Luego de la resolución de al Suprema Corte de Justicia de la Nación, para abortar en México hay un camino tortuoso y que sigue criminalizando a mujeres y personas gestantes, salvo en la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y ahora Coahuila

Texto: Alexandra Figueroa y Marcos Vizcarra / Revista Espejo

Foto: Revista Espejo

SINALOA.- El aborto ya no es criminal en México, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional al analizar el Código Penal de Coahuila, pero aún hay 28 estados que se resisten y cuentan con códigos penales que deben ser modificados.

Que ya no sea penalizado no significa que las mujeres y personas gestantes tengan permitido decidir libremente sobre su cuerpo sin que haya resistencia desde las autoridades de los 28 estados restantes donde siguen teniéndose candados.

Por lo tanto, para abortar habrá que seguir un camino tortuoso y que sigue criminalizando a mujeres y personas gestantes, salvo en la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y ahora Coahuila, por lo tanto quien lo busque tendrá que hacer lo siguiente:

Primero, una mujer o persona gestante deberá acudir a un hospital y solicitar abortar de manera voluntaria. Si se acepta la solicitud, entonces no tendrá ningún problema, si la respuesta es negativa deberá tramitar un amparo.

Ese amparo será positivo, pues la acción de inconstitucionalidad de Coahuila tiene efecto para todas y todos los jueces del País. Pero si una autoridad desacata esa orden, entonces los jueces podrán actuar en consecuencia.

Ahora bien, las fiscalías y procuradurías seguirán abriendo carpetas de investigación, aunque limitadas, pues los jueces y juezas no podrán aprobar órdenes de aprehensión, un hecho positivo para las mujeres y personas gestantes.

“Eso es legal porque formalmente hay leyes, pero no es jurídico porque no es constitucional”, explicó el abogado Óscar Fidel González Mendívil.

Prácticamente, según 28 leyes del país, practicar el aborto puede llevar a una pena desde los 4 meses hasta los siete años de prisión, como sucede en Colima.

El 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional los artículos del Código Penal de Coahuila, al señalar que ninguna mujer o persona gestante puede ser criminalizada por ejercer un derecho.

“Pensar que penalizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es una solución atenta contra el principio de mínima intervención penal”, expresó la Ministra Yasmín Esquivel al momento de votar por la resolución de la Corte sobre el caso Coahuila.

La criminalización hacia las mujeres y personas gestantes en las entidades incluye también a las y los profesionales en Medicina, de acuerdo con un análisis de las leyes estatales hecho por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en 2018:

Los códigos penales criminalizan también a quienes auxilien a una mujer a abortar, situación que contribuye no solo al estigma alrededor del aborto, sino a la falta de acceso a abortos seguros en servicios de salud. Dichas penas contemplan la privación de libertad, multas económicas y trabajo en favor de la comunidad. Sin embargo, en los casos de personal de salud, la legislación penal prevé de manera adicional la suspensión del ejercicio profesional.

Todas esas legislaciones ahora son inconstitucionales, pues la resolución amplía también al resto de las entidades federativas, es decir, ningún juez puede dictar sentencia condenatoria contra alguna mujer o profesional en Medicina por apoyar y atender el aborto.

Pero esa premisa solo alcanza a jueces y juezas federales y locales, no a las fiscalías o sistemas de salud locales.

Es decir, si las fiscalías no se posicionan respecto sobre actuar sin criminalizar, estas seguirán trabajando conforme lo dictan sus leyes locales, iniciando carpetas de investigación.

Los centros de salud también podrían negarse, pues no se cuentan con reglas definidas hasta que los congresos legislen con lineamientos específicos, como sucedió en Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz.

“Se estará pendiente en lo que corresponda y si considera el Congreso que las autoridades de Salud tengan que actuar en consecuencia, esperaremos la legislación que se emite“, indicó Jesús Ramón Soto González, subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno de Sinaloa.

“(…) La actual legislación no establece una carga en específico para el gobierno del Estado, pero en medida que el Congreso determine que tiene que hacerlo, pues se deberá seguir lo que se establezca”.

Por lo tanto, en estos 28 estados donde la ley aún penaliza el aborto se cuentan con dos opciones a seguir para volverlo legal:

La instrucción del Gobernador del Estado hacia la Secretaría de Salud para que se ordene a todos los hospitales sobre la obligación de brindar atención en caso de que una mujer busque abortar.

Que los congresos locales legislen al respecto.

En México, el aborto se regula a nivel local y hay causales bajo las cuales no se castiga o no se considera como un delito. Por ejemplo, en Sinaloa existen tres excluyentes de responsabilidad penal que son por violación, imprudencial o culposo y peligro de muerte; en cambio en Michoacán existen las causales por violación, causas económicas, imprudencial o culposo, salud e inseminación artificial no consentida.

En este sentido, la activista y feminista en Sinaloa, Mariel Yee explicó que lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es lo mismo que legalizar el aborto, ya que el hacerlo implicaría que se van a destinar recursos económicos, así como la atención institucional al igual como sucede en la Ciudad de México.

“En teoría es más sencillo impulsar o empujar el hecho de que se elimine el tema de la criminalización y que entonces esto de un mensaje sobre la necesidad de un desarrollo de acciones a partir de esta eliminación”, explicó.

Agregó que no es suficiente que la SCJN haya declarado inconstitucional que la mujer no pueda decidir sobre su propio cuerpo, ya que muchas mujeres no tienen acceso a recursos legales para poder obtener un amparo para abortar.

En esta situación es donde entra el apoyo de las colectivas feministas que desde hace mucho tiempo se han dedicado a acompañar a estas mujeres que han decidido abortar. Estos grupos brindan información sobre los procedimientos cumpliendo la norma 046, así como apoyo emocional y legal.

La intención, dijo Mariel, es que las mujeres tengan la opción de decidir si realizar el aborto en una institución médica o en la privacidad de su hogar.

*Este trabajo fue realizado por REVISTA ESPEJO, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.