Un colectivo de 20 comunidades presentó una denuncia popular ante las autoridades federales donde exigen que se vete el otorgamiento de permisos para la apertura de nuevas granjas o la ampliación de las ya existentes en Yucatán. Habitantes de comunidades sufren graves problemas de salud por la contaminación que originan las porcícolas

Texto y foto: Patricio Eleisegui / Jaltún

YUCATÁN. – Contaminación del agua, el aire y el suelo. Destrucción de medios de vida ancestrales y proliferación de problemas sanitarios. Criminalización de líderes y lideresas comunitarias y desacato. Favoritismo político y complicidad judicial. El modelo de producción industrial de cerdos con epicentro en Yucatán sigue provocando graves consecuencias en el territorio y sólo la resistencia de los pueblos mayas se mantiene como barrera que impide que en el estado termine de fraguarse un desastre ambiental irreversible.

En esa línea, y desafiando a una estructura de poder que, nombres al margen, continúa respaldando a la industria porcícola más allá del signo político del momento, una red conformada por 20 comunidades indígenas presentó una denuncia popular y ciudadana ante las autoridades ambientales federales donde, entre otros aspectos, se exige la puesta en marcha de acciones para la reparación del daño ecosistémico y que se investigue la responsabilidad penal de los dueños de las factorías de cerdos.

La red en cuestión, llamada “To’one Ja’o’on” (Somos Agua), se conformó en 2024 y reúne a vecinas y vecinos de pueblos distribuidos entre los municipios de Cantamayec, Chocholá, Dzoncauich, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Teabo y Tetiz.

Con el acompañamiento legal de la organización Utsil Kuxtal, representantes de Kinchil, Santa María Chi y Maxcanú tomaron parte de una conferencia de prensa que se desarrolló en Mérida durante la mañana del martes y expusieron detalles de los graves problemas socioambientales —y también judiciales— que atraviesan a partir de la operatoria Kekén, nave insignia del poderoso Grupo Kuo en la región, y sus aparceras.

Entre ellas, las firmas Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil —propiedad de los clanes Loret de Mola y Coldwell— y Agroindustrias Moba.

Habitantes de comunidades mayas dan cuenta de las afectaciones

Proveniente de Kinchil, e integrante del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in-já y el colectivo Cantukún, Matilde Dzul comentó que la comunidad se encuentra en “resistencia activa frente a las graves afectaciones que han provocado las cuatro megagranjas” de Kekén cercanas a esa población maya.

Y afirmó:

“Estas granjas fueron impuestas sin nuestro consentimiento como pueblo maya, violando nuestro derecho a ser consultados, a decidir sobre nuestras tierras, y a vivir en un entorno sano y digno. Para quienes practicamos la apicultura, estas instalaciones representan una amenaza directa. La contaminación del agua, los malos olores, el uso de agroquímicos, y la pérdida de cobertura vegetal, afectan gravemente a nuestras abejas, que dependen de esta selva viva y diversa para sobrevivir”.

“Para las mujeres de nuestras comunidades, estas megagranjas significan más enfermedades en nuestras niñas y niños, mayor inseguridad alimentaria, y más violencia estructural contra nuestros cuerpos y nuestros territorios”, agregó.

Por su parte, Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi, recordó que la porcícola que los Loret de Mola y Coldwell operan a menos de 100 metros de las viviendas de la comunidad maya continúa funcionando con normalidad, más allá de las sendas órdenes judiciales que establecen el fin de su operatoria emitidas por los tribunales.

“La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha emitido resoluciones en contra de esa empresa tras haber constatado diversas irregularidades. Les impuso 17 sanciones por faltas a la normatividad ambiental y una multa de más de 14 millones 782 mil pesos. Sin embargo, la empresa no cubrió esa multa y sigue funcionando”, dijo.

Víctima de una persecución judicial que, impulsada por los dueños de la mega factoría, lleva más de un año de iniciada, Nahuat Puc remarcó que, más allá de que rigen cuatro órdenes judiciales que establecen la suspensión definitiva de la granja y el retiro de los miles de cerdos concentrados en ese sitio, “las decisiones legales no han sido respetadas o cumplidas. Y hoy la granja funciona como si no pasara nada”.

Contaminación agravada y daño a la apicultura

El último testimonio de las y los habitantes de comunidades afectadas por porcícolas que participaron del panel de presentación de la denuncia correspondió a Diana Can Pat, del pueblo de San Rafael, en el municipio de Maxcanú. Narró que los habitantes de esa zona padecen sobre todo la contaminación de las fuentes de agua a partir de la presencia de instalaciones controladas por Kekén y su aparcera Agroindustrias Moba.

