Abandono de ceremonias, falta de protección legal y de presupuesto, así como pobreza, violencia y daño ambiental oscurecen la aplicación del Plan de Justicia de los pueblos wixárika, na’ayeri y o’dam, que tienen como hábitat los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, emprendido por el gobierno mexicano.

Texto: Emilio Godoy / IPS

MÉXICO. – Tatei Haramara, uno de los sitios sagrados del pueblo indígena wixárika situado en el  estado de Nayarit, en el noroeste de México, ha sufrido la reducción de su superficie original y padece falta de protección jurídica.

Conocido también como Isla del Rey, frente al puerto de San Blas, el lugar sagrado cuenta con seis hectáreas bajo protección como lugar sagrado, aunque el ayuntamiento de San Blas aprobó otras 29 hectáreas. Ahora enfrenta la amenaza de un muelle de ferries y otros proyectos turísticos en su tierra ancestral.

El problema no es exclusivo de Tatei Haramara, la madre del maíz de los cincos colores y la puerta sagrada de entrada al quinto mundo, representada por las piedras blancas Tatei Waxieve y Tatei Cuca Wima, que se yerguen frente a la isla.

Abandono de ceremonias, falta de protección legal y de presupuesto, así como pobreza, violencia y daño ambiental oscurecen la aplicación del Plan de Justicia de los pueblos wixárika, na’ayeri y o’dam, que tienen como hábitat los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, emprendido por el gobierno mexicano.

Así consta en el documento “Sistematización de propuestas. Plan de Justicia de los pueblos wixárica, na’ayeri y o’dam”, elaborado por el gubernamental Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), consultado por IPS y dentro de los miles de correos de la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional que el hacktivista Grupo Guacamaya divulgó en septiembre.

El diagnóstico, fechado en julio de 2022 y de 102 páginas de extensión, identifica insuficiente coordinación y comunicación entre las autoridades del pueblo wixárika para la realización de ofrendas en los lugares sagrados y del pueblo na’ayeri para el manejo, protección y conservación de sus lugares sagrados, así como deterioro y dificultades para el uso de los lugares sagrados y del patrimonio material e inmaterial de los tres grupos por falta de protección física y legal.

En México, los planes de Justicia para los pueblos indígenas se establecieron en 2021 por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un mecanismo para identificar y dar respuesta a las justas demandas e históricas necesidades de sus comunidades, incluido el punto de los sitios sagrados, entre otros muchos.

Se trata de una política pública, pero que no es legalmente vinculante.

“En los planes de justicia, la mayor parte de proyectos se va a infraestructura, pero no se puede pensar solo en eso. La visión de desarrollo es más amplia, es la construcción de un modelo desde la concepción de los pueblos originarios”: Irene Alvarado.

El gobierno impulsa desde entonces seis planes de justicia para los yaquis, yoreme-mayos, seris y guarijíos en el estado de Sonora; los rarámuris en Chihuahua y wixáritari (plural de wixárika), na’ayeris, o’dams y mexikans. Pero se han publicado muy pocos de ellos.

La indígena wixárika Paulita Carrillo, quien ha participado en el proceso de debate y construcción del plan para su pueblo, consideró que los programas no caminan, sino que se arrastran.

“Van lentos. No como lo imaginábamos, es mucho trabajo.  Hay varios factores: se tiene que dialogar con las instituciones de cada estado, lo fuerte es en la protección de lugares sagrados, pues se ubican en los cuatro estados. Y se dificulta llegar”, dijo a IPS desde San Andrés Cohamiata (TateiKie, en wixárika), en el municipio de Mezquitic, a unos 460 kilómetros de Ciudad de México, en el occidental estado de Jalisco.

Por parte de los wixáritari , “construimos las propuestas, se recogieron en cada comunidad”, añadió, para explicar que por su parte realizaron el trabajo necesario.

“Si no se destina el recurso que necesitamos, no se cumple 100 % del plan de Justicia. Tenemos la preocupación que suceda eso. Andamos en la dificultad de cómo conseguir recursos para trabajar y así están en los otros temas. El plan debe resolver algo justo. Queremos que no sea nada más palabras”: Paulita Carrillo.

Datos oficiales indican que en México sobreviven casi 17 millones de pobladores originarios, pertenecientes a 69 pueblos distintos y que representan 13 % de la población total del segundo país latinoamericano en población y economía, después de Brasil, y el tercero en extensión, detrás de Brasil y Argentina.

El programa  para los wixáritari, na’ayeris y o’dams representa un enderezamiento del Pacto de Hauxa Manaka para la preservación y desarrollo de la cultura wixárika, que los gobiernos de los cinco estados involucrados, la administración federal y la dirigencia indígena firmaron en 2008, sin que se cumpliera.

El pueblo wixárika posee 17 puntos sagrados, los grupos o’dam y a’daum comparten 17 y el a’daum, 10.

El gobierno federal aún no publica el decreto de defensa y preservación de los lugares sagrados de los pueblos wixárika, naáyeri, o’dam y mexikan, pues falta la medición completa del sitio Tee ́kata, lugar del fuego primigenio, donde nació el sol, ubicado en Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), en Mezquitic, y superficie actual de resguardo que engloba 100 hectáreas.

