis alcaldes, seis directores del IMSS –una veintena de políticos panistas, priistas y ahora de Morena–, y aún no se cumplen la promesa ni la obligación de hacer justicia por la muerte de 24 niñas y 25 niños en aquella guardería.

Sobre la tragedia infantil más grave de la historia de México permean la impunidad y la indolencia de las autoridades.

Cómo olvidar aquel 5 de junio de 2009, cuando 176 infantes que estaban bajo custodia del Estado mexicano, en una guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social quedaron atrapados en un incendio que se inició en una bodega contigua a la estancia infantil.

El saldo final fue de 49 niños fallecidos (la mayoría por asfixia y quemaduras) y más de 100 lesionados.

Como nunca, ese episodio puso de manifiesto la debilidad del Estado mexicano frente a la corrupción y el abuso de élites políticas y empresariales. Que una de las dueñas de la Guardería fuera pariente de la ex primera dama, Margarita Zavala, hizo sospechar a los afectados, desde un inicio, que nunca habría castigo por la muerte de sus hijos.

En el trágico sexenio de Felipe Calderón, ésta fue sin duda la tragedia más dolorosa, la que más lecciones debió haber dejado al gobierno y a la sociedad. Y, sin embargo, este miércoles 5 de junio el reclamo será el mismo: castigo a los culpables (funcionarios y empresarios) y garantías de no repetición.

No está confirmado que el gobierno de “la cuarta transformación” aproveche los 10 años para ofrecer una disculpa pública a nombre del Estado mexicano. Lo que sí se sabe es que familiares, amigos y personas solidarias con su causa volverán a marchar desde el predio de la esquina de Ferrocarrileros y Mecánicos (donde estaba la Guardería ABC) hasta la Plaza Zubeldía de Hermosillo, en Sonora. Y otros se concentrarán en el antimonumento de Paseo de la Reforma para reclamar justicia, justo frente a las oficinas centrales del IMSS. 

Encontrarán ahí a un nuevo director del instituto, Zoé Robledo, quien puede -o no- hacerse cargo de la petición que su antecesor hizo a la Corte.

«La atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación, entre otras, actualmente se presta a las víctimas y sus familias, sin embargo, el IMSS tiene la obligación, como parte del Estado mexicano, de velar porque la reparación a los derechohabientes y sus familiares sea integral y se lleve a cabo conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales. No omito manifestarle mi más amplia disposición de colaborar, coadyuvar o atender cualquier requerimiento que se me realice en relación con los mencionados juicios, con el único objetivo de evitar que esta tragedia quede impune», escribió Germán Martínez al presidente de la Corte.

¿Tiene Zoé Robledo la misma disposición?

¿Conservan Zaldívar y Sánchez Cordero el mismo ánimo justiciero?

En marzo de 2010, cuando la Corte estaba por votar el proyecto de sentencia del ministro Zaldívar, el entonces precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador declaró que no habría justicia en el caso, pues los involucrados, panistas y priistas, formaban parte de la misma mafia.

Ocho años después, él derrotó a esa mafia y, hoy, tiene la oportunidad de hacer algo distinto. 

¿Aprovecharán el presidente y sus funcionarios esa oportunidad?

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