“No sólo se padecen los malos olores y la contaminación del agua que bebemos: algunos compañeros que pelean por la defensa del territorio han sufrido violencias o amenazas por estar en contra de las granjas. Hace 8 años realizamos una consulta en la que la mayoría de las personas votamos en contra de la instalación de la megagranja. Pero no se nos hizo caso. Desde ahí la situación fue empeorando: primero se contaminaron las aguadas, después los pozos y los cenotes”, expresó.

Can Pat comentó que, por ejemplo, el agua de la escuela primaria de San Rafael está contaminada, y que tanto en su pueblo como en el cercano San Fernando el suministro proveniente de los pozos causa problemas estomacales y erupciones en la piel.

Y aseguró:

“Las personas adultas mayores siguen consumiendo el agua de pozo en muchos casos y son las que más se enferman. Sobre todo, del estómago. A los bebés les salen ronchas en la piel. Antes, a los niños se los bañaba con agua del pozo. Ahora las madres tienen que comprar agua purificada o de garrafón para poder hacer esa higiene”.

La radicación de Kekén y Agroindustrias Moba en esa área de Maxcanú también dañó de manera dramática la economía de numerosas familias mayas dedicadas a la apicultura.

“Las porcícolas se instalaron a menos de 7 kilómetros de una zona de apiarios. Como consecuencia de esa cercanía, 29 apiarios perdieron su certificación orgánica a partir de la contaminación que empezó a notarse en la miel. Las abejas también comenzaron a morir por los agroquímicos que usan esas empresas”, narró Can Pat.

En Maxcanú afirman que las pérdidas que originó la caída de la certificación alcanzan los 1,5 millones de pesos. “Yo hago agricultura y veo cómo las plantas ya no viven. Se pierde todo por como está el aire, el agua. Ahora riegas y el agua quema las plantas”, enfatizó.

Detalles de la denuncia presentada

Con relación a las particularidades de la denuncia presentada, Lourdes Medina Carrillo, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, precisó que, entre otros aspectos, el escrito exige que “no se autorice o renueve ninguna manifestación de impacto ambiental o cambio de uso de suelo para la instalación o apertura de alguna nueva granja porcícola en el estado de Yucatán”.

También, que se bloquee la opción de efectuar ampliaciones para las instalaciones que ya operan. “Además, exigimos el cumplimiento de las órdenes judiciales que han ganado las y los compañeros de Santa María Chi. La granja en esa comunidad ya tiene cuatro órdenes judiciales que ordenan a las autoridades que se paralice de forma inmediata el funcionamiento de la porcícola y el retiro inmediato de los cerdos concentrados en ese lugar”, añadió.

Tras el encuentro con la prensa, la red “To’one Ja’o’on” divulgó un comunicado donde informó que la denuncia popular ha sido presentada en Profepa, Semarnat y Conagua, y que en su contenido se incluyen “pruebas contundentes sobre los daños que esta industria continúa provocando a los pueblos, el ambiente y el agua”.

“Entre los elementos presentados, se encuentran los resultados de monitoreos participativos de calidad del agua realizados en los territorios, así como informes técnicos especializados, elaborados por investigadoras e investigadores de universidades nacionales y de Estados Unidos”, indicó la organización.

Por ejemplo, mediciones realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) constataron una presencia elevada de coliformes totales, fecales y Escherichia coli en muestras de agua de pozos tomadas en Kinchil y Maxcanú.

Estudios científicos confirman que las porcícolas contaminan el agua

Asimismo, análisis efectuados en 2022 por la estadounidense John Hopkins University confirmaron que las fuentes hídricas de ambos municipios se encuentran gravemente contaminadas con materia fecal porcina. Ese detalle arroja por la borda las versiones en torno a una probable afectación del agua provocada por otras fuentes que suelen difundir Kekén y sus socios.

“Los estudios realizados demuestran que la contaminación es reciente, es actual, y sigue ocurriendo. Y las pruebas eliminaron aquello de que la materia fecal es de venados o humana: se trata de materia fecal generada por los cerdos. Una vez más, se comprueba lo dicho por las comunidades”, subrayó Medina Carrillo.

Para concluir, resta mencionar que la denuncia presentada por “To’one Ja’o’on” exige que las autoridades “impulsen una acción colectiva junto con las comunidades, como lo contempla el Código Federal de Procedimientos Civiles, con el objetivo de que las empresas porcícolas sean obligadas a la reparación integral de los daños ocasionados”.

Y que “se dé vista a la Fiscalía General de la República por la probable responsabilidad penal de dichas empresas ante posibles delitos ambientales”. El texto de la red concluye enfatizando que la vida comunitaria, la naturaleza y el futuro de Yucatán, están en riesgo. Y que, ya sin excusas ni encubrimientos, el estado mexicano debe actuar “con firmeza frente a los intereses empresariales que continúan devastando el territorio”.

Este texto fue inicialmente publicado en JALTÚN. Aquí puedes consultar la versión original.