Irene Alvarado, académica del Programa Indígena Intercultural del privado Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, resaltó para IPS que los planes buscan otra relación con los grupos nativos.

“Hay que entender cómo sistemáticamente los pueblos originarios han estado invisibilizados. Estamos en un sistema que normalmente niega e impone su propia cultura y no se reconoce que son culturas milenarias. Son un ejercicio de análisis y discusión con autoridades y representantes de los pueblos para examinar problemáticas y plantear soluciones colectivas. Han surgido para atender estas demandas ignoradas”, indicó desde la ciudad de Guadalajara.

El plan para los yaquis incluye la construcción de un acueducto para dotación hídrica, la creación de un distrito de riego y la instalación de una universidad intercultural bajo su gestión.

Fragmentados

Pero el territorio es un elemento fundamental para los colectivos ancestrales y su carencia limita el ejercicio de derechos. Por ello, cinco comunidades en los estados de Durango, Jalisco y Nayarit denuncian la invasión y despojo por terceras personas de 91 mil 796 hectáreas.

En estos mismos estados, ocho comunidades reclaman la ejecución adecuada de sentencias judiciales y resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de 23 mil 351 hectáreas.

Además, 27 comunidades mantienen conflictos por límites de tierras comunales y ejidales en esta zona y otras 15 perviven entre disputas limítrofes entre los estados de Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

La situación territorial impacta en los sitios sagrados. Por ejemplo, Xapawiyemeta, situado en el Lago de Chapala, en Jalisco, solo mide 377 metros cuadrados por la reducción de la extensión original. En el estado centro-norte de San Luis Potosí, el pueblo wixárika tiene 140 mil 212 hectáreas bajo cuidado, pero padece el perjuicio de concesiones mineras y extensas siembras de tomate y ají (chile o guindilla).

En zona wixárika operan tres minas de cobre, oro, plata y zinc y otros cinco proyectos se hallan en fase de exploración en San Luis Potosí. En este estado y en Zacatecas, las concesiones mineras suman 203.

Pero algunas comunidades originarias han condicionado su participación. Por ejemplo, San Sebastián Teponahuaxtlán, en el municipio de Mezquitic, en Jalisco, participará cuando le restituyan 10 mil 500 hectáreas. Mientras, la comunidad Bancos de San Hipólito, en Durango, está por recuperar 10 mil 720 hectáreas, en cumplimento de una sentencia judicial de 2008.

Reforma constitucional, promesa empantanada

No obstante, la iniciativa gubernamental de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afroamericano, elaborada también en 2021, no ha avanzado en el proceso legislativo.

Pero las medidas encierran contradicciones. En el sur y el sureste del país, el gobierno construye el Tren Maya, el megaproyecto más emblemático de la administración, y que lo ha confrontado con grupos mayas en esa zona.

De hecho, la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó que la consulta indígena emprendida por el gobierno mexicano en 2019 incumplió estándares internacionales.

En el sureño estado de Oaxaca, el gobierno promueve un corredor industrial para conectar la costa del Pacífico con el golfo de México, en el Atlántico, en confrontación con poblaciones indígenas de la zona.

Fondos son amores

Una evidencia de los planes de Justicia recae en el presupuesto destinado tanto a los pueblos originarios como a los planes citados.

Desde 2018, los fondos del INPI han bajado progresivamente de 316 mil 52 millones de dólares ese año, a 242 mil 07 millones en 2023.

En 2020, los programas de fortalecimiento económico, educación, infraestructura y derechos indígenas sumaron 77 millones de dólares, cuya ejecución afectó la pandemia de Covid – 19 que llegó al país en febrero de ese año. Al año siguiente, ese monto totalizó 39 mil 63 millones y en 2022, estas partidas contaron con 27 mil 26 millones.

En una mesa de trabajo del 17 de enero de este año en Durango se estableció que eran necesarios  382 mil 803 dólares de cuatro instituciones para la protección de lugares sagrados, cultura e identidad de los pueblos wixárika, na’ayeri, o’dam y mexikan.

Para la wixárika Carrillo, falta presupuesto, lo que arriesga la ejecución de los planes.

“Si no se destina el recurso que necesitamos, no se cumple 100 % del plan de justicia. Tenemos la preocupación que suceda eso. Andamos en la dificultad de cómo conseguir recursos para trabajar y así están en los otros temas. El plan debe resolver algo justo. Queremos que no sea nada más palabras”, planteó la defensora.

En 2021, el Inpi no examinó si el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas asistió al desarrollo de las comunidades indígenas y afromexicanas, según el análisis de la gubernamental Auditoría Superior de la Federación.

Para la investigadora Alvarado, los desafíos para brindar justicia a los indígenas son más que variados.

“Es difícil de abordar las problemáticas complejas. Son muchas buenas intenciones, pero el chiste es concretarlas. En los planes de justicia, la mayor parte de proyectos se va a infraestructura, pero no se puede pensar solo en eso. La visión de desarrollo es más amplia, es la construcción de un modelo desde la concepción de los pueblos originarios”, examinó.

*Este trabajo se publicó inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la publicación original.